Diego Miguel Sánchez Mendoza

Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1292/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Diego Miguel Sánchez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se hace patente que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, carece de competencia legal para conocer del presente controvertido. La cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se está obligado previamente a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional y en cualquier estado del procedimiento, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el controvertido de derechos fundamentales y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El numeral transcrito pone de relieve que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, reside en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Además, que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia recae ante el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda. Finalmente patentiza que cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO La omisión en el actuar de la H. Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 27 dentro del expediente número *****, AL NO DICTAR EL LAUDO QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, formado con motivo de la demanda presentada por mi representado, en contra de los ahora Terceros Interesados." De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictado del laudo en el expediente laboral *****. Por otra parte, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican" en el que, en lo que interesa se determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- Se suprimen las Juntas Especiales 27 con residencia en la ciudad de Durango, en el estado de Durango; 41, con residencia en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua; 47, con residencia en Cananea, en el estado de Sonora; 52 con residencia en la ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; 53 con residencia en Guadalupe, en el estado de Zacatecas; y 57 con residencia en Colima, estado de Colima, de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO.- Se modifica la competencia territorial de las Juntas Especiales 42 con residencia en Torreón, estado de Coahuila; 26, con residencia en Chihuahua, estado de Chihuahua; 23 con residencia en Hermosillo, estado de Sonora; 48, con residencia en Campeche, estado de Campeche; 34, con residencia en San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí; y 18 con residencia en Guadalajara, estado de Jalisco, en los términos siguientes: 1. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Junta Especial número 27 con residencia en la ciudad de Durango, estado de Durango que se suprime mediante este Acuerdo, serán tramitados en la Junta Especial número 42 con residencia en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, ubicada en calle Avenida Morelos y calle Galeana número 211 Palacio Federal, 2º. Piso, Oficina 307, Colonia Centro, Código Postal 27000 [."] (Transcripción literal). Pues bien, conforme con el contenido del acuerdo de referencia, es de concluirse que los efectos del reclamo de la parte quejosa, se materializarán en el lugar donde se tramita la controversia laboral, a saber, en la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, por ser quien conforme al Acuerdo publicado el Diario Oficial de la Federación, conocerá de los asuntos de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. De manera que la supresión de la Junta 27 que residía en esta ciudad, lleva a concluir la incompetencia de este Juzgado Federal para conocer de la violación al artículo 17 constitucional, como se explicará. Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que no dictar sentencia (si bien en materia penal) en un plazo razonable, es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleva consecuencia alguna, no obstante, tal omisión genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Ello es así, puesto que la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia involucrara un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. Tal contexto, permite llegar a la conclusión de que la omisión de dictar sentencia , si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Precisado lo anterior, en el particular, la falta de dictado de laudo es un acto omisivo con efectos positivos, lo que conlleva a una ejecución material, razón por la cual puede afirmarse que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su artículo cuarto, señala en lo conducente: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] VIII. OCTAVO CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.]" En ese sentido, dado que el acto que se reclama deberá tener ejecución fuera de la jurisdicción de este Tribunal, precisamente porque el trámite del expediente *****, ahora es del conocimiento de la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, Coahuila, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del mencionado acuerdo, lo que genera que la persona juzgadora competente para conocer de la demanda de amparo que se provee, sea un Juez de Distrito con jurisdicción territorial en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, de conformidad con el artículo Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, con la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deberá conocer un juzgado de Distrito en Torreón, Coahuila, de la presente demanda, por estar en trámite en aquella ciudad el juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Constitucional, página 438, que señala: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." Así las cosas, se estima que este Juzgado de Federal es legalmente incompetente para conocer el reclamo constitucional que se plantea. En las relatadas condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, para que se turne al Juzgado de Distrito en turno en dicha localidad. Finalmente, en atención a lo expuesto se deja sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. CITATORIO: PARTE TERCERO INTERESADA.PROVEÍDO 19-DICIEMBRE-2022 Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se hace patente que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, carece de competencia legal para conocer del presente controvertido. La cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se está obligado previamente a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional y en cualquier estado del procedimiento, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el controvertido de derechos fundamentales y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El numeral transcrito pone de relieve que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, reside en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. Además, que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia recae ante el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda. Finalmente patentiza que cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO La omisión en el actuar de la H. Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 27 dentro del expediente número *****, AL NO DICTAR EL LAUDO QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, formado con motivo de la demanda presentada por mi representado, en contra de los ahora Terceros Interesados." De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictado del laudo en el expediente laboral *****. Por otra parte, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican" en el que, en lo que interesa se determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- Se suprimen las Juntas Especiales 27 con residencia en la ciudad de Durango, en el estado de Durango; 41, con residencia en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua; 47, con residencia en Cananea, en el estado de Sonora; 52 con residencia en la ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; 53 con residencia en Guadalupe, en el estado de Zacatecas; y 57 con residencia en Colima, estado de Colima, de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO.- Se modifica la competencia territorial de las Juntas Especiales 42 con residencia en Torreón, estado de Coahuila; 26, con residencia en Chihuahua, estado de Chihuahua; 23 con residencia en Hermosillo, estado de Sonora; 48, con residencia en Campeche, estado de Campeche; 34, con residencia en San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí; y 18 con residencia en Guadalajara, estado de Jalisco, en los términos siguientes: 1. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Junta Especial número 27 con residencia en la ciudad de Durango, estado de Durango que se suprime mediante este Acuerdo, serán tramitados en la Junta Especial número 42 con residencia en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, ubicada en calle Avenida Morelos y calle Galeana número 211 Palacio Federal, 2º. Piso, Oficina 307, Colonia Centro, Código Postal 27000 [."] (Transcripción literal). Pues bien, conforme con el contenido del acuerdo de referencia, es de concluirse que los efectos del reclamo de la parte quejosa, se materializarán en el lugar donde se tramita la controversia laboral, a saber, en la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, por ser quien conforme al Acuerdo publicado el Diario Oficial de la Federación, conocerá de los asuntos de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. De manera que la supresión de la Junta 27 que residía en esta ciudad, lleva a concluir la incompetencia de este Juzgado Federal para conocer de la violación al artículo 17 constitucional, como se explicará. Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que no dictar sentencia (si bien en materia penal) en un plazo razonable, es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleva consecuencia alguna, no obstante, tal omisión genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Ello es así, puesto que la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia involucrara un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. Tal contexto, permite llegar a la conclusión de que la omisión de dictar sentencia , si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique la autoridad que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de título, subtítulo y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Precisado lo anterior, en el particular, la falta de dictado de laudo es un acto omisivo con efectos positivos, lo que conlleva a una ejecución material, razón por la cual puede afirmarse que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su artículo cuarto, señala en lo conducente: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] VIII. OCTAVO CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.]" En ese sentido, dado que el acto que se reclama deberá tener ejecución fuera de la jurisdicción de este Tribunal, precisamente porque el trámite del expediente *****, ahora es del conocimiento de la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón, Coahuila, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del mencionado acuerdo, lo que genera que la persona juzgadora competente para conocer de la demanda de amparo que se provee, sea un Juez de Distrito con jurisdicción territorial en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, de conformidad con el artículo Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, con la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deberá conocer un juzgado de Distrito en Torreón, Coahuila, de la presente demanda, por estar en trámite en aquella ciudad el juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Constitucional, página 438, que señala: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." Así las cosas, se estima que este Juzgado de Federal es legalmente incompetente para conocer el reclamo constitucional que se plantea. En las relatadas condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, para que se turne al Juzgado de Distrito en turno en dicha localidad. Finalmente, en atención a lo expuesto se deja sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que a la autoridad responsable Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, le está transcurriendo el término para que dentro del término de quince días que se le otorgó en proveído de veintiocho de octubre del año en curso, el cual fue notificado a dicha autoridad el tres de noviembre del mes en curso. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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