Diego Méndez Mena

Expediente 1908/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1908/2019
Año
2019
Actuaciones
31
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Diego Méndez Mena
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Tabasco
  • Daniel Gilberto Nieto Cornejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, treinta de junio de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a DIEGO MÉNDEZ MENA; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y al Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, autoridades señaladas como responsables, la copia certificada del toca penal 48/2019- I, y original de la causa penal 287/2019, en dos tomos, respectivamente, de sus índices; los que se manejaron por cuerda separada.???? Notifíquese

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veinte, fueron emplazados a juicio los aludidos terceros interesados, sin que hasta el día de hoy hayan señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se les concedió en auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, lapso que transcurrió del veintitrés al veintisiete de enero de dos mil veinte. Por lo tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho y se ordena al Actuario de este juzgado, notificar a los aludidos terceros interesados, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, intégrese la constancia suscrita por el Actuario Judicial de este órgano de control constitucional, de la cual se desprende que no fue posible llevar a cabo la notificación personal de la sentencia emitida en este asunto, el treinta de junio del presente año, a los terceros interesados 1 Jesús Sánchez Jiménez, 2 Santiago Jiménez López, 3 José Bartolo Jiménez Córdova, 4) Vicente López Méndez, 5 José Mario Aguilar García, 6 Natividad Jiménez Arias, 7 Gabriel Domínguez Sánchez, 8 Felipe Rueda Márquez, 9 David Gerónimo Méndez, 10 Santana Sánchez Jiménez, 11 Baudelio Montejo López, 12 Alberto Jiménez Alpuche, 13 Raúl Arena Gerónimo, 14 Gustavo Olán García, 15 Carmen Caporali Salaya, 16 José Cruz Jiménez López, 11 Álvaro García de Dios, 18 Ricardo Morfín Córdova, 19) Freddy Castellano Hernández, 20 José Jesús López Gerónimo, 21 Jesús Domínguez de la Cruz, 22 Ever Sánchez Jiménez, 23 Candelario Palma Domínguez, 24 Edilberto Jiménez Collado. Por tanto, como está ordenado en el párrafo que antecede notifíquese por lista de estrados a los mencionados terceros interesados la sentencia dictada en el presente expediente. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de veintitrés de abril del presente año, se ordenó notificar por lista de acuerdos a los terceros interesados Darwin Gerónimo Méndez, Jesús Antonio López Méndez, Pepe Jiménez Gerónimo, Concepción López Domínguez y Juan Antonio Bautista, los subsecuentes proveídos aun lo de carácter personal, luego entonces, de igual forma, notifíquese por lista la sentencia emitida en el presente asunto. Notifíquese por lista a los terceros interesados. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1908/2019-8, promovido por Diego Méndez Mena, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de noviembre de dos mil diecinueve fojas 2 a 20, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Diego Méndez Mena solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. Juzgado Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco. ACTO RECLAMADO La resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve dentro del toca 048/2019-I del índice de la Sala responsable, en la que confirmó el auto del juez responsable quien negó la orden de aprehensión en el expediente 287/2019 instruido a Jesús Sánchez Jiménez y otros por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 198, fracción II, del Código Penal del Estado de Tabasco en vigor y por el diverso de daños previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175 fracción IV y 71, todos del ordenamiento legal citado en agravio de Diego Méndez Mena. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve fojas 22 a 25, se registró la demanda bajo el expediente 1908/2019-8, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve fojas 41 y 42, se reconoció el carácter de terceros interesados a Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfín Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova y Pepe Jiménez Gerónimo, por lo que se ordenó emplazarlos mediante despacho 421/2019-8 enviado al Juez Civil de Primera instancia de Huimanguillo, Tabasco. Asimismo, en proveído de seis de enero de dos mil veinte foja 47, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de terceros interesados a la licenciada Rocío Olán Alegría, Fiscal de la Primera Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y al licenciado Abraham Pérez Sánchez, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, por lo que se mediante oficios 116/2020 y 117/2020, se ordenó el emplazamiento de los mismos, siendo emplazado el primero de los mencionados el ocho de enero de dos mil veinte foja 53, y el segundo de los mencionados el catorce de enero del mismo mes y año foja 69 En proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte foja 62, se tuvo por recibido el escrito de los terceros interesados Israel de los Santos López y Uriel López Córdova, registrado con el folio 1308, y por tanto, se les tuvo apersonándose al presente juicio de amparo. En proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo Tabasco, devolviendo el despacho de mérito, al que adjuntó las constancias actuariales de veintiuno de enero de ese mismo año, levantadas por la actuaria judicial de su adscripción, en las que se advierte que emplazó al presente juicio de amparo a los terceros interesados Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfín Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez y Edilberto Jiménez Collado. Por otra parte, en virtud de la imposibilidad de emplazar a los diversos terceros interesados Darwin Gerónimo Méndez, Jesús Antonio López Méndez, Pepe Jiménez Gerónimo, Concepción López Domínguez y Juan Antonio Bautista Madrigal, se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de citado proveído, proporcionara el domicilio actual y correcto de los diversos terceros interesados; siendo notificado del citado acuerdo el trece de marzo del mismo año fojas 233 y 234. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como urgentes, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como urgentes, para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho en adelante titulares, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante juicio en línea. Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como juicio en línea, con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid 19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados. Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación en adelante PJF, mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a trascurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. SEXTO. ORDEN DE EMPLAZAMIENTO DE LOS RESTANTES TERCEROS INTERESADOS. En proveído de dos de diciembre de dos mil veinte foja 345 a 347, se tuvo al quejoso reiterando el domicilio de los terceros interesados Darwin Gerónimo Méndez, Jesús Antonio López Méndez, Pepe Jiménez Gerónimo, Concepción López Domínguez y Juan Antonio Bautista Madrigal, por lo que se ordenó emplazarlos mediante despacho 127/2020-8 enviado al Juez Primero Civil de Primera instancia de Huimanguillo, Tabasco. SÉPTIMO. DIVERSA SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. OCTAVO. REANUDACIÓN DEL JUICIO Y APERSONAMIENTO A JUICIO DE LOS RESTANTES TERCEROS INTERESADOS. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno fojas 379 a 382, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional. Luego, en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno foja 490 a 492 se tuvo al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, devolviendo el despacho de mérito, al que adjuntó las constancias actuariales de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, levantadas por la actuaria judicial de su adscripción, en las que se advierte que emplazó al presente juicio de amparo a los terceros interesados Darwin Gerónimo Méndez, Jesús Antonio López Méndez, Pepe Jiménez Gerónimo, Concepción López Domínguez y Juan Antonio Bautista Madrigal. Posteriormente, previos diferimientos tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve dentro del toca 048/2019-I del índice de la Sala responsable, en la que confirmó el auto del juez responsable quien negó la orden de aprehensión en el expediente 287/2019 instruido a Jesús Sánchez Jiménez y otros por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 198, fracción II, del Código Penal del Estado de Tabasco en vigor y por el diverso de daños previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175 fracción IV y 71, todos del ordenamiento legal citado en agravio de Diego Méndez Mena. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco fojas 32 y 33, al rendir sus informes justificados admiten la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 048/2019-I del índice de la Sala responsable, en la que confirmó el auto del juez responsable quien negó la orden de aprehensión en el expediente 287/2019 instruido Jesús Sánchez Jiménez y otros por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 198, fracción II, del Código Penal del Estado de Tabasco en vigor y por el diverso de daños previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175 fracción IV y 71, todos del ordenamiento legal citado en agravio de Diego Méndez Mena. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexaron a sus informes justificados las precitadas autoridades responsables, consistentes en copia certificada de toca penal 48/2019-I y original de la causa penal 287/2019, en dos tomos, los cuáles obran por cuerda separada debido a la voluminosidad. Documentales a las cuáles se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se tratan de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II , y 76 de la Ley de Amparo, del análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permiten arribar a la conclusión de que éstos resultan infundados, sin que se advierta deficiencia de los mismos que suplir, que en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pudieran beneficiar a la parte quejosa, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Sin que se transcriban los conceptos de violación que el peticionario del amparo hace valer, pues por ello no debe considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. La suplencia de la queja opera ante la ausencia o deficiencia de conceptos de violación o agravios; pudiendo estudiar cuestiones no planteadas por la parte promovente, que pudieran no ser favorables para quien se suple. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 242, Tomo XXVII, Marzo de 2008, materia común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Por cuestión de técnica, se analizan los conceptos de violación donde se alega una deficiencia formal en la resolución reclamada, toda vez que ello es preferente al fondo del asunto. En ese tenor, tenemos que la parte quejosa hace valer como motivo de disenso que la Sala Penal responsable viola en su perjuicio sus garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 20 apartado C Constitucionales. a) En esencia, alega que la sala responsable al no emitir la orden de aprehensión en contra de los indiciados contraviene su derecho humano de acceso a la justicia y resarcimiento del daño sufrido al ser víctima del delito; no obstante que de autos de la causa de origen se advierte que existen pruebas suficientes que demuestran la existencia del delito que se le imputa, el lugar, tiempo, circunstancias de ejecución, así como los datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los activos lo cometieron o participaron en su comisión. b) Le agravia que la sala responsable pasó por alto que los indiciados hayan cometido hechos calificados como delito, ya que sus conductas implican una acción que se adecuan al tipo penal por el cual el ministerio público ejerció la acción penal en contra de los ahora terceros interesados. c) Alega que en la resolución reclamada se realizó un indebido estudio del tipo penal de despojo violentando en su contra la garantía de legalidad y sus derechos como víctima del delito al desestimar las testimoniales de cargo emitidas por los atestes Margarita Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya y Luis Bernardo Méndez Jiménez. d) De igual forma, alega que resulta erróneo el planteamiento de la sala responsable al estudiar el cuerpo del delito de despojo al asegurar que éste sólo se configura cuando el activo pretenda ocupar de forma permanente un inmueble omitiendo estudiar dichos elementos del tipo conforme a su naturaleza jurídica. Que al respecto considera que la fracción II del artículo 198 del Código Penal del Estado de Tabasco, establece como elementos del delito de despojo tres conductas consistentes en: a) Quien ocupe un inmueble ajeno; b) Haga uso de un inmueble ajeno o c) Haga uso de un derecho real que no le pertenezca. Que del último de dichos elementos debe analizarse a la luz de un exámen jurídico del concepto de derecho real y de las facultades que le arrojan al titular de ese derecho, por lo que considera que debe apreciarse el marco jurídico respectivo establecido en los artículos 848, fracciones I y XII, 849, 858, 877, 878, 881, 951 y 952 del Código Civil del Estado de Tabasco, para los derechos reales consistentes en el derecho que vincula a una persona de manera directa con un bien a través de la posesión o la propiedad, así como las facultad de decidir o disponer de los referidos bienes; lo cual implica la decisión y realización de actos tendientes a construir o destruir o alterar o cualquier otro acto de propia autoridad y sin pedir permiso respecto al bien. e) Alega que contrario a lo determinado por la sala responsable la comisión del delito es de ejecución instantánea y por tanto se agotó en el mismo momento en que el sujeto activo del ilícito ejerció actos de dominio que solo le corresponden al ofendido del bien inmueble que posee, ya sea que los efectos sean o no permanentes, por lo que no considera un elemento indispensable del tipo penal, la voluntad del infractor de apropiarse permanentemente del bien inmueble que despoja pues solo basta que ejerciendo violencia o empleando amenaza o engaño usurpe actos de dominio sobre un bien inmueble ajeno o haga uso de el. Por lo anterior, considera errónea la premisa de la sala responsable al exigir en los elementos del cuerpo del delito que la ocupación del bien sea permanente. f) Manifiesta que le agravia que la sala responsable haya considerado que el contrato de compraventa exhibido por el denunciante sea falso, pues existe dictámen en grafoscopía que señala que las firmas ahí asentadas no corresponden a quienes se les atribuyen y por tanto el impetrante no cuenta con título que avale su posesión; lo anterior, al considerar que dicha valoración es propia de la etapa del juicio, además no es el único elemento de prueba que demuestra la posesión del denunciante sino que también obran la querella del quejoso, la declaración de los testigos de cargo, las copias certificadas del juicio agrario 638/2003 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Noveno Distrito en el Estado de Tabasco, y las declaraciones de los indiciados Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Darwin Gerónimo Méndez, Freddy Castellanos Hernández, Felipe Rueda Márquez, Baudelio Montejo López y José Mario Aguilar García. g) Igualmente, refiere que le causa agravio el exámen realizado por la sala responsable respecto a los elementos del cuerpo del delito de daños el cual resulta defectuoso al condicionar la demostración del citado delito a la eficacia de la inspección y de la pericial en materia de valuación; los cuales, solo atienden a la graduación de la pena pero no a la materialización de la conducta ya que del análisis del cuerpo del delito no se advierte que sea necesario señalarse el monto de los daños lo cual únicamente se requiere para fijar una indemnización económica. Dichos conceptos de violación resultan infundados. En base a lo anterior para el dictado de la orden de aprehensión deben encontrarse reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional que en su parte conducente establece: Artículo 16. No podrá´ librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió´ o participo´ en su comisión. El artículo antes transcrito establece que para la emisión de una orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial, como en este caso lo es el Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, debe existir antes de su dictado una denuncia o querella de un hecho que se encuentre tipificado como delito, mismo que debe contar al menos con pena privativa de la libertad, además de que existan pruebas que acrediten el cuerpo de dicho antijurídico y que hagan probable la responsabilidad del incriminado en su comisión; por lo que, de no reunirse alguno de los requisitos antes mencionados no es procedente librar dicho mandato de captura, como en el caso acontece. Ahora bien, la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público investigador de los hechos en contra de Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfín Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova y Pepe Jiménez Gerónimo, como probables responsables del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 198, fracción II, del Código Penal del Estado de Tabasco en vigor y por el diverso de daños previsto y sancionado por el artículo 200 en relación con el 175 fracción IV y 71, todos del ordenamiento legal citado en agravio de Diego Méndez Mena; fue negada mediante resolución de doce de julio de dos mil diecinueve, en los autos de la causa penal 287/2019 fojas 2121 a 2154 del tomo II de pruebas, por el Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco y confirmada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del Toca 48/2019-I fojas 2205 a 2480 del tomo II de pruebas, al considerar que los medios de pruebas, no resultan suficientes para comprobar el cuerpo de los antijurídicos de mérito, ni la probable responsabilidad penal de los sujetos activos en su comisión. En principio, la sala responsable estimó le asistía la razón a la parte inconforme en razón de que de las constancias que integran el sumario advertía que en la fecha de los hechos el ofendido Diego Méndez Mena, tenía la posesión del local comercial construido de material, con medidas de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de béisbol del Poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco. Además, aun cuando los testigos Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya, Luis Bernardo Méndez Jiménez, Leopoldo García López, Jaime Osorio Ramos, no hicieron referencia sobre la forma en la que el pasivo obtuvo la posesión del inmueble del que dice fue despojado o la fecha en que lo adquirió; sin embargo, de las copias certificadas del expediente agrario 638/2003, en el que aparece como actor el comisariado ejidal y como demandado Diego Méndez Mena, se advertía que entre las prestaciones que señalaron los integrantes del comisariado ejidal del poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco, en los incisos a) y b) solicitaron que por sentencia firme y definitiva el Tribunal Unitario Agrario, declarara que el ahora quejoso Diego Méndez Mena se encontraba ocupando indebidamente y sin consentimiento de una superficie de tres metros de ancho por seis metros de largo que hacen un total de dieciocho metros cuadrados ubicado al suroeste del campo deportivo, las cuales corresponden al Ejido C-32 Francisco Trujillo Gurria, del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Que esa superficie forma parte del área identificada por el programa de regularización de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) como el solar 1 de la manzana 17, y el cual mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Delimitación Destino y Asignación de Tierras Ejidales de trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se signó en favor del ejido actor para fungir como campo deportivo, superficie que indebidamente poseía el demandado Diego Méndez Mena y reclamó que se condenara a la parte demandada a la entrega real y desocupación física y material del referido inmueble. No obstante que el juez responsable haya restado valor a la documental privada que el quejoso exhibió para acreditar la posesión del inmueble que defiende, al considerar la falsedad del mismo; sin embargo, la sala responsable consideró fundado el citado agravio del recurrente al considerar que la citada posesión se tenía por acreditada con las copias certificadas del expediente agrario 638/2003, en el cual los integrantes del comisariado ejidal le demandaron al quejoso la desocupación y entrega física de dicho inmueble, de ahí que se advertía que el pasivo en la fecha que sucedieron los hechos sí tenía en posesión el bien inmueble. Asimismo, la sala responsable compartió con la juez responsable la consideración que hizo respecto a la falta de valor probatorio del documento de compraventa por contener firmas de Vicente García de Dios, Isaías Arena Gerónimo y Maximiliano Sánchez Jiménez, en calidad de testigos, quienes ante la autoridad investigadora manifestaron no fueron estampadas por ellos, adminiculado con la determinado por el perito oficial en Grafoscopía y Documentoscopía adscrito a la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, licenciado Jesús de la Rosa Guzmán, quien concluyó que las firmas que aparecen en el referido documento no correspondían al origen gráfico de los referidos atestes. Por tanto, consideró infundado el agravio del ofendido Diego Méndez Mena, al no justificar su justo derecho con la documental analizada. Por otra parte, en relación al argumento del recurrente respecto a que de las copias certificadas del juicio agrario 638/2003, se corroboraba que el ofendido desde el año de mil novecientos noventa y cinco, ha tenido en posesión el terreno que le fue despojado por los integrantes del ejido C-32 Lic. Francisco Trujillo Gurría de Huimanguillo, Tabasco, la sala responsable se apoyó en diversos criterios jurisprudenciales donde se aborda el análisis del delito de despojo y al respecto concluyó que la citada hipótesis legal tutela de manera relevante la posesión inmediata de los inmuebles que se detenta en el momento de los hechos independientemente del título con que se ejerza. Por lo que, estimó que le asistía la razón a la parte recurrente ya que con las copias certificadas del expediente agrario se acreditaba que el pasivo Diego Méndez Mena, en la fecha de los hechos sí tenía la posesión del referido local comercial, ya que en citado juicio los integrantes del comisariado ejidal le demandaron al Tribunal Agrario que el pasivo Diego Méndez Mena, fuera condenado a desocupar y entregar físicamente el referido inmueble, que el hecho que en el citado juicio fue decretada la caducidad de la instancia ante la falta de impulso del procedimiento, ello no le restaba eficacia demostrativa. Lo anterior, aun cuando el Juez de la causa determinó que el documento privado exhibido por el agraviado Diego Méndez Mena, para acreditar la operación de compraventa que realizó con Bernaldino García Morales, respecto al referido inmueble era falso y que por ello el querellante no tenía mejor derecho sobre la posesión del bien inmueble. Además, la sala responsable consideró que aun cuando el referido inmueble perteneciera al núcleo ejidal Francisco Trujillo Gurria del Poblado C-32, de Huimanguillo, Tabasco, ello no los autorizaba para recuperar la posesión del inmueble, mediante el uso de la fuerza. Luego, consideró que al atentar contra la posesión del ofendido la conducta se tornaba delictiva, pues ello implicaría hacer justicia de propia mano, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 17 constitucional; ya que si el inculpado se considera con derechos sobre el inmueble tiene expedita la vía para exigirlos antes de obrar por cuenta propia. En cuanto al segundo agravio formulado por la parte recurrente respecto al delito de daños en pandilla la sala responsable expuso que resolvería en el apartado correspondiente al análisis que realizara respecto al cuerpo del delito de daños. Ahora bien, la sala responsable al analizar el cuerpo del delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 198, fracción II, en relación con el 199 ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco, consideró que se encuentra integrado por los siguientes elementos: a). Una acción consistente en ocupar un inmueble, hacer uso de él o de un derecho real que no le pertenezca elemento objetivo; b). Que dicho inmueble le sea ajeno al sujeto activo Elemento normativo; y, c). Que la acción de ocupar el inmueble se realice sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo elemento normativo. Agravante: Que en el despojo se realice por tres o más personas, se emplee violencia física o moral, o se trate de instigadores de dos o más delitos de despojo los hechos. Al respecto la sala responsable consideró que dichos elementos del delito no se tenían por acreditados, ya que los medios probatorios que conforman el sumario al ser valorados al tenor de lo dispuesto por los numerales 107, 108, 109 y 110 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, no eran aptos ni suficientes para acreditar que una persona ocupara un bien inmueble ajeno sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, ni mucho menos que hiciera uso de un derecho que no le pertenece. Luego la sala expuso diversas definiciones, emitidas en la doctrina contenidas en el diccionario jurídico que citó con las que se apoyó para considerar que contrario a lo alegado por la Fiscal consignante, en el caso no se surtía ninguna de las hipótesis contenida en la fracción II del artículo 198 del Código Penal en vigor, esto es, que se hubiera ocupado el bien inmueble del pasivo, ni mucho menos que se hiciera uso del mismo o de un derecho que no les perteneciera. Ello, no obstante que obraba la querella de Diego Méndez Mena, con la cual no se acreditaba el primero de los elementos del delito de despojo, si bien mediante escrito de dieciocho de noviembre de dos mil quince y ratificado ante el órgano investigador, en síntesis señaló: Que el catorce de septiembre del año dos mil celebró un contrato de compra y venta, en su carácter de vendedor y poseedor el señor Bernaldino García Morales y el ahora ofendido en carácter de comprador de los derechos de posesión de la superficie ejidal y del inmueble consistente en un puesto de venta hecho de material con medidas de cuatro metros por seis metros, ubicado enfrente de la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de beisbol; contrato que fue celebrado ante la presencia de Vicente García de Dios con domicilio conocido; asimismo, el veintisiete de mayo del año dos mil le fue expedida la presente constancia del depósito de la lista de sucesores efectuada por Diego Méndez Mena, con la calidad de posesionario del ejido del C-32 Francisco Trujillo Gurría, del municipio de Huimanguillo del estado de Tabasco, y el catorce de septiembre del año dos mil tomó posesión pública, pacífica, continua y como propietario del referido puesto de venta, al cual empezó a hacerle una remodelación de 7.5 metros por 4.5 metros lo cual tuvo una duración de ejecución de diez días. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince se presentó ante Candelario Palma Domínguez, quien era el comisariado ejidal del poblado C-32, Lic. Francisco Trujillo Gurria; a quien le solicitó su anuencia para realizar la remodelación de su local comercial, respondiéndole lo apoyara con la cantidad de quince mil pesos, a cambio hablaría con los demás integrantes del comisariado para que no tuviera problemas para realizar su remodelación, posteriormente, siendo aproximadamente a las cinco de la tarde del veintiocho de octubre siguiente en compañía de Leopoldo García López, fue a ver nuevamente a la casa ejidal a ver a Candelario Palma Domínguez, y en presencia de Leopoldo García López le entregó el dinero en efectivo al señor Candelario Palma Domínguez, quien en ese momento contó el dinero contestando que estaban completos los quince mil pesos y que ya podía iniciar con la remodelación de su puesto. Atento a lo anterior, el miércoles cuatro de noviembre de dos mil quince aproximadamente a las 10:00 horas estaba remodelando su negocio en compañía de su hijo Luis Bernardo Méndez Jiménez, así como de Deiser Gerónimo Salaya, Sixto Montiel López y María Magdalena Méndez Mena, esta última quien laboraba en dicho lugar en la venta de empanadas y antojitos, cuando llegaron Candelario Palma Domínguez, comisariado ejidal, Israel de los Santos López, Jesús Sánchez Jiménez, Juan Bautista Madrigal, integrantes del consejo de vigilancia y Uriel López Córdova, en su calidad de voceador, quienes le dijeron que no podía remodelar el negocio porque no había permiso, a lo cual les contestó no quería problemas y les pidió que se retiraran de su negocio porque estaban trabajando pacíficamente; que en ese momento esas personas se fueron a perifonear con el objeto de citar a la gente y volvieron a reunirse nuevamente en su puesto citado acompañados de veinte personas más, aproximadamente a las 11:30 horas del mismo día Santiago Jiménez López con machete en mano, junto con su hijo Bartolo Jiménez Córdova y otras personas más arrancaron cuatro estructuras de cadena con varilla calibre de media pulgada, de veinte centímetros por veinte centímetros y seis metros de largo listas para colar con cemento, ya que estaban puestas en el canal sobre la tierra; así mismo derribaron ocho estructuras para columna de concreto con varillas de media pulgada, de veinte centímetros por veinte centímetros con altura de dos metros cada uno; de igual forma, se llevaron sin su consentimiento toda su herramienta de trabajo consistente en una cizalla, dos cucharas marca bellota, un marro, dos palas marca truper, un martillo, un metro, un plomo, un nivel de mano, cinco kilogramos de alambre recocido y un termo y con machete en mano se dirigieron a su persona lanzándole un machetazo diciéndole que lo iban a matar, que los hechos narrados fueron filmados por su hijo Luis Bernardo Méndez Jiménez. Al día siguiente jueves cinco de noviembre de dos mil quince, decidió a volver a remodelar su puesto, en virtud de que todas las estructuras fueron destruidas construyendo nuevamente las cuatro estructuras de varilla para las cadenas y las ocho estructuras de varillas para las columnas las cuales las coló todas con cemento ese mismo día; sin embargo, el sábado siete de noviembre siguiente continuaba remodelando su local, pegando la cantidad de cuarenta blocks y rellenando y nivelando el terreno con la finalidad de que al día siguiente pudiera tirar un piso firme de cemento de 7.40 metros de largo por 4.40 metros de ancho. Sin embargo, el día domingo para amanecer lunes nueve de noviembre del citado año, sufrió otro atentado en su patrimonio, ya que al llegar a su local comercial, se percató que le habían destruido las bases donde iba a tirar el piso de su multicitado negocio, así como un muro de cuarenta bloks, por lo que en ese mismo momento le ordenó a sus albañiles Jesús Palma Córdova, Sixto Montiel López y Luis Bernardo Méndez Jiménez, que volvieran a pegar los blocks y una vez que terminaran se retiraran a descansar, luego, a las cuatro de la tarde todos los integrantes que conforman el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, el secretario, el tesorero les comunicaron a toda gente previamente reunida que se iban a realizar la demolición de la construcción de su puesto comercial, el señor comisariado ejidal y todo su gabinete en compañía de Edilberto Jiménez Collado y el señor Uriel López Córdova, encabezaron la demolición dirigiéndose con todos los presentes al lugar donde se encontraba ubicado su puesto mientras él y su hijo Luis Bernardo Méndez Jiménez, videograbaron y sacaron fotos de las evidencias de la ejecución de la destrucción total de mi puesto de comida, identificando como responsables de esos hechos a Santiago Jiménez López, Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Palma, José María Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Concepción, Concepción López Palma, José Cruz Jiménez López, Álvaro García Dios, Ricardo Morfin Córdova, Fredy Castellano Alias El Pato; Jesús Domínguez Pérez, José López Gerónimo, alias Pepe y Jesús Antonio López Jiménez, alias el Morral. Que esos hechos fueron presenciados por los testigos Deiser Gerónimo Salaya y Sixto Montiel López. Que después Bersael Veresaluces Jiménez, utilizó su camioneta marca Ford ranger XLT, en color verde, con placas de circulación VP-57-291 del estado de Tabasco para acarrear el material de construcción del ofendido consistente en quinientos ladrillos, seiscientos blocks huecos 10x20x40, diecisiete cadenas 12x20, diez piezas de varilla 3/8", cinco kilos de alambre recocido, cemento, ladrillos, arena, grava y demás materiales que había guardado en el interior del negocio donde se realizaba la obra A la anterior declaración la sala responsable le otorgó valor probatorio de un indicio en términos de los artículos 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor en la época de los hechos, en función del concepto contenido en el diverso 107 del citado cuerpo normativo, ya que el declarante de forma escrita hizo del conocimiento a la autoridad investigadora, hechos de posible carácter delictuoso para que ésta con la facultad que le confiere el artículo 21 Constitucional, realizara las investigaciones correspondientes, exponiéndole de forma escrita dichos hechos, además que se identificó con su respectiva credencial de elector a su nombre, cumpliendo así con las disposiciones contenidas en los numerales 112 y 116 del ordenamiento procesal invocado, considerándola insuficiente para acreditar que los activos Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez De La Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, ocuparan un bien inmueble ajeno sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo o que hicieran uso de él o de un derecho real que no les pertenecía. De igual manera, la sala responsable restó valor probatorio a la documental privada que ampara la operación de compraventa de un puesto de venta hecho de material de concreto con medida de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de beisbol, en el que aparece como vendedor Bernaldino García Morales y como comprador Diego Méndez Mena, al carecer de eficacia demostrativa, no obstante que no se haya declarado su falsedad del mismo. Sin embargo, el referido documento contenía las firmas de Vicente García de Dios, Isaías Arena Gerónimo y Maximiliano Sánchez, en calidad de testigos de la operación de compraventa; quienes ante la autoridad investigadora negaron haber firmado el citado documento, lo cual es coincidente con el dictamen emitido por el perito oficial en Grafoscopía y Documentoscopía adscrito a la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, licenciado Jesús de la Rosa Guzmán, quien concluyó que las firmas que aparecen en el citado contrato no corresponde al origen gráfico de los testigos de mérito. Por tanto, la sala consideró que fue correcta la determinación del Juez al estimar que con dicho documento el querellante no acreditó la posesión sobre el inmueble que defiende, pues el mismo causó duda en el ánimo de las responsables en cuanto a su veracidad por contener firmas de personas quienes atestiguaron la operación de compraventa mismos que al comparecer ante el fiscal investigador negaron haber firmado el citado documento; adminiculado con el dictámen pericial en el cual el experto oficial concluyó que las firmas estampadas en el documento de compraventa no corresponden al origen gráfico de los testigos Vicente García de Dios, Isaías Arena Gerónimo y Maximiliano Sánchez Jiménez, por tanto, contrario a la apreciación del ofendido Diego Méndez Mena, con la documental analizada no justificó su derecho de posesión que se atribuye. No obstante lo considerado por el a quo la sala responsable determinó que del análisis de las copias certificadas del expediente agrario número 638/2003, en el que aparece como actor el comisariado ejidal y como demandado Diego Méndez Mena, se desprende que entre las prestaciones reclamadas por los integrantes del comisariado ejidal del poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco, en los incisos a y b se establecieron lo siguiente: a). Que por sentencia firme y definitiva que emita este H. Tribunal Unitario Agrario, se declare que el C. DIEGO MENDEZ MENA se encuentra ocupando indebidamente y sin consentimiento del ejido que representamos, una superficie de 03 mts de ancho por 06 metros de largo que hacen un total de 18 m2 ubicados al suroeste del campo deportivo, en virtud de que dichas tierras corresponden al Ejido C-32 Francisco Trujillo Gurria, del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; superficie de que forma parte del área identificada por el programa de regularización de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos Procede como el solar 1 de la manzana 17, y el cual mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Delimitación Destino y Asignación de Tierras Ejidales de fecha 13 de noviembre de 1998 se signó en favor del ejido actor para fungir como campo deportivo, superficie que indebidamente posee el demandado Diego Méndez Mena; b). Como consecuencia de la prestación inmediata anterior se condene al demandado a la entrega real y desocupación física y material de la superficie descrita en la prestación anterior. Documental a la cual la sala responsable le otorgó pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109, fracción II, del Código de Procedimientos Penales aplicable, en relación con el diverso 102 del citado ordenamiento procesal, por haber sido expedidas por persona investida de fe pública en uso de sus facultades legales; de las cuales se advierte que pasivo Diego Méndez Mena, en la fecha de los hechos sí tenía la posesión del local comercial construido de material, con medidas de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de béisbol del Poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco, que en citado expediente agrario los integrantes del comisariado ejidal en su calidad de parte actora le demandaron al ahora quejoso la desocupación y entrega física de dicho inmueble. Lo anterior, consideró la sala se acreditaba no obstante que contrariamente a ello el Juez de la causa haya determinado que el documento privado que exhibió el agraviado Diego Méndez Mena, para acreditar la compraventa que realizó con Bernaldino García Morales, respecto al inmueble por el que se duele, sea falso, y por tal motivo el querellante que tenga mejor derecho sobre la posesión del bien inmueble del que reclama el despojo del mismo además de los daños que dice sufrió y que por el contrario dicho bien pertenece al núcleo ejidal Francisco Trujillo Gurria del Poblado C-32, de Huimanguillo, Tabasco. La anterior consideración fue desestimada por la sala responsable, al exponer que del expediente agrario analizado se acreditaba que el pasivo Diego Méndez Mena, en la época de los hechos sí tenía la posesión del inmueble, atendiendo a que los representantes del comisariado ejidal lo demandaron ante el Tribunal Agrario, a fin de que fuera condenado a la entrega real y desocupación física y material de la superficie que ocupa el local comercial. Sin embargo, la sala responsable consideró que el hecho de que Diego Méndez Mena ostentara la posesión del inmueble motivo de la litis, no conllevaba a determinar que el mismo fue ocupado por los investigados, pues los medios de prueba que integran el sumario en estudio no lo ponen así de manifiesto. En efecto, la sala responsable consideró que no obstante que el querellante Diego Méndez Mena, dijo haber realizado una operación de compraventa respecto del local comercial construido de material, con medidas de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de béisbol del Poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco, pero no se acreditó que los indiciados anteriormente citados estén ocupado sin su consentimiento el referido local, o que o hagan uso de él o de un derecho real que no les pertenezca. Así también, la sala responsable citó los Artículos 877, 878 y 879 del Código Civil del Estado de Tabasco, relativos a la posesión, y apoyándose en los mismos consideró que no obstante que el ofendido Diego Méndez Mena, tenía un poder de hecho sobre el local comercial citado por lo menos desde el año dos mil tres, por así corroborarse con la documental pública consistente en las copias certificadas del expediente agrario 638/2003, del cual se advierte que en el año dos mil tres, el comisariado ejidal le demandó la entrega real y desocupación física y material de la superficie que ocupa el puesto motivo de la litis, por ello se presumía que el ofendido ostentaba la posesión del inmueble; sin embargo, no se acreditada que los indiciados hayan ocupado un inmueble ajeno, o hagan uso de él o de un derecho real que no les pertenezca, por tanto, no se tenía acreditado el delito de despojo por el que se ejercitó acción penal, al no demostrarse que los consignados hayan ocupado un inmueble sin el consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo o hagan uso de él o de un derecho real que no les pertenezca. Por otra parte, la sala responsable expuso que de acuerdo a lo previsto en el artículo 198 del Código Penal vigente en el Estado, el cual sanciona la ocupación y uso indebido de inmuebles, tutelan la posesión inmediata de los mismos, es decir, la que se detenta en el momento de los hechos, independientemente del título con que se ejerza, ya que el tipo penal no requiere necesariamente que el sujeto pasivo deba ser el propietario legítimo del inmueble; por lo que para probar la existencia de dicho delito, no es requisito indispensable que el pasivo tuviera la calidad de propietario, tomando en consideración que el bien jurídico protegido es la situación de goce de un bien inmueble y el ejercicio real de un derecho. Luego la sala responsable consideró que el citado precepto legal, al extender la protección a los derechos reales, esto es, al poder jurídico que se ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa, para obtener de ella el grado de aprovechamiento que le autoriza su título legal y que es oponible a todos o frente a todos, protegen el derecho de propiedad sobre los inmuebles, así como los derechos directos usufructo, uso, habitación y servidumbre y accesorios (hipoteca y prenda que de él derivan, o bien cada uno de estos derechos de manera aislada cuando no derivan de la propiedad, sino de un convenio o diverso acto jurídico celebrado entre particulares. Continuó argumentando que los derechos protegidos por el legislador respecto a la posesión inmediata de inmuebles, propiedad de los mismos y derechos reales conllevan implícita la figura genérica de la posesión, pues ya sea por posesión derivada o por uso, o bien por propiedad o por cualquier otro derecho real, el titular se encuentra establecido possidere poseer, sea de hecho o jurídicamente, en el inmueble y detenta el posee, es decir, el poder o señorío, que es el medio necesario para realizar todos los fines que permite el derecho que se detenta; siendo esta posesión, en sí misma, con independencia del dominio, la que en el tipo penal de despojo se encuentra protegida la posesión contra cualquier acto que la vulnere, pues sólo puede afectar en virtud de una causa jurídica. Puntualizó que la posesión se integra por los siguientes elementos: a) El corpus, que se refiere al conjunto de hechos o actos materiales de uso, goce o transformación que una persona ejerce y realiza sobre una cosa; este elemento sólo otorga a la persona que detenta el inmueble una situación que recibe el nombre de tenencia, que aun y cuando es la base de la posesión, por sí sola no la implica. b) El animus, que es el elemento indispensable de la posesión, consiste en la intención de conducirse como propietario a título de dominio al ejercitar actos materiales de detentación del inmueble; a este animus es al que se le designa como animus domini o animus rem sibi habendi, y es el factor determinante, creador, soberano de la posesión, diverso al animus detinendi, que es el que tiene una persona cuando retiene una cosa ajena no para sí, sino en nombre de otra. Asimismo, la responsable expuso que la posesión, como figura genérica esencialmente tutela el delito de despojo, es evidente que como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2004-PS,8ª. en el referido tipo penal el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, en aquellos casos en que se actualizarán los elementos del corpus y del animus, y no sólo uno de éstos, pues los mismos, en conjunto, integran la referida posesión; siendo por ello que la sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de este último, no se acredita la posesión que tutela el mencionado tipo penal. Por lo que atendiendo a lo anterior, la sala responsable expuso que si bien, el pasivo Diego Méndez Mena, tenía la posesión inmediata del inmueble, es decir, la detentaba en el momento de los hechos, independientemente del título con que se la ejercía sobre el inmueble motivo de la litis, lo cierto es que de su querella sólo se deduce que el cuatro de noviembre de dos mil quince, aproximadamente a las once horas con treinta minutos el investigado Santiago Jiménez López, junto con su hijo Bartolo Jiménez Córdova y otras personas arrancaron cuatro estructuras de cadena con varilla calibre de media pulgada, de veinte centímetros por veinte centímetro 20 cm x 20 y seis metros de largo, las cuales estaban listas para colar; asimismo, derribaron ocho estructuras para columna de concreto con varillas de media pulgada, de veinte por veinte centímetros 20cm x 20 cm con altura de dos metros cada uno; posteriormente, el nueve de noviembre siguiente, le destruyeron las bases donde iba a tirar el piso del negocio, así como un muro de cuarenta blocks, luego, como a las cuatro de la tarde el comisariado ejidal del poblado C-32 por conducto de Uriel López Córdova perifoneó para incitar a los habitantes del poblado para que demolieran y destruyeran totalmente el puesto comercial, que el comisariado ejidal y todo su gabinete en compañía de Edilberto Jiménez Collado y Uriel López Córdova, encabezaron la agresión y procedieron a la destrucción total de la construcción de su puesto de comida; sin embargo, en ningún momento señaló que los inculpados estuvieran ocupando o haciendo uso del inmueble, ya que el tipo penal de despojo lo que sanciona es la ocupación y uso indebido de inmuebles. Refirió que no era suficiente con que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno y, en su caso, haga uso de él, para que pueda tipificarse esa conducta como despojo, sino es necesario que realice una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real con el ánimo de sustituir al poseedor legítimo en el ejercicio de sus derechos. De ahí que, consideraba que no se tenía acreditado que los activos Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez De La Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, hayan despojado a Diego Méndez Mena del inmueble motivo de la litis, por lo que no se acreditaba el ilícito de despojo por el que se ejercitó acción penal. Apoyó su anterior consideración con la jurisprudencia de rubro: DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. Sin que pasaran desapercibidos para la responsable los testimonios de Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya y Luis Bernardo Méndez Jiménez, rendidos ante la autoridad investigadora el quince, dieciocho y veintiuno de diciembre de dos mil quince; en virtud de que respecto a las citadas probanzas consideró que con éstas se acreditaba de manera indiciaria que el ofendido Diego Méndez Mena, tenía un poder de hecho sobre el referido local comercial; sin embargo, de las mismas no se advertían datos o indicios que acreditaran que los consignados hubieran ocupado un inmueble ajeno sin consentimiento de quien lo pudiera otorgar o que estuvieran haciendo uso de él o de un derecho real que no les perteneciera. Lo anterior, en virtud de que el testigo Margarito Arenas Sánchez, únicamente dijo que el cuatro de noviembre de dos mil quince, aproximadamente a las nueve de la mañana, vio que se acercaron Israel de los Santos López, Jesús Sánchez Jiménez y Darwin Gerónimo Méndez, y le dijeron a Diego que dejara de realizar la construcción, posteriormente, un grupo de personas le causaron daños a toda la obra en construcción, que Santiago Jiménez López y su hijo Bartolo Jiménez Córdova, le derribaron cuatro estructuras de cadena con varilla, destruyeron otras estructuras de concreto con varillas, y se llevaron toda la herramienta luego se retiraron; de igual forma, el nueve de noviembre de dos mil quince, a las cuatro de la tarde, vio que "estaban" derribando nuevamente la casa del puesto y todo lo que había quedado de la construcción, contando el muro de cuarenta blocks, que de ahí se retiraron, pero que Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Bautista Madrigal y Uriel López Córdova, en forma conjunta fueron quienes le causaron daños a la construcción del local de Diego Méndez Mena, el cual es de su propiedad desde hace más de veinticinco años, sin que aportara más datos o indicios que demuestren que las personas a las que hizo referencia estuvieran ocupando el inmueble motivo de la litis o que estuvieran haciendo uso de él. Por su parte el testigo Deiser Gerónimo Salaya, únicamente señaló que el cuatro de noviembre de dos mil quince, como las diez de la mañana, estaba en la remodelación del puesto de Diego, cuando llegó Israel de los Santos, Jesús Sánchez y Darwin Jerónimo, siendo que el primero de los mencionados le dijo al ofendido que dejara de construir porque iba tener problemas, que de ahí llegó el señor Santiago Jiménez con su hijo Bartolo Jiménez, quienes comenzaron arrancar la estructura y a tirar los ladrillos que ya habían pegado, luego el sábado siete de noviembre siguiente, aproximadamente a las siete y media de la mañana al presentarse a trabajar en la referida construcción vio que todo lo que habían reconstruido estaba tirado, posteriormente aproximadamente a las cuatro de la tarde Natividad Jiménez, Darwin Jerónimo, Santana y Nelio, llevaron los marros para destruir el citado local comercial; de la referida testimonial la sala responsable consideró que ésta no aporta datos o indicios con los que se pueda justificar que se acredita el cuerpo del delito de despojo, ya que no señala que los sujetos a que alude se hayan posesionado del inmueble o que estuvieran haciendo uso de él, pues para que pueda constituir de la comisión del delito de despojo es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, aspecto que no se encontraba acreditado, de ahí que la testimonial no era apta para acreditar el primero de los elemento del ilícito de despojo. En cuanto a la testimonial de Luis Bernardo Méndez Jiménez, sólo se concretó a señalar que el cuatro de noviembre de dos mil quince, como a las diez de la mañana, se encontraba trabajando en la remodelación del puesto de su papá Diego Méndez Mena, cuando llegó Israel de los Santos, Jesús Sánchez Jiménez y Darwin Jerónimo Méndez, quienes comenzaron a decirle a su padre que no podía construir, que convocaron a los habitantes del lugar para que evitaran que el ofendido continuara construyendo; posteriormente, llegó Candelario Palma, Juan Bautista, Jesús Sánchez, Israel de los Santos López y Darwin Jerónimo, luego Israel de los Santos López fue quien le indicó a las personas que andaban con él que destruyeran la construcción que se está haciendo en el puesto, por lo que Israel de los Santos junto con su hijo Bartolo Jiménez Córdova rompieron más estructuras que estaban armadas en el puesto. Posteriormente, el domingo ocho de noviembre del año dos mil quince, entre las cuatro o cinco de la mañana, vio cuando llegó Darwin Jerónimo Méndez, a bordo de una motocicleta y junto con su hermano David comenzaron a tirar de nueva cuenta la construcción del puesto de su padre; asimismo, aproximadamente a las cuatro de la tarde del día nueve de noviembre del año dos mil quince, llegaron los indiciados Santiago Jiménez López, Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Jiménez Méndez, Vicente López Palma, José María Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Concepción, Concepción López Palma, José Cruz Jiménez López, Álvaro García De Dios, Fredy Castellanos Alias El Pato, Jesús Domínguez Pérez, José López Gerónimo, Jesús Antonio López Jiménez, Alberto Jiménez Alpuche, y comenzaron a demoler el puesto. Del referido testimonio la sala responsable consideró que no se obtienen datos o indicios respecto a que los activos se hayan posesionado de un inmueble sin consentimiento de la persona facultada para otorgarlo, o que estén haciendo uso de él, lo cual se requiere acreditar para que pueda considerarse la comisión del delito de despojo. De ahí que consideró que las testimoniales de Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya y Luis Bernardo Méndez Jiménez, no eran aptas para acreditar el delito de despojo, al no aportar mayores elementos o indicios con los que se pudiera establecer que los consignados de forma dolosa ocuparon un inmueble sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo o que estén haciendo uso de él, por lo que no podía concluirse que dichas testimoniales conformaran un indicio que adminiculado con las demás pruebas actualizaran la ocupación del inmueble reclamado por el pasivo o el uso del mismo o de un derecho real que no le pertenezca a los activos. Por tanto, consideró que las aludidas testimoniales no reunían los requisitos contenidos en el artículo 109 fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado aplicable, para los efectos de acreditar la ocupación de un inmueble o que se haga uso del mismo o de un derecho real que no les pertenezca, en torno a que conocieran por medio de sus sentidos los hechos sobre los que declararon. Expuso la sala que para otorgarle valor probatorio al testimonio rendido ante autoridad facultada para ello, en materia penal es indispensable que se reúnan los siguientes requisitos: ? a) Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para conocer y apreciar el acto; ? b) Las circunstancias que concurran a establecer la imparcialidad del testigo en el caso concreto, y las que pudieran afectar dicha imparcialidad; ? c) Que el hecho de que se trata sea perceptible por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; ? d) Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias principales; y ? e) Que no haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. Al respecto, la sala responsable consideró que en el caso, se reunían los requisitos señalados en los incisos a), b) y e); sin embargo, no se actualizaban los diversos contenidos en los incisos c) y d), al considerar que los testigos no son claros ni precisos en cuanto al modo en cómo fueron causados los daños a que aluden, sin que mencionaran algo respecto a la ocupación del inmueble o el uso del mismo, pues sólo se concretaron a señalar que los sujetos a que hacen referencia en sus respectivas declaraciones llegaron hasta el local comercial de Diego Méndez Mena y causaron daños en las estructuras que habían edificado para su remodelación y que posteriormente fue derribado el local en su totalidad, pero no aportan mayores elementos que permitan determinar que los activos hubieran ocupado el inmueble o éste haciendo uso de él, lo cual deriva en que no puede establecerse que sus testimonios hayan sido rendidos sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias principales en torno a la ocupación del predio motivo de la litis, por tanto, no puede asegurarse de manera concreta y uniforme, que éstos conocieran por sí mismos los hechos de la ocupación del bien inmueble o uso del mismo, ya que no aportan elementos que permitan determinar que el inmueble reclamado por el pasivo hubiera sido ocupado por los consignados o que estén haciendo uso del mismo. Además la sala responsable, consideró que del análisis de las restantes pruebas que conforman el sumario, no se advierten datos o indicios que conlleven a determinar que los consignados Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, hubieran ocupado un inmueble sin el consentimiento de quien legalmente lo podía otorgar o que estén haciendo uso del mismo, ya que de las pruebas analizadas no se advierte que los activos realizaran la conducta dolosa imputada, ya que para la integración del tipo penal de despojo es necesario que esté actualize la conducta dolosa consistente en usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble, a través de la ocupación o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor en sus derechos. Consideró además que la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno, con el consecuente despliegue de actos que demuestren su intención de sustituir al poseedor precisamente en esa calidad, determina un elemento de tipo necesario para que se integre la figura de despojo, mismo que en este caso no se demostró. Apoyó su anterior consideración en la jurisprudencia de rubro: DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ. La Sala responsable indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Penales para el Estado aplicable, si bien está permitido acreditar los hechos mediante la prueba circunstancial, ya que los indicios son hechos conocidos de los que se infiere lógicamente la existencia de los hechos que se pretenden acreditar; más no la suma de pruebas deficientes o imperfectas, de las cuales no se derivó ninguna certeza, sobre los hechos concretos investigados atinente a los elementos que conforman el delito, como medios de comprobación de la circunstancia indiciante, en virtud de que la verdad buscada solamente se puede inferir de hechos plenamente comprobados. Por tanto, si bien la prueba indiciaria admite tomar en consideración pruebas imperfectas, éstas deben incidir en la demostración de un hecho que resulte idóneo y apto para demostrar otro que, vinculado a diversos también acreditados concluyan en la demostración de otro desconocido de manera lógica; sin embargo, no debía considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes que, consideradas incluso en su conjunto con otras no imperfectas, no prueben plenamente indicio alguno. En apoyo a lo anterior la sala responsable citó la tesis de rubro: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE OTROS Y NO PARA SUPLIR LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO. Además, la responsable consideró que conforme al principio de presunción de inocencia, compete al Ministerio Público la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y no a los indiciados demostrar su inocencia. Invocó en apoyo a su anterior consideración la tesis aislada de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Por lo anterior, la sala determinó que con los medios de prueba valorados no eran suficientes para tener por demostrado el cuerpo del delito de despojo y menos la probable responsabilidad de los indiciados Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, resultando innecesario el análisis de los restantes elementos del cuerpo del delito; dado que evidentemente las constancias con las que se integró la averiguación previa consignada por el Agente del Ministerio Público Investigador, fueron insuficientes para acreditar que los ahora activos, fuesen quienes ocuparon o hiciera uso del bien inmueble que el pasivo reclama como despojado, o de un derecho real que no les perteneciera. Por otra parte, respecto al delito de daños por el cual se ejercitó acción penal, la sala responsable procedió al análisis del cuerpo del delito a fin de establecer si se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de Daños previsto por el artículo 200 primer párrafo y sancionado por el artículo 175 fracción IV, en relación al diverso 71 del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco, de los cuales la sala responsable indicó que los elementos del cuerpo del delito en estudio son los siguientes: a). Que por cualquier medio se destruya o deteriore una cosa; y, b). Que sea ajena o propia en perjuicio de terceros. Agravante: Que en los hechos participen, en común tres o más personas, sin que estén organizadas con fines delictivos. En relación al primero de los elementos del cuerpo del delito en análisis, la sala responsable expuso que no se encontraba satisfecho, ya que de los medios probatorios que conforman el sumario al ser valorados en términos de lo dispuesto por los diversos 107, 108, 109 y 110 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, no se advierten datos o indicios con los que se demuestre que se hubiere destruido o deteriorado una cosa ajena, ello aun y cuando en autos obra la querella de Diego Méndez Mena, dado que con la misma no se acredita el primero de los elementos del delito de daños, no obstante que el quejoso en su escrito de dieciocho de noviembre de dos mil quince, ratificado ante el órgano investigador, en lo que interesa señaló: 4. Es el caso que el día miércoles 4 de noviembre del 2015 a las 10:00 horas aproximadamente estando el suscrito laborando en la remodelación de dicho negocio en compañía de mi hijo, Luis Bernardo Méndez Jiménez, el señor Deiser Gerónimo Salaya, el señor Sixto Montiel López y la señora María Magdalena Méndez Mena, esta última quien laboraba en dicho lugar en la venta de empanadas y antojitos cuando llegaron Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Jesús Sánchez Jiménez, Juan Bautista Madrigal y Uriel López Córdova, el primer citado se desempeña como comisariado ejidal y parte del consejo de vigilancia respectivamente del poblado C-32 del referido ejido y el último citado es el voceador, que los del consejo de vigilancia le dijeron que no podía remodelar el negocio porque no había permiso, que el pasivo le contestó no quería problemas y que se retirara de su negocio, por lo que el activo se enojó rápidamente y se fueron a perifonear con el objeto de citar a la gente donde se reunieron nuevamente en su puesto con aproximadamente veinte personas más, esto fue aproximadamente a las once horas con treinta minutos del mismo día donde Santiago Jiménez López con machete en mano, en colaboración de su hijo Bartolo Jiménez Córdova y otras personas más arrancaron cuatro estructuras de cadena con varilla calibre de media pulgada, de 20 cm x 20 y de largo seis metros cada una listas para colar, ya que estaban en el canal sobre la tierra lista para colarse con cemento; asimismo tumbaron ocho estructuras para columna de concreto con varillas de media pulgada, de 20 cm x 20 cm con altura de 2 metros cada uno; se llevaron sin consentimiento toda su herramienta de trabajo la cual era una cizalla, dos cucharas marca bellota, un marro, dos palas marca truper, un martillo, un metro, un plomo, un nivel de mano, cinco kilogramos de alambre recocido, un termo y con machete en mano se dirigieron a mi persona lanzándome un machetazo diciéndome que me iba a matar. Que el domingo para amanecer lunes nueve de noviembre del citado año al llegar a su local comercial, se percató que me destruyeron las bases donde iba a tirar el piso de mi multicitado negocio, así como un muro de cuarenta blocks por lo que ese mismo día lunes nueve de noviembre en la mañana le ordenó a sus trabajadores albañiles Jesús Palma Córdova, Sixto Montiel López y Luis Bernardo Méndez Jiménez, que volvieran a pegar los blocks y una vez que terminaran se retiraran a descansar, sin embargo, al llegar al lugar los señores que estaban trabajando le comunicaron que Uriel López Córdova, había anunciado que ya habían regresado al poblado C-32 las personas que andaban en el municipio de Huimanguillo, arreglando el problema antes mencionado y que a las cuatro de la tarde se iba a proceder a demoler dicha construcción que era necesario que se presentaran todos los habitantes de la comunidad con herramientas para la demolición. Así pues se quedó junto con sus trabajadores esperando la hora para ver qué pasaba diciéndole a mi hijo Luis Bernardo Méndez Jiménez, ya que a las cuatro de la tarde el señor comisariado ejidal del poblado C-32 por conducto de Uriel López Córdova perifoneo para incitar a los habitantes del poblado que le demolieran y destruyeran totalmente su puesto comercial, que una vez reunida la gente del poblado junto con todos los integrantes que conforman el consejo de vigilancia, el secretario, el tesorero les comunicaron a todos los presentes que se iba a realizar la demolición de la construcción de su puesto, a lo que las personas mal intencionadas respondieron a su llamado, por lo que, el señor comisariado ejidal y todo su gabinete en compañía del señor Edilberto Jiménez Collado y Uriel López Córdova, encabezaron la agresión dirigiéndose con todos los presentes al lugar donde se encuentra o se encontraba ubicado su puesto enfrente del kínder Estefanía Castañeda, que es el único que hay en el poblado C-32; donde como propietario del inmueble, se quedó en su construcción sentado en un tambo donde lo rodearon y lo sacaron por la fuerza y lo agredieron verbalmente, ya que sostenía su teléfono celular donde junto con su hijo Luis Bernardo Méndez Jiménez, videograbaron y sacaron fotos de las evidencias de los hechos y de las agresiones que se llevaban a cabo y no contentos con las agresiones verbales procedieron a la destrucción total de su puesto de comida multicitado y con lujo de violencia los señores; Santiago Jiménez López, con domicilio conocido calle número 7, Bartolo Jiménez Córdova, con domicilio conocido calle número 7; Darwin Gerónimo Méndez, con domicilio conocido calle número 9; Vicente López Palma, con domicilio conocido calle número 6, José María Aguilar García, con domicilio conocido calle número 8, Natividad Jiménez Arias, con domicilio conocido calle número 8, Gabriel Domínguez Sánchez, con domicilio conocido calle número 8 amplia; Felipe Rueda Márquez, con domicilio conocido carretera entrada al poblado C-32; David Gerónimo Méndez, con domicilio conocido calle número "1 amplia, Santana Sánchez Jiménez, con domicilio conocido calle número 6; Baudelio Montejo López, con domicilio conocido en la zona verde entrada a la calle dos; Alberto Jiménez Alpuche, con domicilio conocido calle número 3; Raúl Arena Gerónimo con domicilio conocido calle número 1; Gustavo Olán García con domicilio conocido calle 5; Carmen Caporali Concepción, con domicilio conocido calle número 7; Concepción López Palma, con domicilio conocido calle número 3 amplía; José Cruz Jiménez López, con domicilio conocido calle número 8; Álvaro García de Dios, con domicilio conocido calle número 6; Ricardo Morfin Córdova, con domicilio conocido calle número 9; Fredy Castellano Alias El Pato; con domicilio conocido en la brecha entre la calle 7 y 8; Jesús Domínguez Pérez, con domicilio conocido calle número 3; José López Gerónimo, alias Pepe, con domicilio conocido calle número 9; Jesús Antonio López Jiménez, alias el Morral, con domicilio conocido en la calle 9." Al respecto, la sala responsable valoró la querella del ahora quejosos otorgándole valor probatorio de indicio en términos de los artículos 107, 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor en la época de los hechos, al reunir la obligación impuesta por el diverso 112 del citado ordenamiento legal de poner en conocimiento del órgano investigador, los hechos constitutivos de delito, para que inicie la indagatoria correspondiente y se esclarezcan tales hechos, esto con las facultades de investigación que le confiere el numeral 21 Constitucional, aunado a que su declaración fue rendida mediante escrito firmado por el querellante debidamente ratificado ante la autoridad investigadora, aunado a que se identificó con su credencial expedida por el Instituto Federal Electoral. Al respecto, de la prueba analizada la sala responsable, advertía que el pasivo señaló que el cuatro de noviembre de dos mil quince, aproximadamente a las diez de la mañana, le fue causado daños a su local comercial, ya que arrancaron cuatro estructuras de cadena con varilla calibre de media pulgada, de veinte centímetros 20 cm x 20 y seis metros de largo cada una, listas para colar; en tanto que el día domingo para amanecer lunes nueve de noviembre de dos mi quince, nuevamente al llegar a su local comercial se percató que le habían destruido las bases donde iba a tirar el piso de su negocio, así como un muro de cuarenta block; asimismo, el nueve de noviembre del dos mil quince, de nueva cuenta dañaron su local comercial ya que procedieron a la destrucción total del mismo; sin embargo, su señalamiento no se encuentra sustentado en autos. Lo anterior es así, pues aun cuando obran los testimonios de Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya, Luis Bernardo Méndez Jiménez, realizados ante el órgano investigador quince, dieciocho y veintiuno de diciembre de dos mil quince, de los cuales la sala responsable consideró que manera indiciaria se acreditaba: Que el ofendido Diego Méndez Mena, tenía un local comercial construido de material, con medidas de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de béisbol del Poblado C-32, ejido "Lic. Francisco Trujillo Gurria" de Huimanguillo, Tabasco. No obstante lo anterior, consideró que las referidas pruebas no eran aptas para acreditar los daños que el querellante dijo sufrió el local que defiende a título de poseedor, ya que no obstante que los atestes hayan referido que los días cuatro y nueve de noviembre de dos mil quince, se causaron diversos daños al referido local comercial, lo cierto es que sus dichos no son acordes entre sí respecto a esos daños que dicen se causaron. Ello en virtud de que el testigo Margarito Arenas Sánchez, sólo refirió que el cuatro de noviembre de dos mil quince, un grupo de personas causaron daños a todo lo que se estaba construyendo, que Santiago Jiménez López y su hijo Bartolo Jiménez Córdova, derribaron cuatro estructuras de cadena con varilla y unas estructuras de concreto con varillas; luego, el nueve del citado mes y año a las cuatro de la tarde, dijo haber visto que derribaron la casa del puesto y todo lo que había quedado de la construcción, incluyendo el muro de cuarenta blocks de una pared. por su parte, Deiser Gerónimo Salaya dijo que el cuatro de noviembre del citado año, Santiago Jiménez junto con su hijo Bartolo Jiménez, sin razón alguna comenzaron arrancar la estructura y a tirar los ladrillos que habían pegado, luego el siete del citado mes y año a las siete y media de la mañana, al presentarse a laborar se percató que todo lo que habían reconstruido estaba tirado, de igual forma, el cinco de noviembre del año dos mil quince, se presentó el señor Diego a denunciar por el mismo problema; posteriormente, como a las tres y media de la tarde, mediante perifoneo los activos convocaron a los ejidatarios para demoler por completo la estructura que había quedado, que habían muchas personas que intervinieron en los hechos que no tenían nada que ver con el problema. En tanto Luis Bernardo Méndez Jiménez, relató que el cuatro de noviembre de dos mil quince, Israel de los Santos junto con su hijo Bartolo Jiménez Córdova, rompieron más estructuras que estaban armadas en el puesto de su padre, que entre las cuatro o cinco de la mañana del ocho de noviembre del citado año, escuchó cuando llegó Darwin Gerónimo Méndez, quien le dijo a su hermano David que lo ayudara a tirar unos blocks que habían pegado alrededor; posteriormente, el nueve del referido mes y año, demolieron el puesto. Sin embargo, la sala responsable estimó que los anteriores señalamientos no son claros en cuanto a que tipo de daños son los que pudieron haber causado los consignados, pues Margarito Arenas Sánchez dijo que Santiago Jiménez López y su hijo Bartolo Jiménez Córdova, tiraron cuatro estructuras de cadena con varilla y que el nueve de noviembre de dos mil quince vio que estaban derribando el puesto, lo cual es insuficiente para fincarle una responsabilidad a los consignados al no estar claro que tipo de daños son los que pudieron haber causado, máxime que el órgano investigador no constató que se hubieran arrancado las estructuras a que alude el testigo, tampoco el perito advirtió tal cuestión y por ende no fue motivo de avalúo. En tanto el testigo Deiser Gerónimo Salaya si bien dijo que Santiago Jiménez con su hijo Bartolo Jiménez arrancaron unas estructuras y tiraron los ladrillos, dichos daños no fueron constatados por el órgano investigador ni por el perito oficial. Lo mismo acontece con lo referido por el testigo Luis Bernardo Méndez Jiménez, quien dijo que Israel de los Santos y su hijo Bartolo Jiménez Córdova rompieron más estructuras que estaban armadas y que Darwin Gerónimo Méndez con su hermano David tiraron unos blocks que habían pegado, pero dichos daños tampoco fueron constatados por el órgano investigador ni por el perito. La responsable, consideró que aún cuando el Fiscal del Ministerio Público Investigador, se constituyó el ocho de agosto de dos mil dieciséis, hasta el poblado C-32, campo deportivo ubicado entre la seis y cinco, manzana 17, lote 1, frente a dicho campo que se encuentra al este, frente a la hermita denominada San Agustín Obispo, así como frente al kínder jardín de niños Estefany Castañeda, que el campo deportivo que no se encuentra cercado, del lado este a la orilla se aprecia un cuadro de lo que fue una construcción de material, el cual mide tres metros de fondo por tres metros de ancho, apreciando únicamente escombros y cuatro castillos de varilla doblados en diferentes posiciones, dicha construcción se encuentra frente una calle sin nombre. Respecto a la citada inspección ministerial la sala responsable consideró que ésta no reunía las requisitos contenidos en el artículo 83 del Código de Procedimientos Penales aplicable, no obstante que fue realizada por la autoridad encargada de la investigación, quien estuvo asistida por sus testigos, dejando constancia de lo que pudo percibir por medio de sus sentidos; sin embargo, no estableció que haya constatado los daños a los que alude el querellante y los testigos de cargo, pues sólo dijo haber observado un cuadro de lo que fue una construcción de material, el cual mide tres metros de fondo por tres metros de ancho, apreciando únicamente los escombros y los cuatro castillos de varilla doblados en diferentes posiciones. De lo anterior, la sala responsable estimó que no era suficiente para establecer que en este caso se hayan producido daños en el patrimonio del pasivo, ya que la autoridad ministerial fue deficiente en su investigación a fin de acreditar que en las fechas referidas por el pasivo y sus testigos se hayan producido daños en las estructuras del inmueble que estaba remodelando, así como que el local comercial fue demolido, ya que si bien refiere que apreció escombros y un cuadro de lo que fue una construcción, no se encuentra sustentado que dichos escombros sean del puesto que se dice fue demolido, menos aún que los castillos que apreció se encontraban doblados, hayan sido dañados por los consignados; lo cual es contrario a lo expuesto por la parte ofendida y los testigos de cargo quienes dijeron que el cuatro de noviembre de dos mil quince, fueron arrancadas cuatro estructuras de cadena con varilla y derribaron ocho estructuras para columna de concreto, sin que en algún momento hicieran referencia a que los castillos que apreció el órgano investigador, hubieran sido doblados por los consignados los días que se dicen fueron ocasionados los daños, de ahí que la inspección no sustenta el señalamiento del querellante y sus testigos respecto a los daños causados al inmueble que defiende. Además, la sala responsable consideró que con la inspección tampoco se robustece con las periciales de avalúo de daños de treinta de marzo y siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitidas por el perito oficial ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente, quien en la primera de ellas, que con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se constituyó hasta el poblado C-32, precisamente en el campo deportivo, donde observó los restos de una construcción de mampostería con piso de concreto, techo de lámina de zinc, las bardas se encontraban construidas a base de block de cemento, arena aplanada de lado y lado, las medidas del local comercial según lo observado era de siete por seis metros, lo que resulta un área de cuarenta y dos metros cuadrados, concluyendo que el local comercial fue demolido en su totalidad y tiene un valor de construcción de $84,000.00 ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional. En la segunda pericial el perito se constituyó hasta el poblado C-32 de Huimanguillo, Tabasco, al campo de beisbol de la comunidad donde observó los restos de una construcción de mampostería, la cual a declaración del ofendido contaba con techo de lámina de zinc y piso de cemento pulido con una medida física del cuadro principal de construcción de 3.00 x 3 metros, teniendo un área de 9.00 metros cuadrado y un pasillo techado con lámina de zinc y piso de cemento pulido de 1.5 metros a cada lado de la construcción y de 1.00 metros al frente de la misma con un área de pasillo de 15.00 metros cuadrado, que el costo comercial de la construcción tomando en cuenta que fue demolida en su totalidad es de $49,200.00 cuarenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional. Respecto a las citadas periciales la sala responsable las consideró dogmáticas porque no cumplen con el propósito para el que fueron solicitadas y con ello no se reúne el requisito legal previsto en el artículo 89 del Código de Procedimientos Penales para el Estado aplicable. Así pues, la motivación del dictamen, es decir, la expresión en el documento relativo de los hechos y circunstancias en que se funda lo concluido por el perito, además de ser una de las exigencias inherentes a la prueba pericial, constituye un imperativo legalmente establecido en el citado numeral. Por lo que, el peritaje suministra argumentos y razones para la formación del convencimiento de hechos cuyo entendimiento no es del común de la gente. Expuso que la elaboración de un dictamen pericial cumple con una doble función, que es, por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juzgador y de la gente, sus causas y efectos, y por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción de quien resuelve sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de un mejor entendimiento y correcta apreciación. Consideró que el valor probatorio de un peritaje, depende de su debida fundamentación; claridad en sus conclusiones, para que el juzgador pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Por lo que en atención a sus anteriores consideraciones la sala responsable estimó que los referidos dictámenes no cumplen los requisitos que debe reunir una pericial, para que pueda proporcionar el conocimiento fehaciente de la ciencia que se aplicó para valorar los daños a la construcción, pues sólo menciona de manera dogmática que la construcción fue demolida en su totalidad en un primer momento dijo que las medidas del local eran de siete por seis metros (7.00 x 6.00) dando un área de cuarenta y dos metros cuadrados; posteriormente dijo que tenía una medida física del cuadro principal de construcción de tres por tres metros (3.00 x 3.00), teniendo un área de nueve metros cuadrados, un pasillo techado con lámina de zinc, piso de cemento pulido de metro y medio (1.5) a cada lado de la construcción y un metro (1.00) al frente de la misma con un área de pasillo de quince (15.00) metros cuadrados; lo que se considera contradictorio, pues primero señaló una medida del inmueble dañado y luego dijo que tenía otra, lo que incluso lo llevó a valuarlo con diferentes costos, además se advierte que el perito señaló que la descripción del inmueble fue con base en la declaración del ofendido, es decir, no se advierte que el perito en forma directa haya inspeccionado físicamente las medidas descritas, ni que hubiera cotizado el material con el que dice se encontraba construido el local que refiere fue demolido y que lo llevara a concluir cual sería el costo de la construcción que es reclamada como dañada. Además, el perito señaló haber utilizado como metodología en la elaboración de las periciales, el método inductivo y deductivo, sin explicar en qué consisten éstos, la manera en que son desarrollados o el modo en que obtuvo los datos de estudio. Por lo anterior, la sala consideró dogmáticas las aludidas periciales, no obstante que el perito en su primer dictamen haya referido que le técnica que utilizó para su elaboración fue la observación física del área dañada, el levantamiento con flexómetro de cinco metros; sin embargo, no describió en qué consiste cada una de ellas, así como el proceso que realizó para arribar a la determinación de que con el empleo de dichas técnicas podía concluir que el local comercial fue demolido en su totalidad, además que de esa pericial no se deducen indicios con los que se sustenten los señalamientos de los testigos respecto a que fueron arrancadas unas estructuras con cadena de varilla y las estructuras para columna de concreto, ya que el perito no dijo haberlos apreciado. Por otro lado, la segunda pericial aun cuando el perito indicó que fue elaborada empleando las técnicas de observación física del lugar y el levantamiento de las medidas de la construcción con cinta métrica de policarbonato de treinta metros, sin embargo, las conclusiones fueron emitidas con base en la declaración del ofendido, ya que así se deduce del punto 1 del apartado de observaciones, por lo que la sala estimó que no era suficiente para que el experto hubiera llegado a las conclusiones establecidas en los dictámenes, ya que el perito debe establecer los hechos y circunstancias en que fundó su apreciación, precisamente a partir de las características de la cosa, con base en los conocimientos con que cuenta, sin que fuera suficiente que sólo se concretara a tomar en cuenta los señalamientos del ofendido para arribar a una determinación, ya que al ser un auxiliar técnico de los tribunales en determinada materia, su dictamen constituye una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas diestras y versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, de tal manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce, lo que en este caso no sucede con las periciales analizadas. De ahí que, tal actuar no se ajusta a lo establecido en el numeral 89 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, abrogado pero aplicable al caso, el cual exige que los peritos al emitir sus respectivos dictámenes, deben suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los letrados para formar la convicción del juzgador sobre tales hechos y para instruirlo con el fin de un mejor entendimiento y correcta apreciación, pues precisamente esa ilustración y claridad del dictamen es lo que hace que se conceda mayor confiabilidad al mismo, las cuales son indispensables para que aparezcan exactas y el juzgador pueda adoptarlas; lo que en la especie la sala responsable consideró que no aconteció, ya que el perito realizó una vaga conceptualización de las técnicas que realizadas en la elaboración de dichos dictámenes; sin embargo, no describió como realizó la aplicación de éstas al caso concreto y tampoco precisó las razones por las cuales concluyó del modo en que lo hizo. De ahí que consideró que en los referidos dictámenes no existe explicación lógica sobre cómo es que el perito practicó los mismos; por tanto, dichos instrumentos carecen de valor legal por las expuestas consideraciones. Al caso, la sala apoyo su consideración con lo establecido en la de rubro: PRUEBA PERICIAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Es así que la sala responsable concluyó que los dictámenes elaborados el treinta de marzo y siete de septiembre de dos mil dieciséis por el ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente, no cumplen con las exigencias de un dictamen pericial que permita proporcionar el conocimiento fehaciente de la ciencia que se aplicó para arribar a la determinación de que con dicha probanza se corrobora los posibles daños que se pudieran haber causado a cuatro estructuras de cadena con varilla, ocho estructuras para columna de concreto con varillas, una base donde iban a tirar el piso y un muro de cuarenta blocks por los que se duele el pasivo. Sin que la responsable soslayara que las conclusiones vertidas en algún dictamen pericial, no son vinculantes para la autoridad judicial, pues su finalidad, únicamente es la de orientar y dar luz sobre actividades o técnicas que escapan al común denominador de la gente, bien sea por su propia especialidad, como lo son un arte u oficio o por la necesidad de contar con estudios profesionales para ello, por tanto, será actividad del juez natural valorar si la referida pericial guarda relación con los demás medios de convicción aparezcan en la indagatoria, o atento a la metodología utilizada no resulte apta para tal fin. Además, la sala responsable expuso que no soslayan las restantes probanzas entre ellas el testimonio de cargo de Leopoldo García López, la declaración de los consignados Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Vicente García de Dios, Isaías Arena Gerónimo, Maximiliano Sánchez Jiménez, Darwin Gerónimo Méndez, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arenas Gerónimo, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfín Córdova, Freddy Castellanos Hernández, Gustavo Olán García, José Jesús López Gerónimo, Jesús Sánchez Jiménez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Carmen Caporali Salaya, Jesús Antonio López Méndez, el testimonio de cargo de Jaime Osorio Ramos, del inculpado Vicente López Méndez, de la testigo de preexistencia Petronila López Montejo, de los inculpados José Mario Aguilar García, Concepción López Domínguez, Jesús Domínguez de la Cruz, Ever Sánchez Jiménez, Pepe Jiménez Jerónimo, de los testigos de descargo Lázaro Aguilar García, Elodia Córdova Montejo, Enrique Domínguez Méndez, Virginia Hernández Ramos, Gamaliel Palma Domínguez, Arnulfo Broca Jiménez, Rosa Dianey Jiménez García y Leydi Jiménez García, ya que las mismas no aportan indicios acerca de los hechos en los que a decir del querellante y sus testigos se le produjeron daños a su inmueble, ya que los investigados negaron los hechos que se les atribuyen. Máxime que conforme al principio de presunción de inocencia, compete al Ministerio Público la demostración del cuerpo del delito, y no a los indiciados demostrar su inocencia, si no se aportaron, por parte del órgano investigador, elementos suficientes para acreditar los elementos constitutivos del delito, así como su probable intervención en los hechos delictivos. A continuación la sala responsable ilustró su anterior consideración con la tesis de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Por lo que al no haberse acreditado el primero de los elementos del antijurídico en estudio, la sala responsable determinó omitir el análisis del restante elemento y la agravante, así como la probable responsabilidad de los ahora terceros interesados, ya que de las demás pruebas que integran el sumario no se advierten datos o indicios que acrediten los demás elementos del cuerpo del delito de daños, por lo que declaró infundado el segundo de los agravios expresado por la Fiscal del Ministerio Público. Apoyando su consideración en lo establecido en la tesis con rubro: CUERPO DEL DELITO. CUANDO FALTA ALGUNO DE SUS ELEMENTOS LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. No obstante lo anterior, la sala responsable consideró que al existir deficiencias en la integración de la averiguación previa, a fin de no dejar en estado de indefensión al ahora quejoso Diego Méndez Mena, estimó conveniente darle vista al Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Primera Agencia Investigadora, de Cárdenas, Tabasco, con copia certificada de la citada resolución, para que conforme a lo establecido en el artículo 160 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, abrogado pero aplicable al caso, esté en aptitud de promover pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente. En apoyo a lo anterior, la sala responsable citó la tesis aislada de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA.; así como la jurisprudencia de rubro: ACCIÓN PENAL. SI PARA SU PERFECCIONAMIENTO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN NEGADA O DE LA EMISIÓN DE UN AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS A FAVOR DEL INCULPADO, SE REQUIERE DE LA APORTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS, ÉSTOS NECESARIAMENTE DEBEN DESAHOGARSE POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). Finalmente, la sala responsable con fundamento en lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Procesal Penal en vigor en la época de los hechos, determinó confirmar el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual el a quo negó la orden de aprehensión, a favor de los ahora tercero interesados Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, por los delitos de Despojo y Daños, previstos y sancionados en su orden por el numeral 198 fracción II, 199, así como el artículo 200 en relación al 175 fracción IV y 71, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, ambos cometidos en agravio de Diego Méndez Mena. En efecto, de los medios de convicción antes citados, se desprende que la autoridad responsable ordenadora explico´ con claridad el valor probatorio que otorgo´ a las probanzas que tomo´ en consideración para dictar la resolución tildada de inconstitucional, adecuando así´ sus argumentos con el contenido de los preceptos legales invocados y con motivo de ello confirmar la resolución que negó´ la orden de aprehensión emitida en la causa penal de origen. Con todo lo anterior, se determina que la autoridad responsable que constituye un tribunal previamente establecido, al emitir el acto reclamado en estudio, lo fundo´ y motivo´ correctamente al citar la ley aplicable al caso; sin vulnerar los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sobre la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, se cita la tesis de jurisprudencia número 2044, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: FUNDAMENTACIO´N Y MOTIVACIO´N. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así´ las cosas, tal como lo expuso la Sala responsable en la resolución combatida en esta vía constitucional, el material probatorio que obra en los autos de la causa penal de origen, no acredita ninguno de los elementos del cuerpo de los delitos de despojo y daños previstos y sancionados el primero por los artículos 198, fracción II, 199 y el segundo por el numeral 200 en relación al 175, fracción IV y 71, todos del Código Penal del Estado de Tabasco, que se imputa a los aquí´ terceros interesados Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo. Ello es así´, pues como correctamente lo estableció´ la Sala responsable en la resolución aquí´ reclamada, con ninguna de dichas probanzas se demuestra que se le haya despojado del local comercial construido de material, con medidas de cuatro por seis metros, ubicado frente a la iglesia católica y al saliente con el campo deportivo de béisbol del Poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco. No obstante que la sala responsable consideró que el que con las copias certificadas del expediente agrario 638/2003, en el que aparece como actor el comisariado ejidal y como demandado Diego Méndez Mena, se advertía que entre las prestaciones que señalaron los integrantes del comisariado ejidal del poblado C-32, ejido Lic. Francisco Trujillo Gurria de Huimanguillo, Tabasco, en los incisos a) y b) solicitaron que por sentencia firme y definitiva el Tribunal Unitario Agrario, declarara que el ahora quejoso Diego Méndez Mena se encontraba ocupando indebidamente y sin consentimiento una superficie de tres metros de ancho por seis metros de largo que hacen un total de dieciocho metros cuadrados ubicado al suroeste del campo deportivo, las cuales corresponden al Ejido C-32 Francisco Trujillo Gurria, del municipio de Huimanguillo, Tabasco; y con ello se acreditaba que en la época de sucedidos los hechos el ahora quejoso tenía la posesión del predio donde se encontraba establecido su local comercial; sin embargo, no existían elementos probatorios que permitieran determinar que el inmueble reclamado por el pasivo hubiera sido ocupado por los consignados o que éstos estén haciendo uso del mismo. Asimismo, la sala responsable al valorar las testimoniales de cargo consideró que no obstante con dichas pruebas se acreditaba de manera indiciaria que el ofendido Diego Méndez Mena, tenía un poder de hecho sobre el referido local comercial; sin embargo, de las mismas no se advertían datos o indicios que acreditaran que los consignados hubieran ocupado un inmueble ajeno sin consentimiento de quien lo pudiera otorgar o que estuvieran haciendo uso de él o de un derecho real que no les perteneciera. Por otra parte, respecto al delito de daños, la sala al valorar la declaración del querellante Diego Méndez Mena y los testimonios de Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya y Luis Bernardo Méndez Jiménez; consideró que estos señalamientos no son claros en cuanto a que tipo de daños son los que pudieron haber causado los indiciados; además, que lo declarado por los atestes no fue corroborado por la inspección realizada por el fiscal investigador en el lugar de los hechos ni robustecida por las periciales emitidas por el ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente. Por lo tanto, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de despojo previsto en el artículo 198, fracción II y 199 del Código Penal del Estado de Tabasco, así como el delito de daños previsto y sancionado en los numerales 200 en relación al 175, fracción IV y 71, del mismo ordenamiento legal, válidamente puede afirmarse que son atípicos los hechos que fueron materia de consignación ministerial y por los que el Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, negó´ la orden de aprehensión solicitada en contra de Jesús Sánchez Jiménez, Santiago Jiménez López, José Bartolo Jiménez Córdova, Darwin Gerónimo Méndez, Vicente López Méndez, José Mario Aguilar García, Natividad Jiménez Arias, Gabriel Domínguez Sánchez, Felipe Rueda Márquez, David Gerónimo Méndez, Santana Sánchez Jiménez, Baudelio Montejo López, Alberto Jiménez Alpuche, Raúl Arena Gerónimo, Gustavo Olán García, Carmen Caporali Salaya, Concepción López Domínguez, José Cruz Jiménez López, Álvaro García de Dios, Ricardo Morfin Córdova, Freddy Castellano Hernández, José Jesús López Gerónimo, Jesús Domínguez de la Cruz, Jesús Antonio López Méndez, Ever Sánchez Jiménez, Candelario Palma Domínguez, Israel de los Santos López, Edilberto Jiménez Collado, Juan Antonio Bautista Madrigal, Uriel López Córdova, y Pepe Jiménez Gerónimo, como probables responsables en su comisión y en agravio de Diego Méndez Mena, determinación que fue confirmada por la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del Toca 48/2019-I del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. En ese orden de ideas, este juzgador estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, en razón de que son infundados los agravios del quejoso identificados en los incisos a) y b), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el impetrante las pruebas que fueron analizadas y valoradas por la sala responsable no son aptas ni suficientes para tener acreditados el primero de los elementos del cuerpo de cada uno de los delitos que el quejoso reclama haber sufrido de parte de los ahora terceros interesados; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, la sala responsable estimó que las pruebas valoradas no eran suficientes para establecer que los aquí terceros interesados fueron quienes probablemente cometieron los hechos denunciados por la parte querellante y por tanto no resultan ser los autores materiales de los hechos ilícitos anteriormente especificados. Lo anterior es así, en virtud de que la sala responsable consideró que las pruebas analizadas le permitieron concluir que los ahora terceros interesados no cometieron los hechos delictivos tipificados por la norma penal como despojo y daños cometidos en contra de la víctima ahora quejosa; no obstante que consideró que con las copias certificadas del expediente agrario 638/2003, se acreditaba que en la época de sucedidos los hechos el ahora quejoso tenía la posesión del predio donde se encontraba establecido su local comercial. Sin embargo, no existían elementos probatorios que permitieran determinar que el inmueble reclamado por el pasivo hubiera sido ocupado por los consignados o que éstos estuvieran haciendo uso del mismo; de igual forma, al valorar las testimoniales de cargo consideró que no obstante con dichas pruebas se acreditaba de manera indiciaria que el ofendido Diego Méndez Mena, tenía un poder de hecho sobre el referido local comercial; sin embargo, de las mismas no se advertían datos o indicios que acreditaran que los consignados hubieran ocupado un inmueble ajeno sin consentimiento de quien lo pudiera otorgar o que estuvieran haciendo uso de él o de un derecho real que no les perteneciera. Por otra parte, consideró que los señalamientos vertidos del querellante Diego Méndez Mena y los testimonios de Margarito Arenas Sánchez, Deiser Gerónimo Salaya, Luis Bernardo Méndez Jiménez, en relación al delito de daños, no eran claros en cuanto a que tipo de daños son los que pudieron haber causado los indiciados; además, que lo declarado por los atestes no fue corroborado por la inspección realizada en el lugar de los hechos por el órgano investigador ni robustecida por las periciales emitidas por el ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente. Sin que la parte quejosa haya mencionado diversa prueba en las que se desvirtúen las pruebas analizadas por la sala responsable. De igual forma, resultan infundados los agravios identificados con el incisos c) y d) en razón de que contrariamente a lo alegado por la parte quejosa la sala responsable sí realizó el análisis de tipo penal de despojo conforme a lo establecido en los artículos 198 fracción II y 199 Código Penal de Estado de Tabasco, vigente en la época en que sucedieron los hechos y por tanto aplicables al sumario en estudio, por lo que al valorar las testimoniales expuso los motivos por los cuáles dichos señalamientos no eran claros en cuanto a qué tipo de daños son los que pudieron haber causado los consignados, en los términos anteriormente analizados. Además, la sala responsable señaló cuáles eran los elementos del delito de despojo de acuerdo a los numerales antes mencionados, realizando la valoración de la pruebas que integran la causa penal concluyendo que no se acreditaba el primer elemento del cuerpo del delito en estudio, al no haber quedado debidamente acreditado que los investigados estuvieran ocupando o haciendo uso del inmueble que el quejoso refirió tener en posesión por lo que no se reúne el elemento del cuerpo del delito que el propio quejoso refiere como "a) Quien ocupe un inmueble ajeno" lo cual no quedó debidamente probado, sin que fuera necesario que la sala estudiara el resto de los elementos del cuerpo del delito en estudio ya que conforme a lo establecido en el artículo 137 del Código Procesal aplicable, es necesario que se acrediten fehacientemente todos y cada uno de dichos elementos del cuerpo del delito a fin de cumplir con el principio de legalidad. Además, la sala responsable analizó lo establecido en los artículos 877, 878 y 879 del Código Civil del Estado de Tabasco, a fin de establecer y explicar los elementos que integran la posesión y aplicarlos al caso en estudio, de ahí que dicho conceptos de violación sean infundados. Por otra parte, se reitera que es infundado el motivo de disenso formulado por el quejoso identificado con el inciso e), respecto que le causa agravio que la sala responsable no haya considerado que el delito de despojo es de ejecución instantánea por que se agotó en el momento en que los sujetos activos ejercieron actos de dominio que solo le corresponden al ofendido del bien inmueble que posee, ya sea que los efectos sean o no permanentes; lo anterior, resulta infundado, ya que contrariamente a lo pretendido por el impetrante, del análisis de los elementos del tipo penal de despojo contenidos en los artículos 198 fracción II y 199 Código Penal de Estado de Tabasco aplicable, no se advierte el delito sea de consumación instantánea, ya que para que en el caso se configure el referido delito es necesario que los investigados hubieran ocupado el inmueble reclamado por el pasivo o que éstos estuvieran haciendo uso del mismo; lo cual no quedó acreditado, por tanto resultan infundados dicho agravios. Así también, es infundado el agravio del quejoso marcado con el inciso f), ya que contrariamente a lo referido por el impetrante la sala responsable consideró que conforme a lo establecido por el artículo 198 del Código Penal aplicable en la época en que sucedieron los hechos, el cual sanciona la ocupación y uso indebido de inmuebles y por tanto tutelan la posesión inmediata de los mismos; no obstante que tuvo acreditada la posesión del inmueble que defiende el quejoso con las copias certificadas de del expediente agrario 638/2003; además, valoró testimoniales de cargo para acreditar la posesión del referido inmueble a favor del impetrante, los cuales resultaron suficientes para la sala responsable para demostrar dicho extremo; sin embargo, de dicho elementos de prueba no se corroboran datos o indicios que acrediten que los consignados hubieran ocupado un inmueble ajeno sin consentimiento de quien lo pudiera otorgar o que estuvieran haciendo uso de él o de un derecho real que no les perteneciera. Finalmente, resulta infundado el agravio identificado con el inciso g), en virtud que contrariamente a lo alegado por el quejoso, la sala responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica concluyó que no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de daños al considerar que los señalamientos vertidos por el querellante y los testigos de cargo no eran claros en cuanto a qué tipo de daños son los que pudieron haber causado los indiciados; lo cual no fue corroborado con por el fiscal investigador al realizar la inspección ministerial en el lugar de los hechos ni robustecida por las periciales emitidas por el ingeniero Alejandro Alfonso Ávila de la Fuente. Lo anterior , en virtud de que el fiscal investigador en la inspección realizada no estableció que fue lo que percibió respecto a los daños referidos por el querellante y los testigos de cargo; y, respecto a las periciales la sala responsable consideró que no se determinó la ciencia que se aplicó para valorar los daños a la construcción y por tanto sus conclusiones resultaban dogmáticas, no obstante que el perito haya referido que utilizó el método inductivo y deductivo sin que explicara en que consistían y la manera en que fueron desarrollados o el modo en que obtuvo los datos de estudio. Además, la sala responsable advirtió imprecisiones del perito en su dictámenes por las que resto valor probatorio a los mismos, ya que en los mismos el experto señaló que la construcción fue demolida en su totalidad cuyas medidas eran de siete por seis metros 7.00 x 6.00 dando un área de cuarenta y dos metros cuadrados; posteriormente, expuso que dicho local constaba una medida física del cuadro principal de construcción de tres por tres metros (3.00 x 3.00), teniendo un área de nueve metros cuadrados, un pasillo techado con lámina de zinc, piso de cemento pulido de metro y medio 1.5 a cada lado de la construcción y un metro (1.00) al frente de la misma con un área de pasillo de quince (15.00) metros cuadrados; lo que se considera contradictorio, pues de la comparación lógica de ambas medidas respecto al mismo local, se advierte que son diversas. Además que el perito señaló que la descripción del inmueble fue con base en la declaración del ofendido, por lo que no se no se advertía que el perito en forma directa haya inspeccionado las medidas descritas, ni que hubiera cotizado el material con el que dice se encontraba construido el local que refiere fue demolido y que lo llevara a concluir cual sería el costo de la construcción dañada; de ahí que resulte infundado el citado agravio formulado por el quejoso. No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la tesis 1a./J 116/2004 (9ª) Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 211 Tomo XXI, Abril de 2005, registro 178752, de rubro DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 495, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. así como en la diversa tesis aislada con registro digital 2600027, 6ª Sexta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s) Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 13, Volumen LXVII, Segunda Parte, de rubro DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. ALCANCE DE LA VALORACIÓN DEL.; así como en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia (s) Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 7249 Tomo LXXV, registro digital 307921, de rubro "DESTRUCCIÓN EN PROPIEDAD AJENA (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS); así también en la tesis aislada, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apartado Informes 1947, Materia Penal, página 49, registro digital 815752 de rubro DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CUANDO NO SE DETERMINA EL MONTO EXACTO, DEBE IMPONERSE EL MÍNIMO DE LA PENA; De igual forma, en la tesis aislada, Quinta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 1988, Tomo CXXII, Materia (s) Penal, registro digital 295312 de rubro "DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. MONTO DEL (AUTO DE FORMAL PRISIÓN)"; así como en la tesis aislada, Quinta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 64, Tomo XXXIV, Materia (s) Penal, registro digital 313747 de rubro "DAÑO EN PROPIEDAD AJENA" y en la tesis aislada, Quinta Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 6582, Tomo LXXIV, Materia (s) Penal, registro digital 308210 de rubro DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Sin embargo, las mismas resultan inaplicables por las consideraciones anteriormente establecidas; además de que al tratarse de tesis aisladas, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo dichos criterios no son de observancia obligatoria. En esas condiciones, son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta motivos para suplirlos en su deficiencia; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Diego Méndez Mena, en contra de los actos reclamados a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales. Negativa que se hace extensiva en cuanto a los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable ejecutora, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Teniendo aplicación la jurisprudencia seiscientos cincuenta y cuatro, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías debe también negarse respecto de las señaladas solo como ejecutoras, sino se les atribuyen por vicios propios." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por los terceros interesados los terceros interesados Israel de los Santos López y Uriel López Córdova, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Diego Méndez Mena, contra el acto reclamado a las autoridades señalas como responsables; por las razones y motivos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Diego Méndez Mena, contra el acto reclamado a las autoridades señalas como responsables; por las razones y motivos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, que así lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario de Juzgado Emilio Morales Hernández, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Diego Méndez Mena, contra el acto reclamado a las autoridades señalas como responsables; por las razones y motivos señalados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, que así lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario de Juzgado Emilio Morales Hernández, que autoriza y da fe.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano