Diego Mauricio García Buendía

Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 66 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
498/2019
Año
2019
Actuaciones
66
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Diego Mauricio García Buendía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que por una parte se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, devuélvase al Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas constantes en los tomos de pruebas I y II, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia: Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, este juzgado federal se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Ahora bien, para tomar una decisión en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es necesario realizar una recapitulación de algunos antecedentes relevantes del caso. Efectos de la sentencia de amparo: La protección constitucional se otorgó a la parte quejosa para los siguientes efectos: VII. DECISIÓN 161. Dado que la resolución interlocutoria reclamada vulnera los derechos fundamentales de los quejosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: Que la juez responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria emitida el treinta de enero del dos mil diecinueve en el incidente de ejecución de convenio que interpuso el quejoso en el juicio privilegiado de visita y convivencia ... En la inteligencia de que la concesión de la protección constitucional se hace extensiva respecto del acuerdo reclamado del catorce de febrero del año en curso, dado que a través de esta última actuación se reiteró [implícitamente] la decisión asumida en aquella resolución incidental, en el sentido de declarar sin materia el incidente de ejecución de convenio. Enseguida, atento a las consideraciones expuestas en esta sentencia, la juez natural deberá ordenar y desahogar de manera urgente e inmediata, en un plazo no mayor de quince días hábiles una prueba pericial en psicología a cargo de los menores ........, de sus progenitores e incluso respecto de otros familiares que normalmente convivan con los niños, como lo podría ser la pareja sentimental de su madre [...], dado que dicho medio probatorio podrá aportar mayores elementos de convicción para, en su caso, confirmar o descartar la existencia de alienación parental hacia los niños, o bien conocer el origen [real] de la crisis intrafamiliar.  Para tal efecto, la juez responsable podrá hacer uso de las medidas de apremio previstas en la ley, a fin de vencer las conductas omisivas o de desacato tendentes a impedir o retardar el desahogo de dicha prueba pericial.  Una vez transcurrido el plazo señalado previamente, la juez responsable dentro de los cinco días hábiles siguientes deberá valorar si recaba o no nuevamente la opinión de los menores, atendiendo a los resultados sobre su posible alienación parental, pues solo en caso de no haber indicios sobre ella deberá recabarla nuevamente y darle un valor superlativo, para lo cual previamente se tendrá que allegar de los estudios psicológicos necesarios que le indiquen si los menores C.M.G.C. y A.R.G.C. enfrentan o no algún problema de evolución social o de madurez que impida valorar su opinión. En el entendido que si después de desahogar la prueba pericial en psicología se concluye que los menores no son víctimas de alienación parental y además existe un dictamen que revele que cuentan con la madurez necesaria para discernir si desean o no convivir con su padre, de ser el caso, el juez deberá ordenar el desahogo de terapias de integración, lo que deberá realizarse de manera previa a decretar el inicio de las visitas correspondientes.  Posteriormente, con libertad de jurisdicción, la juez natural deberá emitir una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio, la cual deberá tener como eje rector el principio del interés superior del menor y buscar en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. 162. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., así como la probable alienación parental inducida -que constituye un tipo de violencia familiar-, se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, la juez familiar también haga del conocimiento de los niños las medidas que adopte en relación con ellos mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible."  Actuaciones relevantes durante el periodo de ejecución de sentencia: 1. Después de realizar diversas gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo dictado el diecisiete de enero de dos mil veinte, el Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Director de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) remitió copia certificada del reporte psicológico del proceso terapéutico realizado a Diego Mauricio García Buendía, Silvana Alejandra Cárdenas Hernández y Leonardo Carrillo Melillano, así como a los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., del que se advierte que no existe alienación parental de los menores hacia alguno de sus progenitores [fojas 377 a 386]. 2. Por oficio 322 del veintidós de enero del dos mil veinte, el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla hizo del conocimiento que el Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Director de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que no existe alienación parental de los menores hacia alguno de sus progenitores. Además, comunicó que a fin de determinar lo más benéfico para el bienestar de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C. debía recabar su opinión, para lo cual de manera previa obtendría los estudios psicológicos correspondientes para conocer si enfrentaban o no algún problema de evolución social o de madurez que impidiera valorar su opinión, razón por la cual requirió a la Directora del Servicio Médico Legal y Forense de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que designara un psicólogo y una vez designado procedería a valorar a los citados menores [fojas 405 y 406]. 3. Mediante comunicado 1604 el juez responsable remitió los resultados de las valoraciones psicológicas realizadas a los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., a través de los cuales se concluyó que los menores tienen edad de maduración que corresponde a su edad. En atención a ello el juez de origen señaló hora y fecha para escuchar a los niños [fojas 448 a 460]. 4. Por oficio 3395 el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla informó el contenido de la audiencia del quince de octubre del dos mil veinte, a partir de la cual se advierte lo siguiente: a. Que se desahogó la diligencia de escucha de los menores A.R.G.C. y C.M.G.C. b. Los menores manifestaron que no les gustaría convivir con su progenitor. c. La Psicóloga Guadalupe Huerta Sánchez en uso de la palabra manifestó que los adolescentes cuentan con la madurez para formarse un juicio sobre la situación y el problema familiar; asimismo, indicó que los menores declararon su negativa de convivir con su padre [fojas 511 a 513]. 5. Por otro lado, por comunicado 3823 del índice del juzgado responsable se informó lo siguiente: a.Que mediante oficio P.P.D.N.N.A.D.A.J/CLIPAM/A.J/083/2020 fueron remitidos los resultados psicológicos del proceso terapéutico de Diego Mauricio García Buendía, Silvana Alejandra Cárdenas Hernández y Leonardo Carrillo Medillano, así como de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C. b. De los resultados terapéuticos se advertía que los menores no son víctimas de alienación parental y que los mismos manifestaron no querer convivir con su progenitor. c. Por lo anterior, se ordenó el desahogo de terapias de integración [fojas 518 y 519]. 6. Las fichas informativas de las terapias de integración entre los menores C.M.G.C., A.R.G.C. y Diego Mauricio García Buendía revelan que los menores insisten en no querer convivir con su progenitor [fojas 569 a 588, 606 a 622 y 642 a 652]. 7. Mediante oficio SMDIF-DJ-150/2021 el Jefe del Departamento de Representación Legal y Dictamen Normativo del DIF Puebla informó al juez natural que se suspendían las terapias de integración, ya que "(.) no se presentó ningún avance que pudiera dar apertura a la integración de los menores con su padre, ya que dicho proceso impide el sano desarrollo emocional en éstos." (foja 709). 8. Por auto del veintinueve de abril del año en curso, el juez informó el contenido del oficio SMDIF-DJ-187/2021 suscrito por el Director Jurídico del Sistema Municipal DIF, a través del cual le comunicó que se dio cumplimiento a la petición de la familia García Cárdenas, en el sentido de desahogar terapia familiar sistémica; sin embargo "(.) debido a que no hay colaboración de las partes (.) no hay alternativas para la solución de su conflicto en la relación padre e hijos, pues de lo contrario, seguirlas forzando solo va a ocasionar fracturar definitivamente la relación entre las partes y afectar la salud psicoemocional y/o el sano desarrollo integral de los menores." (foja 722). En razón de ello, el Sistema Municipal DIF recomendó que las partes se dirijieran a un centro especializado encargado de visitas supervisadas y/o integración familiar. 9. Finalmente, mediante oficio 2310 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria de ejecución de convenio del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, para explicar las razones que conducen a estimar que el fallo ha sido cumplido, enseguida se detallarán los efectos de la concesión de la protección constitucional, las acciones que realizó el juez responsable y las razones que conducen a estimar que el fallo fue cumplido. Efectos de la ejecutoria de amparo: Que la juez responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria emitida el treinta de enero del dos mil diecinueve en el incidente de ejecución de convenio que se interpuso en el juicio privilegiado de visita y convivencia 849/2014. La concesión de la protección constitucional se hizo extensiva respecto del acuerdo reclamado del catorce de febrero del año en curso, dado que a través de esta última actuación se reiteró [implícitamente] la decisión asumida en aquella resolución incidental, en el sentido de declarar sin materia el incidente de ejecución de convenio. Actuación del juez responsable: Por acuerdo del veinte de mayo del dos mil diecinueve, se ordenó dejar insubsistente la resolución interlocutoria reclamada del treinta de enero de ese año, así como el acuerdo del catorce de febrero de ese año. Calificación del cumplimiento: El juez natural acató estos efectos del fallo al haber dejado insubsistente la resolución reclamada y el acuerdo vinculado con la resolución interlocutoria. Efectos de la ejecutoria de amparo: Ordenar y desahogar de manera urgente e inmediata una prueba pericial en psicología a cargo de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., de sus progenitores e, incluso, respecto de otros familiares que normalmente convivan con los niños, como lo podría ser la pareja sentimental de su madre [Leonardo Carrillo Melillano], dado que dicho medio probatorio podrá aportar mayores elementos de convicción para, en su caso, confirmar o descartar la existencia de alienación parental hacia los niños, o bien conocer el origen [real] de la crisis intrafamiliar. Actuación del juez responsable: Por acuerdo del veinte de mayo del dos mil diecinueve, el juez natural ordenó, de oficio, el desahogo de la prueba pericial en psicologia a cargo de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., de sus progenitores y Leonardo Carrillo Melillano [pareja sentimental de la progenitora]. Calificación del cumplimiento: El juez natural acató este efecto del fallo al ordenar, de oficio, el desahogo de la prueba pericial en psicologia a cargo de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., de sus progenitores y Leonardo Carrillo Melillano [pareja sentimental de la progenitora]. Efectos de la ejecutoria de amparo: El juez responsable deberá valorar si recaba o no nuevamente la opinión de los menores, atendiendo a los resultados sobre su posible alienación parental, pues solo en caso de no haber indicios sobre ella deberá recabarla nuevamente y darle un valor superlativo, para lo cual previamente se tendrá que allegar de los estudios psicológicos necesarios que le indiquen si los menores C.M.G.C. y A.R.G.C. enfrentan o no algún problema de evolución social o de madurez que impida valorar su opinión. Actuación del juez responsable: Por acuerdo del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la entonces juez determinó que era necesario iniciar un proceso terapeútico entre las partes involucradas en la controversia familiar (foja 177). Al respecto, mediante oficio P.P.D.N.N.A.D.A.J/CLIPAM/A.J.218072019, el Titutlar de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informó que las partes involucradas en la controversia familiar iniciaron proceso de terapias psicológicas (foja 232). Después de desahogar las terapias correspondientes, el trece de enero del dos mil veinte, la perito en psicología del Sistema DIF Puebla rindió el reporte psicológico correspondiente (fojas 380 a 383). En dicho dictamen la perito concluyó, en lo que interesa, lo siguiente (foja 383): "(.) Los eventos descritos y otros no nombrados por los que atraviesa la familia García Cárdenas, en específico por la imposibilidad de finalizar su relación marital de los señores son recuerdos, vivencias donde los testigos presenciales son los hijos de la pareja, que marcan de una manera consciente e inconsciente a los niños con dichas experiencias desagradables y de violencia, de tal forma que es difícil revertir al futuro esos sentimientos con los que han crecido. Razón por la cual actualmente es inapropiado mencionar que existe alienación parental (.)" Por auto del diecisiete de enero del dos mil veinte, la entonces jueza responsable requirió a la perito en psicología que aclarara si existía o no alienación parental. Al respecto, mediante oficio P.P.D.N.N.A.D.A.J/CLIPAM/A.J.0242/2020, el Titutlar de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informó que la perito reiteraba que no se comprueba alguna alienación parental. Al respecto, la propia perito reiteró a manera de conclusión lo siguiente (foja 417): "(.) Durante el proceso legal que viven los niños García Cárdenas existe resistencia a convivir con su padre, con una serie de recuerdos desagradables que les son removidos. Se sugiere por el momento no presionar a que los chicos accedan a la convivencia, ya que no se comprueba alienación parental (.)" Por lo tanto, por proveído del veintidós del mes y año referidos, la juez ordenó que se valorara a los menores para determinar si enfrentan o no un problema de evolución social o madurez antes de recabar su opinión en relación con la controversia familiar. La perito del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado realizó la valoración psicológica de los menores y concluyó lo siguiente (fojas 453 a 459): "(.) El niño de nombre con iniciales A.R.G.C. tiene una edad de maduración que corresponde con su edad cronológica, lo que le permite participar y desempeñarse adecuadamente en actividades socio-culturales, deportivas que tiene en su escuela. (.) El adolescente de nombre con iniciales C.M.G.C. tiene una edad de maduración que corresponde con su edad cronológica, lo que le permite tener interés y un adecuado nivel de involucramiento en actividades socio-culturales, así como iniciativa por cultivarse en temas de manejo de emociones (.)" Una vez conocido el resultado de esas valoraciones, por auto del diez de marzo del dos mil veinte, la entonces juez responsable señaló fechas para recabar una entrevista a los menores (fojas 450 a 452). Después del periodo de suspensión de actividades con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus Sars-CoV-2, la juez natural señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la entevista a cargo de los menores (fojas 489 a 491), lo cual finalmente aconteció el quince de octubre del dos mil veinte (fojas 511 a 513). Calificación del cumplimiento: Las actuaciones que obran en el juicio de origen revelan que se ordenó recabar la opinión de los menores en torno a la controversia familiar en la cual se ven involucrados, atendiendo a los resultados sobre su posible alienación parental, para lo cual previamente se allegó el juez de los estudios psicológicos necesarios. Efectos de la ejecutoria de amparo: Con libertad de jurisdicción, la juez natural deberá emitir una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio, la cual deberá tener como eje rector el principio del interés superior del menor y buscar en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar, la cual se deberá comunica a los menores en formato de lectura fácil y accesible. Actuación del juez responsable: El veintisiete de mayo del año en curso, el juez responsable emitió la resolución correspondiente en el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio privilegiado de visita y correspondencia, la cual ordenó comunicar a los menores en formato de lectura fácil y accesible. Calificación del cumplimiento: Para analizar este efecto de la ejecutoria de amparo es necesario tener presente diversos aspectos. El cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo se requirió desde el quince de mayo del dos mil diecinueve. Actualmente los menores involucrados cuentan con las siguientes edades: C.M.G.C. quince años y A.R.G.C. doce años. El contexto fáctico a que antes se hizo referencia es de particular relevancia en este caso y no debe ser soslayado. En efecto, en la ejecutoria de amparo se realizaron, entre otros, los siguientes pronunciamientos relevantes: "(.) 131. Por lo tanto, si desde el punto de vista jurídico, la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna, resultaba indispensable que la juez responsable valorara si recababa o no una nueva opinión de los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., a fin de hacer prevalecer el principio de autonomía progresiva. 132. En este punto, es necesario precisar que no pasa inadvertido que en autos obra la diligencia del dieciocho de diciembre del dos mil catorce, los dictámenes en psicología y en psiquiatría infantil, así como el informe de psicoterapia a través de los cuales se recabó la opinión de los menores involucrados, lo cual podría conducir a estimar que resulta innecesario escucharlos nuevamente. 133. Sin embargo, una conclusión en ese sentido no sería la más afortunada, ni idónea para tutelar los derechos fundamentales de los niños, ya que la juez natural no ha analizado si las opiniones que expresaron estaban manipuladas o alienadas pues, como antes se vio, no contaba con el medio probatorio adecuado que así lo permitiera advertir. 134. Por lo tanto, actualmente no se ha desahogado un medio de prueba que permita determinar la veracidad de sus manifestaciones y opiniones en torno a la crisis intrafamiliar que padecen y, principalmente, los términos en los que desean convivir con su padre. 135. En este punto, es de suma importancia destacar que el caso que nos ocupa se aproxima al que analizó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al resolver el asunto M.K. v. Grecia, en tanto se trataba de un menor que a pesar de que las autoridades francesas habían ordenado su restitución definitiva con su madre, aquél había reiterado de manera consistente y clara su deseo de permanecer en Grecia para estar cerca de su hermano y poder mantener sus relaciones personales y continuar sus actividades. 136. En dicha resolución, el Tribunal Europeo determinó que las autoridades pueden negarse a ordenar el regreso de un menor cuando se oponga a ello, siempre que atendiendo a su edad y madurez sea posible tomar en cuenta su opinión, dado que estimó que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna. 137. Como se ve, dada la identidad en la problemática a la que se enfrentó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el caso que nos ocupa, ya que en ambos supuestos existen decisiones judiciales que se han asumido y que impactan severamente en la esfera jurídica de los menores involucrados, se considera que el criterio que se sostuvo en dicho precedente resulta valioso para justificar la necesidad de adoptar las medidas que se han ordenado. 138. En primer lugar, porque corrobora que atento al principio del interés superior del menor ciertas instituciones procesales pueden ceder y, por lo tanto, que se puedan volver a discutir decisiones que tengan un impacto severo en su esfera jurídica. 139. De ahí que las autoridades puedan discutir nuevamente las razones que las condujeron a adoptar alguna determinación, como por ejemplo lo relativo a los términos en que desea convivir con su progenitor no custodio, a pesar de la existencia de un convenio celebrado al respecto, siempre y cuando su edad y madurez revelen que su opinión es la que debe prevalecer. 140. En segundo lugar, porque pone de manifiesto que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna, siempre que se verifique que esa opinión fue emitida libre de cualquier sesgo o presión, pues solo así podría constituir un referente valioso para sustentar una decisión judicial. 141. En tercer lugar, porque el criterio sustentado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma que las circunstancias familiares son siempre cambiantes y, a partir de ellas, se puede provocar un impacto en la apreciación de las decisiones que incumben a los menores. Principalmente, en un caso como en el que nos atañe, en tanto los menores dada su edad actual [diez y doce años] sufren constantes cambios no solo físicos sino también emocionales. 142. De ahí que se deba verificar si lo expresado por los menores responde a su voluntad actual y real de querer o no convivir con su progenitor no custodio y no a la manipulación de su madre o de alguna otra persona cercana, como lo podría ser la pareja sentimental de esta última. 143. En efecto, esta situación es de capital importancia que quede aclarada, ya que si después de desahogar la prueba pericial en psicología se concluye que los menores no son víctimas de alienación parental y además existe un dictamen que concluya que cuentan con la madurez necesaria para discernir, es evidente que el dejar a su libre voluntad los términos en que desean convivir con su padre no se afectaría negativamente su desarrollo integral, ni se pondría en riesgo el ejercicio de otros derechos, por el contrario, esta postura tutelaría efectivamente su bienestar integral. 144. Entonces, solo en caso de actualizarse las condiciones antes descritas, deberá prevalecer la voluntad de los menores en lo relativo al régimen de visita y convivencia con su padre. 145. Lo anterior, en tanto, por una parte, la decisión que se asuma se compadecería de su opinión emitida libre de cualquier sesgo o presión y, por otra, no se vulneraría su desarrollo integral, ya que se habría acreditado que tienen la edad y madurez suficiente para tomar dicha determinación. 146. Esta decisión también se fortalece a partir de la conclusión a la que arribó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al resolver el caso contencioso Khusnutdinov and X v. Russia. 147. El caso se refería a una controversia en torno a la residencia de una niña, quien manifestó un claro deseo de seguir viviendo con sus abuelos al haberse debilitado los vínculos afectivos con su progenitor. 148. Los tribunales rusos tomaron la decisión de rechazar que la menor regresa a vivir con su padre, dado que su pasividad durante el período inicial de la separación provocó que su menor hija se acostumbrara a vivir con sus abuelos. 149. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró, en lo que interesa, que tan pronto como los niños se vuelven maduros, los jueces deben otorgar el debido peso a sus opiniones y sentimientos; por lo tanto, concluyó que debía prevalecer la decisión de la niña, en tanto había manifestado un claro deseo de seguir viviendo con sus abuelos derivado del tiempo que permaneció a su lado, el apego que genero hacia ellos y la sensación de que la casa de sus abuelos era su hogar. 150. Como se ve, dicho precedente fortalece aún más que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna, siempre que se verifique que esa opinión fue emitida libre de cualquier sesgo o presión, pues solo así podría constituir un referente valioso para sustentar una decisión judicial. 152. En esa tesitura, la juez responsable a fin de estar en aptitud de determinar lo más benéfico para el bienestar integral de los niños debe valorar la pertinencia de recabar o no nuevamente su opinión, y si decide hacerlo previamente se tendrá que allegar de los estudios psicológicos que le indiquen si enfrentan o no algún problema de evolución social o de madurez que impida valorar su opinión (.)" Como se ve, la construcción argumentativa de la sentencia parte de considerar que el juez natural tenía a su cargo el desahogo de diverso material probatorio para estar en aptitud de emitir una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio. De igual forma, se indicó que la nueva resolución debía tener como eje rector el principio del interés superior del menor y buscar en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar, para lo cual textualmente se dijo que, de ser el caso, el juez deberá ordenar el desahogo de terapias de integración. Sin embargo, durante el desarrollo argumentativo de la ejecutoria de amparo, también se reconoció que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna, razón por la cual el dejar a su libre voluntad los términos en que desean convivir con su padre no se afectaría negativamente su desarrollo integral, ni se pondría en riesgo el ejercicio de otros derechos, por el contrario, esta postura tutelaría efectivamente su bienestar integral. En ese sentido, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable debía tener presente que las terapias de integración que se ordenaron no arrojaron los resultados esperados y además ya se ha desahogado suficiente evidencia probatoria que revela que los menores manifestaron su deseo de no convivir con su progenitor. Así es, en la audiencia del quince de octubre del dos mil veinte, ambos menores manifestaron que no era su deseo convivir con su progenitor, tal como enseguida se advierte (fojas 512 y 513): "(.) Me llamo C.M.G.C. (.) ¿Quieres convivir con tu papá Diego Mauricio García Buendía? Responde: No, no quiero convivir con mi papá, ya que estoy fastidiado por que en toda la duración del juicio lo he expresado en varias ocasiones, no quiero convivir con mi papá (.) Me llamo A.R.G.C. tengo doce años, al igual que mi hermano, no me gustaría convivir con mi papá." Enseguida, la psicóloga Guadalupe Huerta Sánchez asentó lo siguiente: "(.) Por otro lado, la psicóloga GUADALUPE HUERTA SÁNCHEZ, en uso de la palabra que se le concede manifiesta: `Se asiste a las Autoridades de este Juzgado Familiar para la escucha de los adolescentes de nombre con iniciales C.M.G.C. y A.R.G.C., de catorce y doce años de edad respectivamente, basándome en el método deductivo a través de la técnica de entrevista abierta y observación, se rinde la siguiente impresión diagnóstica por acompañamiento y en escucha: C.M.G.C., y A.R.G.C., se presentan en buenas condiciones de higiene y aliño personal, con vestimenta acorde a su edad cronológica y género. Se observan con actitud participativa, con disposición y apertura al dialogo, ya la vez con estado de ánimo eutímico (neutro). Durante la entrevista su lenguaje es fluido y coherente a sus edades cronológicas. En ambos adolescentes sus memorias no presentan alteraciones teniendo evocación de recuerdos tanto agradables como desagradables. C.M.G.C., y A.R.G.C., se encuentran orientados en tiempo y espacio conscientes de su realidad actual. Ambos adolescentes tienen la madurez necesaria para formarse un juicio sobre la situación y problemática familiar presente. Actualmente los adolescentes se encuentran habitando en una familia del tipo reconstruida. Su figura materna cubre las necesidades básicas de alimentación, seguridad y afecto con quien a su vez tienen un vínculo y un sentido de unión y afecto. C.M.G.C., refiere se siente con fastidio por todos los años que lleva participando en el presente proceso judicial y también manifiesta abierta y claramente su opinión y deseo de no querer convivir con su figura paterna, debido a que no tiene interés por relacionarse con su papá, por las actitudes hostiles (como son insultos, regaños, gritos) que ha recibido de él. A.R.G.C., manifiesta de manera precisa, firme y espontanea su opinión por no querer convivir con su figura paterna, toda vez por no querer tener tratos hostiles (como son insultos, groserías) de su figura paterna." Enseguida, los menores redactaron dos documentos en los que manifestaron que no tenían intención de continuar con el proceso de integración familiar, ya que no deseaban convivir con su padre (fojas 536 y 537). El resultado de las terapias de integración tampoco resultó del todo exitoso, pues los reportes que rindió el personal del Departamento de Atención Psicológica del Sistema Municipal DIF fue consistente en que era conveniente interrumpir el proceso (fojas 649, 680 y 712). Por lo tanto, este efecto de la ejecutoria de amparo se encuentra satisfecho, ya que se otorgó al juez libertad de jurisdicción para emitir una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio; lo anterior, a partir de la valoración del material probatorio que recabó en cumplimiento al fallo protector, lo cual lo condujo a decretar la suspensión del derecho de convivencia entre los menores y su progenitor. Este juzgado federal no soslaya que en la ejecutoria de amparo se indicó que el juez debía incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. Sin embargo, en la propia ejecutoria de amparo también se reconoció que es obligación de las autoridades jurisdiccionales respetar la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento en torno a si desea o no convivir con alguno de sus progenitores, pues no debe perder de vista que tan pronto como los niños se vuelven maduros, los jueces deben otorgar el debido peso a sus opiniones y sentimientos. Siendo así, contrario a lo que argumenta la parte tercero interesada, la ejecutoria de amparo no se vería cumplida indefectiblemente hasta en tanto los menores se sometieran a un proceso terapéutico que les permitiera superar la crisis familiar que los afecta y manifestaran su deseo de convivir con su padre, pues ello implicaría atentar contra su interés superior y descartar sus opiniones y sentimientos. En efecto, como ya se indicó, la construcción argumentativa de la ejecutoria indica que el juez natural tenía a su cargo el desahogo de diverso material probatorio para estar en aptitud de emitir una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio. Hecho lo anterior, se determinó que se debía dictar una nueva resolución que privilegiara incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. Sin embargo, durante el desarrollo argumentativo de la ejecutoria de amparo, también se reconoció que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna e, incluso, que, en caso de ser así, el dejar a su libre voluntad los términos en que desean convivir con su padre no se afectaría negativamente su desarrollo integral, ni se pondría en riesgo el ejercicio de otros derechos, por el contrario, esta postura tutelaría efectivamente su bienestar integral. Por lo tanto, si las terapias de integración que se ordenaron no arrojaron los resultados esperados y además los menores C.M.G.C. y A.R.G.C., ya fueron valorados por peritos que concluyeron que tienen la madurez necesaria para formarse un juicio sobre la situación y problemática familiar que les aqueja, es claro que la determinación del juez responsable satisface un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la ejecutoria de amparo, pues en ese fallo claramente se anticipó que es obligación de las autoridades jurisdiccionales respetar la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento en torno a si desean o no convivir con alguno de sus progenitores, ya que no se debe perder de vista que tan pronto como los niños se vuelven maduros, los jueces deben otorgar el debido peso a sus opiniones y sentimientos. Aquí, es importante señalar que no se soslayan las manifestaciones que expuso la parte tercero interesada, en el sentido de que existen pruebas en autos que revelan la existencia de violencia psicológica a la que han estado sujetos los menores por su progenitora y su actual pareja sentimental. Sin embargo, al contrario de lo que aduce, el juez ordenó recabar pruebas que demuestran que ambos adolescentes tienen la madurez necesaria para formarse un juicio sobre la problemática familiar que los afecta, tal como lo indicaron las psicólogas Mayra Esarlet Vázquez Cueto, María del Pilar Quintana Soto, Guadalupe Huerta Sánchez y Grecia Nabil Rodríguez Zamorano (fojas 198 a 209, 382 y 383, 454 a 459 y 512 vuelta), aunado a que las terapias de integración que se ordenaron no arrojaron los resultados esperados, ya que los reportes que rindió el personal del Departamento de Atención Psicológica del Sistema Municipal DIF fue consistente en que era conveniente interrumpir el proceso, toda vez que no era sano para su desarrollo psicoemocional (fojas 649, 680 y 712). Tan es así que incluso mediante auto del tres de noviembre del dos mil veinte, el propio juez responsable concluyó (foja 519 vuelta): "(.) que los menores no son víctimas de alienación parental y además de que los menores manifestaron en párrafos que anteceden no querer convivir con su progenitor (.)" No se desconoce que mediante auto dictado el once de mayo del año en curso, el juez natural consideró que no estaba en condiciones de emitir la sentencia interlocutoria correspondiente y ordenó un nuevo proceso terapéutico a cargo de los menores y, posteriormente, terapias de integración con su progenitor para lograr una convivencia sana. Sin embargo, por auto dictado el trece de mayo del año en curso, este juzgado federal comunicó al juez de origen que, antes de ello, debía valorar nuevamente que las terapias de integración que se ordenaron no arrojaron los resultados esperados y además que ya se desahogó suficiente evidencia probatoria, razón por la cual con libertad de jurisdicción el juez de origen dictó la resolución interlocutoria en la que determinó dar prevalencia a las opiniones y sentimientos que han expresado los menores C.M.G.C y A.R.G.C. en el sentido de que no desean convivir con su progenitor, lo cual consideró lo más benéfico para el bienestar integral de los menores de edad. Por lo tanto, este juzgado federal encuentra que la ejecutoria de amparo fue cumplida sin excesos ni defectos, ya que despues de desahogar diverso material probatorio, el juez responsable con libertad de jurisdicción emitió una nueva determinación en torno al incidente de ejecución de convenio, la cual además se comunicó a los menores en formato de lectura fácil y accesible. Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente al quejoso, vía electrónica a la tercera interesada y por oficio al Asesor Jurídico Federal Víctor Manuel Gutiérrez Morales.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Manifestaciones quejoso. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ******************** mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto del dos de junio de dos mil veintiuno y al efecto realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en el presente juicio, las cuales serán tomadas en consideración una vez que este órgano jurisdiccional provea lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Juzgado informa. Agréguense el oficio y anexos del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de lo siguiente: 1. De la sentencia interlocutoria de ejecución de convenio de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio familiar privilegiado de visita y convivencia número ... de su índice. 2. Así como, sentencia de lectura fácil, dirigida a los menores ... 3. De las constancias de notificación realizada a la parte actora y demandada, respecto de la referida sentencia interlocutoria. 4. Del acuse del oficio 2310 de su índice por el cual remitió copia certificada de la resolución antes referida. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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