Diego Manuel García Simental
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Diego Manuel García Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida por dicho órgano colegiado en sesión de siete de noviembre del año en curso, en el expediente relativo al conflicto competencial 12/2019, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Diego Manuel García Simental, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución." En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social "Altiplano" en Almoloya, Estado de México, mediante el cual informa que en la base de datos no se encontró registro del quejoso Diego Manuel García Simental, sin embargo se encontró registro a nombre de Teodoro García Simental y/o Diego García Simental y/o Jorge Romero Altamirano y/o Jorge Valdez Chavez y/o Eduardo García Simental. Por tanto, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se resuelva el conflicto competencial en el presente asunto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante el cual comunica el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el conflicto competencial 12/2019 de su índice, de cuyo contenido se advierte que ordenó la tramitación del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, y este órgano jurisdiccional. Ahora, en atención a la vista concedida por el Órgano Colegiado oficiante, a efecto de que este Juzgado de Distrito exponga lo que estime pertinente respecto del citado conflicto competencial, este Juzgado reitera las consideraciones que sustentan el auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 25 a 29), ya que el acto tildado de inconstitucional si bien conlleva ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado al comenzar a materializarse la orden de traslado reclamada en el lugar de reclusión del quejoso, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, también lo es que el acto reclamado podrá tener ejecución en la jurisdicción del juzgado declinante. Al respecto, cabe destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el inciso b) que antecede, pues tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito, o que hayan comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Al respecto, conviene recordar que el acto reclamado (orden de traslado), por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En ese tenor, respecto del acto reclamado, como ya se precisó, se actualiza la hipótesis contenida en el inciso b) del artículo 37 de la Ley de Amparo y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución del acto reclamado o se pretende ejecutar, por ser el que previno. Lo anterior se afirma, en razón a que si bien es cierto el acto reclamado conlleva una ejecución material en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado, lo cierto es que de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad y de forma destacada que las autoridades responsables pretenden efectuar el traslado que reclaman en otros centros penitenciarios cuyo destino se desconoce, sin embargo, señala dentro de las autoridades responsables ejecutoras, entre otras, al Centro Federal de Reptación Social Número 11 "CPS Sonora", con sede en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, lugar en el que ejerce jurisdicción la autoridad declinante. Motivos por los cuales este Juzgado insiste en que carece de competencia para conocer de dicho asunto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, mediante cual comunica el auto de uno de agosto de este año, dictado en el juicio de amparo 905/2019, de su índice, de cuyo contenido se advierte que ese órgano jurisdiccional insiste en declinar competencia a este juzgado de distrito, por lo que planteó el conflicto competencial correspondiente y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en Turno, a efecto de que emita la resolución respectiva. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera de que el superior jerárquico a quien por turno haya correspondido conocer del conflicto competencial en comento, emita la resolución correspondiente, a fin de determinar a qué Juzgado de Distrito compete el conocimiento del asunto del cual emanó el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el comunicado agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Ello aunado a que la superioridad ordenó la notificación de los quejosos personalmente por medio de exhorto.
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