Diego Manuel Del Castillo Orozco
Expediente 3830/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3830/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Diego Manuel Del Castillo Orozco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, uno de agosto de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 3830/2022 y la resolución dictada en de trece de julio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 54/2023 de su estadística. Hágase del conocimiento del quejoso lo resuelto por el tribunal colegiado: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: "[.] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. NOTIFIQUESE, y vía electrónica a la parte quejosa. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico y se ordena glosar al cuaderno principal las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que prevé dicho artículo. Asimismo, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
EN QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA DEL JUICIO 1017/2015 ACUMULADO AL DIVERSO 498/2015, EL AUTO DE OCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: "Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por el cual remite los autos originales de este juicio, un legajo de copias certificadas y la resolución dictada el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 209/2018. Acúsese recibo vía interconexión. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión. NOTIFÍQUESE;..." De lo que este juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones respectivas. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en este juicio, asimismo destrúyase el legajo de copias certificadas que devuelve por no ser necesaria su conservación. En ese sentido, conviene precisar que del estado procesal de autos se advierte que mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, en el amparo en revisión 330/2017 de su índice, que determinó revocar y reponer el procedimiento para el efecto de que se dicte sentencia, tomando como base los lineamientos indicados en dicha ejecutoria, asimismo, se ordenó que una vez que se contará con las constancias de notificación de esa determinación, se emitiría el acuerdo de turno correspondiente, cuestión que prevalece hasta en tanto obren las constancias de este acuerdo. Notifíquese y personalmente a las quejosas ************, y por lista a las quejosas ***********, acorde a lo ordenado en acuerdos de veintiuno y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente. " NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual comunica el auto de uno de febrero de este año y remite diversa promoción dirigida a este expediente, en ese sentido se provee: Visto el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de treinta de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 280/2019 de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a********************, contra los actos reclamados y autoridades precisados en los considerandos décimo, decimoprimero y decimosegundo del fallo impugnado. Notifíquese;" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y realícense las anotaciones respectivas. Ahora, en razón de que se cuenta con la totalidad de las resoluciones de los recursos de revisión números 263/2019, 264/2019, 265/2019, 266/2019, 267/2019, 268/2019, 269/2019, 270/2019, 271/2019, 272/2019, 273/2019, 274/2019, 275/2019, 276/2019, 277/2019, 278/2019, 279/2019, 280/2019 y 281/2019, 282/2019 y 283/2019 testimonios acordados en veintiocho de octubre, siete, veinticuatro y veintiocho de noviembre, veintidós y veintiséis de diciembre todos de dos mil veintidós así como veintiséis y veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Resoluciones en las que el tribunal colegiado de manera uniforme confirmó la sentencia en la materia de las revisiones y negó el amparo a las quejosas contra los actos reclamados y autoridades precisados en los considerandos décimo, decimoprimero y decimosegundo del fallo impugnado. Análisis respecto del artículo 53-b fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que dejó intocada la concesión de amparo otorgada a las quejosas en la sentencia dictada por este juzgado auxiliar, misma que se concedió para el efecto siguiente: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre del dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, más no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a su ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 35, octubre de 2016, tomo I, página 725, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: En principio, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Titular de la Unidad de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Gobernación en relación con los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua, en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Se requiere cumplimiento de sentencia al jefe del Servicio de Administración Tributaria Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a las quejosas 1. ********************, sociedad anónima de capital variable, 2. ********************, sociedad anónima de capital variable, 3. ********************, sociedad anónima de capital variable, 4. ********************, sociedad anónima de capital variable, 5. ********************, sociedad anónima de capital variable, 6. ********************, sociedad anónima de capital variable, 7. ********************, sociedad anónima de capital variable, 8. ********************, sociedad anónima de capital variable, 9. ********************, sociedad anónima de capital variable, 10. ********************, sociedad anónima de capital variable, 11. ********************, sociedad anónima de capital variable, 12. ********************, sociedad anónima de capital variable, 13. ********************, sociedad anónima de capital variable, 14. ********************, sociedad anónima de capital variable,15. ********************, sociedad anónima de capital variable, 16. ********************, sociedad anónima de capital variable, 17. ********************, sociedad anónima de capital variable, 18. ********************, sociedad anónima de capital variable, 19. ********************, sociedad anónima de capital variable, 20. ********************, sociedad anónima de capital variable, y 21. ********************, sociedad anónima de capital variable, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifiquen si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. JUICIO DE AMPARO QUEJOSOS RFC 2477/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 2996/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3041/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3045/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3069/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3077/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3078/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3104/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3109/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3112/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3201/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3266/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3273/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3348/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3360/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3556/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3562/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3692/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3793/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 3954/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** 4455/2015 ********************, sociedad anónima de capital variable ******************** Lo anterior, en el entendido de que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignados en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
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