DIEGO LUCAS FELIPE DA SILVA y Otros.
Expediente 2360/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2360/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- DIEGO LUCAS FELIPE DA SILVA y Otros.
- Diego Lucas Felipe da Silva
- Idaiana da Silva
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y Secretario de su adscripción mediante el cual aduce remitir la razón actuarial de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, relativo al exhorto 712/2023 (orden 1155/2023) del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, Por tanto, solicítese al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que de no haber inconveniente alguno, remita a este órgano jurisdiccional, la razón actuarial de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, relativo al exhorto 712/2023 (orden 1155/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, o en su defecto vincule dicha constancia al expediente electrónico; lo anterior, a fin de proveer lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco Arturo Gregorio Peña Oropeza, ante la secretaria de juzgado Ana Cristina Ramos León, con quien autoriza y da fe.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose que el presente asunto se encuentra concluido y dado que José Eduardo Flores Paniagua, representante de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, a fin de acreditar la personalidad con la que compareció en esta instancia constitucional, remitió el testimonio de la escritura pública número treinta y seis mil setecientos siete, pasada ante la fe del Notario Público número ciento treinta y nueve, con residencia en Nuevo León. En consecuencia, se requiere a José Eduardo Flores Paniagua, representante de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, para que por sí o por conducto de quien legalmente lo represente, comparezca ante este juzgado en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la notificación de este proveído, a recoger dicho documento. Apercibido que de no hacerlo, una vez fenecido dicho plazo, de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, podrá ser destruida.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Pretende cumplir requerimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Agustín de la Cruz Arévalo; sin embargo, en este momento no es dable proveer lo conducente en atención a su contenido, toda vez que la firma que calza en dicho escrito es notoriamente distinta a la estampada por dicho promovente en su escrito de demanda. Requerimiento En consecuencia, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado previa identificación con documento oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar u otro similar), a ratificar el ocurso que se provee, y reconocer la firma que calza en el mismo, con el apercibimiento que en caso de no acatar la anterior determinación, se proveerá lo conducente. Sirve de apoyo la Tesis jurisprudencial 3ª. 24, visible en la página trescientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Pleno y Salas, Primera Parte, correspondiente a los meses de enero a junio de 1989 del tenor literal siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Así mismo, apoya a la anterior consideración la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2009720, cuyo rubro y texto precisan: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO. El artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, contiene diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. En relación con la protección de esos principios, se advierte que en la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su título quinto, capítulo III, artículo 261, se tipificaron como delitos especiales en que pueden incurrir el quejoso, su abogado o el tercero interesado, los siguientes: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". De ahí que deba garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, por lo que si de las actuaciones dentro del juicio de amparo se advierte la realización de alguna de las conductas constitutivas de delito indicadas, el órgano jurisdiccional de amparo debe dar vista al Ministerio Público Federal."
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