Diego Leonardo Euan Canul

Expediente 2338/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2338/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Diego Leonardo Euan Canul
  • Judith Carolina Canul y Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el sobreseimiento fuera de audiencia a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por lo que hace al incidente de suspensión que deriva del presente juicio, dese vista en el mismo con lo acordado en el presente a fin de proveer lo que corresponda. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

  2. Incidental

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto lo que antecede, como se ordenó en el expediente principal, se da cuenta en estos autos con la copia autorizada del acuerdo dictado en esta propia fecha, mediante el cual causó estado el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional y se ordenó el archivo del mismo, como asunto concluido. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las once horas con trece minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    ELECT Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado que guardan los presentes autos incidentales, se advierte que aún no obran en los mismos los informes previos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y del Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. Tampoco obra en autos el acuse postal del oficio correspondiente por el cual se le solicitó a la primera de las citadas autoridades el informe aludido. Sin embargo, el domicilio de las responsables en cita se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y por la distancia existe la posibilidad de que se encuentre en tránsito postal para su entrega, el informe previo correspondiente. Por tanto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por lo que se impone su diferimiento y se fijan las ONCE HORAS TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. En el entendido que no obstante que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades responsables se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rindan su informe previo en el término de cuarenta y ocho horas que les fue concedido, se fija la aludida audiencia en la fecha indicada a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se aprecia que a la presente data, ha transcurrido un término razonable y prudente para que las autoridades hayan dado cumplimiento a la suspensión provisional del acto reclamado, relativo a aplicar al menor Diego Leonardo Euan Canul la vacuna que por su edad le correspondía, de no existir riesgo alguno a su salud; considerando que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Con relación a lo anterior, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, que en diversos juicios de amparo tramitados en este órgano jurisdiccional sobre el mismo tema, ya se ha aplicado dicha vacuna a los menores ahí señalados como quejosos, en cumplimiento a la medida cautelar dictada. En ese sentido, dado que el cumplimiento a la medida suspensional pudiera actualizar una causal de improcedencia, por haber cesado los efectos del acto reclamado, al verse restablecidas las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación reclamada, como si se hubiera concedido la protección y amparo de la Justicia Federal. Así, tomando en consideración que la actualización de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y por ende se deben analizar de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, que en términos del diverso ordinal 64 de dicha normatividad, las partes se encuentran obligadas a informar a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, se provee: Prevéngase al representante legal del menor aquí quejoso, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada al menor Diego Leonardo Euan Canul la vacuna correspondiente a su edad, y, en caso afirmativo, especifique si ya le fueron aplicadas las dosis o si ha sido citado para ello. En el entendido que, en caso afirmativo, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia, mediante la gestión del certificado de vacunación correspondiente. Apercibida que, en caso de incumplimiento a los requerimientos, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional). Aunado a lo anterior, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente data la autoridad responsable foránea Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no ha rendido su informe justificado, ni obra en estos autos el acuse postal del oficio por el cual se le solicitó el informe aludido. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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