Diego Leonardo Escobar Rojas

Expediente 595/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
595/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Diego Leonardo Escobar Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de garantías; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación." Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el primero de los escrito signado por el quejoso -, mediante el cual señala como apoderado de su parte a -, carácter que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas sin clausula especial, otorgado en su favor, asimismo, solicita se dicte sentencia en el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional promovido en autos; en consecuencia, téngase como apoderado de la parte quejosa en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo a - Luego, en relación con su solicitud de que se dicte sentencia en el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional promovido en autos; dígasele que la misma fue emitida el quince de mayo del presente año. Finalmente, agréguese a los autos copia del escrito de cuenta, a través del cual la quejosa interpone recurso de queja en contra la resolución dictada el quince de mayo del presente año en el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional; por tanto, una vez que obre las notificaciones a las partes del presente proveído, remítanse de inmediato los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja, así como original y copia del escrito de cuenta e informe sobre la materia de queja. Notifíquese, y por lista a la parte tercero interesada.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, en contra de los actos reclamados al******************** se determina lo siguiente: Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, medularmente se hace consistir en: "ACTO RECLAMADO.- DEL PROPIO JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN, RECLAMO LA "VIOLACION A LA GARANTIA DE AUDIENCIA" al quebrantarse en mi perjuicio dicha figura constitucional dado que no fui llamado legalmente al juicio ejecutivo oral mercantil número ********************que sobre pago de pesos y otras prestaciones tramita********************, frente al suscrito y ********************, a efecto de hacer valer mi derecho de defensa adecuada. 2.- Del C. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, reclamo "LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO" dentro del juicio ejecutivo oral mercantil número ********************, que sobre pago de pesos y otras prestaciones tramita-, frente al suscrito y ********************. 3.- DEL TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. La inconstitucional inscripción del embargo sobre la parte alícuota, derivado del juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, sobre el Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el Tomo -." Al respecto, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedentes, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Por su parte el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de los citados preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se proveerá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor; y, c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17, se contarán los treinta días para reclamar una norma general auto o el procedimiento de extradición. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En el caso concreto, del contenido de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el no haber sido llamado legalmente al juicio ejecutivo oral mercantil número ********************de su índice, que sobre pago de pesos y otras prestaciones tramita********************, frente al él y otro; en tanto que al Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, le reclama la falta de emplazamiento dentro del citado juicio ejecutivo oral mercantil; y, respecto del TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, reclama la inscripción del embargo sobre la parte alícuota, derivado del juicio ejecutivo mercantil multicitado, sobre el Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el Tomo - Ahora, tomando en consideración que en el juicio de amparo ********************del índice de este Juzgado -mismo que se tiene a la vista- promovido por ********************, quien señaló como acto reclamado el acuerdo judicial dictado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno en el juicio ejecutivo oral mercantil ********************, en el que de oficio el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, analiza y decreta la nulidad de las actuaciones judiciales de requerimiento de pago, embargo, así como emplazamiento a juicio verificado a los dos codemandados -Diego Leonardo Escobar y ********************-, con data veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado a juicio al aquí quejoso, en cuanto tercero interesado; quien mediante escrito de tres de mayo de dos mil veintidós, compareció entre otros asuntos, a solicitar copias fotostáticas de la sentencia emitida en el mismo; lo cual constituye un hecho notorio para ésta autoridad, del que se desprende que el quejoso por lo menos, conoció de los actos que reclama a partir de que fue legalmente emplazado en el juicio de amparo ********************del índice de esta autoridad -veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno-; y por tanto, estuvo en posibilidad de combatirlos a partir de esa data, desde la cual a la fecha ha transcurrido un año, siete meses y doce días. Por tanto, es incuestionable que resulta extemporánea la presentación de la demanda de garantías respecto de los actos reclamados analizados, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el doce de mayo del presente año en el buzón judicial, y se turnó a esta autoridad el quince de mayo siguiente, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". En tales condiciones, lo que procede es DESECHAR POR NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto de dichos actos reclamados. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, como lo solicita se tiene al quejoso por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, como autorizados para ello a las personas que refiere, con las facultades que contempla el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que como se desprende de la constancia de cuenta, tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico que se lleva en los Tribunales federales. Notifíquese personalmente.

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