Diego Josue Hernández Hernández
Expediente 1189/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Diego Josue Hernández Hernández y Otros.
- Jose Abelardo Montecino Marinero
- Diego Josue Hernández Hernández
Actuaciones
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- Principal
ACUERDO...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Diego Josué Hernández Hernández, haya recurrido el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en su favor; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Por otra parte, téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/01076/2022, signado por la autoridad responsable, Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual remite constancias relativas al proceso migratorio de los directos quejosos Abner Obed Ramírez Ochoa y/o Adner Obed Ramírez Ochoa, José Abelardo Montecino Marinero y Oswaldo Antonio Navarrete Hernández. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con las mismas, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento. Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó al informe de trato, copias certificadas de las constancias que integran el procedimiento migratorio de origen, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el cuatro de julio de dos mil veintidós, el Sub-Representante Local del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, determinó otorgar a los quejosos la salida de esa instancia para que por sus propios medios abandonen el territorio mexicano por la frontera sur. Cabe resaltar que si bien la salida de la parte quejosa de la estación migratoria se dio en cumplimiento a la resolución para que abandone por sus propios medios el territorio mexicano por la frontera sur; dicha determinación fue signada por los quejosos, en la que se aprecia su conformidad con la determinación de salida. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, también debe mencionarse que con lo informado por la responsable se deja de manifiesto que ahora la situación migratoria de la parte quejosa depende del cumplimiento o no de las obligaciones que se le impusieron en el procedimiento migratorio que se le instaura, de ahí que ello ha generado un nuevo entorno respecto del que imperaba al presentarse la demanda de amparo, por lo que de suscitarse actos diversos relacionados con la nueva situación que guarda frente a ese procedimiento, los mismos ya no pueden ser analizables en este expediente, habida cuenta que ocurrirían con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, la quejosa expresó que se encontraba bien de salud y que no había sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a los quejosos Abner Obed Ramírez Ochoa y/o Adner Obed Ramírez Ochoa, José Abelardo Montecino Marinero y Oswaldo Antonio Navarrete Hernández, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1691/2022, signado por el Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento de diecisiete de junio de dos mil veintidós, remitiendo copias certificadas de la causa penal 9/2020, e informa que se encuentra en etapa de instrucción, y quien lleva la defensa del procesado es el licenciado Ángel Arturo Ruiz Doria, defensor Público adscrito a ese órgano jurisdiccional; en consecuencia, agréguense a los autos para que obren como corresponda, debiéndose tomar en consideración al momento de resolver el presente juicio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña al informe de cuenta la autoridad responsable, la cual será tomada en consideración al resolver el presente asunto, debiéndose formar un tomo de pruebas por separado para el mejor manejo y conservación de las constancias que se anexan. Asimismo, se le tiene informando el nombre y domicilio de la tercero interesada A.N.H., y en atención a que el mismo se encuentra fuera del país, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, para que en el plazo de tres días computado legalmente, informe el nombre del asesor victimal que representa a la citada tercero en la causa penal 9/2020 - víctima-; o en su caso, quien lo representa en el juicio, necesario para vincularlo al presente juicio de amparo. ...Notifíquese. ..
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe justificado a la autoridad señalada como responsable Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por conducto de su Apoderado Legal; en relación a su contenido, agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveido de veintisiete de mayo del año que transcurre, se tuvo a dicha responsable rindiendo su informe justificado, con el que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Notifíquese. ...
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