Diego José García Soriano
Expediente 1601/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diego José García Soriano
- Director de la Policía Vial Estatal
- Diego José García Soriano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA IV-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, como la parte quejosa no hizo manifestación respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida...se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo...archívese el presente asunto como concluido..."
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MESA 3-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese la comunicación del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remite constancia que acredita haber dejado insubsistente el acuerdo de suspensión de licencia número 01289244 de fecha dos de octubre de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, así como con el diverso PE/DGPVE/DJ/0894/2017, de quince de abril del año en curso, debiendo acompañar copia simple de todo, y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a sus intereses convenga; apercibida que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria protectora con base en los datos y elementos que existen en autos.
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MESA III "... Agréguese la comunicación del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, con sede en la ciudad de Oaxaca; mediante la cual, informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remite constancias, donde asienta lo siguiente: "se deja insubsistente la resolución fechada el día dos de octubre de dos mil dieciséis", dictada contra el quejoso Diego José García Soriano, en el expediente administrativo PE/DGPVE/AJ/922/2016, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas por conducir en estado de ebriedad"; sin embargo no acredita haber dejado insubsistente la orden de suspensión por tres meses de la licencia de conducir del quejoso. En consecuencia, previo a hacer efectivo el apercibimiento con que se les conminó por auto de tres de abril del año en curso, en cantidad de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) y librar el correspondiente oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", en esta ciudad, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, tercero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que en el plazo de tres días computado legalmente, cumpla la ejecutoria de amparo, esto es acredite haber dejado insubsistente la orden de suspensión por tres meses de la licencia de conducir del quejoso. Apercibido que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa mínima de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente al salario mínimo general vigente para todo el país asciende a $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS, CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito.
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MESA III Téngase por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en esta localidad y anexos, 1) Testimonio de la ejecutoria de uno de marzo de dos mil diecisiete del amparo en revisión 08/2017, y, 2) Juicio de amparo 1601/2016 del índice de este Juzgado; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal oficiante, en el amparo en revisión 08/2017, confirmó la sentencia en la parte sujeta a revisión y, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a DIEGO JOSÉ GARCÍA SORIANO, para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia recurrida. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de la Policía Vial Estatal antes Director de Tránsito del Estado, para que en el plazo de tres días computado legalmente, cumpla la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: Dejar insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciséis, dictada contra el quejoso DIEGO JOSÉ GARCÍA SORIANO, en el expediente administrativo PE/DGPVE/AJ/922/2016, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios." Desde luego, informe y acredite dicho cumplimiento. Asimismo, requiérase al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico del Director General de la Policía Vial Estatal, con sede en la ciudad, en el mismo plazo de tres días, ordene a éste, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas."
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