Diego Issac Hernández González
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Diego Issac Hernández González
- Yoanna Fonseca Valencia en representante
- José Othón Ramiro Hernández Lima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
: Agréguese a los autos la promoción de la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante la cual -en suma- solicita comunicar el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo... hágase del conocimiento del homólogo juzgadora que A] mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, por una parte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto al quejoso *** y, por otra, se desechó de plano la demanda por los diversos quejosos ***, en los términos y bajo las consideraciones ahí contenidas, y B] por proveído de ocho de agosto siguiente, se determinó que el citado acuerdo causó estado y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, se instruye al Oficial Judicial A adscrito a este juzgado de distrito para que realice las gestiones necesarias, a efecto que el citado Juzgado Federal cuente con la autorización relativa para que pueda tener acceso a las actuaciones del presente expediente en la vía electrónica.
- Principal
: Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el proveído de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción I, y 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente asunto no tiene relevancia documental. Finalmente, toda vez que en este juicio de amparo, por una parte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y, por otra, se desechó; sin embargo, en virtud que se concedió la suspensión de plano, se determina que es susceptible su depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
: I. Juzgado de Distrito habilita consulta de expediente electrónico y remite constancias. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, en síntesis, comunica que en atención a la solicitud realizada inicialmente en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, se autorizó la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 734/2021-VI de su estadística, a fin de tener acceso a las actuaciones que lo integran. Además, remite fotocopia sin certificar de las constancias solicitadas en el referido acuerdo, consistentes en el oficio 18181/2021, librado en el exhorto 290/2021, orden 299/2021 del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el diverso exhorto 277/2021-VI, orden 277/2021-VI, librado en el juicio de amparo indirecto citado en el párrafo que antecede. Acúsese recibo vía interconexión. II. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora, no obstante que el juzgado oficiante remitió fotocopia sin certificar de las aludidas constancias que previamente le fueron solicitadas, toda vez que son necesarias para estar en condiciones de proveer en relación con la demanda de este juicio de amparo, a fin de evitar dilaciones innecesarias, se ordena glosar fotocopia certificada de las constancias referidas en el párrafo que antecede, las cuales se pueden obtener del expediente electrónico del multicitado juicio de amparo indirecto, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, visto el estado que guardan los autos y las constancias actuariales de dos de septiembre de dos mil veintiuno que obran en la comunicación oficial destacada en líneas anteriores, elaboradas por el Actuario adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, se advierte que al constituirse en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar personalmente dicho proveído a los directos quejosos, se advierte que i) Carlos Alberto Angelino Barrón, ii) Alejandro Díaz Madrid, iii) Luis Gabriel Jop Corzo, iv) Enrique Mejía Bello, v) José Othón Ramiro Hernández Lima, manifestaron que sí ratifican la demanda de amparo promovida en su favor, y el diverso quejoso vi) Juan Manuel Espinosa González, manifestó que no ratifica la demanda de amparo promovida en su favor. Asimismo, de las aludidas razones actuariales se advierte que el referido fedatario hizo constar que los mencionados quejosos se encontraron orientados en espacio y tiempo, sin golpes o hematomas visibles, esto es, sin signos de tortura. a. Demanda por no presentada respecto de un quejoso. En mérito de lo anterior, resulta oportuno establecer que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la voluntad para promover la demanda de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre ha de seguirse a instancia de parte agraviada, y en cualquier momento con la sola declaración de la voluntad, el promovente puede desistir de su prosecución. Lo anterior, se encuentra reconocido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; [.]" Del precepto legal citado, se advierte que el desistimiento o no ratificar la demanda de amparo, se encuentra establecido como una causa de sobreseimiento, debido a que constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. En el caso, Juan Manuel Espinosa González, expresó ante el Actuario adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, su deseo de no ratificar la demanda de derechos fundamentales promovida a su favor, lo que trae como consecuencia tenerla por no presentada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por cuanto al referido quejoso se refiere. b. Desecha demanda en relación con diversos quejosos. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgado advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, y al ser cuestión de orden público y preferente, resulta procedente el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, respecto de los actos reclamados en la demanda de amparo en relación con los quejosos i) Carlos Alberto Angelino Barrón, ii) Alejandro Díaz Madrid, iii) Luis Gabriel Jop Corzo, iv) Enrique Mejía Bello, y v) José Othón Ramiro Hernández Lima, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad que rige en este juicio; numeral que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior: (.)" Respecto del principio de definitividad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que -para los efectos del juicio de amparo- un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso, los referidos quejosos que se encuentran internos en un centro de reinserción social (Penitenciaría de la Ciudad de México), acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente: a) Orden de traslado de la penitenciaría en que se encuentran recluidos. b) Reubicación de dormitorios en la penitenciaría en que se encuentran recluidos. c) Atención médica deficiente en la penitenciaría en que se encuentran recluidos. Este órgano jurisdiccional no inadvierte que si bien en la demanda de amparo se aduce que los quejosos resentirán discriminación por condición, represalias, intimidación, así como actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que no se trata de actos destacados, sino de derechos que a juicio de los quejosos se verán afectados en el supuesto que se lleven a cabo los actos previamente indicados. ? Reubicación de dormitorios y atención médica deficiente. Sentado lo anterior, en relación con los actos precisados en los incisos b) y c), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", sostuvo que del contenido de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Destacó que ese mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente, puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Así, concluyó que el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos por la ley referida. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En el caso, como se vio, la parte quejosa reclama la i) reubicación de dormitorios, y la ii) atención médica deficiente, ambos actos en relación con el lugar en que se encuentran recluidos, lo cual se traduce en cuestiones de internamiento; por tanto, los aquí quejosos tienen derecho en términos del artículo 107 y 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a impugnar esas conductas ante la autoridad correspondiente, a través de los recursos previstos por dichos preceptos legales. Efectivamente, tal normativa prevé que las peticiones administrativas deben ser resueltas por el Director del Centro Penitenciario y en caso de que se resuelvan en sentido contrario a los intereses de los peticionarios podrán formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante dicho juez podrá plantearse en cualquier momento, incluso si la petición no fuere resuelta por el Director del Centro Penitenciario en el término legal, la promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión; hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Los actos reclamados en estudio, a consideración de este órgano jurisdiccional se clasifican dentro de las condiciones de internamiento y, por ende, es reparable mediante el medio de defensa legal previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que en caso de que la parte quejosa considere algún acto u omisión en relación con las condiciones de su internamiento por parte de la autoridad penitenciaria, se encuentra en aptitud de acudir ante el juez correspondiente con el fin de defender sus derechos por medio del recurso legal idóneo, siendo la petición administrativa de acuerdo con los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución. De ahí que la i) reubicación de dormitorios, y la ii) atención médica deficiente, ambos actos en relación con el lugar en que se encuentran recluidos, no pueden considerarse que se lleven a cabo fuera del procedimiento, pues precisamente debe realizarse conforme lo disponen las normas citadas aplicables antes citadas, sin que implique violación al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución. Bajo esas consideraciones, como se anticipó, en relación con esos actos los quejosos debieron agotar dicho mecanismo y medio de impugnación previo a promover el juicio de amparo indirecto, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. ? Traslado de penitenciaria. Ahora, en relación con el diverso acto precisado en el inciso a), consistente en la orden de traslado de la penitenciaría en que se encuentran recluidos, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juicio de amparo tiene naturaleza de medio de control constitucional de carácter extraordinario, y que el principio de definitividad consiste en que previo a instar la acción constitucional, los quejosos deben agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto; por lo que el juicio constitucional solo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Además, la mencionada Primera Sala del Alto Tribunal indicó que las excepciones al principio de definitividad son: I. Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en dicha ley para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. II. Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución, o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios, b) involuntarios, y c) urgentes. Los primeros, apunta, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumpla con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado; en contra de la determinación jurisdiccional procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa, el cual está establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del referido precepto, se advierte que el traslado urgente o excepcional implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal destacó que respecto de esa determinación administrativa proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: a) el recurso de apelación, y b) la controversia judicial. Indicó que la procedencia de esos recursos depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Estableció que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo que deriva de lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que indica que las personas privadas de su libertad podrán accionar la "controversia judicial" respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Puntualizó que el último párrafo del citado artículo 117 prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En virtud de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una interpretación amplia de los preceptos en cita permite concluir que el medio de defensa denominado "controversia judicial", resulta procedente contra los traslados que no se someten a control judicial previo, en cualquiera de los siguientes dos escenarios: i) Cuando el Juez de Control o de Ejecución omite pronunciarse una vez que la autoridad administrativa le notificó del traslado urgente. ii) Cuando la autoridad administrativa es omisa en notificar a la autoridad judicial el traslado que ya ha sido ejecutado; casos en los que la persona privada de la libertad, no tendrá una resolución tangible que recurrir. Al respecto, consideró que no resulta insuperable para la persona privada de la libertad, pues el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que el medio de defensa denominado "controversia judicial" podrá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la ejecución del traslado, al que puede optar cuando no se ha hecho de su conocimiento el dictado de la determinación de traslado con oportunidad. Así, al traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la ley, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento. En ese orden, la Primera Sala del Alto Tribunal, concluyó que a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. En relación con la "controversia judicial", prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, corroboró que no se actualizaran las excepciones establecidas al principio de definitividad, para lo cual señaló que el artículo 122 en la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. En otro aspecto, el segundo párrafo del artículo 124 de la citada ley de ejecución, que regula la sustanciación de la "controversia judicial", precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Así, de la lectura de los artículos 123 y 124 antes referidos, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita, lo cierto es que no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la medida cautelar debe decretarse en forma inmediata, sea que la haya solicitado la persona privada de la libertad en el centro de reclusión o que la autoridad judicial se pronuncie de oficio. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190 es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, la Primera Sala del Alto Tribunal indicó que el hecho de que la Ley Nacional de Ejecución Penal establezca que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente -como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario-, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, permite concluir que si bien los casos de traslado urgente -sin control judicial previo- se ejecutan antes de que se inicie el trámite de la controversia judicial, no da lugar a que dicho medio legal quede sin materia, porque los efectos del traslado sobre las condiciones del cumplimiento de la pena o medida de seguridad en internamiento son continuas y pueden suspenderse con efectos restitutorios, devolviendo al reo, cuando proceda, al centro de reclusión original. De no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Asimismo, la mencionada Primera Sala advirtió que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la "controversia judicial", tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Derivado de lo expuesto, se concluye que la "controversia judicial" prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Lo anterior, según se explicó, toda vez que la orden de traslado prevista en el artículo 52 de la ley de la materia constituye un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, por lo que requiere ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes referidas. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental; objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En esa tesitura, el Alto Tribunal coligió que la "controversia judicial" prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que solo se requiere que la persona privada de la libertad realice una petición simple en ese sentido, en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. Asimismo, indicó que no se actualiza la excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución, o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, toda vez que las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento; esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Además, puntualizó que si bien la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa, no pugna con la judicialización del régimen penitenciario porque la legalidad de esa determinación finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. No obstante, el traslado urgente o excepcional ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado su control de legalidad. Además, como ya se vio, el artículo 117, fracción III, y último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado "controversia judicial", a través del cual la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el que la determinación judicial puede ser combatida. De ahí que el acto reclamado en estudio, consistente en la orden de traslado de la penitenciaría en que se encuentran recluidos, se trata de un traslado de los considerados excepcionales; es decir, de los previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Actos respecto de los cuales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya indicó que no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad; por tanto, previamente a la promoción del amparo indirecto, los inconformes deben agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia y tesis aislada con datos de localización, rubro y contenido siguientes: "Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1513 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." "Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. - - -Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. - - - Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. - - -Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." "Registro digital: 2023063 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. - - - Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. - - - Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. - - - Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." ? Conclusión del juzgado de distrito. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó los recursos o medios de defensa legales en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados antes de acudir al juicio de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por i) Carlos Alberto Angelino Barrón, ii) Alejandro Díaz Madrid, iii) Luis Gabriel Jop Corzo, iv) Enrique Mejía Bello, y v) José Othón Ramiro Hernández Lima. Cabe señalar que el hecho que el juicio de amparo no sea procedente en contra de actos respecto de los cuales no se agotó el principio de definitividad, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1° constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la regla de procedencia que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no significa que el juicio de amparo ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Similares consideraciones sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el recurso de queja 192/2021 de su índice. III. Se levanta reserva y promociones sin mayor acuerdo. Derivado de lo anterior, se levanta la reserva decretada por proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y agréguense sin mayor acuerdo los diversos informes sobre suspensión de plano que remitió el juzgado de distrito declinante, en virtud de la conclusión alcanzada en los apartados que anteceden.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por proveído de veintiséis de abril pasado, en lo conducente, se hizo la acotación que no obran las constancias que emanan de la comunicación oficial que se ordenó librar por proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (radicación), en autos del juicio de amparo indirecto 734/2021-VI del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por lo cual fueron solicitadas a efecto que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo, sin que a la presente se tenga noticia en relación con dichas constancias. Asimismo, en el referido acuerdo, se solicitó al mencionado juzgado que de no tener inconveniente alguno, pusiera a disposición de este órgano jurisdiccional la consulta de todo lo actuado en el expediente electrónico del aludido juicio de amparo indirecto; sin embargo, al día de la fecha no se ha conferido el acceso solicitado. Lo anterior, se comunicó mediante oficio 1499/2022-II, signado electrónicamente y enviado vía interconexión el propio veintiséis de abril de dos mil veintidós, tal como se advierte del acuse correspondiente. Luego, por proveído de veintisiete de mayo de la presente anualidad, nuevamente se solicitó lo antes indicado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, sin que a la fecha se tenga noticia al respecto, pese a que el proveído de mérito se le comunicó mediante oficio 2118/2022-II, signado electrónicamente y enviado vía interconexión el treinta de mayo siguiente, como se desprende del acuse respectivo. Es dable recordar que lo antes apuntado fue solicitado, toda vez que en el aludido acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (radicación), entre otras cosas, no obstante de declarar que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco (declinante), carecía de competencia legal en relación con la demanda de amparo materia de este juicio, determinó ordenar su ratificación, para lo cual libró exhorto en autos del juicio de amparo indirecto 734/2021-VI de su índice, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto que el actuario de su adscripción se constituyera en las instalaciones de la "Penitenciaría de la Ciudad de México" y, entre otras cuestiones, requiriera a los directos quejosos que en dicha diligencia o en el término de tres días, manifestaran si era su voluntad ratificar o no la demanda promovida en su favor, bajo los apercibimientos conducentes. Sin embargo, como se ha dicho, dentro de las constancias que el citado juzgado remitió, no obra la comunicación oficial referida en el párrafo que antecede, a efecto que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda en relación con la demanda en comento. En ese contexto, mediante oficio que se envíe vía electrónica, solicítese nuevamente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, que de no tener inconveniente alguno, se sirva remitir fotocopia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que emanan de la comunicación oficial que ordenó librar por proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (radicación), en autos del juicio de amparo indirecto 734/2021-VI de su índice, a fin de estar en condiciones de proveer en relación con la demanda de amparo materia de este juicio. Asimismo, a efecto de contar con la totalidad de las constancias que integran dicho juicio de amparo, con fundamento en los artículos 75, 143, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 26 y 74, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, solicítese atentamente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, que de no tener inconveniente alguno, ponga a disposición de este órgano jurisdiccional la consulta de todo lo actuado en el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 734/2021-VI de su índice, a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pestaña "Expediente", "Buscar Expediente" seleccionar todas las partes, "Aceptar", "Vincular con otro Órgano".
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