Diego Inzunza Ocampo

Expediente 1050/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1050/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Diego Inzunza Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Oficio. El Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, realiza lo siguiente: 1) Designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Diego Inzunza Ocampo. 2) Señala autorizados para oír y recibir notificaciones. 3) Proporciona el domicilio de los defensores públicos asignados para oír y recibir notificaciones. Se designan Defensores Públicos. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, página: 1616 "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Se agrega informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Admisión de medios probatorios. Con fundamento en la interpretación sistemática de los numerales 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, el disco compacto debidamente certificado que contiene el archivo de la audiencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, misma que reproduce con claridad las imágenes y audio, el que será tomado en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, sin necesidad de celebrar una audiencia para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. Ahora, a fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la Secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Por otra parte, la autoridad responsable informa que a petición del quejoso Diego Inzunza Ocampo y su defensa, se suspendió la audiencia pública dónde se resolverá respecto a la petición del Beneficio de Remisión Parcial de la Pena y se programaron las diez horas del once de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la misma. Requerimiento de constancias. En atención al párrafo precedente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que una vez desahogada la diligencia de mérito, dentro de un plazo de tres días hábiles, remita las constancias respectivas en caso de haberse verificado, junto con el índice cronológico de las intervenciones de las partes. Apercibimiento de multa. Se apercibe a la responsable que si incumple con el requerimiento efectuado se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento de audiencia. En esas circunstancias, a fin de dar tiempo a que suceda lo narrado en el párrafo que antecede, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con treinta minutos del catorce de octubre del año en curso; y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, página 1322, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Se hace efectivo apercibimiento. Del contenido del estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días que se otorgó al quejoso Diego Inzunza Ocampo, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, para que nombrara un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quisiera o no pudiera nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombraría uno de oficio. Designación de defensor. En consecuencia, a fin de no dejar al peticionario de amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, se asigne al quejoso Diego Inzunza Ocampo, un asesor jurídico, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio en que se actúa, y para los efectos solicitados en su escrito de demanda en razón de las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra para lo cual se anexa copia simple de la misma. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1616, Libro 41, Abril de 2017, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2014075, de rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO."

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Aceptación competencia. Se tiene por recibido el oficio 20641/2019, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al cual acompaña los autos originales del juicio de amparo 742/2019-4 de su índice y el escrito de demanda signado por Diego Inzunza Ocampo, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial, con sede en Tecate, Baja California. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; esta Jueza de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; acúsese recibo de estilo. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1050/2019-VIII. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueve Diego Inzunza Ocampo, por derecho propio, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Expedición oficiosa de copias. No pasa inadvertido que el quejoso presentó su demanda sin adjuntar a la misma las copias correspondientes para correr traslado a las partes; sin embargo, atendiendo a que el promovente se encuentra privado de su libertad en un centro de reclusión se estima limitada su posibilidad de obtener las copias en cuestión al formar parte de un grupo de población vulnerable; por tanto, de conformidad con el artículo 110 párrafo segundo de la Ley de Amparo, expídase de manera oficiosa las copias de mérito. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, esta juzgadora se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Además, no obstante se le reclama la omisión de dar respuesta a su petición, para el caso de que esa negativa haya sido expresa, requiérase remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento a la autoridad. En caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, en términos del artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Prevención. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha Diego Inzunza Ocampo, no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio, debiendo tomar en consideración el contenido del primer escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a favor del quejoso copia del presente proveído, el cual le será entregado por conducto del actuario de la adscripción al momento de su notificación, previa constancia que por su recibo obre en autos. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese en términos de ley.

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