Diego Ignacio Rivera Casas

Expediente 1925/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1925/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Diego Ignacio Rivera Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ** a través del cual manifiesta que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se tienen por realizadas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en autos de veintisiete de febrero y ocho de marzo de este año (fojas 127 a 130 y 132 a 135), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de marzo del presente año (foja 135), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual el quejoso formuló manifestaciones. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 82 a 102), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: **2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $3,437.84 pesos, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "5,381", emitido por el Notario Público 36, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de ** sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.(.)" Resolución que por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría aludida, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 122 a 123). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $3,437.84 pesos, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "5,381", emitido por el Notario Público 36, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintidós de agosto de dos mil dieciocho; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficios signados por la delegada del Recaudador antedicho y anexos, informó que generó y entregó al aquí quejoso un cheque por la cantidad de $3, 258.95 (tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 95/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001159, de veintidós de febrero del año en curso, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente, mismo que en su oportunidad recibió personalmente (fojas 127 a 128 y 132 a 134). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $3, 437.84 (tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 84/100 moneda nacional), menos $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), resta la suma de $3, 157.84 (tres mil ciento cincuenta y siete pesos 84/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 74), y la responsable generó y entregó a la parte aquí quejosa, un cheque por la cantidad de $3, 258.95(tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 95/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001159, de veintidós de febrero del año en curso (fojas 127 a 128 y 132 a 134), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 99.909; y para el mes de enero de dos mil diecinueve de ** En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, a saber: $3,157.84 (tres mil ciento cincuenta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional), la que se obtiene al restar los ** indicado en la sentencia, se tiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $3,258.92 (tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 92/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $101.08 (ciento un pesos 08/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la delegada del Recaudador de Rentas responsable, restituyó a la parte quejosa la cantidad de $3, 258.95 (tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 95/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por ********************, en calidad de delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa que entregó al solicitante de amparo el cheque valioso por las cantidades relativas a los preceptos declarados inconstitucionales, tal como lo demuestra con el anexo que exhibe; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa un cheque expedido por la Institución Bancaria Santander, motivo por el cual solicita que este juzgado federal haga del conocimiento lo anterior a la citada parte procesal; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque a que se hace alusión en el oficio de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. ** **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintitrés de enero del año en cita (fojas 82 a 102); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de ****, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de ***, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Asimismo, con sustento en el ordinal 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al ***, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable en cita, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "**** Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a *****y ****).

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