Diego Hernández Herrera y Otros.

Expediente 868/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
868/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Diego Hernández Herrera y Otros.
  • María Eugenia Herrera Hernández y Otros.
  • Diego Hernández Herrera
  • María Eugenia Herrera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA. I. . Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de diez de noviembre del año en curso, que sobreseyó el juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Ahora, del estado procesal de autos se aprecia que en la sentencia dictada el diez de noviembre de la presente anualidad, en este controvertido constitucional, en lo que nos interesa, se determinó lo siguiente: "[.] C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que a decir de la parte quejosa, el acto reclamado tendrá ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Por tanto, se tienen como actos reclamados: 1. La incomunicación. 2. La tortura y/o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. 3. La orden de aislamiento y/o segregación. 4. La restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Luis Ernesto Gallardo Rodríguez. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando la autoridad responsable lo niega, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza. Es de exacta aplicación la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ahora bien, de la lectura de los informes justificados rendidos por el Subdirector Jurídico en ausencia del Encargado de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal y por el Jefe de los Servicios de Apoyo en ausencia del Subdirector de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, se advierte que negaron la existencia de los actos consistentes en la tortura, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, Constitucional y la incomunicación. No pasa desapercibido que el quejoso haya manifestado ante la actuaria de la adscripción que sí se encontraba incomunicado, sin embargo, como se advierte de la razón actuarial visible a foja 11 del expediente, en presencia de la fedataria adscrita a este Juzgado Federal, se le permitió realizar una llamada con su familiar. De igual manera, negaron el acto reclamado consistente en la orden de aislamiento y/o segregación, situación que se acredita con las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado de las que se advierte que se le aplicó un correctivo disciplinario temporal precautorio en el dormitorio de módulo de máxima seguridad en la zona de conductas especiales quedando a disposición del Consejo Técnico Interdisciplinario, para que determinara lo conducente, situación que no implica aislamiento y segregación. En esas condiciones, procede sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdirector Jurídico en ausencia del Encargado de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal y el Jefe de los Servicios de Apoyo en ausencia del Subdirector de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado consistente en la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Luis Ernesto Gallardo Rodríguez. QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 814, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa óptica, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; Como ya se dijo, la parte quejosa reclama en esta vía, la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Luis Ernesto Gallardo Rodríguez. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que obra el Acta del Consejo Técnico Interdisciplinario que corresponde a la sesión ordinaria Trigésima Octava, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince (fojas 35 y 36), con la que se evidencia que en esa fecha el quejoso Diego Hernández Herrera salió del dormitorio de módulo de máxima seguridad en la zona de conductas especiales en donde se encontraba con motivo del correctivo disciplinario temporal que le fue impuesto y en la misma fecha fue reclasificado del lugar en el que se encontraba D-8-2-6, al dormitorio anexo 8, zona 1, estancia 10; por tanto, se advierte que a la fecha el quejoso no tiene restricción alguna para que pueda recibir visita de familiares y abogados en los términos y condiciones establecidos para tal efecto en el ordenamiento legal que rige esa institución. Por tanto, si la autoridad responsable informó por comunicación recibida en este órgano de control constitucional que el quejoso recibe nuevamente la visita de su familiar por conclusión de la medida impuesta, es inconcuso que ha quedado consumada de modo irreparable la resolución combatida a través del presente juicio de amparo, por tanto, no puede ser analizada en su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por carecer de vigencia jurídica, lo que conduce a sobreseer el juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que el acto reclamado ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que de concederse la protección constitucional la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el principio que rige para su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución del derecho fundamental afectado durante la vigencia de la medida impuesta. Es aplicable a lo anterior la tesis publicada con la clave I. 3o. A. 150 K, en la página 325, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." No obstante lo anterior, debe decirse a mayor abundamiento que las medidas disciplinarias como la reclamada en esta instancia constitucional, pueden ser impugnadas a través de los recursos de reconsideración y revisión previstos en los artículos 121 y 122, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente: ARTÍCULO 121. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. El sentenciado, por sí mismo o a través de su defensa, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución que imponga una medida disciplinaria, podrá interponer recurso de reconsideración en contra de dicha resolución ante el Consejo Técnico Interdisciplinario, el cual resolverá en la sesión ordinaria inmediata posterior a la interposición del recurso al acto disciplinario, dictará la resolución que proceda, la notificará al sentenciado y a su defensa, y la comunicará al Director del Centro Penitenciario para su ejecución y agregará copia certificada de la misma al expediente del sentenciado. La interposición del recurso a que hace mención el párrafo anterior, suspenderá la ejecución de la medida disciplinaria. ARTÍCULO 122. RECURSO DE REVISIÓN. Si el sentenciado no estuviere conforme con la resolución dictada, podrá interponer recurso de revisión ante la Subsecretaría para que en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, se pronuncie confirmando, revocando o modificando la decisión del Consejo Técnico Interdisciplinario, o en su caso la que dicte en el recurso de reconsideración. Como se advierte, las resoluciones que imponen una medida disciplinaria son impugnables, en principio, a través del recurso de reconsideración que se haga valer ante el Consejo Técnico Interdisciplinario, y contra la determinación que éste emita en el citado medio de impugnación, procede el recurso de revisión ante la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, dado que a través de ellos podría ser modificada, revocada o nulificada la medida disciplinaria impuesta. Sin perder de vista que la sola interposición del recurso de reconsideración suspende la ejecución de la medida disciplinaria. En consecuencia, como ha quedado plenamente demostrada las causas de improcedencia regulada por la fracción XVI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de amparo promovido contra la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Luis Ernesto Gallardo Rodríguez de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 64, de la ley de la materia. Dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que constituye el problema de fondo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, visible en la página 115, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. SEXTO. Registro del fallo. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídico Especializada encargada del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por el quejoso María Eugenia Herrera Hernández por propio derecho y en representación de Diego Hernández Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en los Considerandos Tercero y Quinto, por las razones ahí expresadas. [.]" Por otra parte, el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 74. [.] El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." Del contenido de la porción normativa transcrita, se advierte que la aclaración de sentencia procede ante una ambigüedad, contradicción u obscuridad motivo de aclaración, pero en modo alguno implica variar el sentido y las consideraciones vertidas. En el caso, de la transcripción de la parte conducente de la sentencia, se indicó que quien tiene el carácter de quejoso es Luis Ernesto Gallardo Rodríguez; sin embargo, el nombre correcto del impetrante de amparo es Diego Hernández Herrera. En tal virtud, procede aclarar la sentencia respecto al nombre del quejoso, para quedar como sigue: "[.] C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que a decir de la parte quejosa, el acto reclamado tendrá ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Por tanto, se tienen como actos reclamados: 1. La incomunicación. 2. La tortura y/o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. 3. La orden de aislamiento y/o segregación. 4. La restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Diego Hernández Herrera. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando la autoridad responsable lo niega, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza. Es de exacta aplicación la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Ahora bien, de la lectura de los informes justificados rendidos por el Subdirector Jurídico en ausencia del Encargado de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal y por el Jefe de los Servicios de Apoyo en ausencia del Subdirector de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, se advierte que negaron la existencia de los actos consistentes en la tortura, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, Constitucional y la incomunicación. No pasa desapercibido que el quejoso haya manifestado ante la actuaria de la adscripción que sí se encontraba incomunicado, sin embargo, como se advierte de la razón actuarial visible a foja 11 del expediente, en presencia de la fedataria adscrita a este Juzgado Federal, se le permitió realizar una llamada con su familiar. De igual manera, negaron el acto reclamado consistente en la orden de aislamiento y/o segregación, situación que se acredita con las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado de las que se advierte que se le aplicó un correctivo disciplinario temporal precautorio en el dormitorio de módulo de máxima seguridad en la zona de conductas especiales quedando a disposición del Consejo Técnico Interdisciplinario, para que determinara lo conducente, situación que no implica aislamiento y segregación.CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdirector Jurídico en ausencia del Encargado de la Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal y el Jefe de los Servicios de Apoyo en ausencia del Subdirector de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado consistente en la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Diego Hernández Herrera. QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 814, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa óptica, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable; Como ya se dijo, la parte quejosa reclama en esta vía, la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Diego Hernández Herrera. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que obra el Acta del Consejo Técnico Interdisciplinario que corresponde a la sesión ordinaria Trigésima Octava, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince (fojas 35 y 36), con la que se evidencia que en esa fecha el quejoso Diego Hernández Herrera salió del dormitorio de módulo de máxima seguridad en la zona de conductas especiales en donde se encontraba con motivo del correctivo disciplinario temporal que le fue impuesto y en la misma fecha fue reclasificado del lugar en el que se encontraba D-8-2-6, al dormitorio anexo 8, zona 1, estancia 10; por tanto, se advierte que a la fecha el quejoso no tiene restricción alguna para que pueda recibir visita de familiares y abogados en los términos y condiciones establecidos para tal efecto en el ordenamiento legal que rige esa institución. Por tanto, si la autoridad responsable informó por comunicación recibida en este órgano de control constitucional que el quejoso recibe nuevamente la visita de su familiar por conclusión de la medida impuesta, es inconcuso que ha quedado consumada de modo irreparable la resolución combatida a través del presente juicio de amparo, por tanto, no puede ser analizada en su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por carecer de vigencia jurídica, lo que conduce a sobreseer el juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que el acto reclamado ha producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que de concederse la protección constitucional la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; por lo que el principio que rige para su procedencia, es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido.La interposición del recurso a que hace mención el párrafo anterior, suspenderá la ejecución de la medida disciplinaria. ARTÍCULO 122. RECURSO DE REVISIÓN. Si el sentenciado no estuviere conforme con la resolución dictada, podrá interponer recurso de revisión ante la Subsecretaría para que en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, se pronuncie confirmando, revocando o modificando la decisión del Consejo Técnico Interdisciplinario, o en su caso la que dicte en el recurso de reconsideración. Como se advierte, las resoluciones que imponen una medida disciplinaria son impugnables, en principio, a través del recurso de reconsideración que se haga valer ante el Consejo Técnico Interdisciplinario, y contra la determinación que éste emita en el citado medio de impugnación, procede el recurso de revisión ante la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, dado que a través de ellos podría ser modificada, revocada o nulificada la medida disciplinaria impuesta. Sin perder de vista que la sola interposición del recurso de reconsideración suspende la ejecución de la medida disciplinaria. En consecuencia, como ha quedado plenamente demostrada las causas de improcedencia regulada por la fracción XVI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de amparo promovido contra la restricción de ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, para visitar a su hijo Diego Hernández Herrera de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 64, de la ley de la materia. Dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que constituye el problema de fondo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, visible en la página 115, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. SEXTO. Registro del fallo. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídico Especializada encargada del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por el quejoso María Eugenia Herrera Hernández por propio derecho y en representación de Diego Hernández Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en los Considerandos Tercero y Quinto, por las razones ahí expresadas. [.]" Por otra parte, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este sumario es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que sobreseyó el juicio; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Incidental

    MESA. I. . Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveídos de veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil quince, se otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa, y en resoluciones interlocutorias de veinticuatro y veinticinco de septiembre, ambas del año en curso, se concedió en parte la suspensión definitiva peticionada por el impetrante; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en interlocutorias de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, párrafo tercero, de la Ley de Amparo abrogada, se ordena hacer efectivas las multas impuestas al Jefe de Custodia en Turno y el Custodio de apellido Rocha, y al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal (a este último en dos ocasiones), consistentes, cada una, en veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $1,402.00 (mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) en razón de $70.10 (setenta pesos 10/100 M.N.), cada día; por tanto, gírese oficio al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que a su vez lo remita a la administración local competente, haciendo de su conocimiento que las sanciones de que se trata, deberán cobrarlas, en cuanto al Jefe de Custodia en Turno y el Custodio de apellido Rocha, a la persona que el día veintiuno de septiembre de este año -fecha en que quedó formalmente notificado de la petición respectiva-, ostentaba tal carácter. De igual forma, la sanción de que se trata, deberá cobrarla, por lo que hace al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, por dos veces, a las personas que los días veintiuno y veintitrés, ambos de septiembre de este año -fechas en que quedaron formalmente notificados de la petición respectiva-, ostentaban tal carácter.

  3. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional del juicio; sin embargo, es imposible su desahogo, en virtud de que el suscrito, quien se encuentra de encargado del despacho, en términos del diverso numeral 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, carece de facultades para dictar la sentencia respectiva. En consecuencia, la celebración de la audiencia de mérito se difiere y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil quince, para su verificativo. "

  4. Principal

    MESA I. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ... en atención a su contenido, se le tiene informando que solicitó copias certificadas al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, de lo que este juzgado toma conocimiento.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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