Diego Hernán Arévalo Pérez
Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diego Hernán Arévalo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 316/2023, promovido por ***. I. ANTECEDENTES. 1. La parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés dictó un acuerdo en el cual declaró la caducidad del recurso de apelación origen del toca mercantil ***. 2. Por lo que, ante tal actuación la parte quejosa acude a esta instancia constitucional con la finalidad de que se le restituya en el goce de los derechos que estima violados. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. 3. ***, presentó un escrito el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 4. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 5. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y por auto de veintiocho de marzo siguiente se radicó la demanda registrándola bajo el expediente 316/2023 previniendo a la parte quejosa para que subsanara diversas irregularidades en su escrito inicial de demanda. 6. Una vez desahogada la prevención formulada por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. 7. Por auto de veintiséis de abril de este año se tuvo apersonándose a la tercera interesada *** sociedad civil de asociación en participación de responsabilidad limitada de capital variable por conducto de su apoderado legal ***. 8. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA. 9. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 10. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra un acto en materia civil y la autoridad responsable reside dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce juridicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 11. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 12. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 13. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como autoridad responsable y acto reclamado: Autoridad responsable. Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Acto reclamado. El auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el toca mercantil ***, en el cual declaró la caducidad del recurso de apelación promovido contra el auto de catorce de enero de dos mil veintidós dictado en el juicio sumario hipotecario *** del índice del Juzgado Civil del distrito judicial de Etla. 14. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con la autoridad responsable. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 15. Al momento de rendir su informe justificado el Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, por tanto se tiene por plenamente probada su existencia. 16. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO... 17. Lo que además, se corrobora con las constancias de lo actuado en autos del toca *** que en original remitió la responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas por separado, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de los actos combatidos. 18. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO... 19. En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia del juicio. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 20. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. 21. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO... 22. En el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: [.]." 23. La interpretación del referido precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando: a) El acto reclamado sea una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. 24. Tal disposición regula el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. 25. El principio de definitividad, encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, claro, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. 26. Reseñado lo anterior, es menester precisar que el acto reclamado en este juicio consiste en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el toca mercantil ***, en el cual declaró la caducidad del recurso de apelación promovido contra el auto de catorce de enero de dos mil veintidós dictado en el juicio sumario hipotecario *** del índice del Juzgado Civil del distrito judicial de Etla. 27. Caducidad de la segunda instancia que la responsable estimó actualizada tomando en consideración que ninguna de las partes impulso el procedimiento dentro de los ciento noventa y cinco días siguientes al del auto de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el referido toca. 28. Ahora bien, para evidenciar la causal de improcedencia que se estima actualizada es necesario citar lo que a la letra exponen los artículos 127 Bis, fracción X, y 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que disponen: "Artículo 127 Bis.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del último acuerdo judicial, no hubiere promoción por escrito de cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: [.] X. Contra la declaración de caducidad se da solo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá la reposición. En estos casos se admitirá únicamente la prueba documental y la de inspección judicial. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada, cabe la apelación en el efecto devolutivo. [.]" "Artículo 668.- De los decretos y autos dictado por el Presidente de la Sala, aún de aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación." 29. De la interpretación literal de dichos dispositivos legales se desprende que la reposición es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles y procede contra decretos y autos dictados en esta instancia, en específico, contra la declaratoria de caducidad de la instancia. 30. Como se adelantó, este juzgador considera que, respecto del acto reclamado, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el recurso de reposición previsto en los artículos 127 Bis, fracción X, y 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, ya que los citados numerales disponen la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia por el presidente de la Sala, en específico, contra la determinación en la que se decrete la caducidad de la instancia, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, lo que en la especie no aconteció. 31. Ilustra lo anterior, la tesis aislada VI.2o.C.471 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1955, novena época, con registro digital: 175671, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTO O DECRETO QUE EN RELACIÓN A ÉSTA PRONUNCIA EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA EL SENTIDO DE ESA DETERMINACIÓN... 32. Asimismo, es orientadora la tesis aislada XXIII.2o.1C (11a) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, agosto de 2022, tomo V, pagina 4385, undécima época, con registro digital 2025136, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. PREVIAMENTE A PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA EL AUTO, ACUERDO O PROVEÍDO QUE LA TIENE POR ACTUALIZADA, PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS... Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que previamente a promover la demanda de amparo directo contra el auto, acuerdo o proveído que tiene por actualizada la caducidad de la segunda instancia, procede el recurso de reposición previsto en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Justificación: Lo anterior, porque de una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 del código citado, procede el recurso de reposición contra los autos, acuerdos o proveídos dictados por el tribunal de alzada. En consecuencia, es incuestionable que en contra del auto, acuerdo o proveído que decretó la caducidad de la segunda instancia, procede el recurso de reposición señalado en el precepto 369 referido, conforme al cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, si el quejoso no agotó dicho medio de defensa ordinario que tenía a su alcance, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por no cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo directo." VII. DECISIÓN 33. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. 34. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VI de este fallo. 35. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso se tuvo por apersonada a la sociedad tercera interesada "Cooperativa Acreimex" sociedad civil de asociación en participación de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal. Por tanto, para dar margen a que la citada parte se imponga del contenido de los autos la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Notifíquese.
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