Diego Gil González

Expediente 425/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
425/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
02/07/2015

Partes del expediente

  • Diego Gil González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de cuatro de junio de dos mil quince, del que se desprende: -Que el quejoso Diego Gil González celebró convenio con el ofendido Manuel Olivares Mora y con José Alberto Ramírez Bolaños como fiador carcelario, respecto del pago de la reparación del daño. -Una vez cubierto el pago referido en el párrafo que antecede, Manuel Olivares Mora otorgó el perdón a favor del aquí quejoso Diego Gil González, decretándose así la extinción de la acción penal y por ende el sobreseimiento de la causa 60/2015, con efectos de sentencia absolutoria. Dicho esto, a efecto de proveer lo conducente en relación al oficio de cuenta, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura, este Juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el cardinal 61, fracción XVII, de la ley en comento, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal 60/2015 del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta localidad. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el cuatro de junio de dos mil quince, el Juez natural dictó resolución, en la que determinó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en la causa penal 60/2015, en virtud que el ofendido Manuel Olivares Mora otorgó el perdón a favor del impetrante Diego Gil González, por el delito de fraude cometido en su agravio. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que, las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución; es decir, la resolución de sobreseimiento dictada dentro de la causa penal de origen puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de sobreseimiento, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 ídem. En esa tesitura, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de cuatro de junio de dos mil quince, del que se desprende: -Que el quejoso Diego Gil González celebró convenio con el ofendido Manuel Olivares Mora y con José Alberto Ramírez Bolaños como fiador carcelario, respecto del pago de la reparación del daño. -Una vez cubierto el pago referido en el párrafo que antecede, Manuel Olivares Mora otorgó el perdón a favor del aquí quejoso Diego Gil González, decretándose así la extinción de la acción penal y por ende el sobreseimiento de la causa 60/2015, con efectos de sentencia absolutoria. Dicho esto, a efecto de proveer lo conducente en relación al oficio de cuenta, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura, este Juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el cardinal 61, fracción XVII, de la ley en comento, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal 60/2015 del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta localidad. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el cuatro de junio de dos mil quince, el Juez natural dictó resolución, en la que determinó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en la causa penal 60/2015, en virtud que el ofendido Manuel Olivares Mora otorgó el perdón a favor del impetrante Diego Gil González, por el delito de fraude cometido en su agravio. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que, las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución; es decir, la resolución de sobreseimiento dictada dentro de la causa penal de origen puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de sobreseimiento, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 ídem. En esa tesitura, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido de esta localidad, mediante el cual informa que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 60/2015 de su índice, instruida al aquí quejoso Diego Gil González, por la comisión del delito de fraude en agravio de Manuel Olivares Mora.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano