Diego Gaspar Magaña Perez
Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diego Gaspar Magaña Perez
- Diego Martin Magaña Alvarado
- Tribunal Contencioso Y Administrativo del Municipio de Merida
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos, el oficio 3304/2018 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual informa que en proveído de nueve de febrero de la presente anualidad, fue aceptada la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del juicio de amparo número VI-141/2018 promovido por Diego Martín Magaña Alvarado y Diego Gaspar Magaña Pérez, asignándole el número de amparo directo 63/2018 de su índice. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente cuadernillo.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes y de la lectura que integran las presentes constancias, se advierte que la incompetencia planteada por el este órgano de control constitucional, fue turnada al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, en fecha siete de febrero de la presente anualidad, según se advierte de la boleta de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito; por ende, solicítese de la manera más atenta a dicho tribunal de alzada, para que, de no tener inconveniente legal alguno, informe si aceptó la incompetencia planteada, a fin de que se esté en aptitud de acordar lo conducente en el presente cuadernillo.
- Principal
MESA VI. Visto la demanda de amparo promovida por Diego Martín Magaña Alvarado y Diego Gaspar Magaña Pérez, contra actos que reclama del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Municipio de Mérida, esencialmente la resolución de doce de enero de la presente anualidad, en autos del expediente 28/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Reyna Elvira Magaña Rodríguez contra el acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis, derivado del oficio 815/SM/2016, emitido por el Subdirector de Mercados del Municipio de Mérida, con el cual contesto en sentido negativo la petición formulada por la referida Magaña Rodríguez, a fin de que se le restituya la posesión y uso del puesto 39-B del mercado municipal cinco de febrero de la colonia Miguel Alemán de esta ciudad de Mérida. Por tanto, este resolutor federal considera que carece de competencia legal para conocer de éste asunto, por estimar que ésta se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por tratarse el acto reclamado de una sentencia dictada por un tribunal administrativo que puso fin al juicio decidiéndolo en lo principal. En ese sentido, de una recta intelección de los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que tratándose de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio en lo principal, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso, el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 332, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que expone: "INCOMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO, DEBEN DECLARAR SU, Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO CUANDO ESTIMAN QUE LA VÍA PARA COMBATIR EL ACTO RECLAMADO ES EL AMPARO DIRECTO. De una manera incongruente el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 158 de la Ley de Amparo, pues si estimó que la vía para combatir el acto reclamado era la del amparo directo y no la del indirecto como se intentó por el quejoso, debió actuar en concordancia a lo previsto por el artículo 49 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es, declararse incompetente de plano y ordenar la remisión de la demanda al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, en virtud de que la cuestión competencial es un presupuesto procesal de orden público." Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 185437 del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, consecuentemente, una vez que sea notificado el presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de inmediato la demanda de amparo de que se trata a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se solicita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA VI. Visto la demanda de amparo promovida por Diego Martín Magaña Alvarado y Diego Gaspar Magaña Pérez, contra actos que reclama del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Municipio de Mérida, esencialmente la resolución de doce de enero de la presente anualidad, en autos del expediente 28/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Reyna Elvira Magaña Rodríguez contra el acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis, derivado del oficio 815/SM/2016, emitido por el Subdirector de Mercados del Municipio de Mérida, con el cual contesto en sentido negativo la petición formulada por la referida Magaña Rodríguez, a fin de que se le restituya la posesión y uso del puesto 39-B del mercado municipal cinco de febrero de la colonia Miguel Alemán de esta ciudad de Mérida. Por tanto, este resolutor federal considera que carece de competencia legal para conocer de éste asunto, por estimar que ésta se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por tratarse el acto reclamado de una sentencia dictada por un tribunal administrativo que puso fin al juicio decidiéndolo en lo principal. En ese sentido, de una recta intelección de los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que tratándose de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio en lo principal, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable al caso, el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 332, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que expone: "INCOMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO, DEBEN DECLARAR SU, Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO CUANDO ESTIMAN QUE LA VÍA PARA COMBATIR EL ACTO RECLAMADO ES EL AMPARO DIRECTO. De una manera incongruente el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII y 158 de la Ley de Amparo, pues si estimó que la vía para combatir el acto reclamado era la del amparo directo y no la del indirecto como se intentó por el quejoso, debió actuar en concordancia a lo previsto por el artículo 49 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es, declararse incompetente de plano y ordenar la remisión de la demanda al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, en virtud de que la cuestión competencial es un presupuesto procesal de orden público." Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 185437 del rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33, fracción II, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, consecuentemente, una vez que sea notificado el presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de inmediato la demanda de amparo de que se trata a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se solicita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno acuse recibo del mismo.
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