Diego Gaspar Herrera Chávez

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Diego Gaspar Herrera Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 932/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Diego Gaspar Herrera Chávez, por propio derecho, presentó demanda de garantías contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La lejanía de la fecha para la continuación del desahogo de la audiencia de pruebas, señalada en acuerdo de audiencia de fecha 29 de Octubre del 2018, en el expediente laboral número 00794/2017, que ante ella se tramita" SEGUNDO. Derechos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo siendo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 932/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto positivo dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso como actor en el juicio laboral 794/2017, reclama de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el que señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de enero del año en curso para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado lo haya negado (foja 11), ya que de las manifestaciones que hace valer con posterioridad se aprecia la existencia del mismo; certeza que además se corrobora con la copia certificada de las actuaciones relativas al juicio laboral 794/2017, remitidas como apoyo a su informe justificado; documental pública que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía individual que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, señaló una fecha distante para la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; esto es, fuera del lapso de veinticuatro horas señalado por la Ley Federal del Trabajo vigente, en su artículo 718. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528, tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Así las cosas, de las constancias que allegó la junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se desprende que efectivamente el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora bien, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, partiendo del hecho de que no es atendible la petición del quejoso para que mediante el presente juicio se constriña a la junta responsable a que en lo sucesivo observe y acate los plazos y términos legales respecto de todos los actos que deba desplegar en el futuro, es decir que se conceda la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable señale una fecha más cercana y desahogue el procedimiento hasta el dictado del laudo que corresponda, entonces debemos considerar que dada la proximidad de la fecha fijada para ello con la fecha en que habrá de causar firmeza la presente resolución, es inconcuso que a ningún fin practico conduciría otorgar la protección de la justicia de la unión para ese efecto. Por tanto, en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, del Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 932/2018 promovido por Diego Gaspar Herrera Chávez, por propio derecho, contra el acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con residencia en esta ciudad; en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/6648/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Lorena Morales Saldierna, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por DIEGO GASPAR HERRERA CHAVEZ, por su propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 932/2018, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con el acto reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Asimismo, se le hace saber que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del quejoso, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, conforme lo establecen los diversos numerales 251 y 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; con copia simple de la demanda notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la radicación del presente juicio. TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a reconocerle el carácter de terceros interesados a los que menciona en su escrito de demanda, tomando en consideración que en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.90/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO."; se determina que le reviste el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso cuando el acto impugnado provenga de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal, específicamente por: a) la falta de acuerdo a una promoción y b) la omisión de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; y en el caso, el acto reclamado no se ubica en alguno de estos supuestos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Laurel número 23, departamento C, colonia El Roble, en esta ciudad; y por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que designa, dada la naturaleza del juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA La sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, constituye una información pública, en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, segundo párrafo y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos, con independencia de que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la mencionada ley, en la versión pública que se elabore de la sentencia o en su caso, de la resolución que ponga fin al juicio se suprimirá la información legalmente considerada como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

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