Diego Garza de Hoyos
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Diego Garza de Hoyos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente, no impugnó el proveído de veinticinco de enero de la presente anualidad (fojas 55 a 63), por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente, como asunto concluido. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger los documentos originales que acompañó a la demanda de amparo, dentro del plazo de noventa días naturales, apercibido que en caso de no hacerlo así, los documentos referidos serán destruidos junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este |expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Exhorto. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 409/2018, que remite la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 1767/2017-ZU (número de orden 2156/2017), del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que la parte promovente quedó notificado del proveído de uno de diciembre del presente año (fojas 18 a 22). Consecuentemente, dése de baja la comunicación oficial recibida, del libro de gobierno correspondiente y acúsese recibo. II. Escrito aclaratorio. Del estado que guardan los autos, se advierte que el doce de enero del presente año (foja 33), se reservó a proveer en relación al escrito aclaratorio presentado por el quejoso ***, en su carácter de tutor especial ***, hasta en tanto obrara el exhorto de cuenta, y toda vez que como se narró en líneas que anteceden, dicha situación ya aconteció, se provee: III. Actos reclamados y antecedentes. Del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: "El acto que se reclama de la autoridad señalada como responsable, lo *** Ahora bien, de los antecedentes narrados por el impetrante se advierte que el diez de octubre de dos mil diecisiete, ***, quien le confirió el cargo de tutor especial del menor de edad, le comunicó que ***, quien es media hermana del menor ***, se encontraba realizando diversas ventas de bienes inmuebles que en su momento aduce eran de ***, padre de ambos, ante ello, manifestó que consultó en la página web http://www.buholegal.com "BUHO LEGAL", buscando por el nombre de ***, y en la misma página web arrojó como resultado el expediente 5/2017, promovido por ***, índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, de donde deviene el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: *** Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: *** IV. Fecha de conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, en el escrito aclaratorio el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el día veintitrés de noviembre del año pasado; empero, de la documental allegada se aprecia que el quejoso se ostentó sabedor del juicio sucesorio intestamentario 5/2017, promovido por **** -lo que constituye el acto reclamado-, al menos desde el doce de octubre del año pasado, como se digitaliza a continuación: Además de lo manifestado por ****, en el capítulo de antecedentes, robustece dicha probanza, dado que exteriorizó lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, la señora ***quien ostenta la guarda y custodia del menor, dentro del auto ya mencionado y que es el mismo en el que se me confirió el cargo de TUTOR ESPECIAL, nos informó que un familiar se había comunicado ese mismo día con ella para informarle que la media hermana de mi representado de nombre ***, estaba realizando diversas ventas de bienes inmuebles que fueron del finado ***, quien fue el padre biológico del menor ***, a quien represento en este juicio de garantías. Atento a esta información procedí a realizar una consulta en la página webhttp://www.buholegal.com "BUHO LEGAL" buscando por nombre a la C. *** quien como ya dije es media hermana de mi representado, siendo que la misma arrojó como resultado el expediente 5/2017, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Río Grande en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que según el rubro fungen como actores ***, con el demandado reservado, sin embargo en el listado de acuerdos aparece, lo que parece ser una corrección del rubro en el que se indica que se trata de un juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, figurando como parte actora ***, quien como se ha venido manifestando es media hermana de mi representado el menor ***, siendo que también es este rubro aparece el demandado como RESERVADO. En donde es claro que el acto de autoridad que se reclama trastoca los intereses y derechos de mi representado sin haber oído y vencido en juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes emitidas y vigentes con anterioridad al hecho." En base a lo anterior, se provee: V. Se desecha demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: **** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del numeral invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el párrafo primero del ordinal referido, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que el solicitante del amparo, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que el acto de autoridad que se refuta de inconstitucional, como ya se dijo, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Una vez precisado lo anterior, se reitera, la parte quejosa contaba con el término de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, concatenado con el diverso 18 del citado cuerpo de leyes, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que la solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 primera parte, página setenta y uno, con número de registro 232213, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Así también, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Ahora bien, no pasa inadvertido que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó en su escrito aclaratorio que tuvo conocimiento del acto reclamado el día veintitrés de noviembre del año pasado; empero, de la documental allegada se aprecia que el quejoso se ostentó sabedor del juicio sucesorio intestamentario 5/2017, promovido por *** -lo que constituye el acto reclamado-, al menos desde el doce de octubre del año pasado, tal y como se desprende de la fecha que obra al margen superior izquierdo "12/10/2017" de la citada impresión, lo que se admicula con la manifestación de Juan David Pérez Osorio, en el sentido de que en virtud de lo aducido por San Juanita de Hoyos Pérez, realizó una consulta en la página web http://www.buholegal.com "BUHO LEGAL", y tuvo conocimiento del juicio señalado, lo que desvirtúa plenamente su aseveración. En razón de lo expuesto, cabe precisar que el término para impugnar el acto reclamado transcurrió del trece de octubre al siete de noviembre de dos mil diecisiete, como se aprecia en la siguiente tabla: OCTUBRE DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 12 Se ostentó sabeedor 13 Día 1 14 15 16 Día 2 17 Día 3 18 Día 4 19 Día 5 20 Día 6 21 22 23 Día 7 24 Día 8 25 Día 9 26 Día 10 27 Día 11 28 29 30 Día 12 31 Día 13 NOVIEMBRE DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 Inhábil 2 Inhábil 3 Inhábil 4 5 6 Día 14 7 Día 15 En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la demanda se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. XIII. Domicilio. Toda vez que el promovente, no dio cumplimiento al requerimiento que este Juzgado le hizo en el proveído de uno de diciembre del año en curso, en el sentido de que dentro del término tres días, señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, término que le feneció el once del presente mes y año. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, dejando expedito su derecho de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ***, Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, quien se ostenta como tutor especial del menor ***, nueve copias de dicho ocurso para traslado, por medio del cual pretende cumplir con el requerimiento de uno de diciembre del año en curso (fojas 18 a 22). Sin embargo, se reserva proveer al respecto, hasta en tanto obre en autos el exhorto 1767/2017-ZU (orden 2156), que se envió para efecto de notificar personalmente al promovente de amparo el citado proveído; lo anterior, con la finalidad de verificar si el escrito de cuenta fue presentado dentro del término concedido para ello.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 42306/2017, remitido vía electrónica por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual acusa recibo del exhorto 1767/2017-ZU, del índice de este Juzgado, e informa que procedió a su diligenciación, de lo que este Juzgado Federal queda enterado para los efectos legales procedentes.
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