Diego Gabriel Zavala López

Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
890/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Diego Gabriel Zavala López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ...se reanudan los plazos; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, solicita una prórroga para acatar tal cuestión. En atención a su contenido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; y, por cuanto hace a la solicitud de prórroga que realiza la oficiante; deberá estar a lo acordado en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte.

  2. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 890/2020, promovido por ***, por su propio derecho, contra actos atribuidos al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y registrada por el Secretario de Guardia de este juzgado en esa misma fecha, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: Autoridades Responsables "A) Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. B) Subsecretario de Control de Tránsito de la Ciudad de México. C) Subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México.D) Jefa de Gobierno de la Ciudad de México." Acto Reclamado. "a) El bloqueo que realizan los policías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la consecuente incomunicación a la estoy siendo sujeto, en compañía de mis compañeros de activismo, en virtud de que el suscrito se encuentra en una manifestación pacífica en la avenida Juárez entre las calles Balderas y Humbolt en la Ciudad de México. b) La orden verbal o escrita de restringir la libertad de circulación al suscrito. c) Los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica. d) Los actos de amedrentación y amenazas de privación de la libertad que los policías realizan en contra de mí, en virtud de que diversos agentes policiales me han dicho que me detendrán." SEGUNDO. Derechos Humanos violados. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los hechos o antecedentes de los actos reclamados, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 6, 7 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Suspensión de Oficio y de Plano. El diecinueve de septiembre de dos mil veinte, pese a que la presentación de la demanda no reunía los requisitos previstos en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no contar con firma del promovente, se decretó la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que "cese de inmediato la incomunicación de que es objeto, se le permita manifestar sus ideas, siempre y cuando no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; y se le permita transitar libremente, subordinándose este derecho a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." Asimismo, se requirió al quejoso para que en el momento de la diligencia ordenada para hacer de su conocimiento dicho medida cautelar, manifestara su voluntad de ratificar el escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo así, se tendría por no presentada la demanda. CUARTO. Admisión de la demanda. Desahogado el requerimiento aludido, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y, se fijaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza administrativa y se atribuyen a autoridades distintas de la judicial en esa materia, cuya residencia es dentro del ámbito territorial en el que se ejerce jurisdicción, acorde con el contenido de los artículos 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, expedido por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. fijación de la litis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la obligación del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en forma integral, a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, de un estudio integral de la demanda de amparo, en concordancia con la totalidad de las constancias que integran los presentes autos, se advierte las siguientes autoridades responsables y actos reclamados: Del Secretario de Seguridad Ciudadana, del Subsecretario de Control de Tránsito, del Subsecretario de Operación Policial y de la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, se reclama: La incomunicación. La orden verbal de restringir la libertad de circulación. Los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica. Cualquier acto que tienda a la privación de libertad. Aspectos respecto de los cuales versará el estudio en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, que a continuación se transcribe: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente, citándose al respecto la tesis de Jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Por ese lado, no son ciertos los actos reclamados atribuidos al Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Control de Tránsito, Subsecretario de Operación Policial y Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, consistentes en: La incomunicación. Cualquier acto que tienda a la privación de libertad. Lo anterior, porque así lo adujeron al rendir su informe justificado (folios 57 y 59), a través de los oficios registrados con los números de promoción "12587" y "13161", acordadas, respectivamente, el trece y veinte de octubre de dos mil veinte. Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto a dichos actos de autoridad. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 355 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, que establece: "INFORME JUSTIFICADO QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. Si las autoridades responsables niegan los actos que les son atribuidos por los quejosos y dichos informes negativos no fueron desvirtuados en forma alguna, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo que señala la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, por identidad jurídica sustancial, es aplicable la tesis de jurisprudencia 10 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 12, Tomo VI, común, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, junio de 1998, página 5, que prevé: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Control de Tránsito, Subsecretario de Operación Policial y Jefa de Gobierno, todas de la Ciudad de México, consistentes en: La orden verbal de restringir la libertad de circulación. Los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica. Incluso, cuando al rendir sus informes justificados lo negaron (folios 57 y 59), pues dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que obran en autos; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte el oficio *** de *** de *** de dos mil ***, signado por el Subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México, del que se desprende que dichas restricciones fueron ejecutadas a fin de garantizar el derecho a la salud y seguridad de los manifestantes, mismo que se digitaliza:***. Máxime que, en dicha comunicación se advierte que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversas acciones dirigidas a prevenir, evitar el contagio y propagación del virus SARS-COVID-19, dirigidos a los habitantes de esta Ciudad, vecinos y transeúntes contenidos en los "LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO", así como los "AVISOS POR LOS QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO". De ahí que, deban tenerse como ciertos los actos atribuidos a dichas responsables. QUINTO. Causas de Improcedencia. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Control de Tránsito, Subsecretario de Operación Policial, todas de la Ciudad de México hacen valer como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sobre los requisitos que debe cumplir un acto para ser considerado de autoridad, de acuerdo con la Ley de Amparo vigente, al resolver (en sesión de veintisiete de agosto de dos mil catorce) los amparos directos en revisión 34/2014, 491/2014 y 904/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: "[.] En principio, debe señalarse el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido respecto de las características de la autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a las siguientes tesis aisladas y de jurisprudencia aprobadas por el Tribunal Pleno y esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. 'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades'. 'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado'. 'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado'. De los criterios citados, puede advertirse que este Alto Tribunal ha venido construyendo, con el paso del tiempo, un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración púbica ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Es cierto que ese criterio se fue diseñando durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, en cuyo artículo 11 disponía: 'Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado'. No obstante, en el Diario Oficial de la Federación del día dos de abril de dos mil trece se publicó la nueva Ley de Amparo que abrogó la anterior, y en la que se retomaron los anteriores criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir a las autoridades responsables. Así, el artículo 5º, fracción II, dispone: 'Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.)II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)'. De manera que a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo, por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, debe tenerse en cuenta: a) la existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; c) que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de esta Segunda Sala, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De la transcripción se obtiene que, para calificar como de autoridad algún acto, en términos de la Ley de Amparo vigente, es factible considerar los requisitos previstos en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, flexibilizados en cuanto actualmente es posible considerar ciertos actos de particulares como de autoridad si afectan derechos de las personas y sus emisores ejercen funciones determinadas por una norma general. Por ende, un acto debe considerarse de autoridad si: Proviene de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal o, incluso, un particular, cuando actúa con base en una norma general; y Esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Con motivo de esa relación, el acto unilateralmente cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso del afectado. En el caso, los actos reclamados son: La orden verbal de restringir la libertad de circulación y los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica. Pues bien, se considera que tales actuaciones son actos de autoridad al haber sido emitidas por entes u organismos del Estado, que establecen una relación de supra a subordinación con el quejoso, con fundamento en la ley o en un ordenamiento, como es el caso, los lineamientos que han emitido la Jefa de Gobierno y diversas dependencias de la Ciudad de México para hacer frente a la pandemia que estamos viviendo y evitar su propagación; mediante el cual se afecta unilateralmente la esfera jurídica del particular, sin requerir acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso del afectado al impedir al quejoso manifestarse en el área del Zócalo de la Ciudad de México. Adicionalmente, para perfeccionarse, los actos reclamados no requieren la concurrencia de la decisión de órganos jurisdiccionales, pues como se ha visto, las autoridades, motu proprio, con base en diversas disposiciones que son del dominio general al estar publicadas en un medio de comunicación oficial, como es la Gaceta de la Ciudad de México, restringieron su libertad de circulación al Zócalo de esta entidad federativa y le impidieron ejercer su derecho a manifestarse de manera pacífica. Por tanto, contrariamente a lo expuesto por las responsables, los actos reclamados en la instancia son de autoridad, razón por la cual se desestima la causal de improcedencia. En este sentido, al no existir alguna otra causal de improcedencia pendiente de análisis, y al no advertir que se actualice alguna, se debe de entrar al estudio de los conceptos de violación planteados. SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso señala en sus conceptos de violación que se viola en su perjuicio los artículos 6, 7 y 11 Constitucionales, pues le impiden manifestar sus ideas en la movilización social del Grupo denominado *** (***), exteriorizarlas de manera pacífica, y ejercer sus derechos a la libre asociación, así como su libertad de circulación. Los derechos fundamentales previstos en los artículos constitucionales citados por el quejoso garantizan que: La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado. A que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, con las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Paralelamente a estos derechos, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Lo que significa que esa restricción puede tener cabida cuando se trata de salvaguardar otros derechos que son del interés superior, como lo son, entre ellos, la salud y la vida. Corolario a lo anterior, no le asiste la razón al quejoso cuando aduce se violan sus derechos previstos en los preceptos constitucionales 6, 7 y 11, pues la circunstancia de que las autoridades responsables adoptaran las medidas encaminadas a que los manifestantes que militan en el grupo social conocido como "***", no tuvieran acceso al Zócalo capitalino y que se les impidiera su libertad de manifestarse y de libre circulación está justificado por la pandemia mundial que nos atañe. En efecto, en la actualidad es un hecho notorio, que en México existen más de cuatrocientos mil casos confirmados, según los datos abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público en la Ciudad de México, conforme a la página oficial datos.cdmx.gob.mx. Es así, que a la luz del principio de ponderación, se entienden constitucionales los actos reclamados consistentes en la orden verbal de restringir la libertad de circulación y los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica, pues tales obstáculos no eliminan el derecho del quejoso a ejercer tales libertades si no que únicamente las restringen. De ahí que, tales restricciones y confinamientos tienen una finalidad constitucionalmente válida del derecho de protección a la salud y la vida (tanto del propio quejoso, de los demás ciudadanos y habitantes de la Ciudad de México). Además, existe correspondencia entre el derecho protegido y los derechos que se limitan, dado que la restricción tiene por objeto contener el contagio del virus que ahora propaga, pues la cercanía entre las personas es una de las formas más contundentes para su trasmisión y el guardar la sana distancia, resulta fundamental para prevenir el contagio. De ahí que, las restricciones de las que se duele el quejoso son sólo una medida sanitaria que se ha adoptado por las responsables respecto a las congregaciones y acaparamientos sociales y, ésta encuentra sentido, dado el estado de emergencia sanitaria que el país atraviesa. Además, tales limitaciones deben considerarse ser una restricción pasajera, pues no está establecida fuera del periodo que dure la pandemia; tan es así, que son las propias responsables del Gobierno de la Ciudad de México que reconocen que han implementado diversas acciones dirigidas a prevenir, evitar el contagio y propagación del virus SARS-COVID-19. Por tanto, debe considerarse que las actuaciones reclamadas persiguen un fin constitucionalmente válido porque es la preservación de la salud y la vida del mismo quejoso, tutelada por el artículo 4° Constitucional, así como la tutela de los mismos derechos del resto de la población lo que se salvaguarda; lo anterior bajo la condición de que, al momento en que se empiecen a encontrar las medidas terapéuticas y de medicina necesarias para contrarrestar los peligros de la pandemia por el virus del Covid-19, deben de dejar de surtir efecto esas restricciones. De ahí que, los actos reclamados, por ahora, están justificados en esa medida. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no existir alguna violación que deba destacarse en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es NEGAR la protección constitucional al quejoso. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *** respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando tercero, en términos de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando cuarto, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese; por lista al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; de manera electrónica a las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y, por oficio a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ... agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar la razón del actuario adscrito a este juzgado, por medio de la cual, informa los motivos por los cuales no pudo llevar a cabo la notificación del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte a la parte quejosa. En consecuencia, túrnese de nueva cuenta los presentes autos a la sección de actuaría de este juzgado a fin de que se practique dicha notificación por medio de lista. Notifíquese; por lista a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, así como el presente proveído. ASIMISMO, COMO SE ORDENA, EN ESTE ACTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: "Ciudad de México; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como actos reclamados los siguientes: "[.] a) El bloqueo que realizan los policías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la consecuente incomunicación a la que estoy siendo sujeto, en compañía de mis compañeros de activismo, en virtud de que el suscrito se encuentra en una manifestación pacífica, en la avenida Juárez, entre las calles Balderas y Humbolt, en la Ciudad de México. b) La orden verbal o escrita de restringir la libertad de circulación al suscrito. c) Los actos concernientes a la restricción de la manifestación pacífica. d) Los actos de amedrentración y amenazas de privarme de la libertad que los policías realizan en contra mí, en virtud de que diversos agentes policiales me han dicho que me detendrán [.]" Por tanto, de conformidad con el artículo 4, capítulo I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, esta juzgadora considera que los actos reclamados son de carácter urgente; en consecuencia, y en atención al principio de expeditez en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos y al deber legal de este Juzgado de procurar que los juicios de amparo no queden paralizados, así como la primicia del derecho que la parte quejosa estima transgredido; en consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, del que se desprende que todas las partes que intervienen en este juicio deben estar debidamente notificadas de la prosecución del juicio, al contar con algún medio de comunicación electrónica que permita tener contacto con este órgano jurisdiccional, a fin de darle continuidad al trámite respectivo del presente juicio de amparo, en su modalidad de «juicio en línea» dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Atento a ello, para que este juzgado federal se encuentre en posibilidad de llevar a cabo las notificaciones vía electrónica a la totalidad de las partes; con fundamento en lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por mandato expreso de su numeral 2°, REQUIÉRASE a las autoridades responsables, así como a la parte quejosa, para que en el término de TRES DÍAS, proporcionen nombre de usuario, que permita autorizarlo en el "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", en término de las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, o en su caso, algún correo electrónico, con la finalidad de que a través de cualquiera de ellos, se lleve a cabo el seguimiento, trámite y resolución del presente asunto. Finalmente, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Ma. Esther Prado Olvera, secretaria en funciones de jueza de Distrito del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y conforme al oficio número CCJ/ST/3190/2020 de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Grisel Ariana de la Cruz Cano, secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. ".

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico, por medio del cual el Jefe de Unidad Departamental de Juicios de Amparo "B", en ausencia del Director General de Servicios Legales y éste en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, manifiesta no estar en posibilidad de proporcionar lo requerido, esto es, nombre de usuario que permita autorizarlo en el citado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE) o, en su caso, algún correo electrónico con la finalidad de que, a través de cualquiera de los anteriores medios, se lleve a cabo el seguimiento, tramite y resolución del presente asunto. Asimismo, solicita que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción II y 28, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado practique las notificaciones a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por oficio, en el domicilio oficial ubicado en calle Xocongo 131, planta baja, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México. Atento al contenido del oficio que se provee, téngase por hechas las manifestaciones del Jefe citado en el párrafo que antecede, en el sentido de que la autoridad responsable de mérito no cuenta con firma electrónica, ni diverso medio de comunicación que le permita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en la modalidad de "juicio en línea"; así como su solicitud en el sentido de que se practiquen las notificaciones por oficio; asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

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