Diego Gabriel Cruz Alonso

Expediente 159/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
159/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Diego Gabriel Cruz Alonso
  • Juez Tercero de Primera Instancia En Veracruz, Veracruz
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 13, 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 28 y 29 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 37, 79, 85, 109 y 110 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se rinde el informe pedido en los siguientes términos: Sí existe la información que se solicita, toda vez que el expediente se encuentra archivado en la ciudad de Boca del Río. La información solicitada no se encuentra clasificada como confidencial. La totalidad de la información solicita no se ubica en los supuestos de reserva y confidencialidad, prevista en los artículos 110 y 113 de la Ley de Transparencia, por tanto resulta procedente la entrega de la versión pública con supresión de datos, misma que ya se encuentra publicada. La supresión de datos obedece al derecho de las partes a la protección de sus datos personales y a su derecho a la privacidad, según lo dispuesto en el artículo 79 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal invocado. Asimismo, se le hace saber que el acto reclamado en el presente juicio de amparo derivó del proceso penal 83/2016, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, en el puerto de Veracruz...Lo requerido podrá ser entregado vía correo electrónico, para una mayor celeridad a la dirección electrónica dtsai@correo.cjf.gob.mx Por lo anterior, como lo solicita, mediante oficio que se gire, hágase del conocimiento de la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México...

  2. Principal

    ...téngasele remitiendo los autos originales del juicio en que se actúa...referente a los recursos de revisión interpuestos por el (1) Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, (2) Fiscal adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz; así como por (3) ...respectivamente, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo indirecto ...por tanto, comuníquese a las partes que en lo conducente, se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa...contra los actos atribuidos a las autoridades responsables, precisados y puntualizadas, respectivamente, en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el último considerando de éste." En ese tenor, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), agréguese a los presentes autos los originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido... En virtud de lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable ...las documentales que remitió como justificación de sus actos, con las cuales se formaron dos cuadernos de prueba y un sobre amarillo cerrado...

  3. Principal

    ...signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, agréguese a los autos ..., téngasele comunicando que mediante acuerdo del trece de marzo pasado, dictado en el amparo en revisión ...de su índice, tuvo por recibida la sentencia emitida en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción ...del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se precisó: ".PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce su facultad de atracción para conocer del amparo indirecto en revisión ..., del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito." Con base en lo anterior, informa que toda vez que por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, turnó el expediente a la ponencia a cargo del Magistrado ..., para dictar la resolución respectiva; devolvió las actuaciones a dicha ponencia, para los efectos de ley, reanudándose el plazo legal que inició con el turno del presente asunto para su resolución, de lo que la suscrita se da por enterada...

  4. Incidental

    ...Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes; atento a sus contenidos, se provee: téngase a Diego Gabriel Cruz Alonso, por conducto de los licenciados Miguel Acosta Villa y Ángel Federico Mota Ramírez, quienes se ostentan como sus defensores particulares, solicitando se conceda al directo quejoso la libertad caucional dentro de los autos de la causa penal 83/2016 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz... este órgano de control constitucional estima improcedente conceder el beneficio de la libertad bajo caución solicitada por el quejoso, toda vez que para conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, debe realizarse ante el Juez de la causa y no dentro del incidente de suspensión, ya que es el órgano jurisdiccional facultado para seguir, a petición del imputado, el procedimiento de revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, de conformidad con los artículos 153 a 171 del código mencionado. ..de dicho precepto transitorio se advierte que para la revisión y, en su caso, sustitución de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, se prevé toda una secuela procedimental que, por disposición expresa del legislador, debe sustanciarse necesariamente ante el Juez de la causa, la cual comprende dar vista a las partes, oportunidad al Ministerio Público adscrito de investigar y acreditar lo conducente, y el desahogo de la audiencia correspondiente, a fin de resolver lo pertinente sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas referidas. En tanto que para la revisión y eventual cese o sustitución de las medidas cautelares, debe respetarse el derecho de audiencia de las partes en el proceso penal, lo cual conlleva la ponderación no sólo de los derechos y circunstancias del inculpado o imputado, sino de los derechos y peculiaridades de la víctima u ofendido, y de la intervención del Ministerio Público en la investigación respectiva, para determinar si procede modificar el estatus de aquéllas. Apoya a lo anterior la tesis I.9º.P.130 P (10ª.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos sesenta y siete, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia: Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO, AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO ESTÁ FACULTADO PARA REVISAR AQUÉLLAS, AL SER UNA POTESTAD DEL JUEZ DEL PROCESO. Acorde con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el inculpado o imputado podrá solicitar al Juez de la causa la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por la autoridad judicial dentro de un procedimiento iniciado y tramitado conforme al sistema penal tradicional, para que previa vista a las partes y efectuada la audiencia correspondiente, resuelva en los términos de los artículos 153 a 171 del propio código, sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, atento a las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado una orden de aprehensión emitida con base en las disposiciones del sistema penal tradicional, el Juez de Distrito, al resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, no está facultado para realizar la revisión de dicha medida privativa de libertad, pues ello, de conformidad con la disposición transitoria señalada, es potestad del Juez del proceso, después de que haya dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, en la que evaluará si procede la sustitución, modificación o cese, tomando en consideración la evaluación del riesgo. De igual forma, sirve de sustento la tesis I.3o.P.55 P (10ª.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos sesenta y cinco, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia: Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La Ley de Amparo abrogada, en su artículo 136, antepenúltimo párrafo, establecía que en los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez de Distrito -en el incidente de suspensión- podía conceder la libertad provisional bajo caución conforme a la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008) y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre que el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado; es decir, se facultaba expresamente al Juez de amparo para pronunciarse sobre ese tema. Sin embargo, el marco normativo se modificó a partir de las últimas reformas constitucionales y legales, adecuándose al sistema de justicia penal acusatorio. Así, el actual artículo 20 constitucional ya no prevé el derecho a la libertad provisional bajo caución, aunque sí señala el otorgamiento de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En ese contexto, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se advierte que el legislador permite someter a revisión -a partir del nuevo marco normativo y a solicitud del imputado- las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y dispone que el órgano jurisdiccional competente, en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe dar vista a las partes, para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente y, efectuada la audiencia correspondiente, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva señaladas en el artículo 19 de la Constitución Federal, así como del referido código adjetivo nacional. Luego, la indicada revisión debe llevarse a cabo bajo la nueva dinámica del proceso penal acusatorio, en donde lo que se busca es dar vigencia a los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. No se trata ya de una decisión unilateral del juzgador, como en la libertad provisional bajo caución, limitada a verificar si se colman o no los requisitos legales para su procedencia. Es, en realidad, un fallo que tiene que estar precedido de un debate entre las partes y un tema que debe ser sometido a un procedimiento de contradicción. En ese sentido, cuando el inculpado se encuentra detenido sujeto a prisión preventiva, dicha solicitud de revisión debe realizarse ante el Juez natural, único facultado originariamente para proceder en la forma indicada. Congruente con lo anterior, en la actual Ley de Amparo ya no se encuentra una disposición similar al antepenúltimo párrafo del artículo 136 mencionado, por lo que el Juez de Distrito, bajo este nuevo marco normativo, está impedido para desahogar una audiencia de revisión de medidas cautelares. Lo anterior, se insiste, porque el pronunciamiento respectivo ya no se sustenta en la simple verificación de requisitos preestablecidos, sino en escuchar a las partes en un contradictorio (audiencia) y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto; de ahí que esa revisión debe solicitarse ente el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el Juez de amparo en el incidente de suspensión. Asimismo, sirve de apoyo la tesis XXII.P.A.6.P (10ª.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página mil ochocientos ochenta y seis, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia: Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA PETICIÓN PARA QUE SE CONCEDA ESTE BENEFICIO EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, DEBE REALIZARSE ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA Y NO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La petición para que se conceda el beneficio de la libertad provisional bajo caución en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, debe realizarse ante el Juez de la causa y no dentro del incidente de suspensión, ya que es el órgano jurisdiccional facultado para seguir, a petición del imputado, el procedimiento de revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, de conformidad con los artículos 153 a 171 del código mencionado. Además, de dicho precepto transitorio se advierte que para la revisión y, en su caso, sustitución de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, se prevé toda una secuela procedimental que, por disposición expresa del legislador, debe sustanciarse necesariamente ante el Juez de la causa, la cual comprende dar vista a las partes, oportunidad al Ministerio Público adscrito de investigar y acreditar lo conducente, y el desahogo de la audiencia correspondiente, a fin de resolver lo pertinente sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas referidas. Procedimiento que se justifica en tanto que para la revisión y eventual cese o sustitución de las medidas cautelares, debe respetarse el derecho de audiencia de las partes en el proceso penal, lo cual conlleva la ponderación no sólo de los derechos y circunstancias del inculpado o imputado, sino de los derechos y peculiaridades de la víctima u ofendido, y de la intervención del Ministerio Público en la investigación respectiva, para determinar si procede modificar el estatus de aquéllas; de ahí que dicho procedimiento únicamente sea sustanciable ante el Juez natural, al ser quien tiene la posibilidad de desahogarlo en la vía incidental y además tiene a su alcance el expediente de origen, es decir, todo el material convictivo para hacer un pronunciamiento de esa naturaleza y trascendencia; máxime que la facultad otorgada en el artículo quinto transitorio indicado es diversa a la que tenía el Juez de Distrito para decretar la libertad provisional bajo caución, en términos del artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo abrogada, conforme al numeral 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008), pues en la primera únicamente se requería realizar una valoración sobre la naturaleza del delito imputado y determinadas circunstancias particulares del inculpado; en cambio, en la segunda se requiere dar vista a las partes para que la representación social investigue y acredite lo conducente, así como el desahogo de la audiencia correspondiente. Aunado a lo anterior, cabe señalar que la suscrita se encuentra impedida para revocar sus propias determinaciones. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Marisol Barajas Cruz, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes; atento a sus contenidos, se provee: téngase a Diego Gabriel Cruz Alonso, por conducto de los licenciados Miguel Acosta Villa y Ángel Federico Mota Ramírez, quienes se ostentan como sus defensores particulares, solicitando se conceda al directo quejoso la libertad caucional dentro de los autos de la causa penal 83/2016 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; sin embargo, del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de enero de la presente anualidad, en la causa antes citada, se dictó auto de formal prisión contra Diego Gabriel Cruz Alonso, como probable responsable de la comisión del delito de pederastia, previsto y sancionado por el numeral 182, párrafo segundo, en relación con la fracción I del diverso 183, ambos del Código Penal para el Estado de Veracruz vigente en enero de dos mil quince. Ahora, este órgano de control constitucional estima improcedente conceder el beneficio de la libertad bajo caución solicitada por el quejoso, toda vez que para conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, debe realizarse ante el Juez de la causa y no dentro del incidente de suspensión, ya que es el órgano jurisdiccional facultado para seguir, a petición del imputado, el procedimiento de revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, de conformidad con los artículos 153 a 171 del código mencionado. Además, de dicho precepto transitorio se advierte que para la revisión y, en su caso, sustitución de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, se prevé toda una secuela procedimental que, por disposición expresa del legislador, debe sustanciarse necesariamente ante el Juez de la causa, la cual comprende dar vista a las partes, oportunidad al Ministerio Público adscrito de investigar y acreditar lo conducente, y el desahogo de la audiencia correspondiente, a fin de resolver lo pertinente sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas referidas. En tanto que para la revisión y eventual cese o sustitución de las medidas cautelares, debe respetarse el derecho de audiencia de las partes en el proceso penal, lo cual conlleva la ponderación no sólo de los derechos y circunstancias del inculpado o imputado, sino de los derechos y peculiaridades de la víctima u ofendido, y de la intervención del Ministerio Público en la investigación respectiva, para determinar si procede modificar el estatus de aquéllas. Apoya a lo anterior la tesis I.9º.P.130 P (10ª.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos sesenta y siete, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia: Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO, AL RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO ESTÁ FACULTADO PARA REVISAR AQUÉLLAS, AL SER UNA POTESTAD DEL JUEZ DEL PROCESO. Acorde con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el inculpado o imputado podrá solicitar al Juez de la causa la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por la autoridad judicial dentro de un procedimiento iniciado y tramitado conforme al sistema penal tradicional, para que previa vista a las partes y efectuada la audiencia correspondiente, resuelva en los términos de los artículos 153 a 171 del propio código, sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, atento a las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado una orden de aprehensión emitida con base en las disposiciones del sistema penal tradicional, el Juez de Distrito, al resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional, no está facultado para realizar la revisión de dicha medida privativa de libertad, pues ello, de conformidad con la disposición transitoria señalada, es potestad del Juez del proceso, después de que haya dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, en la que evaluará si procede la sustitución, modificación o cese, tomando en consideración la evaluación del riesgo. De igual forma, sirve de sustento la tesis I.3o.P.55 P (10ª.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setecientos sesenta y cinco, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia: Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. La Ley de Amparo abrogada, en su artículo 136, antepenúltimo párrafo, establecía que en los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez de Distrito -en el incidente de suspensión- podía conceder la libertad provisional bajo caución conforme a la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008) y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre que el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado; es decir, se facultaba expresamente al Juez de amparo para pronunciarse sobre ese tema. Sin embargo, el marco normativo se modificó a partir de las últimas reformas constitucionales y legales, adecuándose al sistema de justicia penal acusatorio. Así, el actual artículo 20 constitucional ya no prevé el derecho a la libertad provisional bajo caución, aunque sí señala el otorgamiento de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En ese contexto, conforme al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas leyes generales y federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, se advierte que el legislador permite someter a revisión -a partir del nuevo marco normativo y a solicitud del imputado- las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y dispone que el órgano jurisdiccional competente, en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe dar vista a las partes, para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente y, efectuada la audiencia correspondiente, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva señaladas en el artículo 19 de la Constitución Federal, así como del referido código adjetivo nacional. Luego, la indicada revisión debe llevarse a cabo bajo la nueva dinámica del proceso penal acusatorio, en donde lo que se busca es dar vigencia a los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. No se trata ya de una decisión unilateral del juzgador, como en la libertad provisional bajo caución, limitada a verificar si se colman o no los requisitos legales para su procedencia. Es, en realidad, un fallo que tiene que estar precedido de un debate entre las partes y un tema que debe ser sometido a un procedimiento de contradicción. En ese sentido, cuando el inculpado se encuentra detenido sujeto a prisión preventiva, dicha solicitud de revisión debe realizarse ante el Juez natural, único facultado originariamente para proceder en la forma indicada. Congruente con lo anterior, en la actual Ley de Amparo ya no se encuentra una disposición similar al antepenúltimo párrafo del artículo 136 mencionado, por lo que el Juez de Distrito, bajo este nuevo marco normativo, está impedido para desahogar una audiencia de revisión de medidas cautelares. Lo anterior, se insiste, porque el pronunciamiento respectivo ya no se sustenta en la simple verificación de requisitos preestablecidos, sino en escuchar a las partes en un contradictorio (audiencia) y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto; de ahí que esa revisión debe solicitarse ente el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el Juez de amparo en el incidente de suspensión...Aunado a lo anterior, cabe señalar que la suscrita se encuentra impedida para revocar sus propias determinaciones....

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