Diego Franquis Yacotu

Expediente 560/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
560/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2017

Partes del expediente

  • Diego Franquis Yacotu
  • DIEGO FRANQUIS YACOTU y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES DE EDAD Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 11 DE mayo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Marisol Cabañas Tay, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente el original y copia del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías presentada por José Diego Franquis Contreras, promoviendo a nombre de Diego Franquis Yacotú, contra actos del 1. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 2. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Puebla, 3. Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla y 4. Jefe en turno del Centro de Reinserción Social de Puebla; fórmese el expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 560/2017, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de garantías, debe señalarse que el presente juicio se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en términos del primer punto transitorio de la referida Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y 128 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de garantías respecto de las aludidas autoridades responsables. Ahora bien, en virtud de que la parte promovente señala que presenta demanda de garantías a nombre de Diego Franquis Yacotú, manifestando que éste se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, y se encuentra incomunicado y torturado psicológicamente y físicamente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación y posibles actos de tortura física y psicológica. o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos; para lo cual hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En diverso aspecto, en relación a la petición formulada por la parte promovente, en el sentido de que se asigne a un médico legista para que revise físicamente al quejoso, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado (tortura física y psicológica), para el efecto de que se le proporcione de manera urgente la atención médica que, en su caso, requiera el quejoso directo Diego Franquis Yacotú, pues de no concederse, se causarían al citado quejoso daños de difícil o imposible reparación. De igual manera, hágase saber al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en su caso, que de no contar con los elementos necesarios para la atención médica que requiere el quejoso Diego Franquis Yacotú, bajo su estricta responsabilidad y de considerarlo pertinente autorice su traslado a un centro hospitalario con medidas de seguridad adecuadas, para que reciba la atención médica de acuerdo a las condiciones que presente con motivo de tal circunstancia. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Es decir, que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. El contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado el Alto Tribunal de la Nación, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Así se observa de los siguientes ordenamientos, a saber: El artículo 25 párrafo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y otros instrumentos internacionales. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Esto es, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que, el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Estado, a través de los órganos de supervisión o ejecución que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Por otro lado, debe indicarse a las autoridades responsables, que la medida aquí decretada tampoco impide la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interior de dicho Centro de Readaptación Social, atento a lo dispuesto por los artículos 42 a 44 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de Puebla; debiendo en su caso, las autoridades responsables, remitir las constancias correspondientes, a que se refiere el citado artículo 44. Hágase del conocimiento de la autoridades indicadas que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Ahora bien, con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, y proceda a buscar, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Diego Franquis Yacotú, y una vez localizado, le requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días si ratifica o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso directo, así como del lugar en que se encuentre, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentra aislado y si ha sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión, en virtud de que en líneas precedentes se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos aquí reclamados. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se ordena realizar al directo quejoso todas las notificaciones de carácter personal en el lugar en que se encuentra recluido. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese por lista a la parte promovente, personalmente al quejoso directo Diego Franquis Yacotú, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla); mediante oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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