Diego Fernando Sampedro Rosas

Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
204/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Diego Fernando Sampedro Rosas y Otros.
  • Diego Fernando Sampedro Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Juicio de amparo 668/2017.. Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado por la Directora General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, en particular que conminó e instruyó al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT Guerrero, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, residente en Chilpancingo, a efecto de que realice todas las acciones necesarias y procedentes para que en el ámbito de su competencia acate el requerimiento formulado en autos. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes, en el entendido de que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Diego Fernando, Roberto, Ernesto Maximiliano y Guadalupe, todos de apellidos Sampedro Rosas, a través del cual: Desahogan la prevención formulada por este juzgado federal en auto de veintiocho de febrero del año en curso, y al efecto narra de forma cronológica los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; y Pretenden formular ampliación de demanda, respecto del acto consistente en la orden de retención de bienes girada en su contra, dentro de la providencia precautoria 89/2023-3, del índice de la responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. En atención al contenido del escrito de cuenta y al estado de los autos, se provee: Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. Del escrito inicial de demanda se aprecia que inicialmente los quejosos reclamaron la orden de anotación marginal de retención de trece bienes inmuebles de su propiedad derivada de la providencia precautoria 88/2023-3, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; mientras que del escrito de ampliación que hoy se recibe, se advierte que también reclaman la orden de retención de las cuentas bancarias derivada de la diversa providencia precautoria 89/2023-3 del mismo tribunal responsable. Advirtiéndose de las constancias que acompañaron, consistentes en las cédulas de notificación respecto de dichos autos, que los actos que toralmente afecta la esfera de derechos fundamentales de los quejosos, los constituyen las providencias precautorias como actos prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil decretados por el juez responsable, con fundamento en el artículo 1168, fracción II inciso a) 1175, 1177 y otros del Código de Comercio, por los que se decretó la retención de bienes propiedad de los aquí quejosos, futuros demandados y sus consecuencias, que se traducen en la ejecución de dicha retención y la consecuente privación de los derechos de los bienes objeto de la misma, como es el caso de la imposibilidad de disponer de los recursos existentes en las cuentas bancarias. Respecto de dichos actos reclamado (el inicialmente reclamado y el que motiva la pretendida ampliación), se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a). Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b). Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c). Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Tal dispositivo estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Esta causa, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sea judicial, administrativa o del trabajo. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado, sea procedente. En ese orden, se analiza la procedencia del medio de defensa ordinario que prevé la norma aplicable al procedimiento de origen. El artículo 1183 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." Por su parte, los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del Código de Comercio, dicen lo siguiente: "Artículo. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $ $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo. (.)" Artículo 1345 bis 1.- El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." En este orden de ideas, en el presente caso se está en las hipótesis jurídicas a que se refieren los mencionados numerales 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del Código de Comercio; pues contra las providencias precautorias génesis de los actos reclamados, procede el recurso de apelación, cuenta habida que la suma reclamada rebasa los seis millones de pesos. En la inteligencia de que no es obstáculo a lo anterior que desconocieran la existencia de los procedimientos por no haber sido llamados a los actos prejudiciales previo a su decreto, pues sobre el particular el numeral 1,178 de la legislación comercial dice: "Art. 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Como se colige del precepto transcrito, ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en el propio código. Así es, la interpretación sistemática y funcional de lo enunciado revela en qué caso debe citarse a la persona contra quien se solicita una providencia precautoria de las que establece el código comercial, pues si bien en su primera parte señala que para dictar dicha providencia no se le citará, con posterioridad hace una salvedad al disponer de manera implícita que sí se le citará cuando la medida se solicite ya iniciado el juicio. Máxime que Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2017, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), determinó que al establecerse en el Código de Comercio la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto; jurisprudencia que resulta aplicable en lo conducente y cuya observancia es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo texto se cita a continuación. "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." (Énfasis añadido). En esas condiciones, respecto de los actos reclamados que se traducen en la retención de bienes propiedad de los quejosos, emitida como providencia precautoria en actos prejudiciales, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo lo expresado por los quejosos en relación a que la indicada apelación no suspende la ejecución de las providencias reclamadas y que por ello acuden de manera directa a este biinstancial, pues la actualización de la causa de inejercitabilidad que aquí se analiza, no se encuentra condicionada al hecho de que el medio de defensa ordinario no prevea medida suspensiva, como sí acontece en el caso de actos distintos de los judiciales. Tampoco es inadvertido el hecho de que acorde a lo narrado por los promoventes, interpusieron el recurso de apelación correspondiente contra dichas providencias; sin embargo, no es el caso de considerar que tal situación actualice la diversa causal de improcedencia que dispone la improcedencia cuando se esté tramitando un recurso pendiente, dada cuenta que según expresan, aún no se admiten dichos medios de impugnación. En todo caso, de ser así, ello no les exenta del deber de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales y el resultado de aquéllas apelaciones también provocaría improcedencia de los que aquí combaten. En consecuencia, para no crear falsas expectativas de derecho, al considerarse actualizada la causal invocada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo y su ampliación, ante su manifiesta y notoria improcedencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Norma Angélica Ávila Veyna, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero; asistida de la secretaria Alondra Robles Girón, que da fe.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE ESTABLECE... Visto lo de cuenta; téngase por recibido el escrito signado por los quejosos Diego Fernando, Roberto, Ernesto Maximiliano y Guadalupe, todos de apellidos Sampedro Rosas, a través del cual: Desahogan la prevención formulada por este juzgado federal en auto de veintiocho de febrero del año en curso, y al efecto narra de forma cronológica los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; y Pretenden formular ampliación de demanda, respecto del acto consistente en la orden de retención de bienes girada en su contra, dentro de la providencia precautoria 89/2023-3, del índice de la responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. En atención al contenido del escrito de cuenta y al estado de los autos, se provee: Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. Del escrito inicial de demanda se aprecia que inicialmente los quejosos reclamaron la orden de anotación marginal de retención de trece bienes inmuebles de su propiedad derivada de la providencia precautoria 88/2023-3, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; mientras que del escrito de ampliación que hoy se recibe, se advierte que también reclaman la orden de retención de las cuentas bancarias derivada de la diversa providencia precautoria 89/2023-3 del mismo tribunal responsable. Advirtiéndose de las constancias que acompañaron, consistentes en las cédulas de notificación respecto de dichos autos, que los actos que toralmente afecta la esfera de derechos fundamentales de los quejosos, los constituyen las providencias precautorias como actos prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil decretados por el juez responsable, con fundamento en el artículo 1168, fracción II inciso a) 1175, 1177 y otros del Código de Comercio, por los que se decretó la retención de bienes propiedad de los aquí quejosos, futuros demandados y sus consecuencias, que se traducen en la ejecución de dicha retención y la consecuente privación de los derechos de los bienes objeto de la misma, como es el caso de la imposibilidad de disponer de los recursos existentes en las cuentas bancarias. Respecto de dichos actos reclamado (el inicialmente reclamado y el que motiva la pretendida ampliación), se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a). Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b). Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c). Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Tal dispositivo estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Esta causa, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sea judicial, administrativa o del trabajo. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado, sea procedente. En ese orden, se analiza la procedencia del medio de defensa ordinario que prevé la norma aplicable al procedimiento de origen. El artículo 1183 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." Por su parte, los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del Código de Comercio, dicen lo siguiente: "Artículo. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $ $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo. (.)" Artículo 1345 bis 1.- El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." En este orden de ideas, en el presente caso se está en las hipótesis jurídicas a que se refieren los mencionados numerales 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del Código de Comercio; pues contra las providencias precautorias génesis de los actos reclamados, procede el recurso de apelación, cuenta habida que la suma reclamada rebasa los seis millones de pesos. En la inteligencia de que no es obstáculo a lo anterior que desconocieran la existencia de los procedimientos por no haber sido llamados a los actos prejudiciales previo a su decreto, pues sobre el particular el numeral 1,178 de la legislación comercial dice: "Art. 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Como se colige del precepto transcrito, ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en el propio código. Así es, la interpretación sistemática y funcional de lo enunciado revela en qué caso debe citarse a la persona contra quien se solicita una providencia precautoria de las que establece el código comercial, pues si bien en su primera parte señala que para dictar dicha providencia no se le citará, con posterioridad hace una salvedad al disponer de manera implícita que sí se le citará cuando la medida se solicite ya iniciado el juicio. Máxime que Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2017, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), determinó que al establecerse en el Código de Comercio la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto; jurisprudencia que resulta aplicable en lo conducente y cuya observancia es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo texto se cita a continuación. "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." (Énfasis añadido). En esas condiciones, respecto de los actos reclamados que se traducen en la retención de bienes propiedad de los quejosos, emitida como providencia precautoria en actos prejudiciales, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo lo expresado por los quejosos en relación a que la indicada apelación no suspende la ejecución de las providencias reclamadas y que por ello acuden de manera directa a este biinstancial, pues la actualización de la causa de inejercitabilidad que aquí se analiza, no se encuentra condicionada al hecho de que el medio de defensa ordinario no prevea medida suspensiva, como sí acontece en el caso de actos distintos de los judiciales. Tampoco es inadvertido el hecho de que acorde a lo narrado por los promoventes, interpusieron el recurso de apelación correspondiente contra dichas providencias; sin embargo, no es el caso de considerar que tal situación actualice la diversa causal de improcedencia que dispone la improcedencia cuando se esté tramitando un recurso pendiente, dada cuenta que según expresan, aún no se admiten dichos medios de impugnación. En todo caso, de ser así, ello no les exenta del deber de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales y el resultado de aquéllas apelaciones también provocaría improcedencia de los que aquí combaten. En consecuencia, para no crear falsas expectativas de derecho, al considerarse actualizada la causal invocada, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo y su ampliación, ante su manifiesta y notoria improcedencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Norma Angélica Ávila Veyna, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero; asistida de la secretaria Alondra Robles Girón, que da fe.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 151/2022 Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto, agréguese a los autos el oficio mediante el cual el Delegado de la responsable Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, acusa recibo de los oficios 17593/2022 y 19299/2022, por los que se ordenó notificarle la sentencia dictada en este asunto y el recurso de revisión interpuesto contra la misma. Por otro lado, del estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que el juicio de amparo en el que se actúa se encuentra debidamente integrado con las notificaciones correspondientes; por tanto, remítase de inmediato el cuaderno original al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos. En cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, dejándose al efecto copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese.

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