Diego Fernando Castañeda Claros

Expediente 1475/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1475/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Diego Fernando Castañeda Claros

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a los agraviados Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez, el proveído de siete de noviembre del año en curso, toda vez que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena notificarles por lista en los estrados de este juzgado el auto de siete de noviembre del año en curso y las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señalen domicilio para ese efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo que remiten las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con residencia en esta ciudad, por conducto de la encargada del despacho de la oficina de servicios jurídicos, mediante el cual en contestación al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, informa los actos realizados en vías de cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en autos y al efecto remiten el documento que así lo corrobora. Ahora, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se otorga el improrrogable plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que dé cumplimiento a la suspensión definitiva y lo demuestre con las constancias fehacientes, en el entendido de que la suspensión se concedió para los siguientes efectos: 1. Las autoridades responsables -en el ámbito de sus respectivas facultades- valoren el estado de salud de la parte quejosa, y si como resultado de dichas valoraciones médicas se desprende la necesidad de colocarle prótesis en rodilla derecha, como aduce en la demanda, deberán brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarias para ello, lo cual incluye la práctica de estudios médicos, brindar medicamento y atención médica especializada para el padecimiento que presenta. 2. Comuniquen a la quejosa las razones por las que procede -o no- en su caso cirugía o tratamiento que solicita. En lo conducente, resulta ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos setenta y cuatro, tomo I, libro setenta y nueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de octubre de dos mil veinte, Décima Época, registro 2022231, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión." Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos; para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que contenga la información solicitada, o bien, manifestar la imposibilidad que tenga para ello. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa en lo particular equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán enviar la información requerida al correo electrónico de este juzgado 10jdo15cto@cjf.gob.mx. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    quince de noviembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en siete de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte agraviada, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense para que obren como corresponda el oficio y anexos de cuenta remitidos por el Encargado de Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, en contestación a las misivas 45379/2023 y 45380/2023, informa sobre el acatamiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 1 Documental a la que se otorga valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2007, Novena Época, registro 173071, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." por el artículo 126, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, remite copia de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, números EM/BC/TIJ/13180/2023 y EM/BC/TIJ/13181/2023, de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitidos a favor de los quejosos Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez-respectivamente-. Al respecto, tenemos que la fracción I del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por ende, si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quienes aparecen como directamente agraviados Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez, pues de autos se advierte que no existe dato alguno de que en este momento se encuentren detenidos en las instalaciones de la autoridad responsable como inicialmente lo señaló la promovente, ni en ninguna otra, pues únicamente se advierte que tenía conocimiento que fueron detenidos por autoridades migratorias de esta ciudad, aunado a lo informado por el Titular de la Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en el sentido que los quejosos se encuentran en libertad desde el treinta de octubre de dos mil veintitrés -antes de la presentación de la demanda de amparo-, es dable colegir que en caso no hay instancia de parte agraviada, por consiguiente, debe considerarse que los actos que se contienen en el escrito de demanda no afectan los intereses jurídicos de los quejosos, puesto que no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda intentada a su favor por tercera persona. Establecido lo anterior, en atención a la falta de manifestación expresa de haber sido sometido a algún procedimiento migratorio y no haber podido ser localizado para que señalaran si ratificaban o no el escrito de demanda promovida a su favor y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de los directamente agraviados Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez, surge previo a la admisión de la demanda de amparo, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor de Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez. Cabe destacar que en el caso, no se señaló como actos reclamados la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraban Diego Fernando Castañeda Claros y Mariluz Caviedes Yañez, al parecer a disposición de las autoridades migratorias, no se actualiza, puesto que como señaló la propia autoridad, los quejosos se encontraba en libertad antes de la presentación de la demanda de amparo. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Notifíquese personalmente a la parte agraviada.

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