Diego Felipe Jiménez Cuenca
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2021
Partes del expediente
- Ana María Susana Rosas Espinoza, Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
- Diego Felipe Jiménez Cuenca
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de David Ruedas Moncivais, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
II.- Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguense el escrito de Luis Simón Herrera Bazár San Martín, en su carácter de defensor del quejoso Diego Felipe Jiménez Cuenca, mediante el cual solicita se acuerde su escrito de once de junio de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, se ordena glosar sin mayor pronunciamiento debido a que en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente, respecto al escrito que refiere. Notifíquese.
- Principal
II.- Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por Luis Simón Herrera Bazán San Martín, en mi calidad de abogado defensor del quejoso Diego Felipe Jiménez Cuenca, mediante el cual desahoga la prevención realizada el nueve de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, se tiene por desahogado la prevención de mérito. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Desechamiento por actos extemporáneos Ahora bien, establecido lo anterior, de la lectura de la demanda y el escrito de desahogo, en atención a los actos reclamados señalado como: " La Resolución del Recurso de Revocación dictado en audiencia de 9 de abril de 2021, en el cual se confirma la negativa de declarar la nulidad de la Acusación Presentada por la Agente del Ministerio Público, de fecha 4 de febrero de 2020 y nuevamente 6 de febrero de 2020, dentro de la causa penal 857/2019, en virtud de contar ésta con vicios de fondo que transgreden de forma esencial los derechos humanos del quejoso DIEGO FELIPE JIMÉNEZ CUENCA. La corrección de vicios dentro del escrito de acusación presentado por la Agente del Ministerio Público, sin petición previa, ocurrido en Continuación de Audiencia Intermedia dentro de la causa penal 857/2019." Respecto de los actos señalados, a criterio de este órgano de control constitucional, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, de cuyo contexto se obtiene, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales contra los que no se promueva juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En efecto, la parte quejosa en su escrito de desahogo de demanda manifestó, bajo protesta de decir verdad que respecto al acto marcado en el inciso a), tuvo conocimiento el nueve de abril del año en curso, y respecto al marcado en el b), el seis de febrero de dos mil veinte, ahora, si tomamos en consideración que los plazos para la presentación de la demanda de amparo se computarán, al día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley que rige el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del para el acto marcado en el inciso a) del trece de abril al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; y, respecto al marcado en el inciso b), de diez al veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin tomar en cuenta los días que surtieron efectos, esto es, doce de abril de dos mil veintiuno, respecto al primer acto y el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en cuanto al segundo, ni tampoco los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, uno y dos de mayo del año en curso; asimismo, el quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil veinte, respectivamente, al ser considerados como inhábiles por disposición expresa de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación En consecuencia, es inconcuso que transcurrió con exceso el término de quince días hábiles que establece el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Amparo, aunado a que el acto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones al plazo genérico anterior, como: a) treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) ocho años en tratándose de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; c) siete años en el supuesto de algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o, d) en cualquier tiempo cuando sean actos que impliquen privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que el quejoso impugna en el apartado a) la resolución de un recurso de revisión dictado en audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno y respecto del b) la corrección de vicios dentro del escrito de acusación presentado por la agente del ministerio público, por tanto, le es aplicable el plazo genérico de quince días. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, y con fundamento en el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respeto a esos actos. Desechamiento por tratarse de actos intraprocesales y no ser actos de imposible reparación Ahora, respecto de los actos reclamados consistentes en Este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución material de imposible reparación. De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, entendiéndose de imposible reparación aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Entonces, por regla general para colmar la hipótesis de improcedencia planteada, en primer lugar el acto que se reclama debe derivar de un juicio, lo que se actualiza en el presente asunto, toda vez que el acto reclamado trata esencialmente de la admisión de las pruebas testimoniales, periciales y los informes pormenorizados, respecto de las víctimas de iniciales G.M.S.A. y V.A.D.N. En segundo lugar, los actos reclamados no generar una afectación irreparable, es decir, no debe transgredir derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual en el caso acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o.P.83 P (10a.) con número de registro 2021798, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 947, de título y contenido siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como, la tesis XXVII.3o.84 P (10a.), registrada con número 2019043, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2196, de contenido siguiente: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados." En efecto se concluye que el acto reclamado no tiene la calidad de irreparable; porque una afectación contenida dentro de un procedimiento jurisdiccional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión o actuación autónoma al procedimiento, porque se presenta dentro de este y podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable en el expediente de origen, o en su defecto, podrá combatirse como violación procesal en el supuesto de obtener un fallo adverso al combatirse la resolución que de por concluido dicho procedimiento judicial, en términos de lo previsto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Asimismo, en cuanto al diverso acto reclamado consiste en: f) El auto de apertura de juicio oral dictado dentro de la causa penal 857/2020. Respecto a dicho acto, también se actualiza la citada causal de improcedencia, esto es, que dicho acto no es de imposible reparación. A mayor abundamiento, cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, dado que con la decisión de la autoridad responsable al dictar el auto de apertura a juicio oral en la causa penal 857/2020, no se impide al solicitante del amparo, en forma actual, el ejercicio de algún derecho sustantivo, ya que no es un acto de imposible reparación, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En efecto, con tal pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa; lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto en su contra, ya que no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. Sustenta a lo anterior, la tesis aislada XI.P.12 P (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo IV página 2632 de rubro y texto siguientes: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Así, la determinación reclamada, por su alcance y contenido natural, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en la causa de origen. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, se desecha la demanda de amparo respecto a dichos actos dado que no tienen una ejecución material de imposible reparación. Desechamiento por el acto reclamado consistente en la radicación del juicio oral Ahora, respecto del acto consistente en: g) La radicación del Juicio Oral 129/2021, reclamado al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, en relación con el 113 todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda respecto a ese acto por notoriamente improcedente. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 170 y 173, fracción I, de la Ley de Amparo, con relación con el 107, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el acto no es susceptible de ser reclamado a través del amparo indirecto, al ser un acto derivado de la etapa de juicio oral. En relación con el nuevo sistema de justicia penal, el cual es acusatorio y oral, el juicio de amparo indirecto es procedente dentro de las etapas de investigación -inicial y complementaria- e intermedia, como ejemplo del primer supuesto, al reclamarse la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, en relación con la segunda fase, se cita como muestra aquella que determina la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, pues estas constituyen generalmente actos de imposible reparación, que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que una vez abierta la etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral y culmina con el dictado de la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, debe entenderse que esta última resolución, así como todo lo actuado dentro de aquella audiencia, será materia de análisis a través del juicio de amparo directo, dentro del cual ya no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) al realizar una interpretación conforme del artículo 173 apartado B de la Ley de Amparo, con el diverso 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estimó que la citada disposición (artículo 173 apartado B) permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que orientan las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Página: 175, con número de registro digital 2018868, de rubro y texto, siguientes: VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A de artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Consecuentemente, es evidente que señala la radicación del juicio oral 129/2021 del índice del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca, Estado de México, es susceptible de estudiarse, en su oportunidad, a través del juicio de amparo directo, ya dicha cuestión queda comprendida dentro del artículo 173 apartado B de la Ley de Amparo, al vulnerarse el principio de inmediación, de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada párrafos arriba. En efecto dicho artículo 173 apartado B de la Ley de Amparo, establece un listado enunciativo más no limitativo de las causas por las cuales el legislador ponderó que se actualizaban violaciones al procedimiento que afectaban las defensas del quejoso y que por ende trascendían al resultado del fallo, por lo que una vez agotado el principio de definitividad, sería procedente estudiarlas a través del amparo directo, en otras palabras, la razón que subyace a dicho artículo no es más que proteger los principios que rigen el sistema penal acusatorio adversarial, consistentes en: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de ahí que al versar el acto reclamado sobre un tema de pruebas en la audiencia de juicio oral, no se considere susceptible de analizarse a través del amparo indirecto. En consecuencia, el acto reclamado consistente en la radicación del juicio oral 129/2021, no pueda ser combatida a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 170 y 173, fracción I, de la Ley de Amparo, con relación con el 107, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
II.- Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******************, Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 480/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Legitimación del promovente del amparo Ahora, en cuanto a la legitimación del promovente, si bien es cierto que en este asunto Luis Simón Herrera Bazán San Martín se ostenta como defensor del quejoso Diego Felipe Jiménez Cuenca, dentro de la causa de control 857/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dicha manifestación es suficiente, por el momento, para reconocerle tal carácter; sin embargo, se le apercibe a dicho profesionista que si durante el transcurso del presente juicio aparece que no cuenta con tal calidad, este órgano jurisdiccional le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización; de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo. Prevención Ahora, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se atiende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que proceda en cuanto al libelo de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, satisfaga los requisitos que establecen los referidos numerales de la legislación de la materia, es decir: Primero. Señale el acto o actos que le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, ello en virtud de que en el apartado correspondiente el promovente hace la precisión de los actos que le reclama a la autoridad señalada como ordenadora y a la ejecutora respectivamente; sin embargo, no manifiesta el carácter con el que señala a cada una de las responsables precisadas. Lo anterior, es necesario acatar lo señalado en el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que refiere que la demanda de amparo debe expresar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se le reclame. Dichos requerimientos obedecen a que la precisión de los actos reclamados y autoridades responsables, que son un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende, debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis XX.57 K, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 202853 que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Segundo. Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento de cada uno de los actos reclamados, pues de su narrativa de hechos, en el punto noveno, refiere que el "4 de junio de 2021, el suscrito defensor fui notificado para la celebración de la audiencia de juicio oral de fecha 10 de junio de 2021, devenida de la causa penal de juicio oral 129/2021, como consecuencia directa del auto de apertura de Juicio Oral que por esta vía se combate", sin embargo no precisa en que fecha tuvo conocimiento del resto de los actos que por esta vía reclama. Ello en atención, a que dicha irregularidad es un dato indispensable para que el juez de distrito verifique la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que, no sólo basta la narración de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso, y de no hacerlo, se incurría en una violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento. Dicha prevención deberá ser desahogada por la propia impetrante del amparo, y "bajo protesta de decir verdad", ya que constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar ésta, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, se advierte al ocursante que en caso de conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, será puesta a disposición del agente del Ministerio Público, en uso de la facultad conferida en el artículo 237, fracción III de la Ley de Amparo, para la persecución del delito contenido en el artículo 261, fracción I de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Apercibimiento Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Personas autorizadas Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta del expediente vía Internet y domicilio procesal En ese orden de ideas, toda vez que la parte quejosa, indica que tiene registrada la firma electrónica y manifiesta que su usuario son "simonhb", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a lo anterior, y una vez corroborados los usuarios en comento, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Juzgador, autoriza los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico, e instruye a los Actuarios adscritos a que realicen las notificaciones que surjan del presente expediente, aun las de carácter personal, vía electrónica. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación encomendada. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. En ese tenor, no se soslaya la determinación de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, notificada mediante oficio SECNO/STCCNO/274/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el regreso para este órgano judicial, al esquema de trabajo contenido en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 del personal de este órgano jurisdiccional, del período del treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, es dable precisar que el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su artículo 2, fracción II; y 10, establecen: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que: (.) III. Las y los titulares resuelvan los asuntos tramitados físicamente y que se encuentren listos para sentencia, para lo cual podrán integrar y publicar las listas respectivas." "Artículo 10. Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales, pero se reanuda la actividad jurisdiccional exclusivamente para la resolución de aquellos casos que se hayan tramitado físicamente y que estén en estado de emitir sentencia o resolución final, lo que excluye aquéllos expedientes en los que queden pendientes de desahogar diligencias judiciales distintas." (Énfasis añadido). Lo que permite concluir que de integrarse el presente sumario, aun cuando no se encontrara dentro del catálogo de asuntos denominados "urgentes", esta expedita la faculta del juzgador para resolver en definitiva el presente asunto, incluso dentro del periodo de suspensión de plazos y términos citado. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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