Diego Eugenio Merino Méndez

Expediente 686/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Diego Eugenio Merino Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de febrero de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia con fecha de engrose de quince de enero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Delegada en el Estado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, con sede en esta ciudad, a través del cual realiza diversa manifestaciones, sin que haya lugar a mayor proveer; lo anterior, toda vez que el quince de enero de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-686/2018, promovido por DIEGO EUGENIO MERINO MENDEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, recibido por este Juzgado al día siguiente hábil, DIEGO EUGENIO MERINO MENDEZ, solicitó, por su propio derecho el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos reclamados a la Delegada en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DEMANDA Y AMPLIACIÓN.- Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo a este órgano jurisdiccional, quien previa su aclaración, en proveído de trece de septiembre del dos mil dieciocho, admitió la demanda de amparo, se registró el juicio con el número II-686/2018; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama el acto siguiente: a) El oficio PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, emitido el catorce de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, a través del cual se comunicó al ahora quejoso, que diversas conductas en las que incurrió generaron la pérdida de la confianza en su persona, por lo que se determinó cesar los efectos de su nombramiento como Inspector Federal, con clave presupuestal 16-E00-1-E1C007p-0004357-E-C-D. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO. Las autoridades responsables, Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación del Director de Recursos Humanos; y, de la Directora General de Coordinación de Delegaciones de ese órgano desconcentrado, todos con sede en Ciudad de México, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Sin que el hoy peticionario del amparo haya otorgado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas y demostrar la existencia de dichos actos; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades precisados en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2017549 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.40 K (10a.) Página: 2860 INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO. NO ES UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, SINO QUE CONSTITUYE UNA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, la inexistencia de los actos reclamados es una causal de sobreseimiento, pero no de improcedencia del juicio de amparo; por ende, no puede ser un motivo manifiesto e indudable que dé lugar al desechamiento de la demanda con sustento en el diverso precepto 113 de ese ordenamiento, pues el pronunciamiento relativo necesariamente debe efectuarse hasta la sentencia, al no haberse demostrado su existencia en la audiencia constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 20/2018. Máxima Vallas y Unipolares, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Liliana Delgado González. Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. En cambio del contenido del informe justificado rendido por la Delegada en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se advierte la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que exhibió la propia Delegada señalada como responsable, de las cuales se advierte que a través del oficio número PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, emitido el catorce de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, le comunicó al ahora quejoso, que en ese acto cesaban los efectos de su nombramiento como Inspector Federal, con clave presupuestal 16-E00-1-E1C007P-0004357-E-C-D, por la pérdida de la confianza que generó diversas conductas en las que incurrió. Documental a la que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." Por otra parte, el Director General de Administración negó la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, con las documentales ya relacionadas y valoradas, así como de la lectura integran del informe justificado rendido por la Delegada en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en esta ciudad, se desvirtúa dicha negativa, ya que esta última autoridad por medio de su Dirección General de Administración, ha procesado y emitido la constancia de baja del aquí quejoso, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho . QUINTO.- Actualización de causal de improcedencia. Al respecto, se estima que en el presente juicio de garantías se actualiza una de las causales de improcedencia que hace valer la Delegada responsable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para poder analizar la propuesta de improcedencia de mérito, es preciso en principio conocer el contenido del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" [.]". Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo prevén: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia en cita, cuando el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.". En el último de los preceptos en cita se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo. Definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la jurisprudencia "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519.". Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional, en razón de que el acto que la parte quejosa reclama no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado como ya se vio, consiste en esencia, en el oficio número PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, de catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se determinó cesar los efectos del nombramiento del quejoso como inspector federal en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, con motivo de la perdida de la confianza que se generó por diversas conductas en las que incurrió. Sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente es una determinación tomada por Talia Coria Mendoza, en cuanto Delegada Federal en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, en calidad de su patrón -o bien de la dependencia encargada de pagarle al aquí quejoso en cuanto trabajador de dicha institución gubernamental-, lo que deriva de una relación meramente laboral. Sin que pase inadvertido que en el oficio reclamado se indicó que el aquí quejoso incurrió en diversas conductas y omisiones que son contrarias a la calidad, diligencia y eficacia del servicio público, así como a los principios de legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, integridad y responsabilidad de los funcionarios públicos. No obstante, es de suma relevancia que el cese del nombramiento del aquí quejoso, no derivó de la aplicación directa de una sanción administrativa impuesta con motivo de tales conductas y omisiones, sino que en realidad tuvo como origen la pérdida de la confianza generada en la parte patronal, pues así se indicó expresamente en el oficio que se combate, lo que pone en evidencia que el acto reclamado no tiene el carácter de administrativo sino laboral, mediante el cual la Procuraduría que era patrón del aquí quejoso decidió terminar la relación laboral que los unía por la citada pérdida de la confianza. Además, también se pone en evidencia que aun cuando se hubiere tramitado un procedimiento administrativo contra el ahora quejoso, en el que pudo imponérsele diversas sanciones, lo relevante es que el cese del nombramiento contenido en el oficio reclamado, no se generó con motivo de una sanción de dicha índole, sino que derivó de un acto laboral de la patronal al perderse la confianza en uno de sus trabajadores. Consecuentemente, debe considerarse que con independencia de que sea correcto o no el cese de los efectos del nombramiento del ahora peticionario del amparo, lo cierto es que dicho acto versa sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores. Asimismo, del acto reclamado se advierte que fue emitido por la autoridad señalada como responsable, respecto a la relación laboral que tiene con el ahora quejoso; empero, el cese no va dirigido al inconforme en calidad de gobernado, sino en función del vínculo laboral que aquélla tiene con éste; es decir, dentro del marco de una relación patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación característico de las relaciones laborales pues Talia Coria Mendoza, en cuanto delegada Federal en el Estado de Michoacán de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, no actúa en un esquema de supra a subordinación mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación laboral con la particular ahora quejosa. Brinda apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 199460 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: P. XXVIII/97 Página: 119 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete." Además debe destacarse que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en los artículos 79 y 80, establecen: "Artículo 79.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a esta Ley. En estos casos, tendrá aplicación la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo." "Artículo 80.- En el caso de controversias de carácter administrativo derivadas de la aplicación de esta Ley competerá conocerlas y resolverlas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De los transcritos numerales se advierte, que será competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer conflictos laborales que se susciten entre las instituciones y los servidores públicos y será aplicada al caso supletoriamente la Ley Federal del Trabajo; así como, que en controversias administrativas será competente para conocer y resolver el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tanto, si al promovente se le cesó laboralmente del cargo que venía desempeñando, no como consecuencia de la aplicación directa de una sanción administrativa, sino por la pérdida de la confianza del patrón derivada de diversas conductas contrarias a la subordinación jerárquica, entonces le era aplicable el artículo 79 de la aludida ley, en torno a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será el competente para conocer de los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a dicha ley. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Laboral, Administrativa Tesis: III.3o.T.22 L (10a.) Página: 2229 SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. CAUSAS BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO, DIFERENCIAS EN EL SUBSISTEMA DE SEPARACIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES PARA DIRIMIR EL CONFLICTO. Los trabajadores de confianza a quienes se aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pueden ser separados de su empleo bajo las diferentes hipótesis del artículo 60 de dicha ley, dentro de las cuales pueden distinguirse las de orden burocrático y administrativo. Así, el subsistema de separación está integrado por los procesos que permiten determinar el procedimiento a seguir para que el nombramiento de un servidor público de carrera deje de surtir efectos y, dentro de las causas de cese burocrático, sin responsabilidad para la dependencia, se encuentran las previstas en las fracciones I a IV del referido precepto, que son: I) renuncia formulada por el servidor público; II) defunción; III) sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad; y, IV) por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que dicha ley asigna, o las demás aplicables, cuya valoración deberá ser realizada por la secretaría, de conformidad con el reglamento, respetando la garantía de audiencia del servidor público. En este caso, puede seguirse el procedimiento establecido en los artículos 73, 74, 76, primer párrafo, 77 y 79 de su reglamento, para que la Dirección General de Recursos Humanos o las unidades administrativas encargadas del nombramiento y separación, cualquiera que sea su nivel o denominación, puedan dejarlo sin efectos; y, de existir algún conflicto de carácter laboral, incluyendo la omisión de otorgar dicha audiencia patronal y que solamente se le informó al servidor que dejaba de prestar sus servicios por pérdida de confianza, es aplicable el artículo 79 de la aludida ley, en torno a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a dicha ley. Máxime que el artículo 8 del reglamento refiere que cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine la separación del servidor público de carrera, realizará de inmediato los trámites necesarios para solicitar de dicho tribunal burocrático la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento correspondiente. En cambio, respecto a las causas propiamente administrativas (artículo 60, fracción V), por hacerse el servidor público acreedor a las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen la separación del servicio o reincidencia, es donde aplica el procedimiento administrativo disciplinario del artículo 76, segundo párrafo, del reglamento. Hipótesis en donde está inmersa una potestad pública irrenunciable, unilateral, imperativa y coercitiva (acto de autoridad), sin perder de vista que el artículo 80 de dicha ley establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de esas controversias administrativas. De manera que no deben confundirse los actos positivos, negativos u omisivos que se atribuyan a la dependencia, distinguiendo en qué supuesto esté el afectado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 117/2013. 5 de diciembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretarios: Salvador Ortiz Conde y Karlos Alberto Soto García. Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Por tal motivo, al estar frente a una relación de coordinación, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, del mismo ordenamiento, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio en términos del artículo 63, fracción V de la ley de la materia. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por DIEGO EUGENIO MERINO MÉNDEZ, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el tercero y quinto de los mismos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy quince de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión ********************, promovido por********************se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables "Titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales" ambos con sede en la Ciudad de México, término que transcurrió del doce al catorce de noviembre del año en curso, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistentes a las autoridades de mérito; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: a). La Delegada Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. b). El Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación del Director de Recursos Humanos; del Director General de Administración; y de la Directora General de Coordinación de Delegaciones de ese Órgano Desconcentrado, todos con sede en la Ciudad de México. Dichos informes se recibieron en este juzgado en días y horas hábiles, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable Delegada Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ofrecieron como medios de convicción diversas pruebas documentales que obran en autos, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. . Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión ********************; y, R E S U L T A N D O: 1. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por razón de turno,********************por propio derecho, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a la Delegada Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Michoacán y otras autoridades. 2. Mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, los siguientes: a). De la DELEGADA FEDERAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, en cuanto autoridad ordenadora y ejecutora la elaboración del OFICIO No. PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018 y la notificación del mismo. b). Del TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUTRALES en su calidad de autoridad ejecutora, la diligencia de emplazamiento que debe obrar en autos del expediente No. PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, y; c). De todas las autoridades señaladas como responsables se reclama la violación a la garantía de audiencia por ausencia de debido emplazamiento y/o notificación para comparecer dentro del Expediente No. PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, del que deriva el oficio No. PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, por medio del cual se le comunicó el cese de efectos de su nombramiento como Inspector Federal en el Estado de Michoacán. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por el Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación del Director de Recursos Humanos; del Director General de Administración; y de la Directora General de Coordinación de Delegaciones de ese Órgano Desconcentrado, todos con sede en la Ciudad de México, se advierte que negaron la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Por otra parte, el promovente del amparo, no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo cual procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante las negativas de la autoridad responsable de la existencia de los actos reclamados, sin que el peticionario del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI. 2º. J/19, visible en el tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por su parte la Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, si bien negó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama, también lo es que la misma manifiesta que si dictó el oficio número PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, de catorce de agosto de dos mil dieciocho, por lo que se presume cierto el acto reclamado que se le atribuye, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En el entendido de que, a fin de lograr una adecuada aplicación del elemento relativo a la apariencia del buen derecho, el juzgador de amparo, dentro del marco de ciertas reglas, está obligado a llevar a cabo un examen integral de los factores relevantes en juego en cada caso, mediante un cuidadoso juicio de ponderación. Al respecto resulta aplicable, por analogía, el criterio que se contiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 81/2002, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.". Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Señalado lo anterior, respecto a la existencia o no, de una afectación al interés social, precisa destacar que no es factible establecer un criterio genérico en el que se determine si los daños que se pudieran ocasionar con la negativa de la medida cautelar son mayores o no, a los que se pudieran originar en perjuicio de la sociedad, pues ello dependerá del caso concreto. Cabe recordar que por disposiciones de orden público debe entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. En tanto que, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. De lo que se traduce, que se produce perjuicio al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 44 del Informe 1973, Parte II, Séptima Época, del rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". El quejoso como ya se dijo, solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la violación a la garantía de audiencia por ausencia de debido emplazamiento y/o notificación para comparecer dentro del Expediente No. PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, del que deriva el oficio No. PFPA/22.6/4C.28.6/0001-18, del que deriva el oficio No. PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, por medio del cual se le comunicó el cese de efectos de su nombramiento como Inspector Federal en el Estado de Michoacán. De lo que se sigue que, la suspensión definitiva que se solicita resulta improcedente, toda vez que ello implicaría afectación al orden público y al interés social, y por ende no se cumpliría con uno de los elementos para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho, por cuanto no se satisface el requisito que exige la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, pues con los antecedentes, los elementos y pruebas que se aportan con la demanda, no procede conceder la medida suspensiva solicitada, pues de la copia que se exhibe a la demanda del oficio PFPA/22.6/4C.28.6/00229/2018, de catorce de agosto de dos mil dieciocho, signado por la Delegada Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, se advierte entre otras cosas lo siguiente: ". conductas u omisiones son contrarias a la calidad, diligencia y eficacia del servicio público, así como quebrantan los principios de legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, integridad y responsabilidad que rigen su calidad de Funcionario Público de la Administración Pública Federal y de ésta Dependencia a la vez que resultan contrarios a los objetivos de esta Delegación, conductas u omisiones que además constituyen desatención en las instrucciones recibidas por la suscrita y las obligaciones que como Servidor Público dando como consecuencia la pérdida de confianza, por lo que al día de la fecha del presente en este acto cesan los efectos de su Nombramiento como Inspector Federal, clave presupuestal 16-E00-1-E1C007P-0004357-E-C-D, nivel P12, adscrito a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en el Estado de Michoacán.". Ahora bien, tales actos, revisten el carácter de consumados y la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 557, publicada en la página 371, Tomo VI, en Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de los años de 1917-1995, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Lo anterior es así, si se toma en consideración que el amparista pretende obtener la medida suspensiva para efecto de que se suspendan los efectos derivados del ilegal cese de nombramiento, lo cual jurídicamente no resulta viable a través de la medida suspensiva, puesto que esta tiene por objeto suspender los actos en sus efectos manteniendo viva la materia sobre lo cual habrá de pronunciarse el fallo constitucional, y de proceder conforme lo que pretende el quejoso, implicaría dejar sin materia el juicio en lo principal. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el artículo 131 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, establece que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, y como se desprende de sus manifestaciones en la demanda, así como de las constancias que acompaña, fue separado del cargo que desempañaba; de ahí que al momento de la presentación de la demanda de amparo, el quejoso no contaba ya con el derecho que pretende obtener con la suspensión solicitada del acto reclamado. En esos términos, la medida suspensiva resulta improcedente, porque de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, ya que, conforme al artículo 113 constitucional, los servidores públicos están obligados a salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, y la sociedad estaría interesada en el cumplimiento de los actos de la naturaleza que revisten los que ahora se reclaman, ya que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función, con independencia del perjuicio que resienta el interesado, al ser mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J.34/2004, consultable en la página 444, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra reza: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a********************la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables y en los términos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.

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