Diego Emmanuel Martínez Lira
Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2021
Partes del expediente
- Diego Emmanuel Martínez Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de mayo de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra del auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, quince de abril de dos mil veintiuno. I. Cumple requerimiento fuera de plazo -no presentada-. Vista la cuenta, agréguese a los autos el acta de comparecencia de la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa cumplió el requerimiento formulado el veintinueve de marzo del año en curso, fuera del plazo concedido para tal efecto (nueve al trece de abril del año en curso); se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que se tiene por no presentado su escrito aclaratorio agregado en autos el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y por consecuente no se ve interrumpido el plazo otorgado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que no se vio interrumpido el plazo otorgado en auto señalado en último término, el cual corrió del veintiséis de marzo al seis de abril del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. II. A mayor abundamiento -desechamiento-. No obstante, aun cuando la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento que le fue formulado dentro del plazo establecido ello, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o jurídica) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o jurídica a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee sin firma de la parte quejosa, pues como se advierte del acta de comparecencia que en esta fecha se agrega en autos, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la forma en que identifica su voluntad, es la que obra en su escrito aclaratorio y que en el escrito de demanda, por premura omitió estampar su firma, la cual es como la que aparece en su identificación oficial. De ahí que, no existió voluntad del promovente de instar la vía constitucional, pues la firma es la forma a través de la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma autógrafa o electrónica (FIREL), ya que únicamente se trata de una copia simple; se constata que el quejoso no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues al tratarse de una copia simple no queda de manifiesto su voluntad de promover, es decir, no hay instancia de parte. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De ahí que, aun cuando el quejoso hubiere cumplido en tiempo con la prevención formulada en auto de veintinueve de marzo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo; procedería DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. III. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EN EL PRESENTE JUICIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Querétaro, Querétaro, quince de abril de dos mil veintiuno. I. Cumple requerimiento fuera de plazo -no presentada-. Vista la cuenta, agréguese a los autos el acta de comparecencia de la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa cumplió el requerimiento formulado el veintinueve de marzo del año en curso, fuera del plazo concedido para tal efecto (nueve al trece de abril del año en curso); se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que se tiene por no presentado su escrito aclaratorio agregado en autos el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y por consecuente no se ve interrumpido el plazo otorgado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que no se vio interrumpido el plazo otorgado en auto señalado en último término, el cual corrió del veintiséis de marzo al seis de abril del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. II. A mayor abundamiento -desechamiento-. No obstante, aun cuando la parte quejosa hubiera desahogado el requerimiento que le fue formulado dentro del plazo establecido ello, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o jurídica) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o jurídica a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio de amparo, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee sin firma de la parte quejosa, pues como se advierte del acta de comparecencia que en esta fecha se agrega en autos, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la forma en que identifica su voluntad, es la que obra en su escrito aclaratorio y que en el escrito de demanda, por premura omitió estampar su firma, la cual es como la que aparece en su identificación oficial. De ahí que, no existió voluntad del promovente de instar la vía constitucional, pues la firma es la forma a través de la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda no obra la firma autógrafa o electrónica (FIREL), ya que únicamente se trata de una copia simple; se constata que el quejoso no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues al tratarse de una copia simple no queda de manifiesto su voluntad de promover, es decir, no hay instancia de parte. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De ahí que, aun cuando el quejoso hubiere cumplido en tiempo con la prevención formulada en auto de veintinueve de marzo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo; procedería DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. III. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EN EL PRESENTE JUICIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. I. Recepción de escrito aclaratorio. Agregues a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ..., mediante el cual prende dar cumplimiento al auto preventivo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. II. Requerimiento en torno a la firma del quejoso. Previo a proveer lo que en derecho corresponda, debe precisarse que del estado de autos se advierte que las firmas que calzan la demanda que dio inicio al presente juicio y el escrito aclaratorio que se provee, contiene diferencias notorias, como se advierte de la siguiente impresión digital: Escrito de demanda Escrito aclaratorio En consecuencia, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente hábil al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, debidamente identificado y ante la presencia judicial ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta, asimismo, en esa diligencia, deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, si la forma en que identifica su voluntad, es la que obra en el escrito inicial de demanda o en su escrito aclaratorio. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal deberá generar su código QR (acceso), a efecto de que se le permita el acceso a este recinto judicial, en el horario que conforme al referido acuerdo corresponde a este Juzgado. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no comparecer en la forma y términos precisados, se tendrá por no presentado su escrito aclaratorio y por consecuente no se verá interrumpido el plazo otorgado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 258, visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, titulada "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevéngase a la citada promovente del amparo, para que en lo sucesivo se abstenga de estampar firmas distintas, ya que al reconocer una firma que no haya estampado, podría incurrir en una conducta ilícita. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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