Diego Emiliano Maldonado Garcia
Expediente 1268/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Emiliano Maldonado Garcia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso b) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada, que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Diego Emiliano Maldonado García, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, se provee como sigue. 1).- Procedencia del acuerdo inicial respecto a la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional de amparo, advierte que la presente demanda fue recibida el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, conforme a la vigencia del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. No obstante, constituye un hecho notorio en términos el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de esta última, que el veinte de diciembre del año en curso, se emitió la Circular CAP/3/2020, en la que se dio a conocer que en sesión extraordinaria de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en virtud de que la aplicación de la última circular y el acuerdo mencionado implicaría su aplicación retroactiva en perjuicio del promovente debido a que cuando se recibió la demanda no requería que estuviera dentro de un supuesto de urgencia de los previstos en la normatividad del Consejo de la Judicatura Federal, vigente para calificar su admisibilidad, es que se provee inicialmente respecto de la misma, a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia del quejoso, y atendiendo a los principios pro persona y pro actione, ello sin perjuicio de que el mencionado acuerdo sea aplicable para el trámite del presente juicio de amparo, toda vez que el mismo es sustanciado conforme a la vigencia de tal acuerdo. 2).- Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (S.I.S.E.), bajo el número que le corresponda. 3).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Por otra parte, se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 4).- Desechamiento. Analizado el escrito de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por actualizarse un motivo de improcedencia indudable y manifiesto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 5° fracción I, y 6° del ordenamiento invocado, pues para la admisión y tramitación del juicio es indispensable que en la demanda se exprese la voluntad de quien solicita el amparo a través de la signatura relativa. Conforme lo anterior, se tiene que dicha causa de improcedencia versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio sin expresar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de amparo, ya sea en nombre propio o en representación de otra. Por lo que de no realizarse no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o de cualquier persona, en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En la especie la demanda de amparo no contiene firma autógrafa de Diego Emiliano Maldonado García, por lo que carece de una formalidad indispensable para darle trámite ya que su falta de firma equivale a la falta de voluntad para promover la demanda de amparo, lo cual se encuentra corroborado, ya que la misma fue depositada ante el buzón judicial, y de la papeleta y sello asentado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se advierte que fue recibida sin firma. En tales términos, la falta de firma de la demanda no es una irregularidad en dicho escrito, que amerite la prevención al promovente prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo,' en razón de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe. Tiene aplicación, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cucando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, Quinta Parte, localizable a foja 71, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Por tanto, al quedar evidenciada la causa de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual se desecha la demanda presentada. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la demanda fue presentada sin firma, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y de sus documentos anexos, se advierte que no obra la firma del promovente, por lo que no existe manifestación expresa de su voluntad de promover el presente juicio de amparo. 5).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado para los mismos efectos a la persona que designa. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ramón Jurado Guerrero, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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