Diego Eduardo Aguirre Martínez
Expediente 621/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diego Eduardo Aguirre Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que la determinación de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 621/2023-V HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del Acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante.
- Principal
VISTA la demanda de amparo promovida por ********************, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número********************1/2023-V. es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consiste en: La orden de traslado, ejecutada en contra del quejoso, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", al diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México. Se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precepto del cual se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados.... En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de traslado que se pretende ejecutar en su contra a efecto de cambiarlo del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México a diverso Centro Preventivo; circunstancia que le fue informada de manera verbal. En ese sentido, por lo que respecta a las autoridades admirativas que señala como responsables a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia señalada, es necesario verificar que se cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en la porción normativa transcrita.....En el caso, la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas, y bajo protesta de decir verdad, aseveraron que esa determinación se le comunicó de forma verbal. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden, se desprende que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado de reclusorio, que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Consecuentemente, se debe verificar ahora si la parte quejosa estaba obligada a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a la instancia constitucional; que es el presupuesto que se fijó en el punto 2). Es decir, se debe determinar si dicho medio ordinario de defensa, es susceptible o no de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; porque lo que se busca evitar, es la restricción adicional al derecho fundamental de la libertad de la persona privada de ella. .. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la una orden de traslado de reclusorio. Bajo esa óptica, al actualizarse las causales de improcedencia antes analizadas, debido a que no fue observado el principio de definitividad, con fundamento en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61, en correlación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda promovida por ********************, por su propio derecho, por las razones antes expuestas. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle ********************, manzana********************, lote ********************, ********************, municipio de ********************, Estado de México, código postal ********************. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos,al profesionista ********************, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional que lo acredite para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, y en los mismos términos por lo que hace a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente el promovente.
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