Diego Díaz Ramírez
Expediente 1704/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1704/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/04/2021
Partes del expediente
- Diego Díaz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se acuerda: Visto el oficio presentado por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, informa y acredita que solicitó al Gobernador Constitucional y la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, una ampliación a la partida presupuestal para el ejercicio de dos mil veintiuno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para que, en el término de tres días legalmente computado a partir de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, le dé respuesta al auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, remita copia certificada de esta última (en forma completa y legible, debidamente foliado, rubricado, entresellado y signado por funcionario público facultado para el cotejo de dicha constancia), o en su defecto, la(s) remita(n) vía electrónica al correo institucional 9jdo3ctoat@correo.cjf.gob.mx, con la protesta de que, según el caso, constituye(n) copia(s) íntegra(s) e inalterada(s) del documento original, copias certificada o simple de donde la obtuvo, para que se les reconozca pleno valor probatorio. Además, en los términos señalados en el párrafo anterior, remita copia del acuse de recibo de la notificación practicada al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, respecto del auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, plazo que se computara a partir de que aquél reanude sus labores. Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se acuerda: Visto el oficio presentado por los delegados de las autoridades responsables Comisario General de Seguridad Pública y Director Jurídico adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública, ambos del municipio de Zapopan, Jalisco, mediante el cual informan las gestiones que realizan a fin de cumplir con el fallo protector, y al efecto, solicitan una prórroga. En consecuencia, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento que se les otorga un término de diez días legalmente computados, a efecto de que cumplan con el fallo protector. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el presente asunto se encuentran vinculados derechos de una menor de edad; por consiguiente, ante la eventual necesidad de citar su nombre, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacerse referencia a ellas, conforme con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de los Niños, artículo 40, punto 2 fracción VIII1, de la Convención Americana de los Derechos de los Niños, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en sus cánones 13, fracción XVII2, 763, 774 y 795, por ello, este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en este juicio. Designación de representante especial del menor. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; así como el numeral 8 de la Ley de Amparo; se estima procedente nombrar un representante especial para que intervenga en este juicio a nombre de la menor con iniciales L.S.G.M., a fin de proteger sus intereses. Se difiere audiencia constitucional. En consecuencia, gírese oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione el nombre de alguno de los asesores jurídicos que se encuentran adscritos a dicha institución y pueda fungir como representante especial de la aludida menor. En la inteligencia de que una vez que se tenga el nombre de dicho profesionista, deberá hacérsele saber el cargo conferido y protestársele su fiel y legal desempeño. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la tesis V.2o.C.T.16 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "MENOR DE EDAD. CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO EL HECHO DE QUE EL ASCENDIENTE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PROMUEVA EL JUICIO DE GARANTÍAS A NOMBRE DE AQUÉL, SI DEL PROPIO ESCRITO SE ADVIERTE QUE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVARON LOS ACTOS RECLAMADOS, IMPLICA UN EVIDENTE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE AMBOS, POR LO QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE DESIGNARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA QUE INTERVENGA EN SU NOMBRE. De acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el juzgador de garantías debe examinar la demanda y en caso de que el quejoso haya incurrido en irregularidades en el escrito mencionado o hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la propia ley, debe requerir al promovente para que los subsane, o bien, en situaciones específicas dictar las medidas necesarias para corregir la irregularidad advertida. En función de esas razones y al ser la personalidad de las partes un presupuesto procesal sin el cual no se integra debidamente la relación jurídica inherente al proceso y cuyo examen es oficioso, el Juez de Distrito debe decidir lo relativo a la personalidad de la parte quejosa al recibir la demanda, y si advierte que no está plenamente demostrada, dicho juzgador está constreñido a prevenir al promovente para ese efecto. Ahora bien, constituye una irregularidad en el escrito de la demanda de amparo, el hecho de que el padre, la madre o algún otro ascendiente, en ejercicio de la patria potestad sobre un menor, promueva el juicio de garantías a nombre de éste, si del propio escrito se advierte que la materia del procedimiento del que derivan los actos reclamados (pérdida de la patria potestad) implica un evidente conflicto de intereses entre representante (ascendiente) y representado (menor quejoso); es así, pues en función de ese conflicto de intereses, la admisión de la demanda y la tramitación del procedimiento crearían una??????????????? situación potencialmente perjudicial para los intereses jurídicos del menor, ante la posibilidad de que el juicio de garantías se haya promovido con el fin de favorecer los intereses del representante; aunado a que no es lógico ni jurídico que en la controversia de garantías se admita y se reconozca la personería aducida por el ascendiente, a pesar de que las posiciones jurídicas en que se encuentran representante y representado en el expediente del que derivan los actos reclamados son incompatibles o antagónicas, más todavía si el acto reclamado versa sobre la medida provisional relativa al depósito del menor en una institución del gobierno, en virtud de actos u omisiones cometidos en su perjuicio, precisamente por el representante quien, además, promueve por su propio derecho. Como esta situación anómala atañe a la correcta representación del indicado menor, hace procedente la aplicación del artículo 6o. de la Ley de Amparo, es decir, que al admitir la demanda y dictar las medidas que considere urgentes, el juzgador de garantías debía designar o procurar un representante especial para que intervenga en el juicio en nombre del menor, y si no lo hace, infringe las disposiciones antes invocadas; lo que amerita la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción III, de la invocada ley". Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual, la parte quejosa, cumple con el requerimiento de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, por tanto, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento, en tiempo, al requerimiento realizado en el auto en mención y se deja sin efectos el apercibimiento ahí realizado. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad que denominó: 1 Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, por no advertirse en este momento causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento, ni de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda, se admite a trámite la misma. Incidente de suspensión. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, no se apertura dicho incidente. Audiencia constitucional. En términos del artículo 4 y 12 del acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con la Circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de a Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, dado que el presente asunto no se considera de tramitación urgente, ni la totalidad de las partes están en aptitud de continuar en línea el juicio del que deriva la presente incidencia, se reserva señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden labores en el presente órgano jurisdiccional de manera presencial, o bien, se determine que es factible llevar el juicio en línea. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas instrumental de actuaciones presuncional en su doble aspecto (legal y humana) y las documentales exhibidas con el escrito inicial, la que se ordena relacionar al celebrarse la audiencia constitucional. Con lo anterior dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en la inteligencia de que los autos quedan a disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado. Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88. (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos 40/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resultan necesarios para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88. (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88. (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Tercero Interesado. Dada la naturaleza de los actos reclamados, por el momento, no se señala como tercero interesado a persona alguna; sin perjuicio de lo que pueda determinarse con posterioridad. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autorizada de la demanda en la secretaría de este juzgado de distrito. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".1 Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de 1 Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 24. traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6° de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónico emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Consulta vía internet del expediente electrónico. Ahora bien, respecto a la consulta y notificación vía electrónica al usuario que proporciona para tal efecto, dígasele que en auto que antecede se proveyó lo conducente. Asimismo, se tiene como correo electrónico el que proporciona únicamente para entablar comunicaciones no procesales por el tiempo que dure la contingencia sanitaria. Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese por lista a la parte quejosa así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) y al agente del Ministerio Público de la adscripción,
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