Diego Cruz Almada,

Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
486/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Diego Cruz Almada,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Delegado Jurídico del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, este Órgano de Control Constitucional, de oficio, resolvería si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Circunstancia que cumplió la justiciable, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, ello, de conformidad con la jurisprudencia, 2a./J. 22/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión de Amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: I. El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 57, párrafo primero, punto número 6, sub punto 6.1, inciso c), por lo que no se le deberá aplicar en el presente ni con posterioridad. II. Por vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación de la norma, consistente en el pago erogado por concepto de derechos por servicios para la obtención de la licencia por la cantidad total de $, mediante recibo de pago con número de folio de trece de agosto de dos mil veinte, por expedición de licencia para construcción de obras. Por lo que, en consecuencia, se deberá reintegrar a la parte quejosa la cantidad que pagó por la aplicación del artículo 57 primer párrafo, punto número 6, sub punto 6.1, inciso c), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, declarado inconstitucional. Apoya lo expuesto, en la idea conducente, la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones. Al respecto se cita, en la idea conducente y aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio respecto del acto atribuido al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, acorde a lo ya expuesto en el considerando cuarto del presente fallo. En relación con ese tópico, se invoca de nueva cuenta la jurisprudencia 2a./J. 47/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Lo referido con antelación no impide que la autoridad responsable lleve a cabo respecto de la parte quejosa, el cobro de los derechos por la expedición de la licencia señalada, siempre y cuando exista una disposición legal diversa a la aquí analizada que le sirva de sustento legal para ello, que prevea un cuota fija definida en relación con el costo del servicio prestado; en la inteligencia que de no existir precepto legal tributario que le permita realizar dicho cobro, no podrá aplicar al beneficiario del amparo la disposición declarada inconstitucional. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "PRO-ALFABETIZACIÓN"; "PROCENTRO DE SALUD Y/O HOSP CIVIL"; Y "PRO-MEJORAS MATERIALES", a razón de una tasa adicional del cinco por ciento para los primeros dos conceptos, y el último a razón del quince por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por el servicio prestado por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, Sinaloa, conforme al artículo 105, punto 1, incisos a), b) y c), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 19 último párrafo y vuelta, primer párrafo). Ello, en atención a que dichos importes se encuentran íntimamente vinculados con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho para la expedición de licencias de construcción, reconstrucción, remodelación o demolición de edificios; en el caso, el citado recibo de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de licencia de construcción donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del cinco por ciento por lo que respecta a los conceptos de "PROALFABETIZACIÓN"; y "PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSP CIVIL", y quince por ciento por el de "PRO-MEJORAS MATERIALES", para determinar el importe de la contribución relativa a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, la cantidad de $, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 57, párrafo primero, punto número 6, sub punto 6.1, inciso c), de la Ley en comento, no existe base sobre la cual puedan aplicarse las tasas correspondientes al pago por concepto de los apoyos referidos. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total del recibo B3108860, de trece de agosto de dos mil veinte, por la cantidad de ****. Con la finalidad de cumplir con la ejecutoria dictada en autos, la autoridad responsable realizó lo siguiente: ? Por oficio de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se remitió copia certificada del cheque con número de quince de julio de dos mil veintiuno por la cantidad de cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos con treinta dos centavos. ? En atención a lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. ? Por tal motivo, el autorizado de la parte quejosa presentó escrito en el que manifestó: ".que efectivamente la quejosa recibió el cheque mencionado correspondiente al cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que solicito a usted C. Juez se tenga por cumplimentada la sentencia protectora emitida en el presente asunto y en consecuencia, como asunto total y definitivamente concluido, por así convenir a los intereses de mi representada". En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, fracción I, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en este juicio de amparo en una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de veintinueve de octubre último, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector de la autoridad responsable, la cuales de ser el caso, serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifiesta que ya se entregó el cheque al quejoso por la cantidad de $******************** (********************), anexando copia certificada de dicho título de crédito firmado de recibido. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera pertinente, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo correr traslado a la parte quejosa con copia certificada del mismo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a derecho corresponda; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley en la materia, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por dicha autoridad, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

  4. Principal

    REQUIÉRASE nuevamente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, con residencia en esta ciudad, para que informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector; APERCIBIDA; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término.

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