Diego Cortes Diaz

Expediente 593/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
593/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Diego Cortes Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de mayo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por la Actuaria de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte promovente el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte del mes actual, por las razones expuestas; en tales circunstancias, con fundamento en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista dicho autos y los subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por DIEGO CORTÉS DÍAZ, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y otra autoridad; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 593/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado: "[.] la falta de contestación a nuestros escritos presentados en las referidas Delegaciones con fecha once y doce de mayo, ambos del presente año, solicitando la información requerida en los mismos. [.]" En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. " De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, por parte de la autoridad responsable, con motivo de la falta de contestación a sus escritos presentados el once y doce de mayo de dos mil veintiuno, por el que solicitó cierta información a la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca. El artículo 8 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo. 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala: Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Así, conforme al numeral 17 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta tres meses, de manera que si dichas peticiones se presentaron el once y doce de mayo del año en curso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de mayo de dos mil veintiuno), es inconcuso que las autoridades administrativas se encuentran aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a las solicitudes de la parte promovente y hacerle de conocimiento lo determinado. Máxime que es un hecho notorio, y por ende, de conocimiento público, que sigue latente, para las autoridades, la suspensión de labores ordinarias, operando la tramitación de asuntos mediante guardias o turnos, a razón de la emergencia sanitaria vigente que atraviesa la población mundial, derivado del virus SARSCov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a las autoridades responsables a reanudar sus actividades hasta en tanto, las diversas competentes a éstas, consideren viable el retorno de labores regulares en ciertas instituciones. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por DIEGO CORTÉS DÍAZ, contra actos de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizada únicamente para imponerse de autos a la persona que menciona, toda vez que no existe registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Ahora, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente y su autorizado para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. . En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido, previa cita que agende. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección... Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no consta en el expediente físico y electrónico relativo a este asunto, la notificación personal a la parte promovente del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, en el cual se desechó la demanda que dio origen a este expediente. Por tanto, se instruye al Actuario encargado de las notificaciones relativas a este asunto, para que, de haberla realizado ya, proceda a la correspondiente vinculación en el expediente electrónico y entrega física; o bien, de encontrarse pendiente de realizar, la efectúe a la brevedad posible o levante la razón actuarial respectiva y de inmediato dé cuenta a la Secretaría encargada del trámite, con el resultado correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EL AUTO QUE SE INDICA Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de Héctor Isaac Legorreta Ortega, autorizado legal de la quejosa Lydia Gómez García viuda de García; en atención a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo del año en curso. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 103 de la Ley de Amparo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes y requiéraseles para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, señalen constancias para la sustanciación del citado recurso; ríndase informe a la superioridad, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual le fue notificada a la parte quejosa el veinte de mayo del año en curso. Para mayor prontitud de la tramitación del recurso, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la Superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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