Diego Cervantes Iwasaki

Expediente 110/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
110/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Diego Cervantes Iwasaki

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Desechamiento. Del contenido del libelo de amparo se obtiene que la parte impetrante reclama a la autoridad responsable:****************"(.) el informe, orden, resolución o determinación emitida dentro del expediente 04521-GTO-QR-2-2023, y que consiste en una privación del derecho de propiedad, seguridad jurídica, legalidad, y el derecho de audiencia del quejoso, ya que con dicha determinación, solamente se circunscribió en su oficio 600-25-00-00-00-2022-03019 a comunicar (.) la sentencia definitiva del 23 de agosto de 2022, emitida por la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente ***************, sin modificar un ápice a su resolución de fecha 09 de marzo de 2022, identificada mediante oficio número 600-25-00-02-00-2022-608, en el cual desechó el recurso de revocación que presenté, en contra de los oficios 400-26-00-03-03-2021-04467 y 400-26-00-03-03-2021-04912, debiendo modificarse ésta, ya que esa situación me causó y me sigue causando un perjuicio, toda vez que no se continuó con el proceso de adjudicación a mi favor del bien inmueble subastado, tal y como ya lo resolvió así, el Tribunal de Justicia Administrativa, declarando la nulidad de las resoluciones al encontrarse indebidamente motivadas, al no haberse señalado expresamente el impedimento legal para continuar con el procedimiento de adjudicación, por ende, se deberá continuar con el procedimiento de subasta."********************Actuación que redunda en la "(.) NO continuación del procedimiento de adjudicación, toda vez que a la fecha no ha fundado, ni motivado debidamente la existencia de algún impedimento legal para haber cancelado la subasta ******************** (.)".********************Lo anterior, causa agravio a la parte quejosa pues, como se advierte de su narrativa, las autoridades señaladas como responsables no han dado cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sentencia emitida dentro del expediente ********************.********************En atención a ello, se advierte que el juicio de amparo es improcedente respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "2", y administradora Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "2", pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II (éstos últimos interpretados a contario sensu), todos de la Ley de Amparo y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación.********************Los dispositivos legales citados textualmente establecen lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************(.)"********************"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:********************(.)********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************(.)"********************Conforme al artículo 61 fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; mientras que el artículo 1º, fracción I, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por su parte, establece que por autoridad responsable debe entenderse "la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas"; precepto normativo que no constituye una norma legal aislada, sino que se encuentra sujeta a los principios constitucionales establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales.********************En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con tal carácter, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan esgrimido en su contra.********************Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. XXVII/97, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO."********************Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES."********************De los criterios referidos se obtiene que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, es autoridad quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública.********************De lo expuesto, se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es una noción autónoma, esto es, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares.********************Para nuestro Alto Tribunal resulta innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos para esos efectos y que en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo. ********************En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación.********************Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.********************Con base en lo expuesto, se advierte el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se determina atendiendo a los siguientes elementos:********************a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;********************b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;********************c) Que con motivo de esa relación (supra a subordinación) emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular;********************d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.********************Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.********************Ahora bien, en la especie, se estima que el actuar que se reclama a las señaladas como responsables responsable no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que las mismas no han actuado con facultad de imperio, con motivo de alguna relación de supra a subordinación con la parte quejosa, es decir, las responsables no han actuado como autoridades frente al peticionario del amparo, puesto que no han emitido actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa.********************Se explica.********************Al derivar el acto reclamado de un procedimiento contencioso administrativo instaurado ante la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente ********************, contra la determinación de ocho de marzo de dos mil veintidós, contenida en el oficio 600-25-00-02-00-2022-608, con la que la subadministradora Desconcentrada Jurídica adscrita a la Administración Desconcentrada Jurídica Guanajuato "2", del Servicio de Administración Tributaria, desechó el recurso de revocación en contra de los diversos oficios 400-26-00-03-03-2021-04467 (informando que la subasta ******************** fue cancelada) y 400-26-00-03-03-2021-04912 (informando trámite de reintegro de las cantidades en dinero entregadas con motivo de la subasta de mérito), ambos de tres de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso y dichas autoridades señaladas como responsables (como unidad jurídica sustancial) figuran como parte en el procedimiento contencioso arriba mencionado; por ende, no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, debido a la naturaleza intrínseca que guarda su relación de igual a igual en un proceso administrativo contencioso del que son partes procesales; esto es, en un plano de coordinación.********************Ahora bien, es importante destacar que el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo estipula:********************"Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: ********************I. El demandante. ********************II. Los demandados. Tendrán ese carácter: ********************a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. ********************(.).********************(Lo destacado es propio).********************Expuesto lo anterior, se estima que los actos aquí reclamados no lo pueden ser a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, -se reitera- de coordinación.********************Lo anterior es así, ya que quienes son señaladas como responsables figuran como parte demandada en el procedimiento contencioso administrativo ********************, luego sus actuaciones (con independencia de la ilegalidad que se les atribuye), han sido en cumplimiento a la sentencia emitida en el citado procedimiento contencioso administrativo; cumplimiento el cual, deberá ser debidamente analizado por la propia Sala Regional del Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme lo dispone los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no por esta Juzgadora Federal (ya que la constitucional no es la vía idónea para ello) lo que de suyo robustece aun más la improcedencia que aquí se analiza.********************Luego entonces, quienes son señaladas como autoridades responsables (al figurar como parte demandada en aquél juicio o procedimiento contencioso), indudablemente, actúan en un plano de igual a igual frente al quejoso, y no con calidad de imperio, como lo aduce este último. Ello, se itera, en calidad de demandante y demandadas, respectivamente.********************En este orden de ideas, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo procesal, el juicio de amparo resulta improcedente, pues las conductas de las que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se consideren como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna.********************Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES."********************Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, dadas las condiciones generadoras de la relación procesal que ambas partes guardan en un procedimiento administrativo contencioso; así, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación.********************Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************En esa tesitura, procede el desechamiento de la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo.********************VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.********************VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.********************Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.********************Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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