Diego Carreño Mendoza

Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Diego Carreño Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 819/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el diecinueve de agosto de esta anualidad, recepcionado el veinte siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, es decir, el veintitrés posterior, a este juzgado, Diego Carreño Mendoza, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. De dicho asunto tocó conocer a este juzgado, por lo que mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Asimismo, en el diverso de once de octubre de este año, se tuvo como tercero interesado a la víctima Ricardo Escamilla Martínez. Tercero. En diverso de veinticinco octubre de este año, se tuvieron como autoridades inexistentes a: "Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Unidad Investigadora "B" en Tlalnepantla de Baz, Fiscal de Tlalnepantla, Estado de México y/o Jefe de Grupo de la Policía de Investigación con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Titular o Comandante de las Policías o Fiscalía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la localidad de Tlalnepantla, Estado de México". C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: La citación ordenada al Jefe del Grupo de la Policía de Investigación con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de siete de julio de este año emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa primera de trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de Tlalnepantla de Baz, México, para que el aquí impetrante compareciera en sus oficinas el diez de agosto de este año a las once horas, con la finalidad de que se lleve a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversias en relación con el delito de lesiones que dio origen a la carpeta de investigación de origen NIC:TLA/TLA/TLA/104052131/21/02. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa primera de trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral de Tlalnepantla de Baz, México, no obstante que al rendir su informe justificado negó su existencia (promoción 11203); sin embargo, de las manifestaciones que vierte en diversa misiva se aprecia la certeza en cuanto a la emisión del aludido citatorio. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable, consistentes en un legajo de copias autentificadas que obra en la carpeta de origen, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 391 del Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, con número de registro 211004, cuyo rubro y contenido son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; ." De la primera porción normativa se aprecia que el legislador contempló la improcedencia del juicio de amparo no sólo dentro de las primeras XXII fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, sino que en la última de ellas estableció que éste se tornaría improcedente cuando ello derivara de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma Ley de Amparo; a su vez, el numeral 107, fracción II, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, tal disposición no debe entenderse como una posibilidad abierta para impugnar cualquier acto de esta naturaleza, sino que el acto que se reclame emitido por autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo -como puede ser del Ministerio Público- debe ser de imposible reparación, entendiéndose como tal a aquel que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte, conforme a la diversa fracción V de dicho numeral. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las fracciones II, III y IV del numeral 107 de la normatividad de la materia, deben interpretarse en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo los actos ejecutados por autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción II); en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III) o bien los emitidos por los tribunales judiciales administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido (fracción IV); deben afectar materialmente derechos sustantivos y, por tanto, no procede el amparo contra determinaciones intermedias o actos meramente procesales. Sobre esa base, se tiene que el citatorio impugnado no es de imposible reparación, ya que ese acto implica únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues no transgrede materialmente algún derecho subjetivo del quejoso ni le impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo anterior, porque constituye una comunicación del Ministerio Público para que el agraviado acuda al desahogo de una entrevista relacionada con un hecho ilícito investigado (en la especie, conforme a su redacción, que si bien es en calidad de investigado, la finalidad de la diligencia es para llevar a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversia), lo cual, como se dijo, no le irroga perjuicio alguno, pues no transgrede un derecho fundamental del gobernado como la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad; empero, en todo caso, la afectación sucederá hasta que se ejerza acción penal y la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determine procedente librar una orden de aprehensión u obsequiar citatorio para la formulación de la imputación respectiva, siempre y cuando ello no sea como medio de conducción para formalización de la investigación; estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad, en detrimento de lo previsto en el numeral 21 Constitucional. En efecto, la sola comparecencia del agraviado ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio porque aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación respectiva, lo que significa que, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, habida cuenta que la transgresión a sus derechos quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la responsable cuando valore el material probatorio en la citada carpeta y actúe conforme a lo que considere procedente conforme a la legislación penal, y que como consecuencia de ello alguna autoridad judicial libre algún mandato de captura en su contra. De ahí que, en la fase procedimental de la carpeta de investigación el citatorio reprochado debe considerarse como un acto para su integración que de ninguna manera afecta derechos sustantivos de la impetrante, puesto que su finalidad es la comparecencia del agraviado ante la autoridad ordenadora para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a. CXXXV/2004, registro 180028, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 351, Novena Época, Materias(s): Penal, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Ahora, es evidente que el Alto Tribunal del país se ha pronunciado en torno a que resulta improcedente el amparo promovido para la hipótesis de cita para la audiencia inicial, también lo es para el caso de que aquélla sea en la fase de investigación, pues ésta no le irroga perjuicio, atento a que al resolver la contradicción de tesis 141/2018, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio en el que se estableció que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, constituye un acto judicial fuera de juicio y no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; motivo por el cual, el acto reclamado en el presente juicio deviene improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia que derivó de dicha contradicción, tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.), registro 2018828, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Página: 239, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Corroborando que no le depara perjuicio toda vez que el citatorio de siete de julio de dos mil veintiuno, fue girado para cita del diez de agosto siguiente, y la presentación del amparo fue el diecinueve posterior, por lo que acontecido ello, ya había pasado la fecha de la celebración de la audiencia para el cual era citado sin que se aprecie que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en su contra para el caso de inasistencia, pues de los autos de la carpeta no se advierte que haya acudido; máxime que con la sola existencia del documento con esas características si bien se hace procedente el amparo, no es el único requisito exigible, sino que ello está sujeto a que se promueva con anterioridad a la celebración de la diligencia ante la inminente probabilidad de que se le hiciera efectivo el apercibimiento, lo que en la especie no aconteció. Es aplicable a lo anterior el criterio sostenido en la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), registro 2019052, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, página 1341, Materias(s): Común, Penal, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. En consecuencia, al concretizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Atento a lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No se inadvierten las manifestaciones que vierte la parte quejosa a manera de alegatos en torno a lo suscitado con el aquí tercero interesado en la data que menciona (promoción 12623); sin embargo, no trascienden al fallo aunado a que no tienden a desvirtuar la causal de improcedencia que se estima actualizada. Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito del quejoso ********************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas las documentales que adjuntó mismas que serán debidamente relacionadas en la audiencia de ley. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de señalar la denominación correcta de las autoridades que refirió como: "Fiscalía Regional de Tlalnepantla de la Unidad Investigadora "B" en Tlalnepantla de Baz, Fiscal de Tlalnepantla, Estado de México y/o Jefe de Grupo de la Policía de Investigación con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Titular o Comandante de las Policías o Fiscalía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la localidad de Tlalnepantla, Estado de México", sin que lo haya realizado. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y por inexistentes se deja de tener como responsables a las referidas autoridades, suspendiéndose toda comunicación con éstas. Notifíquese.

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