Diego Avila Cervantes
Expediente 1256/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- DIEGO AVILA CERVANTES y Otros.
- Diego Avila Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el pasado diecisiete de junio del año en curso, en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión se dictó un acuerdo en el que se ordenó su archivo; por tanto, se procede a proveer en relación a este incidente de suspensión. Por tanto, de las constancias de autos se desprende que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y, que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el artículo séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración; ello, en razón de que en el juicio principal del cual deriva esta incidencia fue concedida la suspensión de plano. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de inicio de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda de amparo (iii) acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós donde en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada se admite a trámite el escrito inicial de demanda (iv) informes justificados. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1256/2021, promovido por José Alfredo Campos Torres, Diego Ávila Cervantes, Aldo José Luis Tenorio Benítez, y José Javier Méndez Espinoza, contra la omisión de contestar diversas peticiones realizadas al director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz y otra autoridad, así como la falta de atención médica a sus padecimientos. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de José Alfredo Campos Torres, Diego Ávila Cervantes, Aldo José Luis Tenorio Benítez, y José Javier Méndez Espinoza, el director General y titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Alfredo Campos Torres y otros, promovieron el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido el mismo día en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señalaron como autoridades responsables al director General y al titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz y como actos reclamados la omisión genérica de contestar diversas peticiones, así como la falta de atención médica a sus padecimientos. La parte quejosa precisó que se vulneran sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 4º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1256/2021, y el dieciocho de noviembre de dos mil veintiocho, fue desechada. Inconformes con esa decisión, los quejosos interpusieron recurso de queja en su contra, medio de impugnación que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quien mediante ejecutoria de nueve de febrero dos mil veintidós, declaró fundado el recurso y ordenó admitir la demanda de amparo, en atención a que también se reclamó la falta de contestación a la peticiones realizadas por los quejosos. Así las cosas, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes a las autoridades responsables, se dio vista a la representación social y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Dicha audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, la pretensión de los quejosos es reclamar la omisión genérica de las autoridades responsables de contestar sus peticiones, así como la falta de atención médica a sus padecimientos de psiquiatría, traumatología, ortopedia y optometría. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama: Del Director General y del encargado de la Dirección Técnica (en su señalamiento correcto) del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca la falta de contestación a las peticiones efectuadas por los quejosos, así como la falta de atención médica a sus padecimientos. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informes justificados el Director General y la Jefa de Departamento de Actividades Deportivas, en ausencia del encargado de la Dirección Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, así como de las constancias que remitieron a fin de justificar su informe, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de dar contestación a las peticiones administrativas del quejoso José Javier Méndez Espinoza, pues al efecto infirieron que únicamente cuentan con solicitudes de los diversos quejosos Diego Ávila Cervantes, José Luis Tenorio Benítez y José Alberto Campos Torres, que sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado tales negativas con prueba idónea. En lo relativo a Diego Ávila Cervantes, las responsables remitieron las contestaciones favorables a sus peticiones de fechas cuatro de mayo, trece de julio de dos mil veinte, notificadas el seis de mayo y trece de julio de ese mismo respectivamente, de ahí que al no existir diversa petición pendiente de contestar previo a la presentación de la demanda (17 de noviembre de 2021) el acto reclamado es inexistente. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados por el quejoso José Javier Méndez Espinoza y Diego Ávila Cervantes por el acto y autoridades precisadas en este apartado. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, el Director General y la Jefa de Departamento de Actividades Deportivas, en ausencia del encargado de la Dirección Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca, rindieron su informe justificado, negando la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes en la falta de atención médica y de contestar las peticiones formuladas por los quejosos Aldo José Luis Tenorio y José Alfredo Campos Ramos, bajo el argumento que no existe omisión de su parte para otorgar la atención médica, así como de contestar las peticiones formuladas a los referidos impetrantes que les reclaman. Al mismo tiempo, para acreditar su dicho remitieron, entre otras, copia certificada de la de atención médica otorgada a los quejoso José Alfredo Campos Torres, Diego Ávila Cervantes, José Javier Méndez Espinoza y Aldo José Luis Tenorio Benítez, así como de diversas contestaciones de peticiones de los quejosos, entre de ellas, la del primero y último de los mencionados, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en razón que si bien se corrobora el dicho de las autoridades, en el sentido que ya dieron otorgaron la valoración médica y respuesta a la petición mencionada, se advierte que dicho acto aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda. Por tanto, se tienen como ciertos los actos reclamados por los impetrantes de amparo. VII. PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto del acto reclamado por los quejosos Aldo José Luis Tenorio Benítez y José Alfredo Campos Torres, consistente en la omisión genérica de contestar sus peticiones de atención médica, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el sumario, como se especificó, los quejosos reclaman la omisión por parte de las autoridades responsables director General y del encargado de la Dirección Técnica, ambos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, de contestar sus peticiones de atención médica. Por lo que hace a la petición formulada por Aldo José Luis Tenorio Benítez, fue contestada el diez de marzo de dos mil veintidós, en el siguiente sentido: "Se tiene por recibido el escrito de petición administrativa formulada por la Lic. Norma González Jiménez, Defensora Pública de la persona privada de su libertad de nombre Aldo José Luis Tenorio Benítez, petición que en lo que interesa solicita para su defendido se le proporcione atención médica en oftalmología y psiquiatría, asimismo se le proporcione el medicamento correspondiente. Se determina favorablemente la petición, para que reciba atención médica general." Determinación que fue notificada a la defensora pública del quejoso vía correo electrónico el once de marzo siguiente. De igual forma acontece, respecto de las peticiones de José Alfredo Campos Torres, las cuales fueron contestadas el catorce y veintisiete de enero, y dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el mismo sentido (favorable) Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión a dar contestación a dichos escritos, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al dar contestación a su petición, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al contestarle todas y cada una de sus peticiones con las que contaba la autoridad responsable. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó el quejoso, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. En relación a los actos combatidos por los quejosos José Alfredo Campos Torres, Diego Ávila Cervantes, Aldo José Luis Tenorio Benítez, y José Javier Méndez Espinoza, consistente en la falta de atención médica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]. Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Lo anterior, debido a que los promoventes reclaman la falta de atención médica. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, consideró en esencia lo relativo a los mecanismos que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal para que personas internas en los centros penitenciarios los hagan valer ante el Juez de Ejecución de Pena competente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria a partir del lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.). Materia(s): Común. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Por tanto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que los promoventes no observaron el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el mecanismo de control establecido por los ordinales 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, lo procedente es sobresee en el juicio de amparo en relación a la falta de atención médica al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe destacar que las manifestaciones vertidas por los propios quejosos, se advierte que la falta a otorgarle atención médica, no lo colocan en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, por lo cual, una cierta dilación no lo somete a un dolor físico o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles, equiparándose a un tormento. Apoya dicho aserto, por las razones que la informan la tesis 1a./J.55/2019 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a ello, a que de las constancias remitidas por la autoridad se aprecia que los mismos, recientemente, fueron valorados de los padecimientos que en ese momento presentaron. VIII. DECISIÓN En ese contexto, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por José Alfredo Campos Torres, Diego Ávila Cervantes, Aldo José Luis Tenorio Benítez, y José Javier Méndez Espinoza, en cuanto a los actos reclamados al director General y al encargado del Área Técnica, ambos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con quince minutos del dieciséis de mayo del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional; sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 segundo párrafo de la Ley de Amparo, para esa data no habrán mediado por lo menos ocho días con la vista dada respecto a las documentales remitidas por el Jefe de Departamento de Actividades Laborales del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tales condiciones, desde este momento se difiere dicha audiencia y para su celebración se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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