Diego Armando Sánchez Solorio

Expediente 635/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
635/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Diego Armando Sánchez Solorio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 272 a 278), mediante la cual se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con apoyo en el numeral 192, tercer párrafo, de la legislación de la materia, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades antes citadas, para que le ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los mismos términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables.

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Vistos los oficios del apoderado legal del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Coordinador Jurídico de la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara y apoderado legal de Centros Culturales de México Asociación Civil, por los que en cumplimiento al requerimiento de trece de marzo del año en curso informan que no cuentan con un profesional en materia de impacto ambiental que pueda ser nombrado como perito en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos y déjese sin efectos el apercibimiento decretado. Por otro lado, vista la comunicación del apoderado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Asociación Civil, por el que cumple el requerimiento de trece de marzo del año en curso manifestando que cuenta con diversos especialistas para desahogar la prueba pericial en la materia requerida; agréguese a los autos y déjese sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, de la lista de personas que pueden fungir como diestros en materia de impacto ambiental proporcionada por la Institución Educativa antes citada, se encuentran: las personas indicadas, con los domicilios descritos, Por consiguiente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, derecho fundamental garantizado por el artículo 17 Constitucional, y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiéraseles para que dentro del término de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen si los conocimientos técnicos con que cuentan, les permiten emitir un dictamen pericial en materia de impacto ambiental; y si reúnen los requisitos establecidos en el artículo 13 del Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, que tenga título en la ciencia indicada, con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, contado a partir de la expedición de la cédula profesional correspondiente, goce de buena reputación, no haya sido condenado por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad y que no hubiere sido sancionado administrativamente por los órganos de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo federales o estatales, por la comisión de alguna falta grave, en el ejercicio del servicio público, que en auxilio de la Justicia Federal pueda ser nombrado como perito oficial en este juicio, esto para el desahogo de la prueba pericial en materia de impacto ambiental ofrecida por la parte quejosa; en el entendido que sus honorarios serán aprobados y sufragados por el área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal. Apercíbaseles que de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa de conformidad con los artículos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, túrnense los autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que realice las notificaciones correspondientes, y les corra traslado con copias simples del cuestionario ofrecido para el desahogo de dicha probanza, a fin de que estén en aptitud de cumplir con el requerimiento citado.

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