Diego Armando May Santos
Expediente 678/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Diego Armando May Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Visto el estado de autos y al tomar en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en esta incidencia se concedió la suspensión del acto reclamado; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, por el que se declaró cumplida la sentencia ponunciada en el presente juicio de amparo, transcurrió sin que nadie hubiesen hecho manifestación alguna. En esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que transcurrido cinco años el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita.
- Principal
Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, remitió copia certificada de la resolución de cinco de abril de dos mil dieciséis, en acatamiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto; motivo por el cual, mediante proveído de siete de abril del presente año, se dio vista la parte quejosa y tercero interesadas, por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano de control constitucional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesadas, sin que a la fecha hubieren realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, procede a resolver de oficio y analizar si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El once de febrero de dos mil dieciséis, se engrosó la sentencia, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *****************************, para los efectos siguientes: "(.) I. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada únicamente por lo que hace a Diego Armando May Santos; II. Dicte una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, advierta que en el capítulo del cuerpo del delito la representación social no expuso los hechos ni las conductas que se atribuyen, y III. Resuelva lo que en derecho estime procedente (.)." Por auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, la sentencia en comento se declaró ejecutoriada y, como consecuencia de ello, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la resolución de amparo, requerimiento que le fue debidamente notificado mediante pieza postal recibido el dos de abril del presente año. Luego, mediante oficio 576/2016, de cinco de abril del año en curso, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintinueve de marzo del año que transcurre, remitió copia certificada de la resolución de cinco de abril del año en curso, dictada en los autos de la causa penal 14/2015 de su índice, en la que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso y decretó negar la citada orden solicitada. Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En auto de siete de abril de dos mil dieciséis, se dio vista al quejoso y a los terceros interesados, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte del Juez responsable (fojas 163 y 164). Ahora, es menester citar de manera general que los efectos de la concesión del amparo, fueron los siguientes: 1. Que el Juez responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada únicamente por lo que hace a ************. 2. Dictara una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, advirtiera que en el capítulo del cuerpo del delito la representación social no expuso los hechos no las conductas que se atribuían, y: 3. Resolviera lo que en derecho estimara procedente. Cabe destacar que al Juez de la causa, en la ejecutoria de mérito, no le fueron fijadas directrices para emitir una resolución en determinado sentido, sino que se le dejó libertad de jurisdicción para que resolviera lo que en derecho correspondiera de acuerdo a las constancias que obran en la causa penal, purgando los vicios de forma que se detectaron en la primera orden de aprehensión reclamada. Sentado lo anterior, se procede a analizar la nueva resolución dictada por el Juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo. En relación al punto 1, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de septiembre de dos mil quince en relación al quejoso ***********, en los términos que sigue: "(.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO. En razón al fallo protector emitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis y en cumplimiento a lo ordenado, SE DEJA INSUBSISTENTE la ORDEN DE APREHENSIÓN librada en contra del hoy quejoso *************, con fecha veintiocho de septiembre del año dos mil quince, por el delito de ROBO, ilícito previsto por [.], cometido en agravio de *****************, únicamente por cuanto a dicho inculpado se refiere." [Foja 161]. Luego, al entrar al análisis de las constancias que integran la causa penal 14/2015, para acreditar los elementos del cuerpo del delito de robo, estableció lo que sigue: "(.) De lo invocado pone de manifiesto que para que esta autoridad, pueda librar orden de aprehensión deban concurrir los siguientes requisitos: 1.- Que sea librada por autoridad judicial. 2.- Que exista denuncia, acusación o querella; 3.- Que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad; 4.- Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del acusado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- Los requisitos señalados con anterioridad, No se encuentran satisfechos en la especie, se dice lo anterior, toda vez que al analizar este Órgano Jurisdiccional las actuaciones que conforman el pliego de consignación y en concreto la determinación del Agente Ministerial, la cual obra en autos a foja [.], no se advierte que la Representación Social haya precisado los hechos por los cuales realizó el ejercicio de la acción pena, ya que se limitó a hacer una relación superficial de pruebas recabadas en la etapa de investigación, las cuales relacionó y describió en síntesis de manera escueta, incompleta y dogmática, asimismo, en el primer considerando no indicó cuáles son los elementos que conforman el delito de robo por lo que ejercitó acción penal, sino que de manera equívoca, afirmó que los elementos del robo son [.]; sin embargo, dicha aseveración es completamente incorrecta, ya que los numerales jurídicos antes transcritos, son solamente los preceptos de derecho que contienen la definición del tipo penal en alguna de sus hipótesis normativas, contrario a lo anterior, de conformidad con el numeral [.]; a mayor abundamiento, del contenido de la consignación ministerial y su determinación, también se observa que la Representación Social fue omiso en indicar con qué pruebas se actualiza cada elemento del cuerpo del delito y con qué pruebas se actualiza la probable responsabilidad del acusado, y mucho menos precisó el grado de participación del imputado, sin que pase inadvertido para este juzgador, la omisión de precisar las circunstancias de modo, tiempo y ejecución de la conducta que le reprocha al inculpado, siendo que se limitó describir en síntesis los medios de pruebas recabados en la etapa de investigación, mismas a las cuales que no les asignó uno de los valores tasados a los que se refiere el Código Adjetivo en la Materia en su apartado denominado "Valor Jurídico de la Prueba" y por último, no escapa a la vista de este juzgador, que el Representante Social, que no obstante ser el delito de robo, aquellos que tienen una comprobación especial prevista en el artículo [.], no indicó de manera precisa, cuáles son las diferentes hipótesis en dicho dispositivo, tampoco menos indicó cuál de estas se surtiera en la especie y sobre todo, con que pruebas de demostraba a su juicio tal comprobación especial (.)". [Fojas 158 reverso y 159]. En mérito de lo anterior, el Juez responsable resolvió lo que en derecho correspondería, determinando lo que sigue: (.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. En mérito a lo anterior, y toda vez que la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso ************, concediéndole la Protección Federal, ordenando a este Juzgador para que determine lo que legalmente proceda, esta Autoridad Judicial NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, solicitada en contra de ****************, por el delito de ROBO, ILÍCITO PREVISTO POR [.] (.)" [Foja 161]. Ahora, conviene tener en cuenta que si bien al Juez responsable no le fueron dados lineamientos para que resolviera de un modo en específico, cierto es que en uso de su libertad de jurisdicción al analizar de nueva cuenta las constancias que integran la causa penal 14/2015, así como purgando los vicios de forma que tuvo en la anterior resolución, resolvió lo siguiente: I. Dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintiocho de septiembre de dos mil quince librada en contra del quejoso Diego Armando May Santos. II. Al dictar la nueva resolución el cinco de abril del presente año, determinó que del análisis de las constancias probatorias que integran la causa penal 14/2015, los requisitos legales para librar orden de aprehensión en contra del quejoso no se encontraban del todo satisfechos, por las razones que vertió en dicha resolución. III. Con motivo de lo anterior, mediante resolución de cinco de abril del año en curso determinó negar la orden de aprehensión solicitada únicamente contra Diego Armando May Santos. En consecuencia y no obstante que el Juez de la causa determinó negar la orden de aprehensión contra el citado quejoso, lo antes señalado permite considerar que en esa nueva resolución el Juez Penal responsable subsanó los vicios de forma que se detectaron en la primera orden de aprehensión reclamada y, ahora, restituye al quejoso en sus derechos transgredidos y, por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo informa lo conducente al cumplimiento de la sentencia de amparo engrosada el once de febrero de dos mil dieciséis, y adjunta copia certificada de la resolución de cinco de abril del presente año, dictada en autos de la causa penal 14/2015, del índice de ese órgano jurisdiccional. Por tanto, con el contenido del oficio remitido por el Juez de la causa y su anexo certificado, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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