Diego Armando Martínez Méndez
Expediente 1624/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1624/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2023
Partes del expediente
- Diego Armando Martínez Méndez
- Actuario adscrito a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Colegiado informa firmeza. Téngase por recibido el oficio de la actuaria judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se declaró firme el acuerdo emitido el diez de agosto de dos mil veintitrés, en la revisión incidental ********************, en la que se desechó el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, de lo que se toma nota, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y devuélvase al archivo el presente asunto, en razón de que en acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, se ordenó el archivo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Informe justificado Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el contenido del oficio y el anexo certificado que se adjunta a éste, esta juzgadora advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, son suficientes para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, se duele de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio ******************** del índice de la autoridad responsable. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, las cuales en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que las entidades demandadas fueron notificadas de manera electrónica los días cinco y seis de junio de dos mil veintitrés y comparecieron a dar contestación a la demanda promovida en su contra el veintiuno de junio del año en curso. Por su parte, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó el catorce de julio de dos mil veintitrés. Por lo que, se arriba a la convicción de que en la data en que se instó el juicio de amparo en el que se actúa era inexistente la omisión de que se duele el impetrante. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Criterio que, si bien es cierto establece que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que, se estima, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada con las constancias que allegó la autoridad responsable, que ponen de manifiesto que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya había sido emplazada la parte demandada en el juicio ********************; de ahí que es indudable y manifiesto que no existió, a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada. Lo anterior, constituye una negativa del acto que, aun y cuando se le dé oportunidad al quejoso de probar en la audiencia constitucional, no lograría desvirtuar, pues, se insiste, el emplazamiento se efectuó con anterioridad a la presentación de la demanda, incluso en el juicio de origen existe ya una actuación procesal en la que se tuvo a las entidades demandadas dando contestación a la demanda en virtud de su emplazamiento; por ende, sí resulta viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que a nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Estado de autos. De las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el treinta de junio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Juez interina del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México respecto de la ampliación de demanda, en la que se advierte que los actos reclamados derivan de los juicios 33/2021 y 34/2021. Ahora, conviene señalar que la parte quejosa en su ampliación de demanda reclama: "(.) A) De la autoridad responsable Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama lo siguiente: - La emisión de los oficios 214-2/SJ-896021/2021 y 214- 2/SJ-895965/2021 dirigidos a la diversa responsable Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de los cuales se le ejecutó la ilegal orden de aseguramiento sobre la siguiente cuenta bancaria, las cuales son parte del patrimonio de mi representada: ? Cuenta bancaria número -------, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. B) Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil. Con domicilio conocido en la Ciudad de México. - La emisión de los oficios 1903/2021, 1905/2021 y 1906/2021 dirigidos a la diversa responsable Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de los cuales se ejecutó la ilegal orden de aseguramiento sobre la siguiente cuenta bancaria, las cuales son parte del patrimonio de mi representada: ? Cuenta bancaria número --------, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. C) Juez Vigésimo Segundo de lo Civil. Con domicilio conocido en la Ciudad de México. - La emisión del oficio 1906/2021 dirigido a la diversa responsable Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través del cual se ejecutó la ilegal orden de aseguramiento sobre la siguiente cuenta bancaria, las cuales son parte del patrimonio de mi representada: ? Cuenta bancaria número --------, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. (.)" Asimismo, que los actos reclamados por los que se admitió la demanda inicial que nos ocupa consisten esencialmente en A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS : La ilegal orden que tiene por objeto el aseguramiento, inmovilización y/o privación de los bienes de mi representada - cuentas bancarias-, sin que exista causa fundada y motivada que justifique la medida, pues no se ha seguido formalidad alguna conforme a la ley que autorice dicha actuación, por ello se argumenta que carece de fundamentación la orden así emitida. Es decir, la ilegal orden de aseguramiento sobre las siguientes cuentas bancarias, las cuales son parte del patrimonio de mi representada: ? Cuenta bancaria número ---------, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. ? Cuenta bancaria ejecutiva número -------, de la institución bancaria Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple. ? Cuenta bancaria número -------, de la institución bancaria Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. ? Cuenta bancaria número ---------, de la institución bancaria Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS y PARTICULARES INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN POR INSTRUCCIÓN DE LA AUTORIDAD ORDENADOR: Reclamo, en nombre de mi representada, la ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, sin que exista causa legal que justifique la medida o resolución, pues no se han seguido las formalidades esenciales del procedimiento. (.) Ahora del contenido del informe justificado rendido por la Juez interina del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México respecto de la ampliación de demanda y recibido en auto de treinta de junio del año en curso, se advierte que los actos reclamados derivan de los juicios 33/2021 y 34/2021, como se ilustra: Juicio 33/2021: Juicio 34/2021: Oficio 1906/2021. Oficios 1903/2021 y 1905/2021 Separación de juicios. Revisadas las constancias del presente sumario constitucional y en atención a las actuaciones que el quejoso tilda de inconstitucionales en su escrito de ampliación de demanda de amparo, se estima que debe decretarse de plano la separación de juicios En efecto, respecto de actos que si bien se encuentran de cierto modo vinculados, no emanan del mismo juicio de origen, sino más bien se trata de actos diferentes e independientes, lo que trae como consecuencia que técnicamente no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. Ahora, si bien es cierto que la figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, no menos lo es que su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera legislación en cita, de oficio y de plano, se ordena separar los autos del juicio constitucional en que se actúa. En consecuencia, fórmese diverso juicio de amparo, para que se conozca por separado del acto derivado del asunto siguiente: Oficios 1903/2021 y 1905/2021 dictados en el expediente 34/2021, del índice del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México. Lo anterior, en razón de que en el presente juicio de amparo, se conocerá del acto reclamado derivado del expediente: Oficio 1906/2021 dictado en el expediente 33/2021, del índice del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México. Con apoyo en la jurisprudencia P./J. 819 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA", envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; oficio de la presente determinación al que deberá adjuntarse un tanto de copia certificada de las constancias que integran el presente juicio, a fin de que se proceda a su registro y turno correspondiente y, se provea lo relativo a la demanda de amparo; haciendo especial énfasis en que este juzgado de Distrito conocerá del acto reclamado derivado del juicio 33/2021, del índice del Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México. Diferimiento. En tales circunstancias, difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la quejosa, el acuerdo autorizado el catorce de agosto del dos mil veintitrés, mediante el cual, Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el once de abril de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito por una parte, sobreseyó el juicio y, por otra, se concedió el amparo, en los siguientes términos: "Deje insubsistente el embargo trabado sobre el bien inmueble identificado como unidad privativa C2 del condominio Atardecer, con domicilio en Paseo de las Almejas, número 100, Conchas Chinas, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y las consecuencias que deriven de ello." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado firmado por la titular del Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió, entre otras constancias, copia certificada del oficio que le giró la Jefa del Registro Público de la Propiedad y Comercio con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, del que se observa que se procedió a cancelar definitivamente el embargo inscrito en el folio real 4098647, el cual pesaba sobre el mismo bien inmueble registrado con el mismo folio real, lo anterior ordenado en el expediente 785/2019, mismo cual acreditó con la boleta correspondiente. Con lo anterior, en acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, se canceló el embargo trabado sobre el bien inmueble de previa mención dentro de los autos del juicio de origen; y las consecuencias que derivaron de ello. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Original del incidente de suspensión. Tocante al incidente de suspensión conforme lo dispone el artículo 17, fracción III, inciso b del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, vigente al día siguiente de su publicación, será conservable en el plazo de tres años, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Finalmente, toda vez que mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés este juzgado de Distrito se reservó a devolver los documentos que allegó la parte quejosa a este juicio de amparo, autorizando para recibirlos a la persona que designó para tal efecto, en consecuencia, se autoriza la devolución de dichos documentos, previo recibo y razón que se deje en el expediente.
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