Diego Armando Jaramillo Salinas
Expediente 862/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/09/2022
Partes del expediente
- Diego Armando Jaramillo Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración en cumplimiento a los autos de quince y veinte de junio del año en curso; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación e efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, los quejosos ****, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: **** De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele del aseguramiento, alojamiento y detención administrativa en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diecisiete de junio en curso, se otorgó a los ahora gestores del amparo la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada a los quejosos, ya que se les otorgó la libertad en su condición de visitantes, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ***** Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del catorce de julio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinte de junio de dos mil veintidós. Oficio. Vista la certificación que antecede, agréguense para los efectos legales conducentes los informes de cuenta, rendidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y en representación de la Dirección de la Estación Migratoria de Baja California, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a las autoridades en cuestión informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que la autoridad señalada como responsable exhibe junto con su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su oficio. Denominación correcta de la autoridad responsable. Por otra parte, tomando en consideración que el oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración, por medio del cual se requirió el informe citado, fue rendido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, se tendrá como denominación correcta de la autoridad señalada como responsable como rindió el informe de que se trata. Encargada del SISE. En consecuencia, infórmese lo anterior a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, remite los domicilios solicitados a efecto de estar en aptitud de remitir debidamente integrado el recurso de queja interpuesto en autos, en los términos solicitados por la Superioridad. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que continúa pendiente la admisión del recurso de queja interpuesto por Fernando García Sámano, en su carácter de apoderado legal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual este órgano jurisdiccional determinó vincular a diversas autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que cumplieran con el fallo protector; lo anterior, dado que, previo a su admisión, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en autos del recurso de queja administrativa 175/2021-I de su índice, dictó un proveído que a la letra dice: Virtud de lo anterior, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se giraron los oficios 25693/2021, 25694/2021, 25695/2021, 25696/2021, 25697/2021, 25699/2021, 25700/2021, 25701/2021, 25702/2021, 25703/2021, 25704/2021, a fin de notificar a las autoridades vinculadas al cumplimiento el proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por interpuesto el ya referido medio de impugnación; sin embargo, a la fecha no ha sido posible realizar la notificación de los oficios referidos, dado que la autoridad ha manifestado que los servidores públicos a quienes fueron enviados los oficios de mérito, ya no fungen como regidores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. Se gira exhorto. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a lo solicitado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de queja interpuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como en el diverso artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto, con los anexos necesarios, vía electrónica SISE, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada; a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, se sirva comisionar a quien corresponda, para el efecto de que se constituya ante las siguientes personas en el domicilio correspondiente: Adolfo Muñoz Benítez Calle Isla Natividad, 278, Fraccionamiento Pescadores, Ensenada, Baja California, Código Postal 22887 Cristian Hiram Dunn Fitch Avenida Álvaro Obregón, 1948, colonia Empleados, Ensenada, Baja California, código postal 22820 Joaquín Alonso Moreno Valenzuela Prolongación Vizcaíno, 6032, colonia Territorio Sur, Ensenada, Baja California, código postal 22860 Yolanda Navarro Caballero Calle del Mar, 284, Fraccionamiento Playa Ensenada, Ensenada, Baja California, código postal 22880 Carmen Elizabeth Jiménez García Calle Manuel Ávila Camacho, 348, colonia Reforma, Ensenada, Baja California, código postal 2230 Iván Barbosa Gutiérrez Calle Toledo, 380, colonia Chapultepec, Ensenada, Baja California, código postal 22870 Alejandra Camargo Gutiérrez Calle Bahía Manzanillo, 895, colonia San Marino Raúl Vera Rodríguez Calle Aquiles Serdán, 1312, colonia Villa Del Prado II, Ensenada, Baja California, código postal 22860 Dora Leticia de la Rosa Ochoa Calle Isla Ángel de la Guarda mz 158, lt 14, colonia Popular 1989, Ensenada, Baja California Elsa Margarita Rodríguez Amao Privada Barvolento, 19, colonia El Morro, Ensenada, Baja California, código postal 22870 Yancy Karina Pérez Velázquez Carretera a la Bufadora, Frente a Salón Social, colonia Manadero Parte Alta, Ensenada, Baja California, código postal 22790 Lo anterior, a fin de que proceda a notificar en forma personal el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario. Se informa al Tribunal Colegiado. De lo anterior, hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de queja administrativa 175/2021-I de su índice; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Oscar Eduardo Aguirre Beltran, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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