Diego Armando Flores López
Expediente 615/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diego Armando Flores López
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el treinta de agosto del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
0Boca del Río, Veracruz, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Diego Armando Flores López, contra actos del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, y en virtud de que dicha demanda cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 615/2021, y acuérdese lo conducente. En principio, conviene dejar asentado que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional impugnando del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Titular de la Secretaría de Salud Federal, la orden verbal o escrita a los directivos de los hospitales públicos del Estado de Veracruz de no expedir recetas médicas para justificar la compra de diversos medicamentos oncológicos a los padres de familia de niños y adolescentes que padecen algún tipo de cáncer y son tratados en estos hospitales públicos, a efecto de que no los consigan de forma particular o a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, a pesar de existir desabasto de dichos medicamentos en los citados hospitales públicos; asimismo reclama al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz la instrucción dada a los titulares de los diversos hospitales del estado de cumplir la orden reclamada en primer término. Actos que reclama aduciendo un interés legítimo y en representación de todos los niños y adolescentes diagnosticados con algún tipo de cáncer y que son atendidos en los hospitales públicos del Estado de Veracruz. Así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al juzgador a examinar la demanda constitucional integralmente y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; el suscrito advierte que, en el caso particular, se materializan las causas de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 107, fracción I, inciso g), 5º, fracción I, párrafo cuarto y 6º, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en la presente vía constitucional. En efecto, para así considerarlo, cabe precisar, en principio, que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el suscrito deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). En ese contexto, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple. Examen que ha de realizarse a partir de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda, de tal suerte que si se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desecharse la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. ... De esta forma al proveerse sobre la demanda de amparo, el Juez puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte promovente, frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En ese contexto, se reitera, en el presente juicio de amparo, se materializan las causas de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 107, fracción I, inciso g), 5º, fracción I, párrafo cuarto y 6º, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en la presente vía constitucional. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:... Por su parte, el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 5º, fracción I, párrafo cuarto y 6°, párrafo primero; estos últimos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Como es de observarse, el juicio de amparo indirecto o biinstancial procede contra actos que causen perjuicio a la parte quejosa. Asimismo, se establece que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ello porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Asimismo, dicho Alto Tribunal ha establecido una distinción entre el interés legítimo y el interés simple precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, este órgano jurisdiccional conforme a la intención de la parte demandante de solicitar la protección federal, procede a determinar la existencia e idoneidad de dicho interés para promover el juicio de amparo, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Pues bien, del examen de los ya citados actos reclamados, y atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo de la parte quejosa para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Lo anterior es así ya que la esencia de su reclamo se basa en plantear que se promueve en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes que padecen distintos tipos de cáncer y que reciben tratamiento en hospitales públicos del Estado de Veracruz, esto con base en el interés superior de éstos, quienes se encuentran en una situación que pone en riesgo su Salud e incluso su vida ante la negativa de las autoridades a expedir recetas para que se puedan obtener a través de particulares diversos medicamentos necesarios para su tratamiento, pero sin especificar las razones por las que considera que los actos reclamados vulneran su derecho humano a la salud o a la vida. En ese sentido, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que la parte quejosa dice asistirle para acceder a esta instancia extraordinaria. Lo anterior puesto que el hecho de indicar que se acude en auxilio de diversos menores de edad en situación de riesgo (sin que se precise la identidad de ninguno de ellos) no implica que la negativa alegada le cause al promovente una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector - que eventualmente se obtuviere e implique la obtención de un beneficio determinado. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo del quejoso, para acceder a esta instancia extraordinaria, puesto que no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. En contraste, la situación del promovente, quien no manifiesta guardar relación de ningún tipo con aquellos en favor de quienes alega promover, se traduce en un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado, en que sea respetado el derecho a la salud de los ciudadanos, acorde a las leyes aplicables; pues los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, ya que como se indicó no se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, es decir, el beneficio que obtendría el promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Tampoco se advierte de la demanda de amparo una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, dado que una persona respecto a actos que no es destinatario debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Así, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tiene el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que el quejoso dice que le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Es aplicable al caso, la tesis 1a. CLXXXII/2015, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 445, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Decima Época, con número de registro 2009198, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." Por tanto, si como ya se indicó, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona al quejoso, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la tesis siguiente: Sirve de sustento legal, la tesis 1a. CLXXXI/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 447, libro 18, tomo I, al tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ES NECESARIO ACREDITARLO PARA ACTIVAR EL PODER DE REVISIÓN EN SEDE JUDICIAL DE LOS ACTOS DE LOS PODERES POLÍTICOS. El interés legítimo es el presupuesto procesal establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales se encuentran inhabilitados para someter a revisión jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, especialmente, de aquellas elegidas democráticamente. Este diseño se conecta con la preocupación del Constituyente originario de preservar una cierta forma de gobierno, asentado sobre el principio de división de poderes, conforme al cual el poder se ha de dividir para su ejercicio entre distintos departamentos con competencias propias, sobre la base de una idea de pesos y contrapesos. Así, la preservación del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes: que los jueces no se posicionen como órganos supervisores permanentes o aduanas de veto de las decisiones con legitimidad democrática; por otra parte, garantiza el fin positivo de ese mismo principio: aprovechar las funciones de control constitucional para utilizarse en su máxima capacidad en el ámbito en el que los jueces gozan de ventajas institucionales sobre los poderes políticos, a saber, la resolución imparcial de controversias concretas mediante la aplicación del derecho. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en ese momento. Las afectaciones mayoritarias, ideológicas y políticas corresponde a los órganos políticos resolverlas. Impedir que los jueces incursionen en este ámbito preserva el ideal de co-participación que busca alcanzar la Constitución mediante la difusión del poder." Sin que sea obstáculo para lo anterior que en el escrito de demanda se haya invocado la Jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE." Lo anterior, puesto que dicha tesis no puede interpretarse en el sentido que lo pretende el promovente de facultarlo para promover a nombre de diversas personas (quienes en ningún momento se acredita que lo hayan facultado o siquiera le haya solicitado que lo haga) respecto de actos que no guardan relación alguna con su propia esfera jurídica, puesto que, como se explicó con anterioridad, el interés legítimo para promover juicio de amparo no se activa de dicha manera. Ello con independencia que el alegado interés superior del menor, de ninguna forma faculta al impetrante a sustituirse a los legales tutores de los distintos menores referidos en la toma de decisiones relativas a su salud. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia analizada a lo largo de este proveído, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en esta vía constitucional por el promovente Diego Armando Flores López, por los motivos expuestos en esta determinación, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XII y XXIII, relacionado con los diversos 107, fracción I, inciso g), 5º, fracción I, párrafo cuarto y 6°, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). CONSULTA Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico, como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, a petición expresa, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica con el nombre de usuario "DiegoArmandoL", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, se le tiene autorizando como medio alternativo para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto, el correo electrónico diegoarmandofl@hotmail.com y como medio de confirmación el número telefónico 2461234264. Lo cual se autoriza en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo el servidor público encargado de realizar la notificación, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante la persona autorizada para ello. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
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