DIEGO ARMANDO FLORES LÓPEZ y Otros.
Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2022
Partes del expediente
- DIEGO ARMANDO FLORES LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual hace de conocimiento que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del mismo. Toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se declinó competencia para conocer del presente asunto en razón de materia, por lo que se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que fuera turnado al órgano jurisdiccional correspondiente; sin embargo, al día de la fecha aún no se tiene conocimiento a qué órgano jurisdiccional fue turnado y si éste aceptó o no la competencia declinada en su favor. En consecuencia, solicítese respetuosamente al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común que de no tener inconveniente legal alguno y a la brevedad posible, informe a qué Juzgado se turnó el presente asunto, así como el número de expediente con que fue registrado, a efecto de que se pueda proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Ratificación Vistas las constancias actuariales de cuenta, se desprende que los directo quejosos ********, ********* y ********, ratificaron el escrito de demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Asimismo, de la razón signada por la actuaria judicial adscrita, se advierte que respecto a la asistencia consular, los quejosos manifestaron que no requieren la misma. Fijación de la Litis: Como se precisó en auto de veinticinco de abril del presente año, de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. Incomunicación. 2. Detención (privación ilegal de la libertad). 3. Negativa de poner en inmediata libertad a los directo quejosos. 4. Alojamiento dentro de la Estación Migratoria. Atribuidos a la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como: a) Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Denominado "Las Agujas". Incompetencia En esa tesitura, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de materia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de dichos actos reclamados, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, los actos combatidos (2, 3 y 4) no se ubican en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Ahora bien, el numeral 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los jueces de distrito en materia de administrativa, se encuentran los supuestos en los que se ha seguido un procedimiento seguido por autoridad administrativa en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia de los actos reclamados. Ahora, si los actos reclamados se hacen consistir en la detención (privación ilegal de la libertad), el alojamiento dentro de la estación migratoria, y la negativa de poner en inmediata libertad a los directo quejosos y sólo se los atribuye al Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, denominada "Las Agujas", es claro que tales actos están vinculadas con un procedimiento migratorio de índole administrativo, por lo que es inconcuso que no se justifica la actualización de alguna de las hipótesis que establece el citado artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, al resolver el conflicto competencial 1/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado de Distrito, consideró lo siguiente: "(.) A partir de esos elementos, este Tribunal considera que si bien los quejosos señalan actos como el aseguramiento, alojamiento o detención que inciden en su libertad personal, en realidad esos actos están vinculados con su estancia en el país. Asimismo, de lo manifestado en el capítulo de hechos y con los elementos de autos, parece que la restricción de la que dependen tales actos está relacionada con el alojamiento temporal de los quejosos en la estación migratoria indicada en la demanda a fin de que se resuelva su situación migratoria. En ese sentido, para definir la naturaleza de ese acto es conveniente tener en cuenta que en los artículos 11, párrafo primero, y 33, párrafo segundo, de la Constitución General está previsto el derecho de libertad de tránsito, mediante el cual toda persona puede entrar, salir, cambiar de residencia o viajar en territorio nacional sin necesidad del permiso de la autoridad. En ese sentido, solo las autoridades judiciales, por causas de responsabilidad civil o penal, o bien, las autoridades administrativas, con base en las políticas estatales de emigración, inmigración o salubridad general, podrán limitar tal prerrogativa e impedir que una o más personas la ejerzan, además de la salvedad contenida en el artículo 33 se refiere a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal para restringir este derecho y expulsar, previa audiencia, a extranjeros perniciosos. Por otro lado, los artículos 1, 3, fracción XI, 19, 20, fracciones III, IV y VII, 68, 77, 98, 99, 100, 111, 143, y 144, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Migración establecen lo siguiente. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. (.) Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XI. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. (.) Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; (.) VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; (.) Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. (.) Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. (.) Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria ampara la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. (.) Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. (.) Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. (.) Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; (.) En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. Los artículos referidos regulan los aspectos relacionados con la entrada, salida, tránsito y estancia de mexicanos y extranjeros en territorio nacional. Así, el Instituto Nacional de Migración, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, está facultado para ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias e instrumentar las políticas de la materia. Concretamente, le corresponde resolver sobre la legalidad de la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, ordenar su retorno asistido o deportación y presentar en las estaciones migratorias o lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Además, cuando con motivo de la revisión migratoria se obtenga que el extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación regular en el país, debe ser puesto a disposición del Instituto, quien substanciará el procedimiento de carácter administrativo que se integra por las etapas de presentación, alojamiento en las estaciones migratorias, retorno asistido y deportación de extranjeros, según corresponda. Tales medidas son consideradas como de orden público y les resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual detiene a un extranjero en los casos en que no tenga acreditada su estancia legal en el país y se le otorga alojamiento temporal a fin de que regularice esa situación, o bien, abandone voluntariamente el territorio nacional. El Instituto debe resolver la situación migratoria del extranjero, por regla general, en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su presentación; sin embargo, puede exceder dicho plazo en los supuestos establecidos en el artículo 111 de la ley de la materia, en los cuales se tendrá como límite el de sesenta días hábiles, salvo que se hubiera interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se combatan aspectos inherentes a su situación migratoria en territorio nacional o se haya promovido juicio de amparo en que se prohíba expresamente su traslado o el abandono del país. En dicho supuesto, la persona debe permanecer en la estación migratoria. Por su parte, el retorno asistido es la medida por la que el Instituto hace abandonar el territorio nacional a un extranjero y lo remite a su país de origen o de residencia habitual. Asimismo, la deportación es la sanción dictada por el Instituto en que ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y determina el periodo durante el cual no podrá reingresar. Para su procedencia deberá actualizarse entre otros supuestos, que el extranjero se haya internado al país sin la documentación requerida. De lo expuesto, se considera que los trámites llevados a cabo ante el Instituto Nacional de Migración por nacionales y extranjeros respecto de su ingreso, egreso o permanencia en el país, y las resoluciones que dicha autoridad emita al respecto, son de carácter administrativo, pues están relacionados con el derecho de libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas migratorias estatales. En ese sentido, el acto consistente en el alojamiento en las estaciones migratorias es emitido por la misma autoridad en el marco de los aspectos migratorios. Tal medida deriva de la aplicación de las disposiciones administrativas respectivas que establecen los requisitos y condiciones que deben satisfacer los migrantes. En consecuencia, dicho acto en principio es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal solo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Así, con base en lo anterior y las constancias de autos, la restricción a la libertad indicada en la demanda de amparo tiene naturaleza administrativa en la medida en que no tiene como finalidad principal la privación de la libertad de los quejosos, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país. Consecuentemente, aun cuando la restricción de la libertad se encuentre inmersa en ese tipo de procedimientos y dado que no existen hasta este momento mayores elementos de los que pueda desprenderse que la privación alegada por los quejosos tenga origen en un acto del orden penal, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe darse prevalencia a la cuestión principal que es la situación migratoria de los solicitantes del amparo. (.)". Criterio que en idéntico sentido lo compartió también el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dos de marzo de este año, al resolver el conflicto competencial número 3/2022. Por tanto, como se anticipó, este Jugador Federal carece de competencia por razón de materia para conocer de los actos reclamados, pues como se dijo, los mismos constituyen actuaciones de autoridad que están vinculadas con la estancia de los quejosos inmigrantes en el país, esto es, con su alojamiento temporal en la estación migratoria de la Ciudad de México denominada "Las Agujas", a fin de que se resuelva precisamente su situación migratoria, por lo que dichos actos son meramente administrativos, ya que aún y cuando afecten la libertad personal de éstos, tienen naturaleza administrativa en la medida en que no tienen como finalidad principal tal privación de su libertad, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias. Ahora, no pasa desapercibido para el suscrito que la parte quejosa también señala como acto destacado "la incomunicación" (1) de los directo quejosos; sin embargo, considerando que dicho acto tampoco deviene de una actuación penal, sino que se encuentra asociado a los actos restantes que son emitidos por una autoridad responsable de carácter administrativo dentro del ámbito migratorio y no por una autoridad de carácter penal con motivo de la investigación de algún delito, por responsabilidad penal del delincuente, ni se emite juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se relaciona con el análisis de elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito, así como tampoco se resuelve sobre la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de alguna sentencia. Además que, el Máximo Tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo y, aún cuando dicha interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, en el presente caso, se forma una unidad que a consideración del suscrito, no se puede desmembrar, pues la incomunicación de la que posiblemente fueron objeto los directo quejosos, es una consecuencia del procedimiento administrativo migratorio que se les sigue, y por ello, también se declina competencia respecto de ese acto. Por todo lo anterior, este Juzgador estima que compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad de México, en turno, conocer y resolver de la totalidad de los actos que aquí se reclaman. En virtud de lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítasele el presente sumario por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. Informe de cumplimiento a la suspensión de plano Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este órgano de control de constitucional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio de las autoridades oficiantes que así lo solicitan, el que precisan, y como delegados en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, a las personas que designan. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por la vía electrónica.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por *********, en favor de *********, ********* y ***********, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, denominada "Las Agujas". Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 362/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Instrúyase al servidor público correspondiente, para que capture el nombre de usuario (AsuntosJuridicos) en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Infórmesele que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. E instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, realice la presente notificación, así como las subsecuentes de forma electrónica al usuario proporcionado. Fijación de la Litis: De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. Incomunicación. 2. Detención (privación ilegal de la libertad). 3. Negativa de poner en inmediata libertad a los directo quejosos. Asimismo, reclama: 4. Alojamiento dentro de la Estación Migratoria. Lo que se fija de manera provisional, de acuerdo con lo manifestado por el promovente en su escrito inicial, sin perjuicio de que los mismos puedan ser modificados al momento de resolver el presente asunto. Suspensión de plano respecto al acto 1. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Claudia Arabeli Quintero Navarro, Rafael Fernando Sánchez Sarmiento y Fernán González Rodríguez, en los términos siguientes: Respecto al acto consistente en la incomunicación, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la incomunicación de la que son objeto CESE de inmediato. Asimismo, la suspensión concedida tiene el efecto de que la autoridad a cuya disposición se encuentran actualmente los quejosos, de inmediato los pongan disposición de la autoridad a quien corresponda resolver lo relativo a su situación migratoria; ello, para el caso de que, atendiendo al estatus que guarda su situación, puedan ser sujetos de un procedimiento administrativo de esa índole. En estrecha relación con lo anterior, el actuario judicial que corresponda deberá cerciorarse si se encuentran incomunicados y verificar que cesen de inmediato tales actos; incluso, se le faculta para que en el momento constate que los quejosos puedan entablar comunicación con su abogado o con algún familiar. No obstante lo anterior, de conformidad con los numerales de previa cita, la suspensión decretada no tiene el alcance jurídico para otorgar la libertad deambulatoria a los justiciables mencionados, puesto que, en su caso y previa ratificación del ocurso inicial, así como de constatar el motivo por el que se encuentran privados de su libertad, el acto de que deriva, será materia de la incidencia respectiva. Asimismo, la autoridad responsable deberá adoptar las medidas que estime necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentran los quejosos, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por la parte promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por la parte promovente, que revelara algún grado de peligrosidad de los quejosos; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad de los agraviados, como el orden público y seguridad del sitio en el que deben ser internados. Lo anterior, no implica que la autoridad responsable, de considerarlo pertinente, determine si los justiciables reúnen los requisitos establecidos en la norma migratoria, de su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su debida observancia. Por tanto, se apercibe a las referidas responsables para que dentro del plazo de doce horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este juzgado federal el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión otorgada; en la inteligencia de que la violación a esta suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Defensa adecuada. Asimismo, comuníquese a la autoridad responsable que deberá permitir que los directo quejosos estén acompañados de defensor que así designen para el efecto de ser quien les asista en las diligencias necesarias. En ese sentido, es de señalar que este órgano de control constitucional considera importante precisar algunos aspectos al derecho de una defensa adecuada, mismos que pueden ser violados de diversa manera por órganos del Estado, para tal efecto la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.).". En ese orden, acorde al principio de Supremacía Constitucional, el derecho a una defensa adecuada entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entrevisten de manera previa y en privado con él, sin que el derecho de defensa se transforme en un mero requisito formal, por el contrario debe ser eficaz y efectiva la intervención del defensor. Lo anterior, deberá considerarlo la autoridad responsable, en relación directa con los efectos respecto de los que se provee en el presente asunto. Diligencia Por otra parte, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que de manera inmediata se constituya en el interior de la Estación Migratoria "Las Agujas" en la Ciudad de México, o en el lugar en que la autoridad responsable le refiera se encuentran los directo quejosos, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, a fin de llevar a cabo la búsqueda y localización de Claudia Arabeli Quintero Navarro, Rafael Fernando Sánchez Sarmiento y Fernán González Rodríguez. Hecho lo anterior, deberá cerciorarse que los quejosos hablen el idioma español, a fin de llevar a cabo la diligencia, de no ser así, dado que tener un traductor o intérprete que les asista en las diligencias realizadas ante la autoridad es un derecho fundamental de todo extranjero, que se encuentre ante las autoridades migratorias; en el supuesto que no hablen o comprendan el idioma español, con fundamento en los artículos 14 y 109 fracción VI, de la Ley de Migración, requerirá a la autoridad ante la que se encuentren en custodia para que designe perito traductor o intérprete que hable cualquiera de los idiomas que dominen los justiciables. Luego, por medio de dicho traductor o intérprete les deberá requerir para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor; apercibidos que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Asimismo, señalen si es su deseo autorizar al promovente de la demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, de no haber traductor que entienda algún idioma que manejen los peticionarios, el actuario respectivo podrá hacer uso de las herramientas tecnológicas con las que cuente a fin de cerciorarse si es deseo de los directo quejosos ratificar o no la demanda presentada a su favor. Asimismo, se faculta al actuario judicial para que se entreviste con la autoridad responsable que tenga a su disposición a los quejosos a efecto de que le informen con exactitud cuál es el procedimiento que se les sigue, conforme a su legislación aplicable; asimismo, en su caso, le den acceso a sus registros y a la estancia en el que normalmente tienen a las personas migrantes a efecto de que las vocee y las busque por su nombre. De igual forma, se apercibe a las autoridades para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario mencionado para que realice la diligencia encomendada, dado que en caso de que obstaculicen su función, de igual forma incurrirán en el delito de abuso de autoridad. Con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se debe hacer saber a los quejosos su derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país (notificación consular). En ese orden de ideas, requiérase a los directo quejosos para que en el momento de la notificación o en el plazo de tres días manifiesten si es su deseo, solicitar asistencia del Consulado de su país. Reserva respecto a los actos 2 a 4 Una vez que se ratifique la demanda, provéase lo conducente en relación con los restantes actos reclamados. Improcedencia de la libertad solicitada En diverso sentido, atento a la manifestación del promovente en el sentido de que los quejosos sean puestos en libertad inmediatamente, dígase que este juzgado está impedido para realizar pronunciamiento alguno, pues corresponde a la autoridad migratoria emitir la determinación relativa. Se afirma lo anterior con base en las consideraciones siguientes: Del escrito de demanda se advierte que los quejosos están a disposición de la autoridad migratoria correspondiente, en términos del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Migración. Ahora, los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, prevén una especie de modalidad de "libertad provisional", así como las correspondientes medidas de aseguramiento. Es así, pues contemplan la figura de la "custodia provisional", que constituye una forma de libertad, ya que permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, entendidas como la representación diplomática de su país o una institución con solvencia reconocida, a fin de que esté en posibilidad de enfrentar el proceso migratorio en libertad, con las medidas de aseguramiento pertinentes. No obstante, de acuerdo con los artículos 214, 215 y 216, del mencionado Reglamento, el otorgamiento o no de la "custodia provisional", es facultad exclusiva de la autoridad migratoria. Atento a las consideraciones anteriores, como se adelantó, este juzgado está imposibilitado para pronunciarse respecto a la libertad en los términos en que la solicitó la parte quejosa. Sin que se soslayen las tesis I.1o.P.99 P y I.9º.P.3 K (10a); sin embargo, dichos criterios no tienen aplicación al caso concreto, como enseguida se verá. De estos criterios destacan dos aspectos, a saber: Por un lado, se equipara la libertad provisional contemplada en el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, a la figura de la "custodia provisional", regulada en la Ley de Migración y su Reglamento, brindando a los extranjeros sometidos a procedimiento administrativo migratorio, la posibilidad de solicitar dicha libertad ante el Juez de Distrito que conozca del amparo y, a su vez, otorgando a este último la facultad de realizar el pronunciamiento respectivo acorde a la ley secundaria. Por otro lado, se establece que en términos del artículo Décimo Transitorio de la ley de la materia vigente, el artículo 136 de la ley abrogada, debía seguir operando en lo relativo a la libertad provisional dentro del procedimiento administrativo migratorio, pues dicho transitorio, en su segundo párrafo, establece que en los casos en donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada. Esto es, en los lugares en donde aún no entrara en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, para efectos de la suspensión, continuaba operando la ley abrogada, que facultaba al juez de amparo pronunciarse respecto a la libertad provisional (custodia provisional) de los extranjeros sujetos a procedimiento administrativo migratorio. En sentido contrario, en los lugares en los que ya hubiere entrado en vigor dicho sistema, la suspensión en materia penal se rige por la nueva Ley de Amparo, que ya no faculta al juez de amparo para pronunciarse sobre la libertad provisional. En ese sentido, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor el nuevo sistema de penal acusatorio a nivel nacional, por lo que la suspensión en materia penal, a partir de esa fecha, se rige por la ley de la materia actual o vigente, por lo que los mencionados artículos 136 y Décimo Transitorio, se tornaron inoperables para tales efectos. En consecuencia, como se adelantó, los criterios de mérito, ya no son aplicables en el presente asunto y, por ende, este juzgado no está facultado para pronunciarse respecto a la libertad solicitada por la parte quejosa, pues será ante la autoridad migratoria que deberán realizar dicha solicitud, quien es la única facultada para tal efecto. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe respectivo a la dirección de correo electrónico 11jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades que refiere, a las personas que indica. Solicitud de acceso a expediente electrónico Asimismo, téngase al promovente solicitando la autorización para tener acceso al expediente electrónico y que se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas; en consecuencia, toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico (DiegoArmandoFL) instrúyase al servidor público correspondiente, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Se exhorta a la partes para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionado por la parte quejosa, únicamente con el objeto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente a los directo quejosos y por la vía electrónica al promovente de amparo.
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