Diego Armando Espinoza Martínez

Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
7/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Diego Armando Espinoza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto por el cual se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva en su caso, la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 7.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al que adjunta el oficio **** y anexo del Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, toda vez que ya se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, como lo solicita se le acusa recibo de su oficio **** en el cual remitió los autos originales del juicio de amparo 1310/2021 y los cuadernillos incidentales, habiendo quedado registrado en este Juzgado con el número ****. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguense el oficio y anexo signado por el Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, visto su contenido, téngase a dicha autoridad en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia, informando que se canceló la orden de aprehensión girada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ***, debido a que el quince de febrero del año en curso, compareció acompañado de sus defensores particulares, ante dicho juzgador, dentro de la causa penal ****tramitada en su contra, al atribuírsele su probable participación en los hechos constitutivos del delito de Abuso de Confianza, por lo que llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, y remite copia autorizada de los resolutivos, para los efectos legales que establece la Ley de Amparo. I. Sobreseimiento decretado fuera de audiencia constitucional. Revisado que es el referido oficio y las constancias que se adjuntan, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden preferente, como se expone a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el trece de octubre de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES C. TRIBUNAL DE CONTROL Y ORALIDAD DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, C. JUEZA TERCERA DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, C. DIRECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, C. COMANDANTE DEL GRUPO DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE LOS DELITOS, C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL de esta Ciudad de Durango, Dgo., todas las presentes Autoridades con domicilio. .ACTOS RECLAMADOS.- De las primeras dos Autoridad señalada como responsable en su carácter de ordenadora reclamo su orden de aprehensión, comparecencia o presentación y las consecuencias respectivas que han girado para que el suscrito sea privado de su Libertad, y reducirme a prisión, y de las restantes Autoridades reclamo la ejecución de la orden de referencia, asimismo reclamo los efectos y consecuencias que de Hecho y por Derecho se deriven de los Actos Reclamados como son aprehenderme". b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en síntesis, en la orden de aprehensión librada en contra de ***, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por la Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, y su ejecución. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la autoridad responsable informó que se canceló la referida orden de aprehensión, y remitió copia certificada de los resolutivos dictados en la audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el quince de febrero de dos mil veintidós, a la cual compareció el aquí quejoso ****, el quince de febrero del año en curso, acompañado de sus defensores particulares, dentro de la causa penal ***tramitada en su contra, por atribuírsele su probable participación en los hechos constitutivos del delito de Abuso de Confianza, en la que el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, fijándose las doce horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para dictar la resolución de término constitucional. Audiencia en la que, incluso se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso en su demanda de amparo fue subsanada con su comparecencia a la audiencia de formulación de imputación. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo esa tesitura, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de la audiencia constitucional en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguense el oficio y anexo signado por el Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, visto su contenido, téngase a dicha autoridad en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia, informando que se canceló la orden de aprehensión girada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso ***, debido a que el quince de febrero del año en curso, compareció acompañado de sus defensores particulares, ante dicho juzgador, dentro de la causa penal ****tramitada en su contra, al atribuírsele su probable participación en los hechos constitutivos del delito de Abuso de Confianza, por lo que llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, y remite copia autorizada de los resolutivos, para los efectos legales que establece la Ley de Amparo. I. Sobreseimiento decretado fuera de audiencia constitucional. Revisado que es el referido oficio y las constancias que se adjuntan, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden preferente, como se expone a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el trece de octubre de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES C. TRIBUNAL DE CONTROL Y ORALIDAD DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, C. JUEZA TERCERA DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, C. DIRECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, C. COMANDANTE DEL GRUPO DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE LOS DELITOS, C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL de esta Ciudad de Durango, Dgo., todas las presentes Autoridades con domicilio. .ACTOS RECLAMADOS.- De las primeras dos Autoridad señalada como responsable en su carácter de ordenadora reclamo su orden de aprehensión, comparecencia o presentación y las consecuencias respectivas que han girado para que el suscrito sea privado de su Libertad, y reducirme a prisión, y de las restantes Autoridades reclamo la ejecución de la orden de referencia, asimismo reclamo los efectos y consecuencias que de Hecho y por Derecho se deriven de los Actos Reclamados como son aprehenderme". b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en síntesis, en la orden de aprehensión librada en contra de ***, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por la Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, y su ejecución. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la autoridad responsable informó que se canceló la referida orden de aprehensión, y remitió copia certificada de los resolutivos dictados en la audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el quince de febrero de dos mil veintidós, a la cual compareció el aquí quejoso ****, el quince de febrero del año en curso, acompañado de sus defensores particulares, dentro de la causa penal ***tramitada en su contra, por atribuírsele su probable participación en los hechos constitutivos del delito de Abuso de Confianza, en la que el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, fijándose las doce horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para dictar la resolución de término constitucional. Audiencia en la que, incluso se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso en su demanda de amparo fue subsanada con su comparecencia a la audiencia de formulación de imputación. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo esa tesitura, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de la audiencia constitucional en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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