Diego Armando Delgadillo Rodríguez

Expediente 163/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
163/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Diego Armando Delgadillo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de abril de dos mil veintidós. Acusa recibo. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual se acusa recibo del diverso 14160/2022, del índice local, por el que se le remitió el escrito de agravios original por el cual se dio trámite al recurso de queja interpuesto en autos; por tanto, agréguese para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. I. Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos y Delegado de la autoridad responsable Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado el catorce de marzo dos mil veintidós, proporciona los datos solicitados del titular de la Dirección General Administrativa de la referida Secretaría; al respecto, agréguese a los autos y téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado en dicho proveído. II. Requiérase. En vista de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto y del 193 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lleve a cabo la multa impuesta a Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, consistente en cien unidades de medida y actualización (UMA), esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) -impuesta en proveído de dos de marzo del año en curso-. Remitiendo constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Para tal efecto remítasele copia certificada del oficio y anexo de cuenta, mismos que se le remiten bajo su absoluta responsabilidad, debiendo cuidar su contenido para que no sea conocido por terceros, ello bajo el cuidado y protección de los datos personales, de los que se desprende el domicilio, clave única de registro de población - CURP-, registro federal de contribuyentes -RFC- y domicilio del citado. III. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente. IV. Información reservada. Ahora bien, toda vez que el oficio y la documental que se anexa contienen datos clasificados como confidenciales, deberán ser resguardados en sobre cerrado, mismo que podrá ser consultado por las partes, previa petición verbal al secretario adscrito a este órgano constitucional, dejando constancia en el expediente de la consulta realizada, sin que las mismas puedan ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2009916 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 28 Tipo: Jurisprudencia INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". V. Se instruye a la analista jurídica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita. Debido a lo anterior, se instruye al Analista Jurídico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito, para que, de existir partes en el presente asunto que tengan autorizada la consulta de expediente electrónico, respecto del anexo de cuenta, se restrinja el acceso al contenido de la misma y anexo, al tratarse de información clasificada como reservada o confidencial. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento debe realizar lo siguiente: De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que cerró la instrucción en el juicio laboral ****, de su índice. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia que dice: "Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.".

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