Diego Armando Barona Morales

Expediente 1383/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1383/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Diego Armando Barona Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1383/2023-V-B, promovido por ******* ******** ******** ********; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el nueve de octubre siguiente ante este órgano jurisdiccional, ******* ******** ******** ******** solicitó la protección de la Justicia Federal contra un acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la persona juzgadora debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. La omisión de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 01/826/17-IV. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado. Además, ello se constata de las documentales que apoyan dicho informe, de las que se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral de origen; sin embargo, no se obtiene que se hayan desahogado en totalidad dichas probanzas. En ese sentido, es evidente que la totalidad de los medios probatorios, a la fecha no han sido desahogados. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, del escrito de demanda del presente juicio de amparo, así como del informe justificado rendido por la Junta responsable, se advierte que se encuentran pendientes de desahogar en el juicio de origen diversas pruebas ofrecidas por las partes. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece el término para desahogar las pruebas admitidas en los juicios laborales, en específico, el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." El numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo impone a la Junta proveer lo necesario para que las pruebas se desahoguen en la fecha o fechas previstas, lo que incluye -de manera enunciativa más no limitativa-, girar los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio, así como efectuar las citaciones que correspondan; obligación que guarda armonía con el artículo 771 de la propia legislación que la sujeta a proveer para que los juicios en instrucción no queden inactivos. En el caso de que una prueba no esté preparada para desahogarse en la fecha prevista y esto amerite el señalamiento de nueva data para tal efecto, se procederá conforme a la fracción II del artículo 884 de la propia ley, que al respecto dice: "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: . II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; ." En el entendido que llegada la fecha para desahogar la prueba de mérito y de no encontrarse debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio, conforme al artículo 884 del ordenamiento en cita. Ha de precisarse que cuando la Junta considere que no es posible desahogar alguna prueba en una sola audiencia debido a su naturaleza, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberá desahogarse; sin embargo, este periodo no deberá exceder de treinta días, como lo dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso, la Junta responsable no ha cumplido a cabalidad lo dispuesto por los artículos anotados puesto que a la fecha no ha impulsado el desahogo de la totalidad de los medios de prueba ofrecidos por las partes en los términos precisados, los cuales fueron admitidos. Ello, pese a que la Junta responsable, en su calidad de rectora del juicio natural, está obligada a vigilar el procedimiento, con la finalidad de verificar la mayor economía, concentración y sencillez del proceso y que los juicios no queden paralizados en términos del artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso, no ha impulsado el desahogo de la totalidad de medios de prueba admitidos; de ahí que la omisión reclamada es violatoria de los artículos reproducidos, pues prevén la obligación de las autoridades laborales de velar que los juicios no queden paralizados a fin de lograr la debida integración del juicio laboral y no retrasar la impartición de justicia reclamada por la parte quejosa. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta responsable: Proceda de inmediato a emitir un único acuerdo en el que establezca cada una de las pruebas pendientes de desahogar y, enseguida, de ser necesario, ordene realizar las diligencias pendientes, idóneas y que tiendan a lograr su desahogo en el juicio laboral de origen y notifique a las partes. En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia, no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable; de ahí que atendiendo al derecho violado, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, al dictar un acuerdo en el que precise las pruebas pendiente de desahogar y provea lo conducente a cada una de ellas; pues atento a que los efectos del amparo se deben limitar al acto de omisión existente en la etapa correspondiente; sin que esto signifique que los efectos se deban extender a grado tal de ordenar el desahogo de toda la etapa de pruebas, pues esto implicaría ocuparse precisamente, de omisiones inexistentes aún. Se precisa que esta sentencia: No veda las facultades que la ley confiere a la Junta en materia de pruebas ni en ningún otro rubro, verbigracia, su facultad para declarar su deserción. No prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad del desahogo de las mismas. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe rendido por la autoridad responsable; pues se tuvo por cierto el acto y en términos de lo dispuesto por el artículo 17, tercer párrafo constitucional, la presente determinación resulta de mayor beneficio a la quejosa que el plazo otorgado conforme al numeral citado en primer término; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la voz: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)." Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ******* ******** ******** ********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en autos del recurso de revisión 373/2023, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Linares Castro, contra los actos y autoridades responsables señalas en el resultando PRIMERO de este fallo." En atención a lo resuelto, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, glósense a los autos el cuaderno incidental, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción I; por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada del acuerdo recaído a la vista ordenada a la parte actora mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso (notificado el cinco de octubre de dos mil veintitrés), emitido en el expediente de origen ******************** de su índice. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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