Diego Antonio Moguel Puc

Expediente 1363/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1363/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Diego Antonio Moguel Puc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de veintinueve de junio de esta anualidad, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del referido acuerdo, se realizó a la parte quejosa el cinco de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos:: "De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 112/99 emitida por el Tribunal Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, cuando se reclama una norma general la concesión de amparo tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos, para el presente y futuro, la norma declarada inconstitucional, por tanto, el efecto del amparo es desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el sistema prohibitivo previsto en los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud Con fundamento en el artículo 78, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, tal protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el oficio 193301EL350725, de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por lo que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de la parte quejosa, deberá emitir una nueva determinación en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente. En el entendido que ello no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros; y, que corresponderá a la autoridad mencionada establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución." Inconformes con dicha determinación, las autoridades responsables Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y del Comisionado General para la Protección de Riesgos Sanitarios, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, radicándose con el toca 211/2021. Por auto de quince de marzo de esta anualidad, se tuvo por recibida la ejecutoria relativa, en la que se confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Secretario de Salud, Comisionado y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, en el entendido de las autoridades restantes, de las que se reclamó el proceso legislativo, no tenían acto alguno qué ejecutar. Por auto de veintinueve de junio de esta anualidad, se tuvo por recibido un oficio signado en representación del Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, con el que remitió copia certificada del diverso CAS/DEREPSQ/6483/2021, de quince de abril de dos mil veintiuno, en el que se otorgó al aquí quejoso la autorización sanitaria aquí reclamada. Por tanto, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. Ante ello, resulta evidente que han respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el citado ordinal 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio de quien suscribe en representación del Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa los actos que llevó a cabo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite las constancias relativas. Así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento de la sentencia. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, por lo que toca a la solicitud de la referida responsable, en el sentido de que se entregue a la parte aquí quejosa la determinación que emitió en cumplimiento de la sentencia constitucional, y se le remita el acuse de recibo relativo, a fin de que se encuentre debidamente integrado su expediente administrativo, no ha lugar a proveer de conformidad a lo instado, en virtud de que no se le conminó a realizar dicha notificación como efecto de la concesión de amparo en el presente asunto, por lo que deberá proceder a realizar dicha notificación por su cuenta, para los fines procesales que señala. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisionado Federal y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, y en atención a lo que solicita, no habiendo impedimento para ello, se le concede una prórroga de diez días para que cumpla con la ejecutoria constitucional dictada en este juicio. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede; se acuerda: se tiene por recibido el oficio 138/2022-P-1, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve estos autos, y remite testimonio de la resolución pronunciada en el toca A.R. 211/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, así como del Comisionado, ambos de la misma dependencia, con residencia en la Ciudad de México, en contra de la sentencia dictada en este juicio; ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DIEGO ANTONIO MOGUEL PUC, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia sujeta a revisión." Acúsese recibo a la Superioridad y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria, debiéndose entregar a las autoridades responsables copia de la ejecutoria del amparo, remitida por la Superioridad para ese efecto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Secretario de Salud, Comisionado y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación y expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y glósese a estos autos los del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en este asunto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

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