Diego Anaya Fernández y Otros.
Expediente 433/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 37 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 08/06/2023
Partes del expediente
- Cristina Fernandez Bremer
- Diego Anaya Fernández y Otros.
- Todas las Partes
- Diego Anaya Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General, del citado Acuerdo General, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha; al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Destruir el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en cuatro tomos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por último, de autos se advierte que obran documentos en copia certificada agregados en el tomo de pruebas V, exhibidos por la parte quejosa; por tanto, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase a la quejosa para que comparezcan en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger sus documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser depurados junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amaro, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de doce de junio de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General, del citado Acuerdo General, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha; al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Destruir el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en cuatro tomos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por último, de autos se advierte que obran documentos en copia certificada agregados en el tomo de pruebas V, exhibidos por la parte quejosa; por tanto, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase a la quejosa para que comparezcan en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger sus documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser depurados junto con el expediente.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de once de mayo de dos mil veintitrés, dejado junto con copia del auto de referencia, en el domicilio procesal del TERCERO INTERESADO R*****, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a recibir la notificación de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica publicada el día dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículo, 27, 28 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno (foja 110 a 124), dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa *** la cual el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (foja 149 y 150), causó ejecutoria, en el que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 185 a 191), se declaró cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio; inconforme con dicha determinación, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, el expediente fue remitido al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para su sustanciación. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad civil 23/2021, lo declaró fundado, ordenó regularizar el procedimiento de ejecución; y dejar sin efectos el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; para requerir su cumplimiento, para los siguientes efectos "(.) requiera a la autoridad responsable para que informe de nueva cuenta el cumplimiento a la sentencia de amparo, debiendo seguir las consideraciones y los efectos del fallo protector; en el entendido, de que al analizar los agravios de la recurrente, deberá pronunciarse de manera fundada y motivada, sobre - Los resultados de los dictámenes rendidos por la psicóloga *** así como los reportes de la psicóloga ***esto es, deberá precisar las fechas en que se emitieron esos dictamenes, opiniones y reportes; además, lo que se obtuvo de cada uno de ellos, para estar en posibilidad legal de concluir, que el padre del niño ***se encontraba apto para tomar decisiones asertivas respecto a su hijo y que con ellas le asegurara un entorno armonioso. - La opinión del niño *** al valorarla, deberá hacerlo en función a la edad y madurez del niño, así como precisar, qué advirtió de esa prueba. En proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que mediante resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 1784/2013-C, de su índice, dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el citado juicio de divorcio voluntario; y, en su defecto dictó diversa en la que analizó los conceptos de agravios esgrimidos por la quejosa; y declaró infundado el recurso de revocación promovido por la demandada incidentista, en contra del auto de trece de febrero de dos mil veinte. En dicha resolución, la jueza tomó en cuenta los resultados de los dictámenes rendidos por la psicóloga ***las terapias brindadas por la psicóloga ***así como los reportes de la psicóloga *** precisando las fechas en que se emitieron tales dictámenes; opiniones; y reportes; también, lo que se obtuvo de cada uno de ellos, para concluir que el padre del niño ***se encuentra apto para tomar decisiones asertivas respecto a su hijo y que con ellas le asegurara un entorno armonioso; pues al efecto señaló que luego de advertir el proceso psicoterapéutico seguido por el actor incidentista (aquí tercero interesado), en cada una de sus etapas y los resultados obtenidos del mismo, se observa que se ha producido un cambio en su actitud respecto a la relación con la madre de su hijo, mismo que impactara directamente en su trato paternal hacia su hijo de iniciales *** De ahí que la autoridad responsable, consideró que lo más benéfico en este momento es reiniciar con el régimen provisional de convivencias supervisadas entre padre e hijo, a efecto de que gradualmente el adolescente, logre tener un mejor desarrollo integral, procurando así su interés superior. Asimismo, la autoridad responsable de manera amplia vertió razonamientos del caudal probatorio que tomó en consideración para concluir que el tercero interesado Rolando Ismael Anaya Salazar, logró el objetivo de sensibilizarse respecto al perdón de la madre de su hijo **** y que cuenta con las herramientas para proporcionar al niño, un entorno armonioso. Así también, la Juez familiar en la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, tomó en cuenta la opinión del menor *** que rindió en la audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior, en función de la edad y madurez del niño. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Entonces, si la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el incidente de modificación de convenio, derivado del expediente 1784/2013-C, de su índice; y dictara otra determinación en la que, analice de manera completa, exhaustiva y congruente, todos los conceptos de agravio esgrimidos por la quejosa y, con libertad de jurisdicción, resolviera conforme a sus atribuciones el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el proveído de trece de febrero de dos mil veinte. Lo cual así aconteció, pues la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 1784/2013- C, de su índice, dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en el citado juicio de divorcio voluntario; y, dictó una nueva en la que analizó los conceptos de agravios esgrimidos por la quejosa; y declaró infundado el recurso de revocación promovido por la demandada incidentista, en contra del auto de trece de febrero de dos mil veinte. Resolución en la que, la autoridad responsable tomó en cuenta los resultados de los dictámenes rendidos por la psicóloga Gabriela Reyes Gutiérrez, las terapias brindadas por la psicóloga Claudia Mirna Soto García, así como los reportes de la psicóloga Marisol Correa González, precisando las fechas en que se emitieron esos dictámenes, opiniones y reportes; y, lo que se obtuvo de cada uno de ellos, para concluir que el padre del niño ***se encuentra apto para tomar decisiones asertivas respecto a su hijo y que con ellas le asegurara un entorno armonioso; pues al efecto señalo que luego de advertir el proceso psicoterapéutico seguido por el actor incidentista (aquí tercero interesado), en cada una de sus etapas y los resultados obtenidos del mismo, ya que de los mismos se observa que se ha producido un cambio en su actitud respecto a su relación con la madre de su hijo, mismo que impactara directamente en su relación paternal hacia el niño de iniciales D.A.F.; de ahí que la autoridad responsable, consideró que lo mas benéfico en este momento es reiniciar con el régimen provisional de convivencias supervisadas entre padre e hijo, a efecto de que gradualmente el adolescente, logre tener un mejor desarrollo integral, en atención a su interés superior. Asimismo, la autoridad responsable de manera amplia vertió razonamientos del caudal probatorio que tomó en consideración para concluir que el tercero interesado Rolando Ismael Anaya Salazar, logró el objetivo de sensibilizarse respecto al perdón de la madre de su hijo D.A.F., y que cuenta con las herramientas para proporcionar al niño, un entorno armonioso; lo anterior, con fundamento a lo dispuesto por los numerales 6, fracción I, 13 fracción IV, 18, 19 fracción IV, 22, 23 y 83 fracciones I y II, de la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; además, del artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Así también, la Juez familiar en la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, tomó en cuenta la opinión del menor D.A.F., que rindió en la audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior, en función de la edad y madurez del niño; lo que fundó y motivó como le ordenó el colegiado en la ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de inconformidad 23/2021. Por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído
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