Diego Alvaro Castilla Navarro
Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diego Alvaro Castilla Navarro
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el cuatro de marzo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, correspondiente a las constancias del expediente 76/2014, de su índice. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte del Tribunal responsable, al no dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 76/2014. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte del Tribunal responsable, al no dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 76/2014. Ahora bien, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, remitió junto con su oficio de mérito, se desprende que el dos de marzo del año en curso, elaboró el proyecto de resolución, en el juicio laboral 76/2014, incluso el mismo ya le fue notificado a la parte quejosa el tres de los corrientes. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó el laudo en el juicio laboral 76/2014, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución definitiva emitida en el juicio laboral 76/20214. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dictó laudo dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, acompañado de un anexo; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, toda vez que el término de otorgado en auto de catorce de enero actual, ha fenecido; por tanto tal y como se indicó en el diverso de veintiuno siguiente, este Juzgado procede a resolver si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida, con base en los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."1 En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada 1 Tesis 2ª./26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, p.243, Novena Época. DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 2 el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos reclamados de la Titular de la Oficina del citado instituto en Yucatán y Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Migratorio adscrito a la oficina de representación en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, en los siguientes términos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión. El amparo que se concede es para el efecto de que se le restituya al quejoso en el goce de sus derechos humanos vulnerados, conforme lo establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y, como consecuencia de ello, las autoridades responsables dentro del ámbito de sus funciones deberán: a) Dejar insubsistente la resolución definitiva de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento migratorio EA/1.S.9/YUC/OR/SCVM/123/06- 06-2021, en el que se ordenó expedir oficio de salida del país al quejoso, a fin de que abandone este país, con sus propios medios en un plazo no mayor de veinte días; y b) Recibir el escrito de petición del quejoso en el que solicita su regularización migratoria por razones humanitarias, darle contestación de forma fundada y motivada, así como notificarle la referida respuesta, en el domicilio con que cuente. [.]" Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento, en los términos insertos. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 SECCIÓN AMPARO MESA VIII EXP. 1261/2021 3 ??????????????? el Titular de la Oficina de representación en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, remitió el oficio INM/ORY/0083/2022 de once de enero de dos mil once, con el cual informó lo siguiente: - Que en determinación de seis de enero actual se notificó al quejoso el oficio INM/ORY-OF0038/2022 de seis de enero de dos mil veintidós, en el cual e dio respuesta a su el escrito presentado el cuatro de enero del propio año, en el que solicitó su regularización migratoria, y que se le hizo saber la forma correcta para realizar su solicitud ante dicha Oficina, señalándole la liga de en la cual podrá encontrar los formatos respectivos y la documentación que tiene que presentar. -Remitió copia certificada del acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, en el que en el punto I. se dejó insubsistente la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo migratorio EA/IS.9/YUC/OR8SCVM/123/06-06-2021, y por otro lado, en el punto II. se ordenó reponer el procedimiento del aludido expediente a fin de subsanar las deficiencias señaladas por la autoridad jurisdiccional de amparo a fin de que el extranjero citado comparezca ante la autoridad migratoria a efecto de nombrar representante legal, así como solicite su regularización migratoria por vínculo familiar acorde a los requisitos que establece la Ley de Migración, su reglamento y los lineamientos respectivos. De lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable no ha cumplido la ejecutoria en sus términos, pues incurrió en un exceso en el cumplimiento de la sentencia. Es así, pues los efectos de la ejecutoria, únicamente consistieron en dos, a saber: DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 4 a) Dejar insubsistente la resolución definitiva de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento migratorio EA/1.S.9/YUC/OR/SCVM/123/06- 06-2021, en el que se ordenó expedir oficio de salida del país al quejoso, a fin de que abandone este país, con sus propios medios en un plazo no mayor de veinte días; y b) Recibir el escrito de petición del quejoso en el que solicita su regularización migratoria por razones humanitarias, darle contestación de forma fundada y motivada, así como notificarle la referida respuesta, en el domicilio con que cuente. De lo anterior, se aprecia que la ejecutoria tuvo dos efectos que implicaba que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, realizarán dos actuaciones, la primera, dejar insubsistente la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el procedimiento aludido en el que se ordenó expedir oficio de salida del país al quejoso; y la segunda, recibir al quejoso su escrito mediante el cual solicitó se regularizara su situación migratoria y darle contestación de forma fundada y motivada, así como notificarle la respuesta. Siendo que en modo alguno, se ordenó en los efectos de la ejecutoria que las autoridades responsables repusieran el citado procedimiento administrativo migratorio del quejoso y que subsanaran las deficiencias dentro del mismo, por lo que todas las determinaciones contenidas en el punto II, del acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad migratoria, no corresponden a los efectos del fallo proyector dictado por este juzgado, pues quedan al margen de la ejecutoria, lo que evidencia un exceso en su cumplimiento y por tanto, las autoridades responsables deberán dejar insubsistente lo ordenado en el punto II, del acuerdo de citado, debido a que ello no es materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 SECCIÓN AMPARO MESA VIII EXP. 1261/2021 5 ??????????????? Pues si bien, en los considerandos de la sentencia dictada en este juicio se expusieron determinadas deficiencias durante el procedimiento migratoria por parte de la autoridades responsables, cierto es también que en los efectos del fallo, los cuales fueron transcritos y descritos en líneas anteriores no se ordenó reponer procedimiento y subsanar las deficiencias, sino que en relación con el procedimiento migratorio EA/1.S.9/YUC/OR/SCVM/123/06- 06-2021, el efecto -el cual está comprendido en el primero de ellos descrito en el inciso a)-, únicamente consiste en dejar insubsistente la resolución definitiva de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, lo que evidencia que las demás actuaciones que ordenó la autoridad en el acuerdo de diez de enero del año en curso, exceden los efectos del fallo protector. Por otro lado, el segundo de los efectos consiste en recibir el escrito de petición del quejoso en el que solicita su regularización migratoria por razones humanitarias, darle contestación de forma fundada y motivada, así como notificarle la referida respuesta. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo2, requiérase a las autoridades responsables Instituto Nacional de Migración, Titular de la Oficina del citado instituto en Yucatán y Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Migratorio adscrito a la oficina de representación en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan debidamente con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos 2Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 6 previstos en la sentencia. Apercibidas dichas autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución Ahora bien, no se soslayan las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su escrito recibido el veinte de enero de dos mil veintidós, en las que por una parte señala que la autoridad responsable no señala cuáles son las deficiencias procedimentales y cómo pretende restituirlas; y por otro lado, que la respuesta otorgada a su escrito presentado el cuatro de enero del año en curso, es injustificada y faltó a la realidad. Respecto a la primera de sus alegaciones, deberá estarse a lo determinado en líneas anteriores, en donde ya se indicó que los efectos del fallo protector no implicaron la reposición del procedimiento, ni ordenar subsanar las deficiencias procedimentales, por lo que las autoridades responsables deberán dejar insubsistentes las determinaciones respectivas. En cuanto a la respuesta a su escrito, se aprecia que la autoridad responsable, debía en principio recibir la petición del quejoso de regularizar su situación migratoria por razones DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.fc 28/10/23 13:17:17 SECCIÓN AMPARO MESA VIII EXP. 1261/2021 7 ??????????????? humanitarias, darle contestación de forma fundada y motivada, así como notificarle la referida respuesta. Luego, se aprecia que la autoridad ya recibió la petición respectiva, pues el seis de enero actual notificó al quejoso el oficio INM/ORY-OF0038/2022 de esa misma fecha, en el cual se le dio respuesta a su el escrito presentado el cuatro de enero del propio año, en el que solicitó regularizar situación migratoria. Al respecto se le indicó al quejoso la forma correcta para realizar su solicitud ante dicha Oficina, señalándole la liga de en la cual podía encontrar los formatos respectivos y la documentación que tenía que presentar y se citaron los fundamento legales de la actuación de la autoridad. En tal virtud, respecto a efecto del fallo protector relacionado con el escrito relativo, no procede requerimiento alguno a la autoridad responsable, pues en el efecto correspondiente descrito en el inciso b), no se le indicó lineamiento alguno para dar respuesta a la petición, sino sólo recibir el escrito y darle respuesta fundada y motivada, lo que ya hizo, puesto que le dio contestación y expresó las razones y fundamentos legales para sustentar su actuar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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