Diego Álvarez Hernández

Expediente 984/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
984/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Diego Álvarez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **** contra actos de la Jueza de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley, las cuales son: I. Cuando el acto importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. Cuando el acto afecte a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su Título Cuarto, Capítulo Único, artículos 891 a 895 señalan los recursos con los que se cuenta para impugnar las resoluciones dictadas en los juicios orales, que establecen: "Artículo 891. Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo. Artículo 892. Los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables en el presente Capítulo, serán irrecurribles. Artículo 893. Dentro de las audiencias en los juicios orales, el recurso de revocación sólo procede en contra de las siguientes resoluciones: I. La que no admita prueba; y II. La que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. La revocación deberá plantearse oralmente expresando los agravios, dentro de la etapa de la audiencia en que se hubiere pronunciado la resolución recurrida. El juez dará vista a la contraria para que en el acto la desahogue y resolverá sin más trámite. Artículo 894. Dentro de la audiencia en los juicios orales la apelación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; II. Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; II. Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y IV. La determinación que niegue alguna medida. Artículo 895. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, dentro de los siguientes plazos: I. Cinco días siguientes al en que surta efectos su notificación, tratándose de sentencias; II. Tres días siguientes al en que surta efectos su notificación, si se tratare de cualquier otra resolución dictada fuera de las audiencias preliminar y de juicio; y III. En la propia audiencia, dentro de la etapa en que la resolución se hubiere pronunciado. Los agravios se formularán por escrito. En los supuestos de las fracciones I y II se expresarán al interponerse el recurso. En el caso de la fracción III se expresarán dentro de los tres días siguientes a que se haya pronunciado la resolución. Si no se presenta el escrito de agravios, el juez declarará desierto el recurso." De lo anterior se advierte que las resoluciones dictadas dentro de una audiencia oral, siempre que encuadren dentro de las hipótesis previstas en los artículos 893 y 894, se tramitarán conforme a las reglas especiales descritas en los preceptos transcritos. Asimismo, también se desprende que las resoluciones que no se hayan dictado dentro de audiencia, serán impugnables conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, los artículos 232, 236, 243 y 245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, establecen lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. Artículo 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se obtiene que las resoluciones dictadas fuera de una audiencia oral son apelables cuando sean sentencias dictadas en primera instancia, así como los actos que decidan un incidente o expresamente lo disponga la legislación procesal civil local; por tanto, los acuerdos que no encuadren en dichas hipótesis serán revocables. Sin que lo anterior implique una interpretación adicional para determinar la procedencia de la revocación en actuaciones dictadas fuera de audiencia en los juicios orales, porque no existe contradicción entre los artículos analizados, que generen incertidumbre respecto al medio de impugnación que deba interponerse en contra de las actuaciones que no sean apelables. En el caso concreto, el promovente combate el auto de siete de noviembre del año en curso, dictado fuera de audiencia, en el que la Jueza ordenó requerir de pago al deudor alimentista, con el apercibimiento de embargársele bienes de su propiedad. Bien, como puede observarse, la actuación combatida no se dictó dentro de una audiencia oral, no es una sentencia dictada en primera instancia, ni un acto que decida un incidente y tampoco es de aquellos en contra del cual por disposición expresa del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, proceda la apelación y, por tanto, el medio idóneo para impugnarlo es el de revocación. Pero el quejoso no lo interpuso. Por ello, no está relevado el promovente de agotar el medio de defensa ordinario pertinente, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación. Se arriba a la conclusión que antecede ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Por tanto, se materializa dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el acto combatido no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, que afecte la libertad personal del promovente; no acude a esta instancia como tercero extraño al procedimiento de origen; y, como se destacó, no se está ante una interpretación adicional que permita la procedencia del juicio de amparo. Por último, debe precisarse que si bien el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorpora el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto pasando por alto los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por el artículo 113, de la citada Ley, se impone desechar de plano la demanda de amparo".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,874 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano