Diego Alonso González Sánchez
Expediente 1080/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- Oscar González Nolazco
- Diego Alonso González Sánchez
- DIEGO ALONSO GONZÁLEZ SÁNCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Vista la certificación de cuenta, se declara que ha causado estado el proveído de mérito para todos los efectos legales conducentes a que haya lugar. En tales condiciones ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó en el mismo; por lo que, transcurrido dicho plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y atendiendo a las constancias que como justificante a su informe remitió el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que los quejosos Diego Alonso González Sánchez y Oscar González Nolazco, acuden a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de acordar dentro del expediente laboral D-2/47/2019, su escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que solicitaron tener por reconocida la personería a sus apoderados, asimismo reclaman la omisión de la Junta de continuar con el juicio laboral de origen. Ahora bien, la junta responsable, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, y al efecto remitió copia certificada del proveído de veintisiete de octubre del año en curso, en el que, entre otras cuestiones, acordó el escrito presentado por los quejosos el tres de marzo de dos mil veintiuno. Constancia a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dentro del expediente laboral D-2/47/2019, acordara su escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno; aquélla se vio satisfecha en la medida que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, tuvo a los demandados Diego Alonso González Sánchez y Óscar González Nolazco nombrando nuevos apoderados y revocando los nombramientos hechos con anterioridad, así como señalando nuevo domicilio para recibir notificaciones, asimismo, admitió a trámite diversas pruebas ofrecidas por las partes, decretó cerrado el periodo probatorio, y señaló fecha y hora el desahogo de las probanzas de mérito. Por consiguiente, se ha restituido a los accionantes de garantías en el pleno goce del derecho que les había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL Así como la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la autoridad responsable rindiendo en tiempo y forma su respectivo informe justificado; en tales condiciones, con el contenido de este y de la copia certificada anexada, dese vista a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, a fin de con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado federal copia certificada, o bien, el original del expediente laboral D-2/47/2019, que le fue devuelto el cuatro de octubre del año actual, pues se estima necesario para la resolución del presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, informó su imposibilidad para rendir el informe justificado que le corresponde dentro del sumario en que se actúa, en virtud de a esa fecha no había recibido el expediente laboral D-2/47/2019, de su estadística. Atento a lo anterior y dado que el veintiséis del mes y año que transcurren, la citada autoridad acusó recibo de la recepción del referido expediente, dentro del juicio de amparo 345/2021 del índice de este órgano judicial; en tal sentido hágasele saber que se reanuda el término concedido en el proveído de diecisiete de septiembre de esta anualidad, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el entendido de que en caso de no hacerlo se harán efectivos los apercibimientos decretados en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno; esto es, ".con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (. que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 Moneda Nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero del año que transcurre". Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON VENTISÉIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE ESTA ANUALIDAD. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 519, tomo LXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 328173, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de unJuez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador."1 Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Décima Época, Registro 2002576, emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro y texto siguientes. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." 2 Notifíquese por lista a las partes.
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