Diego Alexander Velasquez García

Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
874/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Diego Alexander Velasquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del envió del juicio de amparo 874/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del citado asunto. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 874/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Incompetencia. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado carece de competencia por razón de materia para conocer de la misma, puesto que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "(.) LA ORDEN DE TRASLADO QUE PRETENDEN LLEVAR A CABO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL LUGAR DONDE ACTUALMENTE ME ENCUENTRO RECLUIDO SIENDO EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA TRASLADARME A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, O A UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE DICHOS ACTOS." De los actos señalados con anterioridad se aprecia que los mismos tienen una vinculación con actos acontecidos durante la prisión preventiva o compurgación de la pena, en su caso, que está en el campo de las condiciones de reclusión de la parte quejosa y de la vigilancia prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se encuentran en el campo de la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, ha señalado que, en determinados casos, además de atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable del cual proviene, para determinar la competencia por materia, se debe atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido para poder fincar la competencia en un determinado órgano jurisdiccional; en razón de que es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el objetivo de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia de que se trate, el que conozca y resuelva el asunto; pues, en esa medida, se procurará proteger los derechos que se alegan violados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 521, Décima Época, con registro 2015476, de rubro: "INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE TRABAJADOR EN ACTIVO.". Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, resulta evidente que dicho acto reviste a una naturaleza de carácter penal, toda vez que la pretensión de la parte quejosa está estrechamente vinculada con las condiciones en las que se encuentra en su carácter de reo o imputado, ello en función de que el bien jurídico tutelado es preservar su dignidad humana con motivo de su estancia dentro del Centro Penal, por ello las condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico. En ese contexto, los diversos actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos tanto a las autoridades jurisdiccionales como a las administrativas, se relacionan con su condición de reclusión y con la vigilancia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva o de cumplimiento de la condena, en su caso, en el lugar en que se encuentran internos. Así, la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite establecer este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de la parte quejosa. Por tal razón, si bien en el caso se atribuyen actos a autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que el actuar de la autoridad deriva de que la parte quejosa está sujeta a un procedimiento de índole penal, de ahí que no se puedan desvincular el actuar de las responsables con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es en dicha legislación en donde el legislador previó los aspectos concernientes a la preservación de la dignidad humana de los internos, de ahí que no resulte factible dividir la continencia de la causa, pues el análisis de la demanda debe realizarse como un todo, lo que conlleva a considerar que los actos reclamados sean de naturaleza penal. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis aislada I.3o.C.367 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 71, tomo IV, octubre de 2019, página 3483, de título y subtítulos: "CONTINENCIA DE LA CAUSA INDIVISIBLE. SE CONFIGURA CUANDO LAS ACCIONES EJERCIDAS DERIVAN DE UN MISMO HECHO GENERADOR.". Así, atendiendo a ese bien jurídico tutelado, y a la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto que reclama la parte quejosa, y dada su situación de estar sujeto a los diversos mecanismos de control que dispone la legislación en la cita, es que respecto de este asunto deben conocer un juez de distrito en materia penal, dado que los actos reclamados se dan en el contexto del cumplimiento de la prisión preventiva o bien de la condena, en su caso, y en ésta razón es que se surte la competencia especializada. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la tesis aislada II.2o.P.108 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL.". Asimismo, por analogía, la tesis aislada II.3o.P.100 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI NO EXISTEN ELEMENTOS PARA ESTABLECER SI DEBE O NO APLICARSE LA NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE SE ENCUENTRA EL IMPUTADO O PROCEDER A SU INTERPRETACIÓN, RECAE EN EL JUEZ DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE QUIEN INICIALMENTE SE ENCOMENDÓ ESA VIGILANCIA, CON INDEPENDENCIA DEL CENTRO EN EL QUE SE EJECUTE LA MEDIDA.". Luego, por cuanto hace a la orden de traslado librada contra los quejosos (1), con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender las órdenes de traslado, sino que corresponde a las autoridades judiciales y en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como en el local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que es evidente que las determinaciones relativas al traslado, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y, por la materia en la que inciden, son del conocimiento de los juzgadores especializados en la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. De ahí que, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, la competencia para conocer de dichos actos corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.". De igual forma, respecto de los diversos que refiere en el apartado "V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", riesgo a su integridad física y psicológica (2), violación a sus derechos humanos previstos en el artículo 1° Constitucional (3), trato justo (4), se evidencia que los efectos y consecuencias de éstos son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado, por ende, se insiste que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Aunado a que la parte quejosa se encuentra reclusa, como lo aduce al inicio de su escrito. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.". En este orden de ideas, es claro que el suscrito juzgador es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá estar conformado por las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio sustentado en el conflicto competencial 8/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concluyó que el juzgador en materia de amparo penal no puede rechazar la competencia declinada por un Juez de Distrito en materia administrativa, por aspectos inherentes al turno, cuando éste expuso motivos de jurisdicción objetiva por razón de materia; aunado a que no existe disidencia entre el órgano que debe conocer del asunto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, lo cual incluso, está plenamente definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.18/2012; citada en el presente acuerdo. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. Negativa de la suspensión de plano. Del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, el traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentra recluida a uno diverso; sin embargo no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada, en virtud que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa contemplado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Para un mejor entendimiento se cita el artículo en cuestión: "52. Excepción al Traslado voluntario. - - - La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá´ ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: - - - I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; - - - II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y - - - III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. - - - En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá´ un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá´ interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. - - - En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá´ interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Como se puede advertir del dispositivo antes señalado, se establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En ese sentido, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en la normativa que se estudia, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado. Cobra aplicación la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)". Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Por tanto, no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en contra del traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentra recluido a uno diverso. Asimismo, no procede conceder la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en que se pone en riesgo a su integridad física y psicológica, violación a sus derechos humanos previstos en el artículo 1° Constitucional y trato justo, donde se encuentra recluido; toda vez que los actos reclamados no se ubican en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No obstante que el quejoso refiera que dichos actos ponen en riesgo su integridad psicofísica, toda vez que del escrito de demanda se desprende que dichos actos son dependientes de la pretensión y causa de pedir que reclama el quejoso, esto es, el traslado y/o reubicación de mérito. Ello es así, máxime que la parte promovente omite señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos por las autoridades que señala como responsables y que -aducen- se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Lo anterior, sin perjuicio que el Juzgado declinado, una vez que acepte la competencia del presente asunto, aperture el incidente de suspensión correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el interior del centro de reclusión donde actualmente se encuentra interna. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda . Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

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